STC9157-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9157-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Francisco Rafael R\u00edos Rodr\u00edguez y Francisco Javier R\u00edos Osorio frente al fallo proferido el 9 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Cotorra y Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensa, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abdoble instancia\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por los estrados acusados en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, declarar i) \u00abfalta de competencia en el proceso [fustigado]\u2026 y como consecuencia invalidar lo actuado por el juez[,] como lo es el auto que declar[\u00f3] el desistimiento del demandado Francisco R\u00edos Osorio y poder llevar [ese] proceso a una justa audiencia\u00bb; ii) \u00abal Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra, solidariamente responsable de los perjuicios sufridos por el accionante con ocasi\u00f3n de\u2026 la medida cautelar de embargo de su sueldo y cesant\u00edas (da\u00f1o emergente y lucro cesante)\u00bb; y condenar \u00aben costas y perjuicios (sic)\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo incoado contra los accionantes por la Cooperativa Multiactiva en la Prestaci\u00f3n de Servicios Contables y Financieros – Coomulaser, tras haberse librado mandamiento de pago y decretado medidas cautelares el 19 de noviembre de 2019, el 28 de enero siguiente se alleg\u00f3 memorial en el cual el ejecutado R\u00edos Rodr\u00edguez manifest\u00f3, entre otras cosas, tener conocimiento de la orden de apremio, allanarse a las pretensiones de la demanda, renunciar a presentar excepciones previas y de fondo, as\u00ed como \u00aba los t\u00e9rminos de traslado y nulidades\u2026 con la finalidad que se contin\u00fae con [el] tr\u00e1mite del proceso\u00bb; por lo que el d\u00eda 30 posterior el a-quo acusado lo tuvo por enterado por conducta concluyente. <\/p>\n
2.2. Notificado por aviso el otro ejecutado, R\u00edos Osorio, sin que formulara excepci\u00f3n alguna, el 4 de marzo de 2020 se dispuso seguir adelante el cobro. <\/p>\n
2.3. El 29 de enero de 2021, previa solicitud del deudor R\u00edos Osorio, se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir de su notificaci\u00f3n, teni\u00e9ndolo por enterado por conducta concluyente a partir de esa data; quien, en oportunidad, el 2 de febrero de ese a\u00f1o, inco\u00f3 excepciones previas -falta de competencia- y de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.4. De otro lado, el mismo 2 de febrero la ejecutante manifest\u00f3 desistir de sus pretensiones frente a R\u00edos Osorio, lo que reiter\u00f3 el d\u00eda 10 siguiente. <\/p>\n
2.5. El 16 de febrero de 2021 el Juzgado Municipal acusado acept\u00f3 el referido desistimiento respecto de R\u00edos Osorio y, en consecuencia, \u00abpor sustracci\u00f3n de materia\u00bb, indic\u00f3 que no hab\u00eda \u00ablugar a resolver sobre las excepciones previas y de m\u00e9rito presentadas\u00bb por \u00e9ste, manteni\u00e9ndose la actuaci\u00f3n frente al otro ejecutado; decisi\u00f3n que repuso parcialmente el 3 de marzo de esa anualidad, en cuanto a complementarla en punto a condenar en costas a la ejecutante; todo lo cual confirm\u00f3 el ad-quem el 4 de febrero \u00faltimo. <\/p>\n
2.6. Finalmente, el pasado 7 de febrero R\u00edos Rodr\u00edguez pidi\u00f3 levantar las medidas de embargo dispuestas sobre su pensi\u00f3n y cesant\u00edas, al considerarlas ilegales, a lo que no accedi\u00f3 el Juzgado Municipal el 2 de marzo siguiente, decisi\u00f3n que mantuvo el 19 de abril posterior y respecto de la cual no se inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. En sede de tutela los gestores cuestionaron, en concreto, que los juzgadores acusados se pronunciaron sobre una supuesta petici\u00f3n de desistimiento que no reposaba en el expediente, de la que, adem\u00e1s, no se les dio el traslado previo que, en su sentir, impon\u00eda el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 316 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Manifestaron que no debi\u00f3 aceptarse la mentada dimisi\u00f3n frente a R\u00edos Osorio y, en su lugar, definir la excepci\u00f3n previa de falta de competencia que \u00e9ste plante\u00f3, al estar plenamente acreditada su configuraci\u00f3n porque \u00e9l \u00abest\u00e1 radicado y trabaja en C\u00facuta\u2026[,] R\u00edos Rodr\u00edguez est[\u00e1] radicado y trabaja en Monter\u00eda, el pagar[\u00e9] libranza establece que la obligaci\u00f3n ser\u00eda cancelada en [L]orica\u00bb. <\/p>\n
