STC9167-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2022-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Andr\u00e9s Mora Nieto le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia la misma sede, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 76001 31 10 005 2019 00006 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio y en el de su hija mayor de edad Helena Sof\u00eda Mora P\u00e9rez, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones dignas, justas, oportunas y equitativas, m\u00ednimo vital, educaci\u00f3n, salud, desarrollo \u00edntegro de la personalidad y a la dignidad humana\u00bb, para que se ordenara: i) \u00ab[T]omar las medidas procesales tendientes a impulsar el proceso judicial 2019-006\u00bb; ii) \u00ab[D]ecretar las medidas coercitivas plasmadas en la ley 2097 de 2021, a fin de garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb; y, iii) \u00ab[D]ar respuesta de la solicitud de entrega del expediente virtual que este solicitara mediante requerimiento efectuado el d\u00eda jueves 2 de junio del presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En sustento de sus aspiraciones, adujo que mediante auto de 13 de febrero de 2019 el juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de Leydy Viviana P\u00e9rez -madre de la joven Helena Sof\u00eda Mora P\u00e9rez- por la suma de \u00ab$3\u2019600.000.oo\u00bb, por concepto de cuotas alimentarias adeudadas desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018, m\u00e1s las mesadas que se causen en el futuro hasta el reembolso total de la obligaci\u00f3n y mand\u00f3 \u00abnotificar personalmente\u00bb a la deudora conforme lo establecido en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que desde aquella fecha ha allegado al plenario un sinn\u00famero de \u00abgu\u00edas\u00bb de varias empresas de correo acreditando el enteramiento \u00abpersonal\u00bb de la \u00aborden\u00bb de apremio a la ejecutada, incluso en una de ellas consta su \u00abfirma de recibido\u00bb, no obstante, en prove\u00eddos de 20 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto de 2019, 19 de agosto de 2020, 29 de julio y 2 de diciembre de 2021, el despacho querellado no las ha tenido en cuenta por incumplir las previsiones del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, ya sea porque no est\u00e1n cotejadas y selladas por la compa\u00f1\u00eda de servicio postal, no existe constancia de entrega al destinatario o por error en la direcci\u00f3n de la sede del juzgado. <\/p>\n
Asever\u00f3 que suplic\u00f3 adelantar la comunicaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al e-mail de la contraparte como lo autorizaba el Decreto Legislativo 806 de 2020, empero, esa posibilidad fue negada dado que la normatividad aplicable para llevar a cabo las \u00abnotificaciones\u00bb era la nueva ley de enjuiciamiento civil por haberse iniciado el quirografario en 2019 (Auto 19 ag. 2020). Es m\u00e1s, requiri\u00f3 el emplazamiento de la antagonista, pero esa alternativa tambi\u00e9n fue descartada ya que no manifest\u00f3 expresamente ignorar el lugar de residencia de aquella (Auto 19 ag. 2020). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que ha colmadas todas las formalidades para lograr la comparecencia de la intimada, inclusive, ha intentado otras maneras para alcanzar ese prop\u00f3sito, pero el iudex encartado insiste en interpretar exeg\u00e9ticamente los mandatos que gobiernan el rito de la citaci\u00f3n, restringiendo el acceso a la administraci\u00f3n de justicia e impidiendo que su descendiente pueda reclamar el recaudo oportuno de los alimentos adeudados por su progenitora. Para colmo, esta \u00faltima tambi\u00e9n se identifica con el nombre de \u00abLEYDY VIVIANA CALA P\u00c9REZ\u00bb, lo cual dificulta su ubicaci\u00f3n, por tal raz\u00f3n es imperioso que se permita su \u00abemplazamiento\u00bb tal y como lo establece los art\u00edculos 108 y 293 de la ley adjetiva. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto de Familia de Cali indic\u00f3 que no se ha conseguido la participaci\u00f3n de la \u00abejecutada\u00bb debido a \u00abfalencias formales\u00bb a la hora de procurar su \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb; se opuso al auxilio, toda vez que el actor no ha refutado las decisiones reprochadas; y, que, pese a que le ha requerido aportar \u00abla constancia de certificaci\u00f3n de entrega de la notificaci\u00f3n a la demandada\u00bb, no lo ha hecho a\u00fan, porque dar por aceptada de esa manera la mencionada \u00abcitaci\u00f3n\u00bb, \u00abconllevar\u00eda grave afectaci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa de [\u00e9sta] y viciar\u00eda el proceso de nulidad\u00bb. Con todo, destac\u00f3 que el impulsor carece de legitimaci\u00f3n por activa para acudir al presente escenario, ya que su \u00abhija\u00bb cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 22 de marzo pasado. <\/p>\n
Helena Sof\u00eda Mora P\u00e9rez coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y otorg\u00f3 poder especial a \u00e9ste para que la representara en este tr\u00e1mite. Al respecto, asegur\u00f3 que para el momento en que inici\u00f3 el coercitivo motivo de revisi\u00f3n, era menor de edad, raz\u00f3n por la cual su padre fue quien lo promovi\u00f3. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por improcedente, en atenci\u00f3n a que el gestor no recurri\u00f3 las determinaciones objetadas, contrariamente, intent\u00f3 acatar cada uno de los pedimentos que le hizo el juez \u00abaccionado\u00bb para que pudiera \u00abnotificar\u00bb en debida forma a la contraparte. <\/p>\n
