STC9163-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9163-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de esta ciudad, Luis Alonso Betancourt Cornejo y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2013-00822. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luis Alonso Betancourt Cornejo instaur\u00f3 demanda contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, puesto que \u00absostuvo una relaci\u00f3n de trabajo con la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, (\u2026) [durante] 22 a\u00f1os, 6 meses y 19 d\u00edas, y que, es beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1998 – 1999, suscrita el 15 de abril de 1998, entre dicha entidad y el Sindicato SINTRACREDITARIO\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que absolvi\u00f3 a las enjuiciadas. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad, confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto consider\u00f3 que \u00abal cumplimiento de la edad, esa convenci\u00f3n (\u2026) ya no ten\u00eda existencia jur\u00eddica sencillamente porque el acto legislativo 01 de 2005, hab\u00eda dejado sin vigencias estos textos (\u2026) a partir del 31 de julio de 2010, a la fecha en que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad que lo fue en el a\u00f1o 2012 en octubre, el [censor] no ten\u00eda ning\u00fan texto convencional\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el all\u00ed querellante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem, pues advirti\u00f3 que \u00abla edad en este caso, no se acord\u00f3 como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo (\u2026), esto es, como un requisito para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino apenas como una condici\u00f3n para la exigibilidad del derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la entidad gestora, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que \u00ab[s]e est\u00e1 reconociendo una [prestaci\u00f3n] (\u2026) sin el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 de la CAJA AGRAR\u00cdA, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad para los hombres, los cuales deben acreditarse antes del 31 de julio de 2010 conforme a lo exigido por el Acto Legislativo 001 de 2005\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos las determinaciones SL3962-2021 del 4 de agosto de 2021 y SL525-2022 del 16 de febrero de 2022 y, en consecuencia, se profiera una nueva providencia \u00abajustad[a] a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
2. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se\u00f1al\u00f3 que perdi\u00f3 \u00abcompetencia respecto de las funciones pensionales de la Extinta Caja Agraria, [raz\u00f3n por la cual] se configura la sucesi\u00f3n procesal contenida en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 306 de la ley 1437 de 2011\u00bb y en dicho sentido, argument\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal, inform\u00f3 que \u00abno le es posible emitir concepto\u00bb en tanto \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso (\u2026), y no se tiene (\u2026) alcance los fallos confutados, ni las pruebas pertinentes\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que \u00abno se cumple el requisito de subsidiariedad (\u2026) pues de la manifestaci\u00f3n esbozada por la UGPP en su escrito de tutela, se destaca que no ha interpuso la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 frente a las [decisiones] cuestionadas. Instrumento que se erige como un mecanismo id\u00f3neo para discutir la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso, ventilada a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que, \u00ab[el ruego tuitivo], en este caso [s\u00ed es el] mecanismo id\u00f3neo para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados a la UGPP, aun cuando exista un [instrumento] alternativo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual, debido a sus ritualidades procesales supedita necesariamente que la [defensa] de estos derechos se postergue y no sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio ocasionado al Sistema General de Pensiones se incremente con el paso del tiempo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL3962-2021 y SL525-2022, rad. 71186), por cuanto cas\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal y en su lugar concedi\u00f3 las pretensiones de la demanda, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada cas\u00f3 el fallo del tribunal ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla edad en este caso, no se acord\u00f3 como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo (\u2026), esto es, como un requisito para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino apenas como una condici\u00f3n para la exigibilidad del derecho pensional\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados por Luis Alonso Betancourt Cornejo, encaminados por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 467, 471 y 476 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el \u00faltimo subrogado por el art\u00edculo 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; lo cual le llev\u00f3 a la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 48 y 53 de la Carta Pol\u00edtica; 1494, 1530, 1531, 1536, 1538, 1540, 1541, 1542 del C\u00f3digo Civil\u00bb y por la senda directa \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida, par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 de 2005, que adiciona el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, como consecuencia de la Falta de Aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo 467, 468, 469. 