Recalcaron que la ejecuci\u00f3n ha estado rodeada de m\u00faltiples irregularidades, entre otras, porque R\u00edos Rodr\u00edguez no estaba afiliado a la Cooperativa ejecutante para la fecha de emisi\u00f3n del t\u00edtulo ni se oblig\u00f3 en \u00e9l, por lo que tambi\u00e9n se mostraba arbitrario el embargo de su asignaci\u00f3n pensional y sus cesant\u00edas, iter\u00f3, por no ser asociado al momento del pr\u00e9stamo y no haberse anexado autorizaci\u00f3n de la Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria; adem\u00e1s, el memorial con el que supuestamente se allan\u00f3 a las pretensiones lo suscribi\u00f3 bajo enga\u00f1os, pues no se le indic\u00f3 que tuviera ese prop\u00f3sito sino el de levantar las cautelas que lo afectan en otro juicio ejecutivo que le promovi\u00f3 la misma Cooperativa. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de la Econom\u00eda Solidaria indic\u00f3 oponerse a las pretensiones del ruego tutelar porque \u00ab[n]o existe marco de acci\u00f3n funcional posible a desatar por parte de [esa] entidad\u00bb, comoquiera que \u00ablas situaciones debatidas por el accionante (sic), se enmarcan en la protecci\u00f3n del debido proceso, en actuaciones de car\u00e1cter judicial que no implican en ninguna medida hechos, actos [u] omisiones de la Supersolidaria\u00bb. <\/p>\n
2. La Cooperativa Multiactiva en la Prestaci\u00f3n de Servicios Contables y Financieros – Coomulaser, tras defender la legalidad del proceder de las autoridades judiciales criticadas, deprec\u00f3 se \u00abdeclare improcedente la\u2026 tutela interpuesta\u2026 por no tener el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n constitucional\u2026 y adem\u00e1s la conducta no configura vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 indic\u00f3 atenerse a las actuaciones all\u00ed surtidas y pidi\u00f3 declarar que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno de la parte tutelante\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra histori\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed surtido, el que afirm\u00f3 adelant\u00f3 \u00abde conformidad con las normas procesales aplicables, respetando el debido proceso\u2026, el derecho de contradicci\u00f3n y defensa, y los principios de publicidad e imparcialidad; y que en el decurso de los mismos no se vulneraron derechos constitucionales fundamentales; muncho menos se ha incurrido en defecto f[\u00e1]ctico o procesal alguno; de lo cual puede concluirse\u2026 que no resulta procedente la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que \u00abla decisi\u00f3n del juez de aceptar el desistimiento de las pretensiones de la acci\u00f3n ejecutiva en relaci\u00f3n a uno de los demandados, y no emitir un pronunciamiento en relaci\u00f3n con las excepciones propuestas, no resulta arbitraria o alejada grotescamente del ordenamiento jur\u00eddico, todo lo contrario, lo resuelto por el juez obedece a una interpretaci\u00f3n razonada y argumentada, realizada conforme las normas procesales aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en contra de R\u00edos Rodr\u00edguez y la negativa del levantamiento de las cautelas dispuestas en su contra, la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que, ciertamente, en cuanto a lo primero, aqu\u00e9l no formul\u00f3 excepciones previas ni de m\u00e9rito frente a la orden de apremio, aduciendo todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente en la demanda de tutela; y respecto a lo segundo, porque dej\u00f3 de agotar el recurso de apelaci\u00f3n que, de conformidad con el numeral 8\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso, proced\u00eda frente al prove\u00eddo del 2 de marzo \u00faltimo, mediante el cual el a-quo neg\u00f3 el levantamiento de aquellas medidas. <\/p>\n
Circunstancias que evidencian el descuido del citado accionante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto a los aspectos bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada era inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, la salvaguarda tampoco se abr\u00eda paso en lo tocante con la aceptaci\u00f3n del desistimiento de la ejecuci\u00f3n frente al otrora ejecutado Francisco Javier R\u00edos Osorio, porque al auscultar tal pronunciamiento, para la Sala no luce arbitrario. <\/p>\n
2.2.1. En efecto, en la providencia de 4 de febrero de 2022, mediante la cual el Juzgado ad-quem acusado confirm\u00f3 la emitida por el a-quo el 16 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la cual se acept\u00f3 el referido desistimiento, de entrada se destac\u00f3 que el extremo recurrente cuestion\u00f3 que \u00abno se le dio el tr\u00e1mite de que trata el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 316 del C.G.P., esto es, el traslado a la contra parte del desistimiento[,] y por cuanto advierte que dicho memorial fue aportado despu\u00e9s de haber salido el pronunciamiento del despacho\u00bb; alegaciones que hall\u00f3 infundadas al observar que: <\/p>\n
