STC9169-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9169-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02180-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Alberto Builes Molina contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Grupo de Extradici\u00f3n Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Departamento Administrativo para la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Canciller\u00eda de Colombia, los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Internacionales, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja, as\u00ed como, por solicitud del accionante, al Consejo de Estado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al debido proceso, a la familia, \u00abde los menores\u00bb, a la libertad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite de la solicitud de extradici\u00f3n que cursa en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El accionante est\u00e1 recluido en el Establecimiento Carcelario La Picota desde el 2019, por haber sido requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, por el presunto delito de \u00abTr\u00e1fico de Estupefacientes\u00bb, por lo que una vez lleg\u00f3 el \u00abindictment\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia adelant\u00f3 los tr\u00e1mites para emitir concepto sobre su extradici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Narra que la Corte le design\u00f3 un defensor p\u00fablico, quien solicit\u00f3 varias pruebas para demostrar que \u00e9l es \u00abtotalmente inocente del delito por el cual se le acusa\u00bb pero no todas fueron decretadas, y adem\u00e1s se opuso a que dicha autoridad emitiera concepto favorable para su extradici\u00f3n, con fundamento en que no estaba plenamente identificado y por ende se estar\u00eda enviando a una persona inocente ante una Corte extranjera. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1ala que el 23 de marzo del presente a\u00f1o la Corte Suprema de Justicia emiti\u00f3 concepto favorable para su extradici\u00f3n, el cual fue firmado \u00abpor algunos Magistrados que fueron elegidos de manera irregular, es decir, sin el quorum debido o sin el n\u00famero de miembros reglamentarios, lo que nos conllevar\u00eda a que se decrete una nulidad de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indica que dicho concepto fue remitido al Ministerio de Justicia y del Derecho, quien el 25 de abril de 2022 emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 084, con que concedi\u00f3 su extradici\u00f3n, decisi\u00f3n que solicit\u00f3 reponer, pero fue mantenida con similar acto administrativo No. 126 de 21 de junio pasado. <\/p>\n
2.5. Sostiene que tiene m\u00e1s de 50 a\u00f1os de edad y padece una enfermedad coronaria e hipertensi\u00f3n, no obstante, le ha sido negada la prisi\u00f3n domiciliaria, adem\u00e1s es \u00abpadre cabeza de hogar\u00bb de dos menores y de ser extraditado no podr\u00eda recibir visitas de sus familiares, lo que agravar\u00eda su situaci\u00f3n an\u00edmica y por ente tambi\u00e9n afectar\u00eda su estado de salud. <\/p>\n
3. Esta Sala admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Canciller\u00eda de Colombia indic\u00f3 que su participaci\u00f3n en el tr\u00e1mite cuestionado se limita a actuar como v\u00eda diplom\u00e1tica entre el estado requirente y las instituciones nacionales encargadas del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, sin que pueda intervenir en el proceder de \u00e9stas. <\/p>\n
Narr\u00f3 que en el decurso en comento el 21 de junio de 2022 la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho mantuvo su decisi\u00f3n del 25 de abril anterior de conceder la extradici\u00f3n del accionante, misma autoridad que con Nota Verbal DIAJI No. 2013 de 7 de julio pasado comunic\u00f3 y solicit\u00f3 a la embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica las garant\u00edas requeridas para la entrega de \u00e9ste. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo un recuento de las actuaciones agotadas en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del aqu\u00ed interesado, precis\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de la actuaci\u00f3n y resalt\u00f3 que requiere el concepto favorable de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que pueda interferir en dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el actor fue plenamente identificado mediante dictamen dactilosc\u00f3pico que arroj\u00f3 la plena correspondencia de \u00e9ste con la persona requerida en extradici\u00f3n por los Estados Unidos, situaci\u00f3n que corrobor\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n no se valoran pruebas sobre la existencia del hecho delictivo o la responsabilidad del requerido, ni tampoco se juzga a \u00e9ste o se cuestionan las decisiones de la autoridad extranjera, sino que \u00fanicamente se verifica el cumplimiento de los espec\u00edficos requisitos legales necesarios para otorgar la extradici\u00f3n. <\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho precis\u00f3 que luego de que el 23 de marzo de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte emitiera concepto favorable para la extradici\u00f3n del actor, el Gobierno Nacional dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n Ejecutiva No. 084 de 25 de abril de 2022 con que la concedi\u00f3, decisi\u00f3n que \u00e9ste pidi\u00f3 reponer con similares argumentos a los expuestos en el presente escenario, pero fue mantenida con Resoluci\u00f3n Ejecutiva No. 126 de 21 de junio siguiente, firmeza de lo decidido que permiti\u00f3 a dicha cartera Ministerial enviar el 7 de julio de los corrientes un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicitara al pa\u00eds requirente el compromiso formal de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno Nacional en el acto administrativo que resolvi\u00f3 sobre la extradici\u00f3n, por lo que est\u00e1 pendiente que la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica allegue dichas garant\u00edas, las que una vez se reciban, se trasladaran con copia de los mentados actos administrativos a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que proceda con la entrega de la persona reclamada. <\/p>\n
