STC9155-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00688-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Gloria Esperanza Herrera Ospina le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, extensiva al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa urbe y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb para que se \u00abrevoque la providencia de fecha Primero (1\u00ba) de marzo de 2021. Proferida por la SALA PENAL DEL HONORABLE TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA. Siendo Ponente, la Dra. LUZ \u00c1NGELA MONCADA. Y por medio del cual se \u00edmprobo el acuerdo realizado por la procesada. El cual fue aprobado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja, mediante sentencia de fecha 24 de julio de 2018, dentro del radicado No. 2017-00769 (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se ordenara a la Corporaci\u00f3n querellada \u00abel estudio y aprobaci\u00f3n del acuerdo aprobado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja, mediante sentencia de fecha 24 de julio de 2018. Dentro de la causa en referencia\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier se extrae que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tunja conoci\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n formulado contra la actora por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado en concurso homog\u00e9neo con secuestro simple y en concurso heterog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tipificados en los art\u00edculos 168, 170 numerales 1, 8 y 10 y 365 del C.P.\u00bb, pero, como antes de la audiencia preparatoria Herrera Ospina \u00abacept\u00f3 los cargos respecto de la conducta de hurto calificado y agravado\u00bb, dict\u00f3 sentencia condenatoria (23 en. 2018) y \u00abse rompi\u00f3 la unidad procesal frente a los otros delitos\u00bb (n\u00ba 2017-00089). <\/p>\n
En la continuaci\u00f3n de la causa penal respecto de los dem\u00e1s tipos penales (rad. 2017-00056), habi\u00e9ndose fijado fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia preparatoria, las partes presentaron preacuerdo con la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Tunja, el cual se aprob\u00f3 (15 may.), y emiti\u00f3 veredicto en el que se le impuso \u00abla pena principal de CIENTO SETENTA Y UN PUNTO SESENTA Y SEIS (171.66) MESES de prisi\u00f3n, por los delitos de secuestro simple agravado en concurso homog\u00e9neo\u00bb (24 jul.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 la gestora que el \u00abPreacuerdo y sentencia referidos, fueron impugnados por los apoderados de v\u00edctimas reconocidos dentro del proceso\u00bb, aduciendo \u00abincumplimiento al art\u00edculo 349 de la Ley 906 del 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal) el cual proh\u00edbe celebrar preacuerdos respecto de delitos en los que el sujeto activo obtiene un incremento patrimonial\u00bb; en raz\u00f3n de ello, el superior \u00abimprob\u00f3 el acuerdo realizado por la procesada, acogiendo el planteamiento expresado por los apoderados de v\u00edctimas\u00bb (1\u00ba mar. 2022). <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abLa revocatoria del preacuerdo y sentencia se\u00f1alados, es violatoria del debido proceso constitucional de la se\u00f1ora GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA\u00bb porque \u00abel delito por el cual se ha solicitado el preacuerdo es el de secuestro simple agravado, el cual por definici\u00f3n jur\u00eddica No tiene car\u00e1cter patrimonial\u00bb, m\u00e1xime cuando el Tribunal de Tunja \u00abHa vinculado un car\u00e1cter patrimonial y econ\u00f3mico a un tipo penal tipificado en el cap\u00edtulo de delitos contra la libertad y hecho prevalecer un derecho econ\u00f3mico y no fundamental\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el \u00abargumento esgrimido por los apoderados de victimas\u00bb no demuestra que se les haya afectado alg\u00fan derecho \u00abya que se tuvieron en cuenta debidamente los t\u00e9rminos de la pena a imponer a la procesada, los cuales est\u00e1n dentro de los limites razonable y ponderados y la rebaja de pena se ajust\u00f3 debidamente a lo consagrado legal y constitucionalmente\u00bb, puesto que \u00abla restricci\u00f3n que establece el art\u00edculo 349 de la Ley 906\u00bb, en ning\u00fan caso \u00abpuede confundirse con los fines y los desarrollos del incidente de reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas (\u2026) Dado que en el preacuerdo presentado se trat\u00f3 de la aceptaci\u00f3n de responsabilidad penal y de dosificaci\u00f3n de la pena por el delito de secuestro simple (\u2026) el cual (\u2026) No comporta una apropiaci\u00f3n patrimonial por parte de la procesada\u00bb tanto m\u00e1s, si \u00e9sta \u00abno obtuvo ning\u00fan beneficio econ\u00f3mico en el delito de secuestro simple\u00bb y \u00abLa idea de los preacuerdos est\u00e1 sustentada en lograr una justicia, af\u00edn con los prop\u00f3sitos del Estado, tendientes a evitar un mayor desgaste procesal\u00bb. <\/p>\n