\u2026hubo dos solicitudes, una de\u2026 02 de febrero de 2021, que fuera presentada por la representante legal de la ejecutante y que en su oportunidad no fue atendida favorablemente por el juzgado de origen, en raz\u00f3n al derecho de postulaci\u00f3n y, otra, del\u2026 10 del mismo mes y a\u00f1o, allegada por la mandataria judicial de la ejecutante y coadyuvada por la representante legal de la misma, que a su vez, fue resuelta pr\u00f3speramente por aquel despacho en el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello, se considera que no le asiste raz\u00f3n a la recurrente, cuando manifiesta que las providencias antes relacionadas fueron dictadas por el juez del conocimiento sin que mediara solicitud de parte, ya que de ello si hay prueba en el expediente digital, y, tampoco el a quo deb\u00eda darle traslado de la solicitud de desistimiento presentada por la parte ejecutante, ya que \u00e9sta no ven\u00eda condicionada a que no fuese condenado en costas y perjuicios, por el acto procesal invocado. <\/p>\n
Ahora, la verdadera omisi\u00f3n que hubo por parte del juzgador de primera instancia en aqu\u00e9lla oportunidad, fue no haber condenado en costas a la parte demandante por el desistimiento de las pretensiones frente al demandado\u2026 R\u00cdOS OSORIO, situaci\u00f3n que una vez fue advertida por la aqu\u00ed apelante, fue corregida a trav\u00e9s de auto calendado 03 de marzo de 2021, donde se resuelve entre otras cosas, reponer parcialmente el auto hoy objeto de apelaci\u00f3n y condenar en costas a la parte demandante por el acto de desistimiento de las pretensiones frente al ejecutado antes citado. <\/p>\n
Seguidamente destac\u00f3 encontrarse \u00abfrente a un proceso ejecutivo\u2026 donde se demanda el cumplimiento de una obligaci\u00f3n solidaria, de manera que, al ser\u2026 de este tipo, el acreedor puede demandar a todos los deudores solidarios o al que a bien tenga, a su libre arbitrio, para que respondan o responda por la obligaci\u00f3n pactada, tal y como as\u00ed lo indica el art\u00edculo 1572 del C\u00f3digo Civil\u00bb; consign\u00f3 que en el caso concreto la ejecutante, \u00abal presentar la demanda, lo hizo contra los dos deudores que suscribieron el t\u00edtulo\u2026 motivo de la demanda, y en el tr\u00e1mite del asunto decide \u201cInvocando el art\u00edculo 314 del c\u00f3digo general del proceso desisto del demandado\u2026 R\u00cdOS OSORIO\u2026\u201d\u00bb; y que \u00abal ser la obligaci\u00f3n reclamada de naturaleza solidaria, el acreedor aqu\u00ed ejecutante bien puede seguir con la ejecuci\u00f3n, contra todos o alguno de ellos, como en efecto ocurri\u00f3, pues decidi\u00f3 \u00fanicamente continuar con la ejecuci\u00f3n contra el deudor\u2026 R\u00cdOS RODR\u00cdGUEZ\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n rese\u00f1\u00f3 que los apelantes tambi\u00e9n adujeron que tal desistimiento de las pretensiones debi\u00f3 \u00abhacerse extensivo a la parte ejecutada en conjunto, esto es, a ambos ejecutados, por cuanto las pretensiones de la demanda son tres y en la solicitud no se especifica sobre cu[\u00e1]les precisamente se hace extensivo el desistimiento y en raz\u00f3n de ello, debe entenderse a sus voces, que es sobre la totalidad de las mismas\u00bb; argumento que tambi\u00e9n encontr\u00f3 infundado el acusado Juzgado del Circuito porque: <\/p>\n
\u2026lo manifestado por la parte ejecutante no constituye un desistimiento de las pretensiones con las consecuencias del art\u00edculo 314 del CGP, pues del contenido mismo del documento se otea que se \u201cdesiste\u201d de ellas frente a uno de los ejecutados, esto es, frente al demandado\u2026 R\u00cdOS OSORIO, por ello, el juzgado atiende la solicitud solo frente a quien por disposici\u00f3n directa y precisa del ejecutante se presenta el memorial, que conforme a los principios de interpretaci\u00f3n y realidad, m\u00e1s que un desistimiento propiamente dicho tiene connotaci\u00f3n de reforma de la demanda, pero que, en una u otra figura jur\u00eddica, el fin perseguido es sacar del proceso a uno de los deudores. <\/p>\n
De manera que no se refiere la solicitud propiamente a las pretensiones, sino a la posibilidad legal que tiene y, que en efecto fue dada por los ejecutados al constituir a su favor el titulo valor -pagar\u00e9-, \u2026de perseguir el pago de la obligaci\u00f3n solidaria\u2026 constituida en cabeza de un solo deudor solidario, en este caso, el se\u00f1or\u2026 R\u00cdOS RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