470, 471, (art\u00edculo 37 v 38 del Decreto 2351 de 1965, adoptado como legislaci\u00f3n permanente por la ley 48 de 1968), 467, 476 del C.S.T., en cuanto estos preceptos codificados asumen como disposiciones las suscritas en Convenciones Colectivas de Trabajo; 1603 del C\u00f3digo Civil; 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo; art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 2721 de 2008; art\u00edculo 11 de la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 7.2 Decreto 1848 de 1969, art\u00edculo 10 Decreto 1064 de 26 de junio de 1999, art\u00edculos, 1, 13, 25, 53, 55, 58 y 336 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; art\u00edculo 60 y 61 del C.P.L.\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[Le] corresponde a la Sala [establecer] el alcance e intelecci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1998-1999, y con base en ello establecer si el actor tiene o no derecho a la pensi\u00f3n convencional deprecada\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, realiz\u00f3 un recuento de los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab i) Que el actor prest\u00f3 sus servicios a la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, desde el 9 de diciembre de 1976 hasta el 27 de junio de 1999, para un tiempo total de servicios, equivalente a 22 a\u00f1os, 6 meses y 19 d\u00edas; ii) Que el accionante fue desvinculado del servicio, por supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n administrativa de esa entidad bancaria; iii) Que el se\u00f1or Betancourt Cornejo, naci\u00f3 el 27 de octubre de 1957, por lo que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2012; iv) Que el demandante estaba cobijado por los beneficios de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario y Sintracreditario, vigente entre 1998-1999, \u00e9poca en que fue despedido; v) Que en virtud del Decreto 2127 de 2008, inicialmente el encargado del reconocimiento de las prestaciones era el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y; vi) Que conforme Decreto 2842 de 2013, la UGPP asumi\u00f3 el reconocimiento y pago de las prestaciones antes referidas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, procedi\u00f3 a estudiar el art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998 \u2013 1999 suscrita entre la Caja Agraria, Industrial y Minero y el Sindicato Nacional de Trabajadores, y al respecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abla intelecci\u00f3n de este art\u00edculo (\u2026) consiste en que: i) se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero, es decir, a quienes a partir de la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de marras perdieron la condici\u00f3n de trabajadores activos; ii) que para la estructuraci\u00f3n del derecho pensional se exige haber prestado cuando menos veinte (20) a\u00f1os de servicio a la citada empresa; y iii) que el disfrute o goce de la prestaci\u00f3n se configura, cuando el ex trabajador arriba a la edad de cincuenta (50) a\u00f1os, si se es mujer, y de cincuenta (55) a\u00f1os, si se es hombre\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en la providencia SL526-2018, indic\u00f3 que \u00ablas condiciones generales que se establecen para adquirir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo extralegal, espec\u00edficamente se circunscriben a la desvinculaci\u00f3n del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa, y que haya prestado sus servicios a favor de esta, cuando menos, durante 20 a\u00f1os, por cuanto, la edad en este caso, no se acord\u00f3 como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la misma, esto es, como un requisito para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino apenas como una condici\u00f3n para la exigibilidad del derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abcuando la disposici\u00f3n convencional previ\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n exigiendo un tiempo de servicios m\u00ednimo y la desvinculaci\u00f3n del servidor de la entidad, sobre el supuesto de que a los que estaban vinculados similar derecho concibi\u00f3, no queda duda alguna que la edad dej\u00f3 de ser un requisito de estructuraci\u00f3n del derecho para los primeros, pues a ello solo bastaba el cumplimiento de los anteriores en el t\u00e9rmino de su vigencia, para tenerse a \u00e9sta como un mero requisito de la exigibilidad, disfrute o goce del derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]o previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, no afect\u00f3 el derecho pensional del actor, en tanto que este caus\u00f3 con anterioridad a su vigencia; esto en raz\u00f3n a que, como ya se dijo, la edad es un simple requisito de exigibilidad del derecho y no de causaci\u00f3n y, en esa medida, el 27 de junio de 1999 \u2013fecha de desvinculaci\u00f3n del actor de la empresa-, ya contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios en favor de la Caja Agraria, es claro que, para el 31 de julio de 2010, aquel ten\u00eda un derecho adquirido, pues ya hab\u00eda reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculaci\u00f3n laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce o disfrute, lo que sin discusi\u00f3n cumpli\u00f3 el 27 de octubre de 2012, sin que ninguna incidencia tenga el nuevo mandato constitucional, que por cierto, salvaguard\u00f3 los derechos adquiridos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, declar\u00f3 la prosperidad de los cargos y posteriormente, en sede de instancia (SL525-2022), la Corporaci\u00f3n enjuiciada, resolvi\u00f3 reconocerle al recurrente: \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del 27 de octubre de 2012, en cuant\u00eda inicial de $2.458.179, la cual es compartible con la de vejez que viene reconociendo Colpensiones desde esa misma data, quedando a cargo de la demandada la diferencia que entre estas surja, y el 100% de la mesada 14, tal y como qued\u00f3 explicado en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo decidido fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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