STC9151-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9151-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00027-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de la misma ciudad, la se\u00f1ora Marleny Camacho Luna y los dem\u00e1s intervinientes del proceso ordinario laboral objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el \u00abprincipio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Marleny Camacho Luna instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la UGPP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional \u00abcontenida en el Art. 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para 2001-2004\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 23 de junio de 2017, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la entidad de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada el 12 de septiembre siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. El 25 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por la se\u00f1ora Camacho Luna y cas\u00f3 la sentencia atacada; en consecuencia, conden\u00f3 a la UGPP a reconocer y pagar la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 98 convenci\u00f3n colectiva 2001-2004, a partir del 1 de enero de 2015, en cuant\u00eda inicial de $2.483.983 (\u2026), monto que ascender\u00e1 para enero de 2021, a $3.176.996\u00bb; igualmente, orden\u00f3 pagar \u00abla suma de $279.686.259 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021, que deber\u00e1 actualizarse al momento del pago\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al ordenar la pensi\u00f3n reclamada, desconociendo que la actora \u00abno reuni\u00f3 el requisito del tiempo de servicios, ni el requisito de edad antes del 31 de julio de 2010, se\u00f1alada en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 ni dio observancia a los criterios se\u00f1alados en el Acto Legislativo 01 de 2005 frente a su vigencia[,] as\u00ed como [por] la omisi\u00f3n de declarar la figura de la compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
Sobre el primer aspecto, adujo que: i) el art\u00edculo 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo del ISS estableci\u00f3, de forma taxativa, que su vigencia finalizar\u00eda el 31 de octubre de 2004; y ii) en virtud de lo reglado en el Acto Legislativo 01 de 2005, en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas consagradas en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y en la sentencia de unificaci\u00f3n SU555-2014, la vigencia del pacto no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Y, frente al segundo, aleg\u00f3 que la Sala censurada, \u00abTeniendo el deber de revisar la vocaci\u00f3n de compartibilidad de la prestaci\u00f3n convencional que estaba reconociendo, omite declararla pasando por alto que ella opera por ministerio de la ley\u00bb. Destac\u00f3 que fue condenada a pagar el 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida a la demandante, cuando aquella solo debe cancelar \u00ablos mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES)\u00bb, dado que a la actora le fue reconocida su pensi\u00f3n de vejez por dicha entidad a partir del abril de 2021. De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz, porque tendr\u00eda que pagar la pensi\u00f3n reconocida, en el 100% que le fue impuesto. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y que se le ordene dictar una nueva providencia, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda. Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspenda la providencia atacada hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada manifest\u00f3 que no hab\u00eda \u00abincurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos, y [que] la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del amparo, dado que \u00abla UGPP no demostr\u00f3 la necesidad de superar el principio de subsidiariedad, al existir un medio de defensa judicial id\u00f3neo\u00bb, esto es, el recurso de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad accionante impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, reiterando lo dicho en su escrito inicial y enfatizando que, a pesar de la existencia del recurso de revisi\u00f3n, la tutela es procedente, porque de otro modo \u00abser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe\u00bb, lo cual causa un perjuicio irremediable al patrimonio p\u00fablico, m\u00e1xime que era evidente el abuso del derecho. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir la sentencia del 25 de agosto de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 12 de septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Marleny Camacho Luna, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que en el cargo no era motivo de controversia que la se\u00f1ora Camacho Luna i) \u00abnaci\u00f3 el 27 de febrero de 1964 y cumpli\u00f3 50 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes de 2014\u00bb; ii) \u00ablabor\u00f3 en el cargo de T\u00e9cnico de Servicios Administrativos del Instituto de Seguros Sociales, desde el 29 de septiembre de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2014\u00bb; y iii) \u00abera beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL, para la vigencia del periodo 2001-2004\u00bb. A su vez, precis\u00f3 que hab\u00eda sido aceptado que para el reconocimiento pensional \u00abel art\u00edculo 98 exige 20 a\u00f1os de servicio continuos o discontinuos al ISS, y la edad de 50 a\u00f1os para el caso de las mujeres\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por la recurrente y frente a sus argumentos consider\u00f3 que, en efecto, el ad quem no tuvo en cuenta que era viable extender las cl\u00e1usulas convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, t\u00e9rmino establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas pensionales, acorde con la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que se estableci\u00f3 que, en principio, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n que estaban rigiendo a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo manten\u00edan su vigencia hasta la fecha se\u00f1alada, salvo \u00aben los eventos en que las reglas pensionales se hayan suscrito antes de la expedici\u00f3n del acto legislativo y al 29 de julio de 2005 se encontraban en curso\u00bb, las cuales conservaban eficacia \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado\u00bb, por lo que cas\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
