STC9178-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9178-2022. <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Santiago V\u00e9lez Penagos contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 6\u00b0 Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la empresa Basf Qu\u00edmica Colombiana S.A., Protecci\u00f3n S.A., el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS y a las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 2011-00703. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, mediante apoderada judicial, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y tutela judicial efectiva, presuntamente vulneradas por la Sala accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales y otros, con el fin de que se declarara que \u00abera beneficiario del r\u00e9gimen pensional de ahorro individual con solidaridad, por haberse trasladado el 1 de julio de 1994 del r\u00e9gimen de prima media al fondo administrado por Porvenir[,] (\u2026) que ten\u00eda derecho al reconocimiento del bono pensional por las cotizaciones que realiz\u00f3 al ISS durante el tiempo anterior al cambio de r\u00e9gimen pensional\u00bb y, en consecuencia, que se ordenara liquidar el referido bono, \u00abde conformidad con lo establecido en el Decreto 1299 del 22 de junio de 1994, norma que se encontraba vigente al momento del cambio de r\u00e9gimen pensional\u00bb, teniendo como salario base de liquidaci\u00f3n para la pensi\u00f3n de vejez el devengado el 30 de junio de 1992. <\/p>\n
2.2. El 29 de agosto de 2014, el Juzgado 6\u00ba Laboral de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn absolvi\u00f3 a las demandadas de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad el 30 de junio de 2017, \u00abaplicando como precedente, no las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, sino otras procedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 8 de febrero de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por no aplicar una norma que se encontraba vigente para el momento en que se caus\u00f3 el derecho, esto es, el \u00abliteral a) del art\u00edculo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994\u00bb, normativa que permit\u00eda que la liquidaci\u00f3n de su bono pensional se realizara con el salario devengado de $1.550.000 y no con base en la remuneraci\u00f3n reportada, que era inferior. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, en su decisi\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada reconoci\u00f3 la existencia del precedente constitucional respecto de la sentencia C-734-2005, que \u00abdeclar\u00f3 inexequible el literal a) del art\u00edculo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994\u00bb con efectos hacia futuro, pero, ante la disparidad del criterio frente al tema de parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la accionada acudi\u00f3 a este \u00faltimo, desconociendo la tesis constitucional que era vinculante, por lo cual, en su sentir, la acci\u00f3n de tutela era procedente. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y se le ordene que, en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas h\u00e1biles, profiera una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta la postura definida por la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n atacada indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno al tutelante, toda vez que su decisi\u00f3n \u00abse adopt\u00f3 en consonancia con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma corporaci\u00f3n, esto es, CSJ SL, 16 mar 2008, rad. 25608, CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 31855 CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 40250 y CSJ SL2956 – 2021, en el sentido de que no exist\u00eda un fundamento legal o constitucional que respaldara que la diferencia en el valor del bono pensional se sufragara directamente por el empleador, en favor de un trabajador de altos ingresos, y en ese sentido, no advirti\u00f3 error del Tribunal al definir el salario base de liquidaci\u00f3n del bono pensional a 30 de junio de 1992\u00bb, de manera que lo pretendido era reabrir el debate surtido en las instancias ordinarias. <\/p>\n
2. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico refiri\u00f3 que no \u00abpuede comprometerse su responsabilidad [\u2026] frente a las declaraciones solicitadas (\u2026), por resultar materialmente improcedentes frente a esta cartera\u00bb. <\/p>\n
