STC9181-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9181-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2022-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 21 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosemberg Bernal Ardila frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abestablecidos en los art\u00edculos 1, 23, 74, de la Constituci\u00f3n Nacional y Art. 5 de la Ley 1437 de 2011\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que pese a que el 1\u00b0 de febrero de la presente anualidad radic\u00f3 a trav\u00e9s de la plataforma en l\u00ednea, demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra \u00c1lvaro Juli\u00e1n Varela Navarro, gener\u00e1ndose el radicado n\u00b022-038743-0, a la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio no ha emitido pronunciamiento alguno, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse ordene al representante legal de la SUPER INTENDENCIA (SIC) DE INDUSTRIA Y COMERCIO, o quien haga sus veces, para que en el t\u00e9rmino de 48 hora[s] siguientes a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela en cuesti\u00f3n se produzca llamamiento a audiencia a efectos de dar cumplimiento a la solicitud asi (sic) como de fortalecimiento del principio de oportunidad y celeridad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Coordinadora del Grupo de gesti\u00f3n Judicial de la entidad convocada solicit\u00f3 denegar el resguardo, habida cuenta que el 10 de febrero de los corrientes fue admitida la demanda de m\u00ednima cuant\u00eda presentada por el gestor, a la cual se le asign\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso verbal sumario previsto en los art\u00edculos 390 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que le fue notificada a \u00e9ste en debida forma por estados del d\u00eda siguiente, providencia donde adem\u00e1s, se le inform\u00f3 al demandante que la entidad cuenta con un (1) a\u00f1o, prorrogable hasta por seis (6) meses m\u00e1s, para emitir fallo, t\u00e9rmino que es contabilizado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al demandado. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el resguardo tras advertir, que el 11 de febrero de los corrientes el asunto revisado \u00abha permanecido al despacho sin actuaci\u00f3n posterior\u00bb, resultando necesario \u00abconvocar a audiencia a trav\u00e9s de prove\u00eddo en el cual se decretar\u00e1n las pruebas requeridas por las partes y las que oficiosamente se consideren pertinentes o, en su defecto proceder conforme lo dispone el art\u00edculo 278 ejusdem, diligencias que no se han cumplido, entre tanto, una vez conformada la litis, a la fecha de esta acci\u00f3n, ha transcurrido un tiempo m\u00e1s que prudente para surtir el tr\u00e1mite que corresponde al proceso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la autoridad accionada que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias para dar continuidad con el tr\u00e1mite que corresponde al proceso identificado con la radicaci\u00f3n 22-038743-0, en atenci\u00f3n a la etapa procesal en la que se encuentra y respetando los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La convocada se mostr\u00f3 inconforme con la orden impartida, arguyendo que el a quo pas\u00f3 por alto, no solo que \u00abes un proceso nuevo, instaurado en el a\u00f1o 2022 y notificado a la parte demandada el d\u00eda 11 de febrero de ese mismo a\u00f1o, lo cual, de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, nos otorga un t\u00e9rmino m\u00e1ximo para emitir un fallo al d\u00eda 12 de febrero de 2023\u00bb, sino que \u00abcontamos con m\u00e1s de VEINTICINCO MIL DEMANDAS que esperan un pronunciamiento de fondo y que \u00e9stas deben ser resueltas por un total de 28 funcionarios que fungen como jueces, los cuales logran emitir un m\u00e1ximo de 2000 sentencias o finalizaciones anormales del proceso por mes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Industria y Comercio lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas, al no haber dado tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor adelantada por el gestor contra \u00c1lvaro Juli\u00e1n Varela Navarro, propietario del establecimiento de comercio \u00abAlmac\u00e9n IMAGEN\u00bb, para obtener el cambio de unos zapatos o que se le devuelva el dinero pagado por \u00e9stos, con radicado n\u00b0 22-038743. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d(\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisada la foliatura que compone el expediente en referencia, advierte la Corte que no es viable atribuir a la autoridad accionada una conducta dilatoria u omisiva respecto de la generalidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, pues de conformidad con lo dispuesto en el actual Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011, el tr\u00e1mite adelantado dentro del asunto criticado se ajusta a la normatia aplicable. <\/p>\n
Ciertamente, una vez radicada electr\u00f3nicamente la respectiva demanda por el querellante el 1\u00b0 de febrero de 2022, mediante \u00abAuto No. 14991\u00bb del d\u00eda 10 siguiente se admiti\u00f3, decisi\u00f3n que fue notificada a \u00e9ste en \u00abEstado No. 024 de fecha: 11\/02\/2022\u00bb. As\u00ed mismo, en esa data le fue enviado \u00abAVISO DE NOTIFICACI\u00d3N\u00bb al demandado a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico reportada en el libelo, y como vencido el t\u00e9rmino otorgado a \u00e9ste para ejercer su derecho de defensa, guard\u00f3 silencio, el asunto ingres\u00f3 al respectivo despacho. <\/p>\n
3.2. Bajo esa \u00f3ptica, colige la Corte que en cuanto a los t\u00f3picos enunciados no existe una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, teniendo en cuenta que no transcurri\u00f3 un tiempo injustificado entre la fecha en que el gestor present\u00f3 la demanda contentiva de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor y, su admisi\u00f3n y respectiva notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandado, que permita a la Corte denunciar negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en \u00e9ste tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando las demoras presentadas en el normal adelantamiento del tr\u00e1mite procesal objeto de la queja, no son producto de una evidente desidia de la autoridad convocada, sino que obedecen a las m\u00faltiples intervenciones de los sujetos procesales, y a la significativa carga laboral que enfrenta el despacho convocado. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, tales como la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo decretada por el a quo constitucional, comoquiera que no transcurri\u00f3 un lapso considerable sin que se evidenciara ninguna gesti\u00f3n frente a la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor presentada por el aqu\u00ed convocante, con lo que no se trasgredieron las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, NIEGA el amparo de los derechos fundamentales invocado por Rosemberg Bernal Ardila. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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