2.- La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido en segunda instancia y \u00absolicit[\u00f3] respetuosamente negar la petici\u00f3n de amparo impetrada por el accionante, toda vez, que [esa] Sala no le ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento se opuso al auxilio, narr\u00f3 el rito surtido en el juicio penal criticado y adujo que \u00abEl d\u00eda 25 de marzo de 2022 regresaron las diligencias del Tribunal, motivo por el cual se procedi\u00f3 de conformidad acatando lo resuelto y fijando fecha para AUDIENCIA PREPARATORIA para el d\u00eda 29 de junio de 2022 a partir de las dos de la tarde (2:00 p.m.)\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 172 Judicial II Penal rese\u00f1\u00f3 que \u00abla procedencia de la Acci\u00f3n de Tutela contra providencias judiciales est\u00e1 condicionada a que en ellas se incurra en v\u00eda de hecho entre otros eventos, situaci\u00f3n que no se presenta en este asunto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 la salvaguarda por falta del requisito de la subsidiariedad, en tanto \u00abla actuaci\u00f3n seguida en contra de la accionante se encuentra en curso y esa realidad permite establecer que los presupuestos requeridos para superar las limitantes del principio de subsidiariedad no se cumplen, en atenci\u00f3n a que, al estar el proceso penal en tr\u00e1mite, es al interior del mismo que deben agotarse las discusiones relacionadas con la configuraci\u00f3n de una presunta causal de invalidaci\u00f3n del proceso, a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa que se establecen en las distintas fases del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.- La precursora apel\u00f3, esgrimiendo las mismas razones inaugurales, agregando que \u00abEl argumento esgrimido en la providencia impugnada prev\u00e9 que la procesada debe precisamente asumir toda esa carga procesal, la cual no desea y est\u00e1 en su legal y leg\u00edtimo derecho a evitar. Si la se\u00f1ora GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, ya acepto su responsabilidad y pidi\u00f3 una condena. Resulta m\u00e1s una burla al propio sistema judicial y a la dignidad del Juez fallador, entrar en un desgaste de audiencias, en los cuales no se va debatir ni controvertir con argumentos coherentes o realmente valederos, la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n radicada por el despacho acusador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa, con apoyo en los elementos suasorios adosados al infolio, que la queja constitucional contra el interlocutorio de 1\u00ba de marzo de 2022, est\u00e1 llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal Superior de Tunja expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable validar el preacuerdo \u00abal desconocerse el contenido del art\u00edculo 349 de la Ley 906 de 2004, norma aplicable en este caso frente al preacuerdo celebrado y con el que se pretendi\u00f3 terminar de manera anticipada el proceso\u00bb; determinaci\u00f3n que no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Fue as\u00ed, como luego de relatar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, explic\u00f3, con base en jurisprudencia de esta Corte, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De regreso al evento que concita la atenci\u00f3n de la Colegiatura, se hace indispensable recordar el contenido del art\u00edculo 349 de la Ley 906 de 2004: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sobre la prohibici\u00f3n as\u00ed consagrada, la Sala tiene dicho que el reintegro pecuniario, condicionante de la validez del preacuerdo, \u201cconstituye un acto de obligatorio cumplimiento para aquellos delitos que llevan inmersos el provecho econ\u00f3mico, en tanto