STC9160-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9160-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00722-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 2 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Ruby Herrera Valencia contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional del Valle del Cauca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso disciplinario\u2026 a la doble instancia judicial\u2026 a la vida, el trabajo y el m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u2026 al libre desarrollo de la personalidad\u2026 a la presunci\u00f3n de inocencia\u2026 al acceso a la administraci\u00f3n de justicia con perspectiva de g\u00e9nero [sic]\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales convocadas dentro del proceso 2017-01009. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que contra Ana Ruby Herrera Valencia se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, por presuntas actuaciones irregulares acaecidas al interior del tr\u00e1mite de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso (rad. 2015-00022) y ante la jurisdicci\u00f3n de paz, en los que fung\u00eda como apoderada de Adriana Clavijo Tapiero, recaudo en el que la desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca, el 7 de diciembre de 2018, emiti\u00f3 fallo sancion\u00e1ndola con suspensi\u00f3n para ejercer la abogac\u00eda por ocho meses, al haberla encontrado responsable de la falta prevista en el numeral 9 del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n la disciplinada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 9 de mayo. <\/p>\n
3. La promotora del presente resguardo se queja de que la autoridad judicial de segundo grado no hubiera resuelto una petici\u00f3n invalidatoria formulada en el recurso de apelaci\u00f3n, al tiempo que las providencias adolecen de (i) defecto f\u00e1ctico al valorarse incorrectamente el material probatorio que daba cuenta que \u00abnunca actu\u00f3 como abogada ante la\u00bb justicia comunitaria y (ii) carentes de motivaci\u00f3n en tanto no se realiz\u00f3 un adecuado juicio de tipicidad y antijuridicidad <\/p>\n
4. Solicita \u00abdejar sin efectos legal alguno el numeral primero de la sentencia de primera instancia\u2026 confirmado por la sentencia en segunda instancia judicial [sic]\u00bb y que, como consecuencia de ello, \u00aben reemplazo se dicte un nuevo fallo o se ordene al juez disciplinario, proferir un nuevo fallo\u2026 que acate las directrices indicadas por el juez de tutela\u2026 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La presidenta de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abla decisi\u00f3n proferida\u2026 no solo fue producto del an\u00e1lisis de las pruebas contenidas en el expediente, sino adem\u00e1s en alcance de los argumentos expuestos por la apelante, conforme los requisitos legales y bajo los l\u00edmites de la apelaci\u00f3n que enmarca la \u00f3rbita de competencia del operador en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, advirti\u00f3 \u00abque la accionante pretende reabrir una discusi\u00f3n\u2026 so pretexto de existir irregularidades que socavaron sus garant\u00edas fundamentales\u00bb, es decir, acude a la acci\u00f3n supralegal como si se tratara de \u00abuna nueva instancia de an\u00e1lisis sobre la queja instaurada en su contra\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la sentencia disciplinaria de primer nivel advirti\u00f3 que \u00abcumpli\u00f3\u2026 con rituar el proceso el cual fue objeto de control de legalidad por el superior funcional que encontr\u00f3 [la] decisi\u00f3n acorde a derecho\u00bb de all\u00ed que \u00abno teng[a] nada que manifestar\u2026 respecto\u00bb la lesi\u00f3n atribuida por la censora. <\/p>\n
3. Para el abogado Jonathan Fernando Bustos Chac\u00f3n, promotor de la queja disciplinaria, la presente salvaguarda \u00abno pasa de ser m\u00e1s que una rebuscada alternativa para cuestionar lo que una decisi\u00f3n judicial autorizada para hacerlo ya ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al encontrar que en las decisiones cuestionadas \u00abfueron valoradas las pruebas, y a partir de eso, se estableci\u00f3 la responsabilidad del sujeto disciplinable y la viabilidad de interposici\u00f3n de la sanci\u00f3n. Asimismo, se se\u00f1alaron los fundamentos legales para la interposici\u00f3n de la sanci\u00f3n\u2026 y se desarrollaron los conceptos de antijuridicidad, tipicidad y culpabilidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la gestora quien replic\u00f3 sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Ana Ruby Herrera Valencia, al confirmar el prove\u00eddo por medio del cual fue sancionada como responsable de la falta prevista en el art\u00edculo 33-9 de la Ley 1123 de 2007, dentro del proceso disciplinario 2017-01009. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. De la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Si bien Ana Ruby Herrera Valencia extiende el reclamo a cuestionar las decisiones adoptadas en ambas instancias dentro de la actuaci\u00f3n disciplinaria, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente a la sentencia del pasado 9 de mayo proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial por cuanto fue la que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada, dado que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y atendiendo los argumentos de la queja constitucional y las pruebas recaudadas, la Corporaci\u00f3n resalta que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la aludida colegiatura efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada y pormenorizada no solo de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que rode\u00f3 la denuncia formulada en contra de la ac\u00e1 accionante, sino de los medios de convicci\u00f3n allegados a dicho tr\u00e1mite, de cara a los reparos expresados por el disciplinable en torno al fallo de la sala a quo. <\/p>\n
