STC9159-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9159-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00392-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Betsab\u00e9 Vent\u00e9 Hurtado contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, la Administradora Colombiana de Pensiones y los intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 2017-00176. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la seguridad social, igualdad, m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Betsab\u00e9 Vente Hurtado formul\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de quien fuera su esposo, Jos\u00e9 Francisco Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez, ocurrida el 30 de octubre de 2011. <\/p>\n
2.2. El 30 de enero de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura accedi\u00f3 a sus pretensiones, por considerar que \u00abera beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, de conformidad con la sentencia SU 005 DE 2018\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 22 de octubre de 2019, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a la entidad demandada, teniendo en cuenta la normativa aplicable al momento del fallecimiento de su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
2.4. El 18 de agosto de 2021, mediante providencia SL4938-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casar la sentencia emitida por el ad quem. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, las autoridades judiciales convocadas desconocieron el precedente constitucional, el cual \u00abposibilita el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, amparado en el acuerdo del Instituto de Seguro Social No. 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb, de conformidad con lo establecido en la SU005-2018; adem\u00e1s, aleg\u00f3 que no se valor\u00f3 su condici\u00f3n de indefensi\u00f3n ni el cumplimiento de los presupuestos del test de vulnerabilidad, dado que no contaba con una fuente de ingresos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que su providencia estaba ajustada \u00abal ordenamiento jur\u00eddico y a la jurisprudencia que esta Sala ha consolidado sobre el asunto en controversia, de modo que no se transgredieron las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, al \u00abno demostrarse prima facie una afectaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por [la] tutelante, atendiendo que la Sala actu\u00f3 bajo los par\u00e1metros legales\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura sostuvo que la tutela \u00abno se puede constituir en un mecanismo para revivir t\u00e9rminos o recuperar oportunidades vencidas, tampoco para sanear o convalidar la inactividad procesal de las partes dentro de un proceso, ya que tales [situaciones] deben ser ventiladas y definidas (\u2026) ante el juez natural del asunto en el respectivo tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
4. Olga In\u00e9s Jory Mar\u00edn, apoderada judicial de la demandante en el proceso ordinario, afirm\u00f3 que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no se opon\u00eda a las pretensiones de la tutelante, pues le asist\u00eda el derecho pensional pretendido. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS, en Liquidaci\u00f3n, indic\u00f3 que no fue parte en el proceso censurado, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada, al estimar que \u00abla autoridad accionada explic\u00f3 con suficiencia, razonabilidad y con base en la normatividad y jurisprudencia aplicable, al no casar el fallo del tribunal, que neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la actora, sin que resulte una decisi\u00f3n que limita la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa por fuera de lo que ha establecido la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n, sino un pronunciamiento dictado conforme a la autonom\u00eda e independencia judicial y con apego al principio de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial; asimismo, adujo que no se tuvo en cuenta lo referido en la aclaraci\u00f3n de voto de la sentencia atacada y que no se verific\u00f3 su condici\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n, toda vez que no contaba con \u00abuna fuente propia de renta estable [\u2026], en atenci\u00f3n a su edad y [\u2026] estado de salud\u00bb, lo cual hac\u00eda procedente la tutela, seg\u00fan la postura de la Corte Constitucional. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, al proferir la sentencia SL4938-2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido contra Colpensiones, en tanto no cas\u00f3 el fallo dictado por el ad quem. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Mediante providencia CSJ SL4938-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido, indicando que en el caso objeto de estudio no era motivo de controversia que: \u00abi) Jos\u00e9 Francisco Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez estuvo afiliado al ISS, hoy Colpensiones; (ii) falleci\u00f3 el 30 de octubre del a\u00f1o 2011; (iii) el fondo de pensiones le reconoci\u00f3 indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez, y (iv) no acredit\u00f3 la densidad de cotizaciones que exige el numeral 2.\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, norma vigente al deceso del causante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si el Tribunal hab\u00eda errado, por no aplicar el Acuerdo 049 de 1990 y no verificar el cumplimiento de la hip\u00f3tesis establecida en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 12 de dicha normativa. <\/p>\n