que, de acuerdo con la inteligencia de la norma, permite concluir que el pluricitado reintegro, as\u00ed como tambi\u00e9n el asegurar el recaudo del remanente, constituye un acto de procedibilidad para perfeccionar el preacuerdo o la negociaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Lo anterior encuentra fundamento en que, como as\u00ed lo ha ense\u00f1ado la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, y aqu\u00ed lo reitera, \u201cla noci\u00f3n de pronta y cumplida justicia, entonces, debe entenderse en la nueva sistem\u00e1tica de manera integral, es decir, no s\u00f3lo en la perspectiva de lograr una sentencia condenatoria r\u00e1pidamente a cambio de una ventaja punitiva para el procesado -que es lo que pasa en la sentencia anticipada-, sino adem\u00e1s en la necesidad de restablecer el equilibrio quebrantado con el delito, que es lo que finalmente soluciona el conflicto al verse la v\u00edctima compensada por la p\u00e9rdida sufrida. <\/p>\n
A partir de los razonamientos precedentes, la Corte puede anticipar su postura en el sentido de que la tesis que pregonan los apelantes no es de recibo, porque parte de un equ\u00edvoco evidente: que solamente las conductas punibles que en su descripci\u00f3n t\u00edpica integran la consecuci\u00f3n o intenci\u00f3n de obtener un beneficio patrimonial son id\u00f3neas para generar incremento patrimonial en el sujeto activo. <\/p>\n
Dicho de otra manera, no solamente los tipos penales que describen un inter\u00e9s patrimonial -ya sea que se concrete, o bien que solamente sea un fin ulterior del sujeto activo- son aptos para generar una ganancia patrimonial en el agente. Son los hechos objeto de investigaci\u00f3n los que, en \u00faltimas, permiten establecer si como consecuencia de la comisi\u00f3n de una o varias conductas punibles el actor obtuvo un incremento patrimonial. (Se resalta fuera de texto). <\/p>\n
En este caso en particular, puede admitirse que en realidad el delito de concusi\u00f3n involucra en su descripci\u00f3n t\u00edpica un beneficio para el sujeto activo, o para un tercero. As\u00ed reza el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal: <\/p>\n
(\u2026). De igual forma, es verdad que el delito de prevaricato por acci\u00f3n (art\u00edculo 413 de la Ley 599 de 2000), el mismo que acept\u00f3 la imputada, no contiene en su estructura la efectiva obtenci\u00f3n de un beneficio patrimonial, ni siquiera como una intenci\u00f3n del agente. As\u00ed dice el tipo penal: <\/p>\n
(\u2026) De suerte que afirmar ante ese conjunto de hechos que la concusi\u00f3n le gener\u00f3 incremento patrimonial a la entonces fiscal delegada, pero esa misma aptitud no la tuvo la emisi\u00f3n de providencias abiertamente ilegales (constitutivas de prevaricato por acci\u00f3n), desconoce la realidad de los acontecimientos, pues lo cierto es que los pagos indebidos se hicieron no solamente gracias a la inducci\u00f3n o constre\u00f1imiento, sino con el claro prop\u00f3sito de obtener las determinaciones prevaricadoras, como en efecto se obtuvieron. <\/p>\n
De acogerse el argumento propuesto por los recurrentes, habr\u00eda de admitirse que solamente los comportamientos que atentan espec\u00edficamente contra el patrimonio econ\u00f3mico, o bien otros como el peculado, el cohecho o la concusi\u00f3n, son id\u00f3neos para generar un incremento patrimonial en el sujeto agente, toda vez que su descripci\u00f3n hace expresa alusi\u00f3n a la consecuci\u00f3n o intenci\u00f3n de obtener un beneficio. <\/p>\n
Para poner de relieve la equivocaci\u00f3n en el argumento de los impugnantes, basta con acudir a dos ejemplos muy claros, como son los il\u00edcitos relacionados con la indebida celebraci\u00f3n de contratos o el tr\u00e1fico de estupefacientes -los cuales no involucran en su descripci\u00f3n t\u00edpica la consecuci\u00f3n o intenci\u00f3n de obtener un incremento patrimonial-, pues la experiencia y la realidad judicial ense\u00f1an que este tipo de delitos son solamente algunos de los que generan mayor beneficio patrimonial para quienes en ellos incurren. <\/p>\n
Pero as\u00ed mismo, otras conductas como aquellas constitutivas de infracciones a la fe p\u00fablica, abuso de autoridad o delitos inform\u00e1ticos son capaces de generar ganancias patrimoniales para el agente, sin que necesariamente a su descripci\u00f3n t\u00edpica se integre ese elemento en particular. <\/p>\n
