STC9152-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9152-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00364-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Magaly Mar\u00eda \u00c1lvarez Ortega contra el fallo proferido el 7 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito y la Secretar\u00eda de Gobierno, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, en lo medular, por la aparente mora en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 en la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque la diligencia practicada el\u2026 16 de febrero de 2022\u00bb y, como consecuencia de ello, \u00abse [le] haga entrega del inmueble objeto de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo incoado por Mart\u00edn Barandica Marenco, como endosatario en procuraci\u00f3n de Elizabeth Caballero Pab\u00f3n, contra Ricardo Antonio F\u00e1bregas Escorcia, surtidas las etapas de rigor, embargado, secuestrado, avaluado, rematado y adjudicado el inmueble con folio inmobiliario Nro. 040-151092 a la actual cesionaria ejecutante, Grupo Empresarial Confidesarrollo Express S.A.S., se comision\u00f3 para su entrega a la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Barranquilla. <\/p>\n
2.2. Esa autoridad efectu\u00f3 la diligencia respectiva el pasado 16 de febrero, en la cual la accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, expuso que el a\u00f1o antepasado obtuvo, del Juzgado Sexto Civil Municipal de Barranquilla, sentencia favorable de pertenencia respecto del aludido predio, pero dicha sede judicial no ha procedido a registrarla ante instrumentos p\u00fablicos a pesar de su insistencia e, incluso, de algunas acciones de tutela que con tal fin le formul\u00f3, por lo que \u00aben calidad de due\u00f1a real del inmueble\u2026 se presentar[\u00e1]n todas las acciones pertinentes\u00bb; sin embargo, la mentada dependencia de la Alcald\u00eda materializ\u00f3 la comisi\u00f3n en aplicaci\u00f3n de los preceptos 309 -numeral 2\u00ba- y 456 del C\u00f3digo General del Proceso, tras advertir que la \u00abque se encuentra vigente y debidamente inscrita es la orden de entrega por lo cual no habr\u00eda lugar o no existe sustento legal para una oposici\u00f3n\u00bb; ante lo cual el mandatario de la censora se\u00f1al\u00f3 interponer apelaci\u00f3n y oponerse \u00aba llevar la diligencia de desalojo (sic)\u00bb; censura que el comisionado consign\u00f3 conceder en el efecto devolutivo y dispuso remitir la actuaci\u00f3n \u00abal Juzgado de origen para que la resuelva seg\u00fan su competencia\u00bb. <\/p>\n
2.3. Al considerar que con ese proceder se lesionaron sus derechos esenciales, la quejosa interpuso una previa acci\u00f3n de este linaje contra los aqu\u00ed encausados y el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de la capital atlanticense deprecando la revocatoria de \u00abla diligencia de entrega\u2026 practicada el 16 de febrero de 2022\u2026, toda vez que se le viol\u00f3 el debido proceso, la tercera edad (sic)\u00bb; resguardo que el 4 de marzo \u00faltimo deneg\u00f3 el Tribunal Superior de ese lugar, mediante fallo que el 6 de abril siguiente confirm\u00f3 esta Sala al considerar prematuro el reclamo porque la apelaci\u00f3n referida a espacio \u00abest\u00e1 pendiente por resolverse\u00bb por el juzgador natural (CSJ STC4255-2022, rad. 2022-00162-01). <\/p>\n
2.4. En esta oportunidad, la accionante insisti\u00f3 en la pretensi\u00f3n referida a espacio aduciendo que, sumado a que se le neg\u00f3 la reposici\u00f3n en la diligencia de entrega, a su recurso de apelaci\u00f3n no se le ha dado el tr\u00e1mite correspondiente para poder ejercer su derecho de defensa, comoquiera que el despacho comisorio no se ha anexado a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Narr\u00f3 que compr\u00f3 a F\u00e1bregas Escorcia el predio en cuesti\u00f3n pero, en su momento, no inscribi\u00f3 la escritura, por lo que para legalizar su situaci\u00f3n promovi\u00f3 juicio de pertenencia en el que obtuvo sentencia favorable y aunque el Juzgado que la emiti\u00f3 lo comunic\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, injustificadamente se materializ\u00f3 la entrega aqu\u00ed cuestionada, sin concederle el plazo que rog\u00f3 ni tener en cuenta su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, aunado a que el bien se entreg\u00f3 al apoderado de la adjudicataria, a quien ni siquiera se le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva, y no a la secuestre, como, en su sentir, correspond\u00eda. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que aunque inicialmente conoci\u00f3 del juicio fustigado, desde el 23 de octubre de 2013, para la continuaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, lo remiti\u00f3 al estrado de ejecuci\u00f3n accionado, por lo cual \u00abno existe ning\u00fan elemento que indique vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados por el accionante, puesto que las inconformidades hoy alegadas, se presentan con posterioridad a lo actuado\u2026 por [ese] despacho dentro del proceso objeto de tutela, y no tiene injerencia en las decisiones del Juzgado donde se ejecuta la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Barranquilla pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque en ning\u00fan momento se conculcaron las garant\u00edas fundamentales de la accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00aben el caso bajo estudio no se aport\u00f3 prueba alguna que le permitiera vislumbrar al comisionado derechos de tercero poseedor a los ocupantes\u00bb; que \u00abla diligencia fue practicada el\u2026 16 de febrero de 2022 y\u2026 remitida al despacho\u2026 de origen el\u2026 21 de febrero de 2022\u00bb; y que \u00aben todo momento se garantiz\u00f3 el debido proceso a los sujetos procesales, siendo garantistas con los ocupantes del inmueble al esperar un tiempo prudencial [p]ara que estuviesen representados por un abogado y este a su vez cont[\u00f3] con las garant\u00edas suficientes para llevar a cabo la defensa de su cliente, por lo tanto no se nos puede endilgar la violaci\u00f3n de derechos fundamentales protegidos por nuestra Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la capital atlanticense histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y, tras defender su proceder, anot\u00f3 que este reclamo se mostraba improcedente. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que aunque \u00able cabr\u00eda parcialmente raz\u00f3n a la quejosa\u2026, en el entendido que a la fecha de notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n de amparo\u2026, no militaba en el expediente documento alguno que diera cuenta de los hechos por ella alegados, raz\u00f3n por la cual, se procedi\u00f3 a requerir a la Oficina de Apoyo a efectos de que se informara la existencia o no de memoriales o tr\u00e1mites presentados con destino al proceso, encontrando que en fecha 21 de febrero de 2022, a las 15:23 horas la secretar\u00eda de Gobierno de Barranquilla, devolv\u00eda el Despacho Comisorio, debidamente diligenciado para su tr\u00e1mite, el cual fue pasado al Despacho el\u2026 martes 24 de mayo de 2022 a las 3:58 p.m., tal como consta en el informe secretarial respectivo\u2026; raz\u00f3n por la cual se requiri\u00f3 a la Secretar\u00eda de esa dependencia informe que diera cuenta la persona responsable de recepci\u00f3n y tr\u00e1mite de la respectiva solicitud indicando los motivos que causaron la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite a efectos de tomar los correctivos del caso, informes que fueron aportados en el d\u00eda de hoy [se refiere al 26 de mayo \u00faltimo]\u00bb; y que \u00abdentro del t\u00e9rmino previsto en el inciso primero del art\u00edculo 120 del C.G.P., proceder\u00e1 a resolver frente al Despacho Comisorio allegado y el recurso promovido por la quejosa\u2026 dentro de la diligencia de entrega, por lo que se encontrar\u00eda configurado\u2026 el fen\u00f3meno del hecho superado\u00bb. <\/p>\n
4. El Grupo Empresarial Confidesarrollo Express S.A.S. respald\u00f3 la actuaci\u00f3n recriminada y deprec\u00f3 negar la salvaguarda por inexistencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abfue anexado al expediente contentivo del proceso ejecutivo\u2026, el despacho comisorio por medio del cual se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega\u2026, diligencia dentro de la cual\u2026 \u00c1lvarez Ortega\u2026 se opuso\u2026, oposici\u00f3n a la cual no se accedi\u00f3, decisi\u00f3n contra la cual\u2026 interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, manteni\u00e9ndose la decisi\u00f3n y concediendo el\u2026 subsidiario, que en este caso espec\u00edfico, le corresponde resolverlo al Superior del Comitente\u2026, por lo que le corresponde \u00fanicamente a dicha Funcionaria [alude a la regente del Juzgado accionado] remitir la actuaci\u00f3n al Superior\u2026, lo cual debe realizar a la mayor brevedad posible, por lo que se considera hecho superado, en la medida que la accionada lo remita para tal fin\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se advierte que la gestora critica, en concreto, la tardanza en la devoluci\u00f3n y tr\u00e1mite subsiguiente del despacho comisorio en el que se produjo la entrega del predio del que dice ser poseedora; y solicita, en consecuencia, se revoque dicha diligencia y se le entregue dicha heredad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que el resguardo reclamado estaba llamado a prosperar de forma parcial, lo que impone modificar la decisi\u00f3n opugnada, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En primer lugar, de cara a la pretensi\u00f3n expresa de entrega del predio aludido en los antecedentes en favor de los derechos posesorios que aduce detentar la quejosa, el resguardo no se abre paso al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que esa es una discusi\u00f3n que debe agotar ante el fallador natural, precisamente tras agregarse el despacho comisorio al diligenciamiento, sin que pueda el juzgador constitucional anticiparse a los pronunciamientos que compete emitir a aqu\u00e9l frente al particular. <\/p>\n
