STC9153-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9153-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01257-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Angie Yurany Vanegas Borray le instaur\u00f3 a los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Treinta y Seis Civil Municipal de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00334-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, reclamo la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara: \u00abi) declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio dentro del proceso de tutela 2022-00334-00\u00bb; ii) \u00ab devolver el expediente referido a la oficina de reparto para ser asignado a otro despacho judicial que se pronuncie respecto de las medidas provisionales solicitadas\u00bb; iii) \u00abcompulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investiguen las conductas de los titulares de los despachos Treinta y Seis Civil Municipal y D\u00e9cimo Civil del Circuito este \u00faltimo por presunta comisi\u00f3n de conducta punible consagrado en el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Penal\u00bb; vi) \u00abdicte la nulidad de lo proferido en segunda instancia a partir del prove\u00eddo que avoca conocimiento, con el fin que sea estudiada nuevamente la impugnaci\u00f3n presentada\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 parcialmente el amparo constitucional que invoc\u00f3 contra la empresa de Transportes Cite S.A.S. para la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la vida, integridad f\u00edsica, salud, seguridad social, alimentaci\u00f3n equilibrada de su hijo que est\u00e1 por nacer, y mand\u00f3 a esta efectuar la afiliaci\u00f3n y pago de los periodos en que estuvo vinculada tanto a salud, pensi\u00f3n y ARL, pero se abstuvo de pronunciarse frente a los dem\u00e1s pedimentos, arguyendo que no existe certeza en el modo de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo (20 abr. 2022). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el d\u00eda 26 siguiente refut\u00f3 esa decisi\u00f3n porque, en su opini\u00f3n, estaba viciada por \u00aberrores de hecho y de derecho\u00bb; concedida la alzada, el asunto se asign\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, quien no emiti\u00f3 auto en el que avocaba conocimiento, no envi\u00f3 el escrito de impugnaci\u00f3n a Transportes Cite S.A.S., no se manifest\u00f3 sobre la medida provisional que solicit\u00f3 y, ratific\u00f3 lo prove\u00eddo por el a quo (6 jun. 2022), bajo el argumento que \u00abno se alleg\u00f3 escrito que evidenciara la inconformidad con lo solucionado en primera instancia\u00bb, siendo notificado el ocho de junio \u00faltimo. <\/p>\n
Adver\u00f3 que requiri\u00f3 revisar el veredicto del ad quem y la nulidad porque s\u00ed arrim\u00f3 \u00abescrito de impugnaci\u00f3n al fallo de primera instancia\u00bb donde exhibi\u00f3 las razones que fundaban el disenso, \u00abotra cosa fue que el juez constitucional no lo integr\u00f3 al expediente y por ende no se surti\u00f3 el traslado del mismo, pero si lo realizo con las pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en providencia de 9 de junio del a\u00f1o en curso, el iudex de \u00abtutela\u00bb le mand\u00f3 estarse a lo resuelto en segunda instancia, por cuanto esa disposici\u00f3n no es susceptible de \u00abimpugnaci\u00f3n ni revisi\u00f3n\u00bb conforme a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y se ajust\u00f3 a los lineamientos legales teniendo en cuenta la documentaci\u00f3n aportada por la querellante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abel ad quem incurri\u00f3 en error al valorar los hechos desviando la discusi\u00f3n del despido indirecto en relaci\u00f3n a su estado de gestaci\u00f3n, donde surge la estabilidad laboral reforzada, en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n no se vincul\u00f3 a la sociedad demandada\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1 relat\u00f3 lo acontecido en el auxilio reprochado. <\/p>\n
El D\u00e9cimo Civil del Circuito dijo que el 6 de junio de 2022 convalid\u00f3 lo dictado por el despacho Treinta y Seis Civil Municipal; notificada la gestora pidi\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb aduciendo que \u00abno se dio traslado de la impugnaci\u00f3n y de las pruebas aportadas\u00bb, pero el 9 de junio le mand\u00f3 \u00abestarse a lo decidido por el despacho\u00bb. <\/p>\n
La EPS Famisanar S.A.S., adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, <\/p>\n
El Ministerio de Trabajo y de la Protecci\u00f3n Social rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en tanto no hay \u00abacci\u00f3n\u00bb u omisi\u00f3n que le sea imputable para predicar alguna responsabilidad en concordancia a los atributos invocados. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego \u00abpor improcedente\u00bb, tras apreciar que \u00abel recurso de amparo tampoco cumple el presupuesto de subsidiariedad, pues el expediente n\u00b0 2022-00334 est\u00e1 pendiente de ser remitido a las Salas de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, e incluso, frente al rechazo de la tutela, cuenta la accionante con la posibilidad de insistir ante los magistrados del alto Tribunal, y en dicho escenario, plantear el debate que aqu\u00ed propone\u00bb. <\/p>\n