En efecto, luego de un pormenorizado recuento f\u00e1ctico y procesal, de referirse a la calidad profesional de la investigada (promotora del presente resguardo) y de identificar la falta atribuida, se ocup\u00f3 inicialmente de la solicitud invalidatoria formulada en la alzada, que gravit\u00f3 en torno a dos situaciones: (i) la ausencia de resoluci\u00f3n en la sentencia de una petici\u00f3n de nulidad anterior y (ii) la presunta lesi\u00f3n al debido proceso en la forma como fueron conducidos los interrogatorios por parte del magistrado sustanciador y la ausencia de notificaci\u00f3n de una decisi\u00f3n: <\/p>\n
Sobre el primer supuesto dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el operador jur\u00eddico examin\u00f3 cada uno de los cuestionamientos fundamento de la nulidad, y en esa medida plasm\u00f3 sus consideraciones al respecto en la misma sentencia de instancia, pues si bien es cierto en la parte resolutiva del prove\u00eddo, el a quo omiti\u00f3 indicar la negativa de la nulidad, verificado el contenido del fallo, dentro del mismo se desprende el pronunciamiento\u2026 sobre dicho t\u00f3pico, estimando que las preguntas formuladas a algunos de los testigos resultaban inconducentes, por cuanto se estaba provocando una posible autoincriminaci\u00f3n de parte de uno de los testigos, quien por dem\u00e1s, deb\u00eda ser investigado en la jurisdicci\u00f3n penal y no en la disciplinaria. Al efecto cit\u00f3 el contenido de lo contemplado en el inciso 3 del art\u00edculo 220 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). <\/p>\n
Insisti\u00f3 la primera instancia que, independientemente del inter\u00e9s que ten\u00eda la disciplinable en ejercer la defensa de su cliente, aludiendo que aquella era v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero, lo cierto era que la conducta que se estaba investigando de acuerdo a la formulaci\u00f3n de cargos, estaba restringida a la conducta de la disciplinable y que por tanto resultaba inadmisible que la investigada fundara la nulidad\u2026 y afectaci\u00f3n de su derecho de defensa, so pretexto de hab\u00e9rsele negado la realizaci\u00f3n de un interrogatorio totalmente inconducente para el tema objeto de estudio. <\/p>\n
(\u2026) aunque en la parte resolutiva de la sentencia no qued\u00f3 consignada la resoluci\u00f3n negativa de la nulidad deprecada, tal falencia no tiene la entidad suficiente para invalidar la actuaci\u00f3n como lo pretende la recurrente por cuanto lo que se observa es que en la parte motiva de la sentencia, quedaron claramente desarrollados los argumentos desestimatorios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, en torno a la supuesta lesi\u00f3n a la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juez como director del proceso es quien debe evaluar la procedencia, conducencia y utilidad de las preguntas formuladas, velando porque su formulaci\u00f3n est\u00e9 ajustada al marco objeto de la investigaci\u00f3n, adem\u00e1s, tal como lo determin\u00f3 el a quo, el objeto de la investigaci\u00f3n adelantada por la Sala Seccional no ten\u00eda relaci\u00f3n con las presuntas amenazas del se\u00f1or \u00c1lvaro Ortega de parte de la se\u00f1ora Adriana Clavijo, sino establecer en grado de certeza, la incursi\u00f3n de la abogada [de esta] en la falta disciplinaria por la cual fue denunciada. <\/p>\n
Ahora bien, como la apelante tambi\u00e9n arguy\u00f3 que hubo ausencia de notificaci\u00f3n de lo dispuesto frente a la nulidad, aduciendo que con dicha omisi\u00f3n se le hab\u00eda cercenado la posibilidad de interponer los recursos\u2026 debe advertir la Sala que la Ley 1123 de 2007 instituy\u00f3 de manera especial el tr\u00e1mite que debe surtirse frente a las nulidades que sean formuladas al interior de los investigativos. De ah\u00ed que deba descartarse de plano, la omisi\u00f3n legislativa echada de menos por la investigada, sumado a la imprecisa remisi\u00f3n procesal que invoca (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) al momento de surtirse la notificaci\u00f3n a la disciplinable de la sentencia de primera instancia, \u00e9sta tuvo la oportunidad de controvertir[la]\u2026 a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, que es objeto de pronunciamiento\u2026 por lo cual no se admite el argumento relacionado con la desatenci\u00f3n en su resoluci\u00f3n, como tampoco lo discutido frente a la falta de notificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el estudio y resoluci\u00f3n del caso concreto, de cara a los reparos formulados por la investigada y con apoyo del material probatorio recaudado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la recurrente insiste en que en el caso concreto ella no actu\u00f3 como abogada, sino como acompa\u00f1ante de su mandante (\u2026) [y que] para actuar ante la justicia especial de paz no se necesitaba la presencia o representaci\u00f3n de abogado (\u2026) <\/p>\n
