STC9186-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9186-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00773-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Enrique Vesga Quintero le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Acac\u00edas, Meta, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2015-00204 y 2014-04257. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, libertad y principios de legalidad y prohomine\u00bb, para que se \u00abimparta orden perentoria\u00bb de otorgarle \u00abel permiso de 72 horas al cual t[iene] derecho\u00bb y trasladarlo \u00aba un establecimiento penitenciario de mediana seguridad cerca de [su] entorno familiar y social para poder gozar a plenitud el mentado beneficio\u00bb. <\/p>\n
En sustento, afirm\u00f3 que en la actualidad cumple la pena de 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n impuesta por los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado, en concurso con hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos y se encuentra a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, en el pabell\u00f3n n\u00ba 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la misma localidad. <\/p>\n
Adujo que solicit\u00f3 el beneficio administrativo de 72 horas, negado por la autoridad que vigila el cumplimiento de la condena; recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, \u00faltimo que el superior resolvi\u00f3 adversamente (22 mar. 2022). <\/p>\n
En su sentir, \u00absu caso calific[a] en las circunstancias de menor punibilidad, pues [su] carencia de antecedentes penales [lo] hace merecedor del salvamento de ley del Art. 68 A del C\u00f3digo Penal\u00bb, en atenci\u00f3n a los principios de legalidad y prohombre, razones por las que debi\u00f3 conced\u00e9rsele la gracia implorada. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Villavicencio defendi\u00f3 la legalidad de su pronunciamiento, aduciendo que \u00abtal como lo indic\u00f3 el a quo, una de las conductas punibles por las cuales fue condenado el accionante \u2013hurto calificado- tiene expresa prohibici\u00f3n legal en virtud del art\u00edculo 68 A para la concesi\u00f3n de beneficios administrativos\u00bb, en ese sentido, destac\u00f3 la inviabilidad del resguardo porque el querellante pretende utilizarlo como una tercera instancia \u00abcon lo cual se desplazar\u00eda a la jurisdicci\u00f3n competente para resolver el asunto\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas rese\u00f1\u00f3 las diligencias a su cargo y se opuso al amparo, por no colmar las exigencias que habilitan su concesi\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abninguno de los reproches hechos por el actor a las decisiones cuestionadas, constituye un yerro susceptible de amparo por v\u00eda constitucional, pues en los estrictos t\u00e9rminos exigidos por la jurisprudencia para el caso de acciones de tutela contra decisiones judiciales, se observa que no se configura ning\u00fan defecto violatorio del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- Objet\u00f3 el gestor sin explicitar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las providencias jurisdiccionales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al predicar que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC6153-2021 y STC3160-2022). <\/p>\n
2.- En el sub lite se observa que los reproches del precursor se enfilan contra los interlocutorios de 26 de mayo de 2021 y 22 de marzo de 2022, dictados por el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta y la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, respectivamente, que \u00abnegaron el permiso administrativo de hasta setenta y dos (72) horas\u00bb suplicado por el enjuiciado. <\/p>\n
No obstante, el presente examen constitucional se realizar\u00e1 -exclusivamente- sobre la segunda de tales determinaciones, a fuerza de que en esta fue donde se estudiaron los reparos que ahora expone el accionante en esta senda excepcional. <\/p>\n
Bajo tal derrotero, al escrutarse la decisi\u00f3n de la aludida Colegiatura, se aprecia que no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y el precedente depurado sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, liminarmente memor\u00f3 que la d\u00e1diva rogada por el libelista est\u00e1 consagrada en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, as\u00ed: \u00ab[l]a Direcci\u00f3n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr\u00e1 conceder permisos con la regularidad que se establecer\u00e1 al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados\u00bb, siempre y cuando i) Est\u00e9n en fase de mediana seguridad; ii) Hayan descontado una tercera parte de la pena impuesta; iii) No tengan requerimientos de ninguna autoridad judicial; iv) No registren fuga ni la hayan intentado; v) Hayan trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la reclusi\u00f3n, mostrando buena conducta a criterio del Consejo de Disciplina. <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 los requisitos adicionales a constatar, cuando el petente es un sujeto sancionado con m\u00e1s de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, a voces del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 232 de 1998, esto es, que: i) No est\u00e9 vinculado formalmente en calidad de sindicado en otro proceso criminal o contravencional; ii) No existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que lo \u00abvinculen\u00bb con organizaciones delincuenciales; iii) Haya trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n; y, iv) Verificar