Por lo tanto, la Sala reitera que son los hechos del caso, y no las particulares descripciones t\u00edpicas de las conductas, los que han de tenerse en cuenta para determinar si la ejecuci\u00f3n de un delito genera o no incremento patrimonial en el sujeto activo. (Se resalta fuera de texto) <\/p>\n
(\u2026). En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de los hechos imputados a la procesada GLORIA ESPERANZA OSPINA HERRERA y por los que se le acus\u00f3 como coautora, claramente se indica que existi\u00f3 el apoderamiento de bienes en suma de ochenta y tres millones de pesos ($83\u2019000.000), siendo aquella quien plane\u00f3 lo ocurrido; incremento patrimonial que no puede ser ajeno al secuestro simple agravado, secuestro simple y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, que fueron los delitos medio que se cometieron para lograr el delito fin de hurto calificado y agravado, trat\u00e1ndose de delitos conexos como bien lo alegara el representante de v\u00edctimas que se opuso al preacuerdo desde su verificaci\u00f3n, solo que se rompi\u00f3 la unidad procesal al haberse allanado la procesada a los cargos por el delito fin y posteriormente preacordar con la Fiscal\u00eda por los delitos medio. <\/p>\n
El art\u00edculo 51 de la Ley 906 de 2004, establece los supuestos en los cuales hay lugar a la conexidad: i) cuando el delito ha sido cometido en coparticipaci\u00f3n criminal, ii) cuando se impute a una persona m\u00e1s de un delito realizado con unidad de tiempo y lugar, iii) cuando se impute a una persona la comisi\u00f3n de varios delitos realizados unos con el fin de facilitar la ejecuci\u00f3n o procurar la impunidad de otros, o con ocasi\u00f3n o como consecuencia de otro, y iv) cuando se impute a una o m\u00e1s personas la comisi\u00f3n de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o part\u00edcipes, relaci\u00f3n razonable de lugar y tiempo y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra\u00bb. <\/p>\n
De manera espec\u00edfica, frente a los \u00abpreacuerdos y las negociaciones, precisando la naturaleza de los delitos conexos, la misma Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Precisando aquellas hip\u00f3tesis, de la naturaleza de los delitos conexos la jurisprudencia ha dicho lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLos delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como ocurre cuando un punible se comete como medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleol\u00f3gica), por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. Tambi\u00e9n, cuando una conducta punible se comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los activos procedentes de un delito de extorsi\u00f3n (conexidad parat\u00e1tica) (\u2026) en aquellos casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo, cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipot\u00e1tica).\u00bb (CSJ. SP 5 dic. 2007. Rad. 25931). (subrayas fuera de texto).\u201d [Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal. Providencia del 25 de febrero de 2015, rad. 45402, M.P. Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier]. <\/p>\n
En el presente caso, existi\u00f3 la llamada conexidad teleol\u00f3gica; como se ha dicho, los delitos de secuestro simple agravado, secuestro simple y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, se cometieron para alcanzar el fin delictivo del hurto calificado y agravado; de la narraci\u00f3n f\u00e1ctica hay total claridad que la organizaci\u00f3n delincuencial de la que hizo parte la procesada GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, acord\u00f3 obtener el apoderamiento de los bienes para lo cual tuvieron que retener arbitrariamente al recepcionista del hotel que se encontraba de turno al momento de la comisi\u00f3n de los hechos y al due\u00f1o del mismo establecimiento, utilizando armas de fuego; como se expuso por la Fiscal\u00eda, AURELIO ARIAS fue reducido y amenazado con un arma de fuego, siendo amordazado, cubierto los ojos, atado de pies y manos, vigilado por uno de los implicados, mientras otros se trasladaron al apartamento de ALFONSO P\u00c9REZ CHAPARRO ubicado en el mismo hotel del que era su propietario, a quien tambi\u00e9n lo inmovilizaron at\u00e1ndole sus extremidades, y sustrayendo los objetos en valor de $83\u2019000.000; GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, quien