Contrario a lo afirmado por la apelante, esta Sala considera que las actuaciones de la disciplinable s\u00ed estuvieron enmarcadas bajo los par\u00e1metros de la Ley 1123 de 2007, ello teniendo en cuenta que el reproche disciplinario\u2026 se centr\u00f3 en el patrocinio y consejo de actos fraudulentos, pues pese a que la profesional del derecho conoc\u00eda sobre la promoci\u00f3n de un proceso ordinario que estaba cursando\u2026 opt\u00f3 por aconsejar y patrocinar a su cliente de realizar una actuaci\u00f3n contraria a derecho, en el sentido de que actuara en forma paralela ante el juez de paz para recuperar a trav\u00e9s de v\u00edas de hecho, los bienes que estaban ligados al proceso judicial\u2026 aunque result\u00f3 claro que materialmente la abogada no ejerci\u00f3 ning\u00fan acto\u2026 en el proceso s\u00ed se logr\u00f3 demostrar que a\u00fan sin poder legalmente aportado a las diligencias ante la juez de paz, s\u00ed particip\u00f3 y aconsej\u00f3 a su cliente para poner en ejercicio la jurisdicci\u00f3n de paz, so pretexto de estarse demorando el tr\u00e1mite judicial ante el juez de familia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Frente a la supuesta \u00absolidaridad de g\u00e9nero\u00bb a la que insistentemente aludi\u00f3 la disciplinada para justificar su intervenci\u00f3n en los tr\u00e1mites ante la justicia comunitaria, dijo que, al margen que resulte cre\u00edble su relato, \u00ablo cierto es que el acompa\u00f1amiento efectuado por la abogada\u2026 en la recuperaci\u00f3n del veh\u00edculo, el ingreso al inmueble y la ruptura de las chapas qued\u00f3 plenamente demostrado\u00bb, actuaciones adelantadas al margen del ordenamiento jur\u00eddico y que fueron determinadas por la profesional quien aconsej\u00f3 a su cliente para que adelantase las mismas; en punto de lo anterior, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) N\u00f3tese como asinti\u00f3 que el d\u00eda de la diligencia de cambio de chapas\u2026 intervino ante el administrador, a efecto de que no permitiera el paso al abogado que pretend\u00eda acompa\u00f1ar al apoderado del quejoso, como tambi\u00e9n colaborar con la consecuci\u00f3n de un cerrajero, comportamiento que desdice la explicaci\u00f3n dada por la disciplinada sobre el acompa\u00f1amiento solidario a la se\u00f1ora Clavijo Tapias y m\u00e1s bien s\u00ed devela el inter\u00e9s de actuar en su condici\u00f3n de abogada. <\/p>\n
(\u2026) si bien no estaba en cabeza de la profesional la adopci\u00f3n de decisi\u00f3n alguna al interior de la jurisdicci\u00f3n de paz, lo cierto era que hab\u00eda patrocinado un acto fraudulento que no era otro sino la sustracci\u00f3n de un veh\u00edculo y un inmueble que se encontraba en posesi\u00f3n del doliente, actuaci\u00f3n que como se dijo, tuvo su g\u00e9nesis en la indebida consultor\u00eda hecha por la doctora Herrera Valencia, lo cual revela el inter\u00e9s que le asist\u00eda\u2026 de hacerse parte y de mantenerse al tanto de los diligenciamientos que se encontraban surtiendo al interior de la jurisdicci\u00f3n de paz (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, descart\u00f3 la aludida exculpaci\u00f3n tras advertir que la presunta violencia de g\u00e9nero que, al parecer, padec\u00eda su cliente, no enervaba la pretensi\u00f3n sancionatoria en tanto tales conductas debieron ser ventiladas ante las autoridades competentes y no pod\u00edan ser utilizadas para justificar \u00abuna conducta abiertamente irregular y trasgresora de los deberes \u00e9ticos\u00bb pues \u00abel abogado es un sujeto calificado que tiene una funci\u00f3n social y agencia derechos, de ah\u00ed que sea constitucionalmente admisible que se le exijan unos comportamientos que aseguren su probidad y honradez en el ejercicio de la profesi\u00f3n y la responsabilidad frente a los clientes y el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Es claro que la sentencia objeto de reproche est\u00e1 debidamente sustentada pues en ella se indicaron las razones por las cuales se encontr\u00f3 acreditada la falta disciplinaria que dio origen a la actuaci\u00f3n en contra de la gestora del resguardo y que motivaron su suspensi\u00f3n por ocho meses para el ejercicio de la abogac\u00eda. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, pues la corporaci\u00f3n querellada fundament\u00f3 su determinaci\u00f3n en un an\u00e1lisis razonable y motivado de las pruebas allegadas al expediente y del precedente jurisprudencial aplicable, amparado en el principio de la autonom\u00eda judicial, sin que la inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado sea causa suficiente para habilitar el amparo, pues frente a ello ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado porque lo pretendido por la demandante es imponer un determinado criterio sustituyendo a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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