el lugar exacto donde permanecer\u00e1 durante el permiso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, hizo \u00e9nfasis en la necesidad de verificar, en cada evento, \u00absi existe norma espec\u00edfica que proh\u00edba la concesi\u00f3n de beneficios judicial o administrativo a determinadas conductas punibles o circunstancias espec\u00edficas\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido contrast\u00f3 los anteriores lineamientos con la plataforma f\u00e1ctica hallada en el caso de Vesga Quintero, tomando en consideraci\u00f3n que fue \u00abcondenado\u00bb por hechos ocurridos en marzo y abril de 2014, por lo que la normativa aplicable a la resoluci\u00f3n de su anhelo es el art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal con la reforma introducida por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, el cual reza: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 68A. EXCLUSI\u00d3N DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES (\u2026) No se conceder\u00e1n la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena; la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n; ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores. <\/p>\n
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros; utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; abigeato enunciado en el inciso tercero del art\u00edculo 243; extorsi\u00f3n; homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del art\u00edculo 104; lesiones causadas con agentes qu\u00edmicos, \u00e1cidos y\/o sustancias similares; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones; violaci\u00f3n il\u00edcita de comunicaciones o correspondencia de car\u00e1cter oficial; trata de personas; apolog\u00eda al genocidio; lesiones personales por p\u00e9rdida anat\u00f3mica o funcional de un \u00f3rgano o miembro; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento il\u00edcito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptaci\u00f3n; instigaci\u00f3n a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objeto peligrosos; fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, tr\u00e1fico, posesi\u00f3n o uso de armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas y nucleares; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebeli\u00f3n; y desplazamiento forzado; usurpaci\u00f3n de inmuebles, falsificaci\u00f3n de moneda nacional o extranjera; exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia; evasi\u00f3n fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigaci\u00f3n al empleo, producci\u00f3n y transferencia de minas antipersonales\u00bb (La negrilla es del original). <\/p>\n
Hecho esto, adver\u00f3 que tal restricci\u00f3n \u00abse ha mantenido para el delito de hurto calificado con las modificaciones que ha sufrido dicha disposici\u00f3n en las Leyes 1773 de dos mil diecis\u00e9is (2016) y 1944 de dos mil dieciocho (2018), por lo que ninguna favorabilidad puede predicarse en este asunto\u00bb y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abraz\u00f3n le asisti\u00f3 al a quo al estimar que una de las conductas punibles por las que fue condenado Enrique Vesga Quintero tiene expresa prohibici\u00f3n legal en virtud del art\u00edculo 68A para la concesi\u00f3n de beneficios administrativos, disposici\u00f3n que, en atenci\u00f3n a su objetiva restricci\u00f3n, [por lo cual] aspectos de \u00edndole subjetivo, ninguna incidencia tienen en la concesi\u00f3n de la prebenda administrativa. Siendo necesario aclararle al penado que la negativa del beneficio no se soport\u00f3 en la ausencia o no de antecedentes penales en su contra sino en la prohibici\u00f3n legal para el delito de hurto calificado, como ya se vio (Se destaca). <\/p>\n
Adicionalmente, aclar\u00f3 al memorialista que \u00abel trato igualitario que demanda (\u2026) no resulta atendible, como quiera que [el otro] caso dista ostensiblemente del suyo, pues, el otorgamiento del permiso hasta de 72 horas devino procedente por cuanto, por fecha de los hechos de comisi\u00f3n de la conducta punible atribuida, no se encontraba vigente prohibici\u00f3n\u00bb, como lo explic\u00f3 el juez de ejecuci\u00f3n y lo \u00abcomparte plenamente el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Corte avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el impulsor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
4.- En lo concerniente con la \u00abvulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad\u00bb del tutelante, la guarda no sale avante, puesto que no acredit\u00f3 que otros sentenciados, que se encontraran en sus mismas circunstancias, hubieren sido autorizados para hacer uso de la prerrogativa reclamada; en virtud de ello \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en CSJ STC4506-2014, 10 abr., rad. 00089-01 y en CSJ STC15165-2021, 10 nov., rad. 2021-02830-00). <\/p>\n
5.- Finalmente, la \u00abpetici\u00f3n de traslado\u00bb del recluso a una penitenciaria diferente a la que actualmente purga su condena, debe ser elevada ante el juez que vigila la pena, comoquiera que esta herramienta especial\u00edsima no ha sido concebida como una v\u00eda adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador. <\/p>\n
6.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC9186-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC9186-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00773-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de mayo de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}