era empleada del hotel y conoc\u00eda el movimiento comercial del establecimiento, el apartamento donde habitaba su due\u00f1o y la existencia de la caja fuerte, contact\u00f3 a los sujetos con los que plane\u00f3 la comisi\u00f3n de los il\u00edcitos, indicando la hora en que deb\u00edan ingresar al hotel cuando ella no estuviera de turno, y para que el due\u00f1o del hotel se encontrara solo, se comprometi\u00f3 a invitar a la empleada que estaba a cargo de su cuidado, a que salieran la noche de los hechos a una taberna a bailar y a tomar licor, lo que hicieron con otro de los implicados mientras los dem\u00e1s perpetraban el hurto para lo cual retuvieron a las v\u00edctimas y utilizaron el arma de fuego para su intimidaci\u00f3n, teniendo la procesada pleno conocimiento de la actividad il\u00edcita que se estaba desarrollando en el hotel. <\/p>\n
Por tanto, no puede desligarse los delitos de secuestro simple agravado, secuestro simple y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, del delito de hurto agravado y calificado, siendo aquellos il\u00edcitos generadores del incremento patrimonial del que se benefici\u00f3 la procesada, comportamientos punibles mediante los cuales se logr\u00f3 el apoderamiento de los bienes, por lo que necesariamente es exigible el requisito previsto en el art\u00edculo 349 del C. de P.P., del reintegro de por lo menos, el 50% del valor equivalente al incremento percibido con las conductas il\u00edcitas, y el aseguramiento del recaudo del remanente, como condici\u00f3n de validez del preacuerdo celebrado entre la procesada GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA y la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Con base en tales elucubraciones, predic\u00f3, entonces, que, <\/p>\n
\u00abEn el caso de estudio, nos encontramos frente a la tercera de las hip\u00f3tesis que la jurisprudencia citada se\u00f1ala, de las cobijadas por el art\u00edculo 349 del C. de P.P., en la cual la actividad delictiva gener\u00f3 el incremento patrimonial para la procesada, independientemente que dicho resultado no forme parte de la estructura t\u00edpica de los delitos de secuestro y porte de armas de fuego, esto es, \u201ccuando el delito produce ventajas patrimoniales al sujeto activo, aunque esta ganancia no constituya exigencia t\u00edpica, ni siquiera de manera eventual; la aplicaci\u00f3n del tantas veces mencionado requisito, depender\u00e1 de que en la actuaci\u00f3n, a m\u00e1s de la demostraci\u00f3n de los requisitos t\u00edpicos, se acredite la concurrencia de ese resultado que es ajeno a la naturaleza del delito\u201d. <\/p>\n
Al no estar acreditado que la procesada cumpli\u00f3 con aquella exigencia del reintegro del incremento patrimonial fruto de los il\u00edcitos cometidos, se puede concluir que la actuaci\u00f3n est\u00e1 viciada de nulidad por violaci\u00f3n al debido proceso, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, al desconocerse el contenido del art\u00edculo 349 de la Ley 906 de 2004, norma aplicable en este caso frente al preacuerdo celebrado y con el que se pretendi\u00f3 terminar de manera anticipada el proceso, burlando la exigencia al haber procedido la procesada a allanarse a cargos por el delito de hurto calificado y agravado del que no se le exigiera el reintegro por considerase un instituto diferente al preacuerdo, acudiendo a \u00e9ste posteriormente con la anuencia de la Fiscal\u00eda por los dem\u00e1s delitos escindi\u00e9ndolos de la \u00edntima y estrecha relaci\u00f3n con el incremento patrimonial obtenido. <\/p>\n
La exigencia contenida en el art\u00edculo 349 del C. de P.P., se reitera, es obligatoria en los preacuerdos por delitos con los que se obtiene el provecho econ\u00f3mico, como los conexos que fueron atribuidos a la acusada, constituyendo un acto de procedibilidad para culminar con la terminaci\u00f3n abreviada del proceso; por tanto, al aprobarse la celebraci\u00f3n del preacuerdo entre la Fiscal\u00eda y GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, sin que se demostrara previamente el reintegro del 50% del equivalente al incremento patrimonial percibido por su actividad il\u00edcita y que asegurara el recaudo del remanente, no hay duda alguna que se incurri\u00f3 en irregularidad sustancial que trasgredi\u00f3 el debido proceso, ante la inobservancia de la ley preexistente para la validez de lo consensuado\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Al paso, coligi\u00f3, en punto del monto de la pena pre-acordada que, <\/p>\n