De all\u00ed que al existir otros medios judiciales de regular procedencia para alegar ante el juzgador com\u00fan las inconformidades prematura e inapropiadamente planteadas en sede constitucional, era inviable acceder a la pretensi\u00f3n de la accionante en punto a que se disponga entregarle el inmueble, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que este instrumento excepcional no se erige como sustituto de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Al margen de lo anterior y muy a pesar de las exculpaciones de la titular del Juzgado encausado, ciertamente se muestra inaceptable que despu\u00e9s m\u00e1s de cinco (5) meses de realizada la diligencia de entrega del citado predio no se haya agregado al expediente la comisi\u00f3n ni dado a la actuaci\u00f3n el condigno tr\u00e1mite subsiguiente, en tanto que la falta de diligencia de la Secretar\u00eda del despacho accionado no puede interpretarse en disfavor de la accionante. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, exclusivamente, respecto a la tardanza del Juzgado accionado en punto agregar al diligenciamiento el despacho comisorio y dictar las decisiones pertinentes para impulsar su tr\u00e1mite subsiguiente, comoquiera que aunque la documentaci\u00f3n respectiva le fue allegada, no acredit\u00f3 haber adoptado alguna determinaci\u00f3n al respecto, sin que le resulte viable excusarse en el error en que incurri\u00f3 la Secretar\u00eda de la Oficina de Ejecuci\u00f3n al demorar su ingreso, pues, en verdad, esa falta de diligencia no puede endilgarse al usuario de la administraci\u00f3n de justicia, como result\u00f3 valid\u00e1ndolo el a-quo, m\u00e1xime cuando constituye una contravenci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a que el secretario debe pasar al despacho, de manera inmediata, junto con el expediente, las solicitudes que requieren decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u2026El otro cuestionamiento planteado tiene qu\u00e9 ver con la ausencia de respuesta al memorial presentado por el querellante el pasado 13 de julio, con el que buscaba que el juez convocado aplicara el art\u00edculo 85 pen\u00faltimo inciso del estatuto de los ritos. <\/p>\n
En este punto, se tiene que a hoy no existe certeza de alg\u00fan pronunciamiento que resuelva esa misiva ni del impulso por Secretar\u00eda para que as\u00ed suceda, pues, ninguna actuaci\u00f3n en ese sentido obra en las diligencias, ni el Juzgado inform\u00f3 en el curso de la queja sobre tal circunstancia. Tampoco se adujo ni demostr\u00f3 alguna excusa v\u00e1lida para tal reproche. <\/p>\n
No se olvide que el art\u00edculo 107 del estatuto procesal civil [hoy 109 del C\u00f3digo General del Proceso] prev\u00e9 que \u201c[e]l secretario har\u00e1 constar la fecha de presentaci\u00f3n de los memoriales que reciba, pero solo pasar\u00e1 al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente, aquellos que requieran decisi\u00f3n o los agregar\u00e1 a este si se encuentra all\u00ed para que resuelva simult\u00e1neamente todas las peticiones pendientes. Los dem\u00e1s escritos y comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un pronunciamiento se agregar\u00e1n al expediente por el secretario sin necesidad de auto que lo ordene\u201d (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Dado que el se\u00f1alado escrito ameritaba una contestaci\u00f3n, era necesario su ingreso al Despacho con ese prop\u00f3sito. Sin embargo, al no proceder as\u00ed, se dio un actuar poco diligente que conlleva al resguardo como la v\u00eda adecuada para proteger los derechos conculcados (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
4.3. Adem\u00e1s, no se advierte la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto de similares contornos, esta Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
5. En ese orden, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas de la actora pero, exclusivamente, porque ha dilatado injustificadamente el adosar al diligenciamiento el despacho comisorio en cuesti\u00f3n y adoptar las decisiones de rigor para impulsar su tr\u00e1mite subsiguiente; mas no por la presunta omisi\u00f3n de retornar el inmueble de forma directa a la quejosa, por cuanto, como se dej\u00f3 dicho, esto \u00faltimo habr\u00e1 de ser definido por el juzgador ordinario en su debida oportunidad; razones por las cuales habr\u00e1 de modificarse el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la salvaguarda, con alcance parcial, para que el Juzgador acusado adopte las medidas adecuadas para dar continuidad a la actuaci\u00f3n; confirmando, en lo dem\u00e1s, la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo opugnado en el sentido de conceder, con alcance parcial, el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Magaly Mar\u00eda \u00c1lvarez Ortega. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, en el proceso adelantado bajo el radicado 08001-31-53-004-2008-00076, agregue al diligenciamiento el despacho comisorio contentivo de la diligencia de entrega del predio con folio inmobiliario Nro. 040-151092 y adopte las decisiones que en derecho correspondan para impulsar su tr\u00e1mite subsiguiente, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
La autoridad judicial accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se confirma el fallo impugnado en cuanto deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9152-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9152-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00364-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Magaly Mar\u00eda \u00c1lvarez Ortega contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65328\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}