En ese sentido, si bien es cierto, la consecuencia de orden procesal que se desencadena dentro de este proceso por el desistimiento de las pretensiones frente al deudor\u2026 R\u00cdOS OSORIO, es el no estudio y procedencia de los medios exceptivos presentados oportunamente en su defensa, tales como excepciones previas y de fondo, no es menos cierto que al pretender la procuradora judicial de que se desestime la voluntad del acreedor de perseguir la obligaci\u00f3n en cabeza de uno de los acreedores, no tiene asidero de ninguna \u00edndole, pues, como ya se dijo, al desistir el acreedor de uno de los deudores solidarios, el proceso sigue contra aquel o aquellos deudores solidarios que constituyeron a su favor la obligaci\u00f3n; de manera que todas aquellas acciones que devengan en el proceso de la actuaci\u00f3n del deudor frente al cual se desiste la demanda, es m\u00e1s que l\u00f3gico que al ya no ser parte del mismo formalmente, no tienen por qu\u00e9 ser atendidas por el juzgador del conocimiento. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que de lo precisado por la apelante en defensa de los intereses de sus prohijados, ya que es apoderada de ambos deudores, infiere esta agencia civil, es que se haga extensivo a ambos deudores el desistimiento de las pretensiones y por ende, tal y como as\u00ed lo indica, se dicte la terminaci\u00f3n del proceso y consecuencialmente el levantamiento de las medidas cautelares y entrega de dep\u00f3sitos judiciales que se encuentren a \u00f3rdenes del proceso en especial, lo cual no es posible, por cuanto la voluntad del acreedor de desistir de la demanda es solo sobre el deudor\u2026 R\u00cdOS OSORIO, v\u00e9ase que es una solitud que viene suscrita no solo por la apoderada judicial del ejecutante sino tambi\u00e9n de la representante legal de la misma, por lo que no hay lugar a lo que equ\u00edvocamente pretende la togada. <\/p>\n
Ahora, deja entre ver en su recurso la mandataria judicial de los ejecutados, que le causa desagrado el actuar del acreedor, en el sentido en que, al desistir de la demanda frente a\u2026 R\u00cdOS OSORIO, se le resta la posibilidad al otro deudor solidario\u2026[,] R\u00cdOS RODR\u00cdGUEZ, de poderse beneficiar del resultado del estudio de las excepciones previas y de fondo presentadas por\u2026 R\u00cdOS OSORIO, situaci\u00f3n que es ajena procesalmente a los dispensadores de justicia, en este caso, tanto al juez del conocimiento como a esta juzgadora, ya que es el ordenamiento jur\u00eddico vigente quien determina el procedimiento a seguir en cada proceso en especial, as\u00ed como tambi\u00e9n, da a las partes las herramientas para asumir cada rol en el proceso. <\/p>\n
Se trae a colaci\u00f3n lo anterior, debido a que ambos deudores tuvieron la posibilidad de atacar el mandamiento de pago, a trav\u00e9s de los medios exceptivos que el C\u00f3digo General del Proceso ha dispuesto para ello, tan es as\u00ed, que se verifica que en memorial fechado 28 de enero de 2020, \u2026R\u00cdOS RODR\u00cdGUEZ alleg\u00f3 documento al expediente donde manifiesta entre otras cosas, que conoce del proceso y que se allana a las pretensiones, lo cual, fue atendido por el juzgado de instancia por intermedio de prove\u00eddo fechado 30 de enero de 2020, a trav\u00e9s del cual se le tuvo por notificado por conducta concluyente. <\/p>\n
2.2.2. Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que, contrario a lo aducido por los reclamantes, obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto, siendo evidente que al cumplirse las exigencias normativas para la procedencia del desistimiento deb\u00eda accederse al mismo, m\u00e1xime ante la inexistencia de disposici\u00f3n alguna que lo impidiera por el hecho de que el ejecutado liberado, a pesar de la postura silente del otro deudor, hubiese propuesto defensas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.3. En adici\u00f3n, especialmente en cuanto a los se\u00f1alamientos de los accionantes frente al proceder que tildan de irregular por parte de los dependientes de su antagonista en el juicio recriminado, as\u00ed como en torno a la aducida omisi\u00f3n de los juzgadores encausados respecto a adoptar medidas frente al particular; si los inconformes consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido tales autoridades o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, como es de su conocimiento, seg\u00fan se desprende de la narraci\u00f3n contenida en el escrito genitor. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9157-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9157-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00119-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Francisco Rafael R\u00edos Rodr\u00edguez y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65333\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}