\u00abLa Fiscal\u00eda y la procesada asistida por su Defensor, acordaron la pena a imponer, partiendo del m\u00ednimo de la pena m\u00e1s grave por su naturaleza, correspondiente al delito de secuestro simple agravado del que fue v\u00edctima ALFONSO P\u00c9REZ CHAPARRO, esto es, de 256 meses de prisi\u00f3n y multa de 1.066,66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de secuestro simple agravado del que fue v\u00edctima ALFONSO P\u00c9REZ CHAPARRO, aumentada en: 04 meses de prisi\u00f3n y multa de 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de secuestro simple del que fue v\u00edctima AURELIO ARIAS, y 05 meses de prisi\u00f3n por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, para un total de 265 meses de prisi\u00f3n y multa de 1.076,66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, con la rebaja de 1\/3 parte, quedando en definitiva la pena pactada en 176.66 meses de prisi\u00f3n y multa de 717.77 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Si se tiene en cuenta las penas previstas en el art\u00edculo 168 del C.P. para el delito de secuestro simple, esto es, 192 a 360 meses de prisi\u00f3n y multa de 800 a 1500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, y la pena para el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, se\u00f1alada en el art\u00edculo 365 del mismo estatuto, de 9 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n; el aumento pactado en el preacuerdo por el concurso de conductas punibles, de tan solo 4 meses de prisi\u00f3n y multa de 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el primero y 5 meses de prisi\u00f3n por el segundo, es tan irrisorio en comparaci\u00f3n a la pena m\u00ednima prevista por el legislador para cada uno de estos il\u00edcitos, que pr\u00e1cticamente no representa ning\u00fan aumento por el concurso de conductas punibles en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 31 del C. P. que ordena partirse de la pena prevista para el il\u00edcito que establezca la m\u00e1s grave, aumentada hasta otro tanto, sin ser superior a la suma aritm\u00e9tica. <\/p>\n
Es decir, es claro que lo pactado por la Fiscal\u00eda y la procesada frente a la pena para los delitos en concurso, es casi como si se eliminaran los cargos por los mismos, lo que ni siquiera podr\u00eda aceptarse como el \u00fanico beneficio compensatorio por el acuerdo, a m\u00e1s de haberse acordado la rebaja de la pena de una tercera parte quedando en definitiva la pena pactada en 176.66 meses de prisi\u00f3n y multa de 717.77 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
Luego, cavil\u00f3 que en el \u00abpreacuerdo\u00bb celebrado entre la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Tunja y la acusada Herrera Ospina, la primera desconoci\u00f3 que su actuaci\u00f3n est\u00e1 regida por el principio de la discrecionalidad, en tanto, <\/p>\n
\u00abLo anterior revela un descuento punitivo muy superior a los m\u00e1ximos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, incluso si se le compara con el beneficio previsto para la aceptaci\u00f3n de los cargos o allanamiento en la primera fase de la actuaci\u00f3n penal, a m\u00e1s de no poderse perder de vista que el acuerdo se present\u00f3 cuando se pretend\u00eda realizar la audiencia preparatoria, no se hizo el reintegro del incremento patrimonial obtenido con los il\u00edcitos, y no existi\u00f3 ninguna colaboraci\u00f3n de la procesada para el esclarecimiento de los hechos y la judicializaci\u00f3n de las dem\u00e1s personas que participaron en aquellos. <\/p>\n
En s\u00edntesis, en el preacuerdo celebrado entre la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Tunja y la acusada GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, la Fiscal\u00eda desconoci\u00f3 que su actuaci\u00f3n est\u00e1 regida por el principio de la discrecionalidad reglada seg\u00fan lo se\u00f1alado por la jurisprudencia constitucional y de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, pues como all\u00ed se ha dicho, los preacuerdos no pueden lograrse a cualquier costo, desconociendo los l\u00edmites normativos que garantizan la legalidad, la igualdad de trato y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Lo anterior porque el