4.- Andr\u00e9s Mora Nieto y Helena Sof\u00eda Mora P\u00e9rez apelaron, aduciendo que i) No se \u00abenter\u00f3\u00bb a Leydy Viviana P\u00e9rez \u2013all\u00e1 ejecutada- del rito de esta guarda, raz\u00f3n por la cual debe anularse; ii) Se conculc\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de la recurrente, porque el juzgado no le ha entregado el \u00abexpediente virtual\u00bb a fin de ejercer sus privilegios dentro del coercitivo debatido, pese a que se solicit\u00f3 en el curso de la primera instancia de esta \u00abacci\u00f3n constitucional\u00bb; iii) Si bien \u00abno atac\u00f3 las providencias proferidas por el juzgado\u00bb, se han \u00abpresentado memoriales tendientes al impulso del proceso, requiriendo del despacho de Familia de Cali el emplazamiento de la demandada posterior a la manifestaci\u00f3n de desconocimiento del domicilio de aquella, sin que se surtiera pronunciamiento expreso del despacho frente a tales solicitudes, limitando el tramite y la celeridad que la acci\u00f3n ejecutiva requiere\u00bb; y, iv) Se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las medidas previstas en la Ley 2097 de 2021 \u201cPor medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De manera preliminar se advierte que no hay motivo para invalidar este decurso como lo pretenden los impugnantes, porque seg\u00fan se aprecia en el legajo superlativo (folios 76 y 77, archivo digital: Expediente Tutela), el \u00abJuzgado accionado\u00bb envi\u00f3 copia del \u00abescrito de tutela\u00bb y sus anexos al correo electr\u00f3nico que, seg\u00fan los interesados, corresponde al de Leydy Viviana P\u00e9rez, cuyo mensaje fue efectivamente entregado (folio 79, Ib\u00eddem), de ah\u00ed que, el \u00abenteramiento\u00bb que echan de menos se hizo, incluso, por un medio expedito y eficaz como lo ordena el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.- Hallando m\u00e9rito para decidir de fondo este mecanismo, se observa que las cr\u00edticas de los impulsores se encaminan a \u00abcuestionar\u00bb los autos de 20 de marzo, 10 de junio, 28 de agosto de 2019, 19 de agosto de 2020, 29 de julio y 2 de diciembre de 2021, mediante los cuales, el Juzgado Quinto de Familia de Cali se abstuvo de tener por \u00abnotificada\u00bb a Leydy Viviana P\u00e9rez del proceso ejecutivo de alimentos que en su contra incoaron los actores. <\/p>\n
2.1.- Empero, de los elementos suasorios adosados al paginario, muy pronto se advierte que, frente a los citados interlocutorios, emerge inviable el resguardo, por no cumplirse el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha del \u00faltimo de ellos (2 dic. 2021) y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (8 jun. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de seis (6) meses y seis (6) d\u00edas; es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y en STC4991-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si los sedicentes se demoraron en interponer la petici\u00f3n superior, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la \u00abautoridad denunciada\u00bb y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados como estribo de la ayuda, sin que en el caso bajo examen, acaezca alguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas en la STC3949-2021 para dar por superado dicho requisito, toda vez que no refirieron alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
2.2.- A\u00fan se omitiera el anterior escollo, de todos modos, la \u00abtutela\u00bb ser\u00eda \u00abimprocedente, en tanto los memorialistas contaron con la posibilidad de valerse de los medios de defensa judicial en el desarrollo del coercitivo censurado. En efecto, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso tuvieron la oportunidad de formular el recurso de reposici\u00f3n frente a lo resuelto en las resoluciones combatidas, exponiendo las molestias que ahora constituyen la base de su reclamo, pero no lo hicieron. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (STC6663-2018, citada en STC762-2021 y recientemente en STC6779-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y recientemente en STC6779-2022). <\/p>\n
Emerge de lo anterior, como secuela, la imposibilidad de acceder a lo anhelado, merced a que con tal instrumento pudieron los libelistas ventilar en el quirografario los supuestos contextos irregulares que ahora denuncian, situaci\u00f3n frente a la cual es inviable la salvaguarda. <\/p>\n
3.- Ahora bien, los accionantes tambi\u00e9n se duelen porque no se ha hecho entrega del \u00abexpediente virtual\u00bb del coercitivo a Helena Sof\u00eda Mora P\u00e9rez con el prop\u00f3sito de ejercer sus \u00abderechos\u00bb dentro de este y tampoco se han decretado las \u00abmedidas previstas en la Ley 2097 de 2021\u00bb; sin embargo, al inspeccionar aquellas \u00abdiligencias\u00bb se otea que esas precisas s\u00faplicas no han sido formuladas ante el Juzgado Quinto de Familia de Cali, raz\u00f3n por la que se excluye la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb por esta v\u00eda. <\/p>\n
En efecto, la precitada joven, no ha concurrido al juicio \u00abquirografario\u00bb a solicitar las reproducciones que echa de menos, pese a que, mediante auto de 8 de junio del a\u00f1o en curso, el estrado atacado dispuso su vinculaci\u00f3n como parte del extremo activo. Tampoco ha pedido en aquel escenario la \u00abinscripci\u00f3n en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos\u00bb de su progenitora, carga que le corresponde exclusivamente a ella, conforme lo establece el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 2097 de 2021. <\/p>\n
Esos debates, como se observa, han de surtirse oportunamente ante los \u00abjueces naturales\u00bb, y no ante el \u00abjuez constitucional\u00bb, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que esta \u00abacci\u00f3n no representa una forma alternativa de justicia, ni un sendero paralelo al alcance de los litigantes para anticiparse a las \u00abdecisiones\u00bb de los \u00f3rganos que integran la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, se impone la confirmaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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