3.1. Al respecto, procedi\u00f3 a hacer referencia al criterio fijado por la Sala, en el sentido que, \u00absi el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es admisible acudir al Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa porque este aplica en relaci\u00f3n con el cambio normativo inmediatamente anterior, de modo que no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de leyes previas con el prop\u00f3sito de aplicar la que se acomode a los intereses de los reclamantes\u00bb; y, en concreto, sobre dicho principio, afirm\u00f3 que, si su finalidad \u00abes proteger expectativas leg\u00edtimas que pueden ser modificadas por el legislador con apego a los par\u00e1metros constitucionales, no tiene sentido que su aplicaci\u00f3n permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros t\u00e9rminos, resulte indefinida en todos los tr\u00e1nsitos legislativos que puedan generarse en la configuraci\u00f3n del sistema pensional, de por s\u00ed, de larga duraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, expuso, detalladamente, el criterio de la Sala frente a dicho postulado y por qu\u00e9, como \u00f3rgano de cierre en materia laboral, se ha apartado de la tesis contenida en el SU005-2018, precisando que \u00abno se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales\u00bb, resaltando que, frente a \u00ablas exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros endilgados, toda vez que, \u00absi la muerte del causante ocurri\u00f3 el 30 de octubre de 2011, esto es, en vigencia de la Ley 797 de 2003, no pod\u00eda efectuar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica y hacerle cobrar efectos a aquella disposici\u00f3n, como lo pretende la censora\u00bb, pues la norma que define en este caso el derecho pensional reclamado \u00abes el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyas exigencias de su numeral 2.\u00ba no se cumplen, aspecto que no se discute en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otra parte, frente al cuestionamiento relacionado con la verificaci\u00f3n de lo contenido en el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, afirm\u00f3 que revisada la historia laboral se evidenciaba que el causante \u00abcotiz\u00f3 un total de 512.29 semanas en toda su vida laboral, sin embargo, en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima -7 de marzo de 1994, pues naci\u00f3 el 7 de marzo de 1934, solo aport\u00f3 332.56 semanas\u00bb y, en esa medida, no dej\u00f3 causada la prestaci\u00f3n, seg\u00fan lo contemplado en dicha normativa; asimismo, refiri\u00f3 que, aunque la Sala ha se\u00f1alado que \u00aben estos eventos el requisito de 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores a la edad m\u00ednima debe contarse hacia atr\u00e1s antes del fallecimiento (CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 44863, SL, 17 y 24 may. 2011, rads. 41661 y 37951 y CSJ SL7358-2014), ello solo tiene aplicaci\u00f3n si el deceso ocurre antes de la edad m\u00ednima de 60 a\u00f1os, que no es el caso, pues el deceso del causante ocurri\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s de cumplir este hito temporal\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aclar\u00f3, respecto del estado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n de la actora, que \u00abno desconoce que la avanzada edad de la recurrente \u2013m\u00e1s de 80 a\u00f1os- y su eventual estado de salud la hacen un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, sin embargo, tal situaci\u00f3n por s\u00ed misma no da derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, pues deben acreditarse los requisitos que la ley dispone para ello\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, resolvi\u00f3 no casar la providencia del juez plural. <\/p>\n
4. De lo expuesto, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Hom\u00f3loga Laboral desech\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sub lite, en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto si el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003 no es posible acudir al Acuerdo 049 de 1990, en forma irrestricta y absoluta, aunado a que el causante no dej\u00f3 causada la prestaci\u00f3n en los t\u00e9rminos contemplados en dicha normativa, enfatizando su criterio, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. A su vez, advirti\u00f3 que, si bien la actora era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, ello no pod\u00eda ser suficiente para otorgar una pensi\u00f3n, cuyos requisitos no hab\u00edan sido obtenidos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que el cuestionamiento esgrimido por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone ratificar el fallo impugnado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto de las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de determinaciones emitidas por la autoridad de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria competente2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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