costo\/beneficio de dicho preacuerdo, no solo dej\u00f3 de aplicar el contenido del art\u00edculo 349 de la Ley 906 de 2004, presupuesto de procedibilidad para la terminaci\u00f3n anticipada del proceso en los preacuerdos donde se ha obtenido un incremento patrimonial fruto de las conductas punibles, sino que fue desmesurado en punto al acuerdo de la pena a imponer, la que tampoco respeta los l\u00edmites de legalidad; llegando como lo ha dicho de tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia: \u201ca los extremos de convertir el proceso penal en un fest\u00edn de regal\u00edas que desnaturalizan y desacreditan la funci\u00f3n de Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las v\u00edctimas de conocer la verdad\u201d44, no existiendo proporcionalidad alguna en la totalidad de la rebaja de pena y beneficios que lograr\u00eda la procesada con esta modalidad de acuerdo, en relaci\u00f3n con las conductas punibles cometidas, seg\u00fan la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita por la Fiscal\u00eda, asisti\u00e9ndole raz\u00f3n al apoderado de las v\u00edctimas recurrente que aleg\u00f3 la legalidad del preacuerdo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al t\u00f3pico estudiado y a la absoluci\u00f3n de Herrera Ospina por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, apostill\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, por si fueran pocos los beneficios consensuados en favor de la procesada, la Juez de primera instancia la absolvi\u00f3 por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, bajo el argumento que no se prob\u00f3 que se hubiese incautado un arma de fuego de defensa personal, que el elemento que fue usado fuera apto para disparar y estuviera en buen funcionamiento, sin respuesta del Departamento de Control y Comercio de Armas y Municiones y Explosivos si GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA era o no portadora legal de armas de fuego y defensa personal, a m\u00e1s de lo dicho por los indiciados en los interrogatorios que el arma usada para reducir a AURELIO ARIAS era de fogueo. <\/p>\n
Dicha absoluci\u00f3n fue igualmente tema de disenso por los dos representantes judiciales de las V\u00edctimas como recurrentes, considerando la Sala que les asiste raz\u00f3n, porque la primera instancia desconoci\u00f3 que, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de responsabilidad de la procesada por los cargos formulados en su contra de los il\u00edcitos preacordados, la Fiscal\u00eda aport\u00f3 el m\u00ednimo de prueba que permite inferir la materializaci\u00f3n del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego y la responsabilidad de la procesada. <\/p>\n
De los hechos por los que se acus\u00f3 a la procesada y los elementos materiales de prueba descubiertos y allegados por la Fiscal\u00eda, se infiere claramente que para la ejecuci\u00f3n del il\u00edcito se us\u00f3 un arma de fuego, como lo se\u00f1al\u00f3 AURELIO ARIAS en las entrevistas que rindi\u00f345, en las que expuso que para el d\u00eda de los hechos, ingresaron cuatro hombres a las instalaciones del hotel El Cid, quienes supuestamente pertenec\u00edan a una congregaci\u00f3n religiosa e iban a hospedarse all\u00ed, luego lo hizo otro hombre que se identificaba como el pastor, quien le solicit\u00f3 revisar las tomas del segundo piso, por lo que al trasladarse a verificar el presunto da\u00f1o, este sujeto le tap\u00f3 la boca y lo enca\u00f1on\u00f3 con un rev\u00f3lver niquelado, procediendo los otros sujetos a amordazarlo y amarrarlo para que no ofreciera resistencia mientras se perpetraba el reato, permaneciendo retenido por espacio de tres horas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se alleg\u00f3 el oficio del 19 de febrero de 2018 emitido por el jefe de Estado Mayor Primera Brigada, Comando General de las Fuerzas Militares, mediante el cual inform\u00f3 que consultados los archivos del Sistema de Informaci\u00f3n de Armas Explosivos y Municiones (SIAEM) del Comando General de las Fuerzas Militares, los se\u00f1ores DONOVAN STEEWAR PINZ\u00d3N VANEGAS, MAC DONALD BERM\u00daDEZ D\u00cdAZ, JUAN CARLOS SOTAQUIR\u00c1 CASTELLANOS, TEISON PINZ\u00d3N D\u00cdAZ, JORGE IV\u00c1N GARC\u00cdA JIM\u00c9NEZ, YANY ALEJANDRO MORENO CASTILLO y GLORIA ESPERANZA HERRERA OSPINA, no cuentan con permiso de autoridad competente para el porte de armas de fuego. <\/p>\n