3. Basf Qu\u00edmica Colombiana S.A. manifest\u00f3 que la autoridad accionada no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, dado que su decisi\u00f3n se motiv\u00f3 razonadamente. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, porque carec\u00eda de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, siendo Colpensiones la entidad competente. <\/p>\n
5. Colpensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, dado que la decisi\u00f3n atacada no incurri\u00f3 en vicio alguno. Resalt\u00f3 que la entidad report\u00f3 \u00aben la historia laboral los periodos conforme fueron cotizados e informados por el empleador\u00bb. <\/p>\n
6. Protecci\u00f3n S.A. sostuvo que no vulner\u00f3 los derechos del actor y que no era viable \u00abrevivir un tr\u00e1mite (\u2026) adelantado conforme a todas las normas sustanciales y procesales vigentes\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la determinaci\u00f3n cuestionada fue razonable, al encontrarse \u00abdebidamente fundamentada, tanto en las normas que gobiernan la materia como en la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la misma Corporaci\u00f3n\u00bb. Destac\u00f3 que, aunque el actor est\u00e1 inconforme con la tesis jurisprudencial adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte desde 2009, lo cierto era que \u00ablos criterios desarrollados por la Corporaci\u00f3n de cara a la forma de liquidar los bonos pensionales encuentran asidero legal\u00bb y que lo pretendido, para que el bono se liquidara con un mayor valor, era improcedente, porque se deb\u00eda tener \u00aben cuenta la categor\u00eda de cotizaci\u00f3n en la que se encontraba, esto es, la m\u00e1xima categor\u00eda cuyo aporte no pod\u00eda exceder de los seiscientos sesenta y cinco mil setenta pesos ($665.070), monto con el cual efectivamente se liquid\u00f3\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada del accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y argument\u00f3 que no se hizo menci\u00f3n alguna a lo relativo al desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, seg\u00fan lo reclamado en la tutela, actividad que deb\u00eda desplegar el juez constitucional al resolver un asunto de esta naturaleza, en defensa de los derechos fundamentales del gestor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 8 de febrero de 2022, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido contra el entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, la empresa Basf Qu\u00edmica Colombiana S.A., la Naci\u00f3n – Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y Protecci\u00f3n S.A., en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 30 de junio de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces y, por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera abiertamente desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL308-2022 del 8 de febrero de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido, precisando que no era objeto de discusi\u00f3n que: i) el se\u00f1or Santiago V\u00e9lez Penagos labor\u00f3 para Basf Qu\u00edmica Colombiana S. A. \u00abentre el 11 de septiembre de 1990 y el 31 de mayo de 1993\u00bb; ii) el \u00ab1 de julio de 1994 se traslad\u00f3 al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad vincul\u00e1ndose a Protecci\u00f3n S.A.\u00bb; iii) para el \u00ab30 de junio de 1991\u00bb devengaba un \u00absalario integral de $1.550.000 y el reportado al ISS, como ingreso base de cotizaci\u00f3n fue de $683.760\u00bb, y iv) para esa \u00e9poca \u00abla m\u00e1xima categor\u00eda asegurable, conforme a los reglamentos del ISS equival\u00eda a 10 SMLMV\u00bb. <\/p>\n
En torno a lo relacionado con el salario que deb\u00eda tenerse como base para la obtenci\u00f3n del bono pensional, es decir, si con el que se realizaron los aportes al ISS al 30 de junio de 1992 -sobre la categor\u00eda m\u00e1xima- o el devengado por el se\u00f1or V\u00e9lez Penagos, se\u00f1al\u00f3 que para la liquidaci\u00f3n del bono pensional de las personas que se trasladaron del r\u00e9gimen de prima media al de ahorro individual el salario de referencia no era el \u00abdevengado\u00bb a 30 de junio de 1992 sino el m\u00e1ximo asegurable, seg\u00fan lo previsto en el Acuerdo 048 de 1989, aprobado por el Decreto 2610 del mismo a\u00f1o, por lo que no resultaba aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 5 del Decreto 1299 de 1994. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia a varias sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, como las CSJ SL, 16 mar. 2008, rad. 25608, CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 31855, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 40250 y CSJ SL2956-2021, en las que se expuso el criterio que se ha mantenido respecto de la tem\u00e1tica anteriormente planteada y precisamente en esta \u00faltima, frente a la aplicabilidad de la normativa que refiri\u00f3 el actor como no tenida en cuenta y que, en su sentir, estuvo vigente hasta el 14 de julio de 2005, fecha de expedici\u00f3n de la sentencia CC C-734-2005, se expuso que: <\/p>\n
\u00abEl literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto-Ley 1299 de 1994, desde su expedici\u00f3n, gener\u00f3 dudas acerca de su constitucionalidad y abierta contradicci\u00f3n con la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993 revisti\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica de precisas facultades para, entre otras cosas, \u2018dictar las normas necesarias para la emisi\u00f3n de los bonos pensionales, su redenci\u00f3n, la posibilidad de transarlos en el mercado secundario, y las condiciones de los bonos cuando deban expedirse a personas que se trasladen del r\u00e9gimen de prima media al r\u00e9gimen de capitalizaci\u00f3n individual\u2019, premisa que no inclu\u00eda la posibilidad de modificar el salario base de c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n de referencia con la cual se debe liquidar el bono pensional tipo A. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, el Decreto-Ley en su art\u00edculo 5.\u00b0, literal a), so pretexto de precisar temas concretos de la emisi\u00f3n, redenci\u00f3n, transacci\u00f3n y expedici\u00f3n de los bonos pensionales, se ocup\u00f3 del salario base de c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n de referencia de la siguiente manera: <\/p>\n
ARTICULO [sic] 5o. SALARIO BASE DE LIQUIDACI\u00d3N PARA LA PENSI\u00d3N DE VEJEZ DE REFERENCIA. Para los efectos de que trata el literal a. del art\u00edculo anterior, se entiende por salario base de liquidaci\u00f3n para calcular la pensi\u00f3n de vejez de referencia del afiliado; <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de personas que estaban cotizando o que hubieren cotizado al ISS o a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n del sector p\u00fablico o privado, el salario o el ingreso base de liquidaci\u00f3n ser\u00e1 el salario devengado con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en la misma fecha, o el \u00faltimo salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma no se encontraba cotizando. <\/p>\n
Adem\u00e1s de este exceso en las competencias otorgadas al Gobierno Nacional, surgi\u00f3 una segunda preocupaci\u00f3n relacionada con la antinomia suscitada entre esta disposici\u00f3n y el propio texto habilitante de la Ley 100 de 1993, cimentado sobre la idea de que las pensiones del sistema deben corresponder a los salarios cotizados. <\/p>\n
En efecto, el sistema de seguridad social integral fij\u00f3 como norma directriz, que la pensi\u00f3n percibida por los afiliados fuese un reflejo directo y proporcional de las cotizaciones efectivamente realizadas. De esta forma, y en desarrollo del principio de solidaridad, se procura porque las pensiones sean financiadas con los aportes realizados por los afiliados durante su vida laboral, a la vez que se evita que subsidios p\u00fablicos, dirigidos a la poblaci\u00f3n vulnerable y m\u00e1s pobre de la sociedad, terminen siendo sufragadas con esos recursos. <\/p>\n
Son muchas las disposiciones del sistema de seguridad social que refieren la forma de financiar y calcular las pensiones. As\u00ed, el literal g) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, prescribe que para el reconocimiento de las pensiones contempladas en los dos reg\u00edmenes \u2018se tendr\u00e1n en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos\u2019, al punto que el literal l) proh\u00edbe sustituir semanas de cotizaci\u00f3n \u2018con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas\u2019; el inciso final del art\u00edculo 18 se\u00f1ala que \u2018el monto de la cotizaci\u00f3n mantendr\u00e1 siempre una relaci\u00f3n directa y proporcional al monto de la pensi\u00f3n\u2019; el 21 establece que el ingreso base de liquidaci\u00f3n se integra con los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado y, m\u00e1s a\u00fan, el art\u00edculo 117 expresamente menciona que para determinar la pensi\u00f3n de referencia debe tenerse en cuenta \u2018la base de cotizaci\u00f3n del afiliado a 30 de Junio [sic] de 1992\u2019. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en sentencia CSJ SL17021-2016, al referirse a la liquidaci\u00f3n del IBL de los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n con las previsiones de la Ley 100 de 1993, la Corporaci\u00f3n adoctrin\u00f3 que esta decisi\u00f3n legislativa obedeci\u00f3 a la necesidad de suprimir \u2018las prerrogativas de muchos reg\u00edmenes anteriores, que permit\u00edan obtener pensiones que no correspond\u00edan a los ingresos reales de la vida laboral y que estaban ligadas a las rentas obtenidas en lapsos muy breves\u2019. <\/p>\n
Esta directriz del sistema, aunque ya ven\u00eda inmersa en la l\u00f3gica de la Ley 100 de 1993, fue reiterada en el inciso 6.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, al se\u00f1alar que \u2018para la liquidaci\u00f3n de las pensiones s\u00f3lo [sic] se tendr\u00e1n en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones\u2019\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
As\u00ed, estableci\u00f3 que el Decreto Ley 1299 de 1994 no solo fue expedido por fuera de las facultades entregadas al Presidente de la Rep\u00fablica, aspecto que a la postre deriv\u00f3 en su declaratoria de inexequibilidad en el a\u00f1o 2005, sino que, adem\u00e1s, gener\u00f3 una incompatibilidad con el art\u00edculo 117 de la Ley 100 de 1993, que dispon\u00eda lo contrario, y con los principios y directrices que inspiraban el actual sistema de seguridad social, lo que descartaba los cuestionamientos elevados por el recurrente frente al Tribunal. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, por las razones anteriormente referidas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, desde la sentencia CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 31855, resolvi\u00f3 inaplicar el literal a) del art\u00edculo 5.\u00b0 del Decreto-Ley 1299 de 1994, precisando que esto no conllevaba que se le estuviera otorgando efectos retroactivos al fallo CC C-734-2005, tal y como se estableci\u00f3 motivadamente en dicha providencia, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] con la modificaci\u00f3n implementada por el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994, bien puede decirse que, mediante una norma posterior, se convirti\u00f3 en ilegal lo que anteriormente estaba ajustado a la ley. En otras palabras, una situaci\u00f3n que en su momento estaba amparada por la ley, despu\u00e9s por virtud de una modificaci\u00f3n legislativa, pas\u00f3 a ser ilegal, lo cual no es m\u00e1s que la aplicaci\u00f3n retroactiva de una norma, desconociendo con ello el cl\u00e1sico principio general del derecho de la irretroactividad de la ley. <\/p>\n
Y pese a que la Corte Constitucional, en su oportunidad, declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994, mediante la sentencia C-734 de 2005, sin embargo, en otras decisiones suyas, especialmente las sentencias de tutela T-147, T-801, T-910, T-920 y T-1087, de 2006, refiri\u00e9ndose a la citada sentencia de constitucionalidad, reiter\u00f3 en forma textual que: \u2018Las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro por regla general, de forma que s\u00f3lo tienen efectos retroactivos cuando la Corte expresamente le confiere a su sentencia alcances hacia el pasado, lo cual ha sucedido de manera excepcional, cuando en casos concretos se demuestra que est\u00e1n en juego valores constitucionales m\u00e1s importantes que la propia seguridad jur\u00eddica\u2019, por eso puntualiz\u00f3 que \u2018no es posible aplicar de manera retroactiva la sentencia C-734 de 2005 y por ende las personas que ten\u00edan derecho a la emisi\u00f3n del bono conforme a las reglas vigentes al momento de su traslado de un sistema a otro, no han perdido ese derecho. Quiere decir que para aquellas personas que se trasladaron entre la entrada en vigencia del literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto Ley 1299 de 1994 y el momento en el cual se profiri\u00f3 la sentencia C-734 de 2005 (14 de julio de 2005) el literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 es plenamente aplicable. La sentencia T910 de 2006 lo explic\u00f3 