STC9172-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9172-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02198-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Mar\u00eda Becerra Melo contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el pleito radicado con el n\u00ba 2018-00281. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y anexos se extrae que el 24 de mayo de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama profiri\u00f3 sentencia dentro del juicio de sucesi\u00f3n de Mar\u00eda Alicia Becerra Melo, la cual fue apelada por el ac\u00e1 quejoso -quien act\u00faa como heredero y se representa a s\u00ed mismo en calidad de abogado-. <\/p>\n
Que el 3 de febrero de 2022 la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo procedi\u00f3 a \u00abdeclarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), por no haberlo sustentado en esta segunda instancia\u00bb, y devolvi\u00f3 el expediente al a-quo, quien, \u00abcon fecha 14 de marzo de 2022 (\u2026) profiri\u00f3 el auto de \u201cobed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto (\u2026), aplic\u00e1ndole sin explicaci\u00f3n ni justificaci\u00f3n alguna lo err\u00f3neamente dispuesto por el Tribunal (\u2026)\u00bb, pues este consign\u00f3 \u00abque el origen del proceso era el \u201cJuzgado 03 Promiscuo Familia Duitama\u201d y que la causante era \u201cRosa Mar\u00eda Becerra Melo\u201d\u00bb, lo cual no corresponde a la realidad procesal. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido a trav\u00e9s de esta v\u00eda, es que se invalide lo actuado dentro del liquidatorio, a partir del prove\u00eddo dictado por el tribunal el 3 de febrero de 2022, inclusive, habida cuenta la \u00abnulidad\u00bb en que, en su sentir, se incurri\u00f3 por enunciar \u00aberr\u00f3neamente\u00bb la referencia del proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. La secretaria de la corporaci\u00f3n convocada, inform\u00f3 que el expediente contentivo del asunto objeto de cr\u00edtica, \u00abfue devuelto\u00bb al juez de la causa \u00abmediante oficio civil No. 098 del 28 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, luego de relacionar la actuaci\u00f3n relevante que se ha surtido dentro del liquidatorio, dijo que sin perjuicio de la alegada \u00abequivocaci\u00f3n en algunos datos del encabezado del auto [proferido por el tribunal el 3 de febrero de 2022], es claro que el n\u00famero de radicaci\u00f3n corresponde al proceso 2018-00281-01, y que la sentencia apelada a la que se hace referencia es la proferida por la suscrita funcionaria judicial en el mismo asunto, por lo que se emiti\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los juzgadores de instancia de la sucesi\u00f3n n\u00b0 2018-00281, vulneraron las prerrogativas derivadas del debido proceso del demandante, porque: (i) la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, presuntamente incurri\u00f3 en irregularidades al declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, en tanto indic\u00f3 err\u00f3neamente la referencia del proceso; y (ii) el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, continu\u00f3 el tr\u00e1mite procesal en cumplimiento a dicha determinaci\u00f3n, sin adoptar los reproches por \u00e9l observados. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, los precedentes de la Corte Constitucional han decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados requisitos, siendo esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al resguardo se hayan agotado los medios de defensa judicial. Ello, porque la acci\u00f3n constitucional no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala desestimar\u00e1 el amparo, toda vez que: (i) el reproche dirigido contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, se torna improcedente toda vez que no alcanza a superar el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria; y, (ii) la queja enfilada contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que amerite la injerencia del fallador de tutela. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento general emerge en el presente asunto, toda vez que la censura del actor se enfil\u00f3 contra el auto del 3 de febrero de 2022, mediante el cual se declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso frente al fallo de primer grado, y pese a que tal decisi\u00f3n fue notificada mediante estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, seg\u00fan enlace https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/3199380\/99556045\/016-2022.pdf\/fa579506-89e8-4032-8627-38363e505cdc, no fue objeto de refutaci\u00f3n alguna bajo argumentaci\u00f3n similar a la que soporta la presente salvaguarda. <\/p>\n
En efecto, si el interesado consideraba que los datos enunciados en el encabezado del auto pod\u00edan generar en \u00e9l motivo para debatir dicho prove\u00eddo mediante reposici\u00f3n, o los mismos justifican que el tribunal procediera a su aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n, ante esa corporaci\u00f3n debi\u00f3 plantear oportuna y adecuadamente tales mecanismos jur\u00eddicos, pero no lo hizo. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Sala no evidencia necesidad alguna de flexibilizar el presupuesto de la subsidiariedad, porque, en primer lugar, la \u00abirregularidad\u00bb observada no representa vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, en tanto no incide en el contenido de la providencia, ni afect\u00f3 el acto de su notificaci\u00f3n, comoquiera que se public\u00f3 bajo el radicado correspondiente y enunciando el nombre del \u00abdemandante\u00bb; y en segundo lugar, porque el hoy quejoso, adem\u00e1s de heredero, tambi\u00e9n act\u00faa en el juicio en su condici\u00f3n de abogado, y por ende era conocedor de las consecuencias jur\u00eddicas que conllevaba la preclusi\u00f3n de los t\u00e9rminos legales a que est\u00e1 sometida la actuaci\u00f3n procesal, por ende, su inercia carece de excusa jur\u00eddica. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, cuando se acude a la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que el demandante hubiese dejado de utilizar los recursos pertinentes o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, el quejoso queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, el accionante desaprovech\u00f3 la oportunidad de plantear ante el juzgador cognoscente, los argumentos que ac\u00e1 refiere, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de lo actuado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama a partir del regreso del expediente proveniente de su superior funcional, esto es, el auto proferido el 14 de marzo de 2022 en el que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el tribunal; del prove\u00eddo que deneg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, y del fechado el 17 de junio de la misma anualidad que deneg\u00f3 por improcedente la aclaraci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Lo anterior, porque de dichas providencias no emerge yerro procedimental o de otra \u00edndole que genere desafuero susceptible de corregirse a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica, en tanto corresponden a la aplicaci\u00f3n razonable de la normativa que rige la apelaci\u00f3n dentro del juicio, pues agotado dicho escenario procesal por las razones que all\u00ed fueron definidas, no deviene caprichosa ni arbitraria la aseveraci\u00f3n contenida en el \u00faltimo de los prove\u00eddos, consistente en que por estar en firme la sentencia de primer grado, no era posible retrotraer el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, el amparo se muestra inviable porque la actuaci\u00f3n del enjuiciado no revela arbitrariedad o desmesura capaz de desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, sino una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no abre paso a la tutela. <\/p>\n
Ciertamente, el resguardo procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, y en esas circunstancias se hace necesario reiterar que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC3932-2022, 31 mar. 2022, rad. 00100-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho que no son susceptibles de enmendarse por esta excepcional y residual herramienta, las decisiones que obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al funcionario de conocimiento. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 por improcedente el amparo encaminado contra el tribunal acusado, comoquiera que el demandante incumpli\u00f3 el requisito de la subsidiariedad, y se denegar\u00e1 en relaci\u00f3n con la queja dirigida contra el juzgado, porque la determinaci\u00f3n cuestionada no es producto de un subjetivo criterio que configure yerro que amerite la intervenci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DENIEGA el auxilio deprecado mediante esta acci\u00f3n, conforme a lo precisado en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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