Refut\u00f3 la actora insistiendo en lo expresado en el escrito genitor, agregando que \u00ablos argumentos presentados en la impugnaci\u00f3n fueron el \u00fanico recurso que tuvo para exponer su inconformidad frente a lo decidido en la primera instancia y las pruebas aportadas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n 2022-00334 no fueron analizadas por las autoridades judiciales, ya que la empresa Transportes Cite S.A.S., se encarg\u00f3 de inducir en error al juez de tutela porque lo aducido en su contestaci\u00f3n, no aporto medio probatorio que lo corroborara, igualmente el despido es discriminatorio por que se encuentra en estado de embarazo desconociendo el precedente jurisprudencial respecto a las trabajadoras gestantes frente a un contrato a t\u00e9rmino indefinido celebrado de manera verbal\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n que la sentencia emitida en segunda instancia no integr\u00f3 ninguno de los elementos contenidos en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, lo que implica que el \u00abdespacho de primera instancia lo aporto incompleto al superior jer\u00e1rquico\u00bb; que adelantar un proceso laboral conlleva una carga desproporcionada, pues se encuentra en condici\u00f3n de vulnerabilidad por su estado de embarazo, siendo sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, se le dificulta acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, adem\u00e1s, no cuenta con los medios para contratar un abogado de confianza ya que su situaci\u00f3n es precaria, por eso acude a la \u00abacci\u00f3n constitucional para que se le protejan sus rogativas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas contra tutela\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021, reiteradas en STC16306-2021). <\/p>\n
La Corte Constitucional acept\u00f3 la posibilidad de \u00abacciones\u00bb como la que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en la ayuda anterior es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite Angie Yurany Vanegas Borray busca la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio en la salvaguarda n\u00b0 2022-00334-00, adem\u00e1s que se devuelva la s\u00faplica referida a la oficina de reparto para ser asignado a otro despacho judicial con el fin que se pronuncie respecto de las medidas provisionales solicitadas, por cuanto presuntamente, \u00abel accionado no integro al expediente el escrito de impugnaci\u00f3n de la orden judicial de primera instancia y por ende no se surti\u00f3 el traslado del mismo\u00bb. <\/p>\n
Es decir, su inconformidad es con el fondo de la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 el caso, lo que torna inviable el estudio del anhelo superlativo, m\u00e1xime cuando no se advierten hechos constitutivos de \u00abfraude\u00bb, lo cual tampoco fue invocado ni acreditado en estas diligencias; evento capaz de tornar procedente la prosperidad de este mecanismo especial\u00edsimo, como qued\u00f3 visto en precedencia. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, la promotora tiene a su alcance el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abfallo de tutela\u00bb que debate, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que cierra la \u00abposibilidad\u00bb de auscultar por este camino un prove\u00eddo de otro iudex \u00abconstitucional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el paginario para dicho fin, haga uso de la facultad de insistencia, herramienta de la que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021, citadas en STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
4.- En lo que concierne con la petici\u00f3n de \u00abcompulsar copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investiguen las conductas de los titulares de los despachos treinta y seis Civil Municipal y Decimo Civil del Circuito este \u00faltimo por presunta comisi\u00f3n de conducta punible consagrado en el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Penal\u00bb, se observa que la quejosa no ha acudido a los organismos competentes para denunciar dichos agravios, lo que torna improcedente este sendero, pues bien es sabido que el mismo <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (se enfatiza CSJ STC1423-2020 y STC11965-2021 entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta pertinente advertir que esta v\u00eda especial\u00edsima no ha sido estatuida con ese prop\u00f3sito, ya que como en forma insistente lo ha esgrimido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo combatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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