STC9173-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9173-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00190-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 17 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n.\u00ba 2020-00120. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, la sociedad querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales denunciadas. <\/p>\n
2. Refiere que, ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, se tramita el litigio de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea promovido en su contra por Luis Antonio Alvarado Grosso y Edgar de Jes\u00fas Cardona Corrales, a estos \u00faltimos les fue concedido amparo de pobreza el 5 de octubre de 2021, determinaci\u00f3n que fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; el primero se despach\u00f3 de forma adversa el 14 de diciembre siguiente, y el segundo se declar\u00f3 inadmisible el 25 de marzo de 2022, por el hom\u00f3logo Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se dejen sin valor ni efecto las providencias que otorgaron y ratificaron el mencionado beneficio, espec\u00edficamente en favor de Alvarado Grosso y se ordene a la c\u00e9lula cognoscente proferir una decisi\u00f3n \u00abacorde a los lineamientos del art\u00edculo 151 del CGP, absteni[\u00e9]ndose de conceder el (\u2026) amparo de pobreza (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de los hechos y remiti\u00f3 el expediente digital. <\/p>\n
2. Carlos Ricardo Villanueva Rinc\u00f3n, apoderado de los demandantes en el proceso, reiter\u00f3 que, supuestamente, Luis Antonio Alvarado Grosso no cuenta con la capacidad para solventar los gastos del juicio y que muchos de los bienes que figuran a su nombre no le generan ingresos. <\/p>\n
3. El estrado Tercero Civil del Circuito de esa urbe indic\u00f3 que no ha trasgredido prerrogativa esencial alguna, por lo que pidi\u00f3 que no se conceda el auxilio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, al considerar que no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que la entidad gestora \u00abobvi\u00f3 instaurar el tr\u00e1mite incidental de que trata el art\u00edculo 158 del estatuto procedimental civil, siendo tal el escenario procesal id\u00f3neo para desdibujar la carencia de recursos aducida (\u2026)\u00bb. Finalmente a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable (\u2026), pues omiti\u00f3 la promotora determinar el da\u00f1o irreversible que se producir\u00eda en caso de no acceder al amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la compa\u00f1\u00eda querellante reiterando los argumentos aducidos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulneraron la garant\u00eda fundamental invocada al: (i) mantener inc\u00f3lume la concesi\u00f3n del amparo de pobreza a Luis Antonio Alvarado Grosso y (ii) declarar inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n frente a la precitada resoluci\u00f3n, respectivamente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras de proteger los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
2.1. Sobre la razonabilidad. <\/p>\n
En cuanto a la queja que dirige la sociedad pretensora contra la providencia que declar\u00f3 inadmisible el recurso de alzada instaurado frente al otorgamiento del beneficio en comento, precis\u00f3 el fallador Tercero Civil del Circuito de la referida ciudad que \u00abel auto recurrido es aqu\u00e9l que concedi\u00f3 el amparo de pobreza solicitado por la parte demandante, frente al cual no procede recurso de apelaci\u00f3n por no estar consagrado en el art\u00edculo 321 del [C]\u00f3digo [G]eneral del [P]roceso ni en ninguna otra norma de la misma codificaci\u00f3n\u00bb, conforme a lo transcrito, no se observa desafuero jur\u00eddico, pues la motivaci\u00f3n expuesta en el precitado prove\u00eddo contiene un criterio razonable que no puede tildarse de abiertamente caprichosa, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
2.2. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad, dado que la compa\u00f1\u00eda accionante no acredit\u00f3 que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubiera agotado el tr\u00e1mite reglado en el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo ese contexto, no se le puede atribuir al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 una conducta negligente o abusiva. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC14200 de 15 oct. de 2015). <\/p>\n
En esta medida, le corresponder\u00e1 a la querellante comparecer en el juicio para realizar las peticiones que estime pertinentes y ejercer los mecanismos jur\u00eddicos frente a las decisiones que no comparta, ya que no es viable acudir al juez de tutela para que sustituya la actividad de las autoridades judiciales, cuando estas son las legalmente habilitadas para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La inviabilidad del amparo porque no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
El requisito de procedibilidad de la tutela al que se ha hecho alusi\u00f3n \u2013 subsidiariedad – no se revierte a\u00fan bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, comoquiera que la providencia proferida por el estrado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 es razonable, aunado a que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto la promotora no acredit\u00f3 haber agotado el mecanismo que consagra el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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