Lo anterior, da lugar a tener por acreditada la materializaci\u00f3n del punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego; sin duda, el uso del arma de fuego hizo parte del plan criminal para la perpetraci\u00f3n del injusto, como elemento \u00fatil para amedrentar a los ocupantes del hotel, as\u00ed como garantizar una reacci\u00f3n defensiva ante comportamientos de repulsa que pudieran materializarse por parte de las v\u00edctimas; y la procesada al aceptar aquellos cargos en el preacuerdo, renunciando al juicio p\u00fablico, oral y contradictorio, declin\u00f3 a controvertir la prueba sobre la idoneidad del artefacto y caracter\u00edsticas del mismo, que desde luego, ahora con la invalidaci\u00f3n del preacuerdo, de continuarse con el tr\u00e1mite ordinario, podr\u00e1 hacer uso de esa controversia. <\/p>\n
Al respecto es importante precisar que las constataciones que deben realizarse en el curso del tr\u00e1mite ordinario y condena anticipada var\u00edan sustancialmente, pues, mientras en el primero impera el est\u00e1ndar de convencimiento m\u00e1s all\u00e1 de duda razonable, en el segundo se debe verificar la existencia de \u201cun m\u00ednimo de prueba que permita inferir la autor\u00eda o participaci\u00f3n en la conducta y su tipicidad\u201d, como lo dispone el art\u00edculo 327 del C. de P.P. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que la aceptaci\u00f3n de responsabilidad se produce en fases tempranas del proceso, en donde precisamente no se cuentan con suficientes elementos probatorios, pues precisamente por la econom\u00eda alcanzada, por no adelantar el juicio, es que se premia al procesado con la rebaja punitiva, por lo cual la exigencia probatoria se morigera, siendo suficiente que los elementos aportados y la aceptaci\u00f3n de responsabilidad tornen veros\u00edmil la admisi\u00f3n de culpabilidad. <\/p>\n
Encontr\u00e1ndose entonces el m\u00ednimo probatorio exigido por el inciso tercero del art\u00edculo 327 del C.P.P., para no comprometer el principio de presunci\u00f3n de inocencia, logr\u00e1ndose inferir, con los medios probatorios y evidencia f\u00edsica incorporada por la Fiscal\u00eda, que el punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones se materializ\u00f3 y que en el mismo particip\u00f3 la procesada a t\u00edtulo de coautora impropia, a m\u00e1s de los desproporcionados beneficios que ya se hab\u00edan pactado, no era procedente la absoluci\u00f3n por dicho il\u00edcito, asisti\u00e9ndole igualmente raz\u00f3n a los recurrentes al cuestionar la sentencia en tal sentido. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la quejosa, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia; empero, ese prop\u00f3sito no se acompasa con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (CSJ STC9232-2018, 17 jul., rad. 2018-00574-01, reiterada en STC5974-2021, 26 may., rad. 2021-01462-00). <\/p>\n
3.- Con todo, observa la Sala que la sedicente puede arribar a un nuevo acuerdo con el ente acusador, de tal manera que logre la terminaci\u00f3n anticipada de las diligencias de juzgamiento adelantadas en su contra, para lo cual deber\u00e1n, como es l\u00f3gico, observarse los principios rectores del derecho penal y las garant\u00edas fundamentales de las v\u00edctimas, con miras a lograr que el juez de conocimiento \u2013tanto en primera como en segunda instancia- le imparta aprobaci\u00f3n a la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, porque a\u00fan no se ha llevado a cabo la nueva etapa de juicio oral en el rad. n\u00ba 2017-00056, ya que, como lo inform\u00f3 el juez de primer grado, el 25 de marzo de 2022, apenas \u00ab(\u2026) regresaron las diligencias del Tribunal, motivo por el cual se procedi\u00f3 de conformidad acatando lo resuelto y fijando fecha para AUDIENCIA PREPARATORIA para el d\u00eda 29 de junio de 2022 a partir de las dos de la tarde (2:00 p.m.)\u00bb, proceder que se encuentra avalado por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el cual prev\u00e9: \u00abPresentada la acusaci\u00f3n y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podr\u00e1n realizar preacuerdos en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo anterior\u00bb. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9155-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00688-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}