3.3. A fin de emitir la sentencia de instancia, la Sala convocada se centr\u00f3 en analizar el alcance de la norma convencional en la que se sustentaba la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pretendida por la se\u00f1ora Camacho Luna, es decir, el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS y, al respecto, trajo a colaci\u00f3n lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL3343-2020, en el sentido que \u00abla interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de dicha cl\u00e1usula es la que aqu\u00ed se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u00bb y, bajo esas consideraciones, sostuvo que \u00aba la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la citada cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 98 convencional, se origina \u00fanicamente con el cumplimiento del tiempo de servicio, pues la edad es un simple requisito de exigibilidad, raz\u00f3n por la cual, el derecho a la prestaci\u00f3n se caus\u00f3 cuando la demandante cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicios a la entidad en su condici\u00f3n de trabajadora oficial, esto es, el 29 de septiembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que, si bien la actora caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n el 29 de septiembre de 2012, fecha en la que alcanz\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios y cumpli\u00f3 la edad el 27 de febrero de 2014, \u00absu pago solo procede a partir del 1 de enero de 2015, d\u00eda siguiente a la fecha en la que se retir\u00f3 del servicio por mutuo acuerdo, en virtud de acta de conciliaci\u00f3n celebrada [\u2026], pues la prestaci\u00f3n se difiere a la fecha de su desvinculaci\u00f3n del servicio, que lo fue el 31 de diciembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, estim\u00f3 que la situaci\u00f3n de la recurrente se ajustaba a \u00ablo dispuesto en el numeral segundo del texto convencional transcrito, y le corresponde una mesada pensional inicial equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que la se\u00f1ora Camacho Luna le endilgaba al Tribunal, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la cl\u00e1usula convencional se encontraba en vigor y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, reg\u00eda hasta el a\u00f1o 2017; por lo que el cumplimiento de los requisitos all\u00ed exigidos pod\u00eda darse con posterioridad al 31 de julio de 2010, raz\u00f3n por la cual cas\u00f3 la providencia del Tribunal y emiti\u00f3 la sentencia de instancia, aplicando el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa1. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo relativo al deber de pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional y a la omisi\u00f3n de la Sala accionada en resolver ese aspecto, resulta pertinente destacar que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral ha considerado que, al tratarse de un asunto que opera por disposici\u00f3n legal, no requiere declaraci\u00f3n judicial; aunado a que, para el efecto, la entidad respectiva debe solicitar la adici\u00f3n del fallo y, en todo caso, como lo indic\u00f3 la misma tutelante, dicho tema e, incluso, la posible ilegalidad del reconocimiento ordenado puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u00abLo primero que se debe destacar, es que del compendio probatorio y conforme lo se\u00f1al\u00f3 la UGPP en el libelo de revisi\u00f3n las autoridades judiciales que adelantaron el proceso y definieron el asunto materia de estudio, no tuvieron conocimiento durante el curso del tr\u00e1mite de la prestaci\u00f3n pensional por el riesgo de vejez que le otorg\u00f3 Colpensiones a la se\u00f1ora Maril\u00fa Aguirre, mediante Resoluci\u00f3n SUB 308 de 3 de enero de 2018, en la suma de $1.632.245, a partir del 10 de septiembre de 2017. <\/p>\n
Evidencia de lo anterior, es que el acto administrativo antes referido, tuvo lugar con posterioridad a la sentencia emitida por el tribunal, ya que se profiri\u00f3 el 14 de marzo de 2013, y si bien la providencia dictada por esta Corporaci\u00f3n fue posterior, ambas partes guardaron silencio en sede de casaci\u00f3n respecto de aquel hecho sobreviniente. <\/p>\n
Panorama procesal, que vale se\u00f1alar, justifica la raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 pronunciamiento alguno respecto de la compatibilidad o compartibilidad de aquellas prestaciones, pues dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento por las partes en su debida oportunidad a la Corte, pese a estar ambos facultados y obligados por la ley, si pretend\u00edan obtener la consecuencia jur\u00eddica ahora cuestionada\u2026 <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado que, la compartibilidad opera por ministerio de la ley, con el fin de que solo quede obligado al pago el mayor valor de la pensi\u00f3n primigenia a cargo del empleador a consecuencia del acuerdo convencional (CSJ SL2238-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta infundada la causal alegada, ya que se debe precisarse, que es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que internamente se concreten los efectos de la compartibilidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que correspond\u00eda al recurrente era solicitar la adici\u00f3n del fallo que ahora controvierte, pues la revisi\u00f3n no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar supuestas irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para el efecto\u00bb (SL1031-2022, radicaci\u00f3n interna 88138, providencia del 30 de marzo de 2022, se subraya). <\/p>\n
A su vez, en sentencia CSJ SL4335-20212, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, afirm\u00f3 que \u00abla jurisprudencia [\u2026] ha sido pac\u00edfica en cuanto a que esa figura opera por ministerio de la ley, sin que sea necesario declaraci\u00f3n judicial en ese sentido\u00bb y, en esa medida, estableci\u00f3 que dicha figura \u00abpuede ser aplicada por las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales, sin que sea necesario un pronunciamiento judicial previo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Por su parte, en pronunciamiento CSJ SL2576-20213, la referida hom\u00f3loga Laboral explic\u00f3 que \u00abuno de los soportes que relaciona la U.G.P.P., para la revisi\u00f3n, es el aplicativo \u2018Documento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018\u2019 en la que se cre\u00f3 la solicitud de estudio de revocatoria del acto que concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez y que, precisamente, dej\u00f3 evidenciado que la pensi\u00f3n convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS. Entonces (\u2026) es ella la obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogaci\u00f3n y bajo ninguna consideraci\u00f3n, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, observa la Sala que, si la entidad consideraba que la accionada omiti\u00f3 su deber de pronunciarse sobre un aspecto de la litis, debi\u00f3 hacer uso de la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, falencia que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, lo cual torna inviable el amparo invocado. Lo anterior, sumado a que, trat\u00e1ndose de un aspecto que opera por disposici\u00f3n legal no requiere declaraci\u00f3n judicial y, en todo caso, la accionante a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n aludido en la tutela. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n interna 86196, providencia del 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Radicaci\u00f3n interna 83340, providencia del 19 de mayo de 2021 <\/p>\n
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STC9151-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC9151-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00027-01 Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65327\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}