4. El Presidente de Consejo de Estado inform\u00f3 que all\u00ed se tramitan cuatro (4) procesos de nulidad contra el acto de elecci\u00f3n de varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales envi\u00f3 sus respectivos reportes verificables por consulta en internet en la Sede para la Gesti\u00f3n Judicial \u2013 SAMAI. <\/p>\n
5. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte hizo recuento de lo acontecido dentro del referido tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, defendi\u00f3 la legalidad del concepto favorable que all\u00ed emiti\u00f3, con la precisi\u00f3n de que no est\u00e1 facultada \u00abpara emitir juicios de valor acerca de la materialidad del comportamiento punible por el cual se requiere a la persona en extradici\u00f3n, ni tampoco acerca del grado de participaci\u00f3n que haya tenido en la comisi\u00f3n del delito\u00bb, motivo por el cual varias pruebas solicitadas por el actor, que apuntaban al precitado prop\u00f3sito, no fueron decretadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el accionante s\u00ed fue debidamente identificado y, de otro lado, que no hay lugar a anular la actuaci\u00f3n, con fundamento en que la providencia de concepto favorable fue suscrita por Magistrados supuestamente escogidos de manera irregular, ya que tal argumento \u00abes absolutamente peregrino y carece de sustento jur\u00eddico, ya que los magistrados que suscribieron el concepto fueron debidamente elegidos como miembros de la Corporaci\u00f3n y todas sus actuaciones est\u00e1n revestidas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb. <\/p>\n
6. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que el gestor cuenta con mecanismos ordinarios para procurar la defensa de sus derechos y que, en todo caso, la Presidencia de la Rep\u00fablica ni el Presidente de la Rep\u00fablica est\u00e1n legitimados en la causa por pasiva para acudir al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. El presente reclamo se enfil\u00f3 frente al tr\u00e1mite de la solicitud de extradici\u00f3n que en contra del tutelante formul\u00f3 el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte emiti\u00f3 concepto favorable frente a los cargos en que se fund\u00f3 el requerimiento y, seguidamente, el Gobierno Nacional concedi\u00f3 la extradici\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la cual el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y fue mantenida, por lo cual se est\u00e1 a la espera de que la Embajada del mencionado pa\u00eds brinde las garant\u00edas requeridas para la entrega del actor. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, advierte esta Sala que el amparo pretendido no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, al no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que la actuaci\u00f3n es pasible de ser atacada ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, de acuerdo a lo reglado en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, escenario donde el actor podr\u00e1 alegar lo aqu\u00ed expuesto respecto a la supuesta irregularidad en el nombramiento de los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que participaron en la Sala que emiti\u00f3 el concepto favorable para su extradici\u00f3n, lo que denota la inviabilidad del resguardo de acuerdo al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque el tutelante no ha agotado tal medio judicial ordinario e id\u00f3neo de defensa que tiene a su alcance para buscar la protecci\u00f3n de los derechos que aduce afrentados. <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026el gestor tiene a su alcance un remedio id\u00f3neo para plantear los reproches aqu\u00ed esgrimidos frente al Acto Administrativo que se emita, que es el que finalmente resolver\u00e1 sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica, consistente en la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la ilegalidad que le enrostra a la resoluci\u00f3n que se profiera (\u2026) <\/p>\n
Por ello debe reiterarse que esta especial justicia no puede arrogarse competencias para pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordado por las v\u00edas legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, de consiguiente, sin asidero por esta ruta residual y extraordinaria\u2026 (CSJ STC17389-2019, 19 dic., rad. 2019-04122-00). <\/p>\n
Del mismo modo, en otro asunto similar al de ahora, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n sostuvo que: <\/p>\n
\u2026los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo [hoy art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d2 (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (CSJ STC125-2015, reiterada en STC8742-2016). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
2\u0002 CC C-243\/09. <\/p>\n
<\/p>\n
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