as\u00ed: \u2018De forma que si la persona se traslad\u00f3 entre el 28 de junio de 1994 hasta el 14 de julio de 2005 tiene derecho a que el salario de referencia que sirve de base para la determinaci\u00f3n del bono pensional se calcule como establec\u00eda el literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto Ley 1299 de 1994, esto es, tomando en cuenta el salario devengado por el beneficiario del bono a 30 de junio de 1992\u2019 (\u2026). Es decir, que seg\u00fan lo dicho por esa alta Corporaci\u00f3n, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994, surti\u00f3 efectos y los seguir\u00e1 surtiendo en trat\u00e1ndose de situaciones acontecidas bajo su vigencia. <\/p>\n
Empero, la Corte Suprema considera, por lo antes expuesto, que el tantas veces mencionado art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994, no puede tener aplicaci\u00f3n en el asunto bajo examen, porque al tenor de los Acuerdos y dem\u00e1s disposiciones que regulaban las pensiones de vejez, entre ellas, las atinentes a los l\u00edmites de cotizaciones a los cuales deb\u00eda someterse el empresario inscrito en el ISS, las mismas establec\u00edan un salario m\u00e1ximo asegurable, por encima del cual, se repite, la entidad de previsi\u00f3n social no pod\u00eda recibir cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, concluy\u00f3 que no era viable aceptar la argumentaci\u00f3n planteada por el censor, toda vez que la misma llevar\u00eda a que la diferencia en el valor del bono pensional fuera sufragada \u00abdirectamente por su empleador, en favor de un trabajador de altos ingresos, sin que exista un fundamento legal o constitucional que la respalde\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada determin\u00f3 que para liquidar el bono pensional del se\u00f1or V\u00e9lez Penagos deb\u00eda tenerse en cuenta el salario sobre el cual se cotiz\u00f3 al sistema y no el que deveng\u00f3 a 30 de junio de 1992, dado que, de una parte, el ISS no pod\u00eda recibir ninguna cotizaci\u00f3n que superar\u00e1 el tope establecido y, por otra, porque la forma de liquidaci\u00f3n contenida en el literal a del art\u00edculo 5 del Decreto Ley 1299 de 1992 resultaba opuesta a los presupuestos y fundamentos legales del sistema pensional, aunado a que tampoco exist\u00eda fundamento legal o constitucional que respaldara que la diferencia en el valor del bono pensional se sufragara directamente por el empleador, en favor de un trabajador de altos ingresos. <\/p>\n
En sustento, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada cit\u00f3 jurisprudencia relacionada, en la que expresamente se indic\u00f3 por qu\u00e9 los antecedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional en sede de tutela no eran aplicables, en tanto no estaban acorde con las disposiciones que regulaban el tema, por lo que no se omiti\u00f3 su an\u00e1lisis, no obstante que no fue compartido, como se indic\u00f3, en forma motivada y razonada. <\/p>\n
4.1. Al respecto, es pertinente poner de presente que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se hac\u00edan cuestionamientos sobre el salario que deb\u00eda tenerse como base para la obtenci\u00f3n del bono pensional y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n reclamada, en raz\u00f3n a que la remuneraci\u00f3n para calcular el valor de los bonos tipo A de los afiliados que se trasladaron del ISS al RAIS y que, al 30 de junio de 1992, era superior a la categor\u00eda m\u00e1xima prevista en el art\u00edculo 4\u00ba del Acuerdo 048 de 1989, deb\u00eda corresponder con el monto cotizado, seg\u00fan dichas categor\u00edas y no por valor de lo devengado como lo pretende el accionante, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo constitucional, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que la salvaguarda no era procedente, dado que \u00abel administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial\u00bb (STC10582-2019). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el gestor, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9178-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC9178-2022. Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01081-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de junio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65354","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65354\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}