STC9166-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9166-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 22 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Le\u00f3n Mar\u00edn y Mar\u00eda Sonia Mira Bedoya contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n.\u00b0 2016-00388. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
En el curso del hipotecario instaurado por el Banco Corpbanca Colombia S.A. contra los aqu\u00ed actores, el 10 de diciembre de 2021 el despacho confutado dej\u00f3 en firme el aval\u00fao presentado por el cesionario del cr\u00e9dito en dicho recaudo, luego de que los quejosos no efectuaron las correcciones requeridas por el fallador fustigado frente al dictamen pericial que ellos tambi\u00e9n hab\u00edan aportado. <\/p>\n
Posteriormente, los gestores argumentando \u00abdescuido\u00bb de su apoderado anterior, solicitaron a la c\u00e9lula cognoscente que nombrara un avaluador para realizar otro informe con el fin de \u00abtener la certeza del valor comercial del inmueble\u00bb, sin embargo, esta petici\u00f3n fue despachada desfavorablemente, decisi\u00f3n ratificada el 6 de junio de 2022 despu\u00e9s de que los interesados interpusieran reposici\u00f3n frente a la misma. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que se \u00abREALICE un nuevo aval\u00fao mediante perito nombrado por el [estrado enjuiciado]\u00bb, teniendo en cuenta que las partes en el cobro aportaron diferentes valores de la propiedad involucrada en el mismo. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja realiz\u00f3 un recuento de los hechos, resalt\u00f3 que no ha trasgredido la garant\u00eda esencial invocada e indic\u00f3 que los libelistas buscan \u00abrevivir un t\u00e9rmino judicial que est\u00e1 totalmente precluido, pues las inconformidades que ahora plantean frente al dictamen pericial aportado por el cesionario del cr\u00e9dito y que fue dejado en firme por este [d]espacho, debieron incoarse dentro de la oportunidad procesal debida\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Envigado (despacho que decret\u00f3 el embargo de remanentes en otro proceso que se tramita contra los pretensores), manifest\u00f3 que es improcedente su intervenci\u00f3n, en tanto que no ha vulnerado prerrogativa fundamental alguna. <\/p>\n
3. Ignacio Escobar Escobar (apoderado de Hel\u00ed Botero Giraldo, cesionario de los cr\u00e9ditos del banco Corpbanca Colombia S.A.), pidi\u00f3 que no se acceda al auxilio por considerar que el mismo no satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN (qui\u00e9n adem\u00e1s de adelantar un proceso administrativo de cobro coactivo contra \u00c1lvaro Le\u00f3n Mar\u00edn, tiene embargado el bien objeto del ejecutivo), argument\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicit\u00f3 que se le desvinculara del asunto. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertir que no cumple con el requisito de la subsidiariedad, puesto que los actores \u00abdejaron vencer el t\u00e9rmino que les fue otorgado para allegar el [dictamen pericial] en debida forma (\u2026) [y] no interpusieron recurso alguno frente al auto que decidi\u00f3 tener en cuenta para efectos del remate el aval\u00fao presentado por la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si se satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales invocadas por los querellantes, al no acceder a su pedimento de nombrar un perito que realizara un nuevo aval\u00fao de la propiedad objeto del cobro. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 el fallo de primera instancia, precisando que la improcedencia de la acci\u00f3n -encaminada a censurar la negativa de designar un avaluador que elaborare un nuevo dictamen pericial-, surge porque no alcanza a superar el requisito general de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se predica porque: (i) los promotores no se pronunciaron respecto de las adecuaciones que frente a los aval\u00faos allegados por ellos, les requiri\u00f3 el estrado enjuiciado; y (ii) en cuanto al prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2021, mediante el cual el despacho acusado dej\u00f3 en firme el dictamen aportado por el cesionario del cr\u00e9dito, los actores no reprocharon esa decisi\u00f3n a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n que la ley consagra para cuestionar su supuesta ilegalidad y con ello la afectaci\u00f3n que hoy alegan. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, los accionantes desaprovecharon la oportunidad de plantear ante la funcionaria cognoscente los argumentos que ac\u00e1 refieren, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. Ello, porque el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato del resguardo, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el tema la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las [resoluciones] de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es [una herramienta] que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10178-2021, 11 ago. 2021, rad. 00132-01). <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando se acude a la tutela sin que se avizore justificaci\u00f3n para que se hubiesen dejado de utilizar los recursos pertinentes o se hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, quien realiza el reproche queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
3.2. De la falta de defensa t\u00e9cnica y de la responsabilidad del apoderado judicial. <\/p>\n
En concordancia con lo antedicho, en raz\u00f3n a que los solicitantes enfatizaron que no promovieron su adecuada defensa debido al \u00abdescuido\u00bb de su mandatario judicial, se advierte que el comportamiento incurioso de los actores y con ello la improcedencia de la tutela, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales exculpaciones, pues al contar con un abogado que los representa en el juicio, no es atribuible al accionado que dicho abogado no hubiera adelantado las gestiones que, a su criterio, legal o convencionalmente le correspond\u00eda realizar. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos jur\u00eddicos, esta Sala sostuvo que: \u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01), y que independientemente de que una parte confiera poder a un abogado para atender un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, citada en STC6017-2021, 27 may. 2021, rad. 01508-00, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC6829-2021, 10 jun. 2021, rad. 00817-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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