STC9188-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9188-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 28 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cLM\u201d contra los Juzgados \u201cY\u201d Civil del Circuito, \u201cZ\u201d Civil Municipal y \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cR\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda (\u2026) de esa ciudad, Protecci\u00f3n S.A., y dem\u00e1s intervinientes en la salvaguarda n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y \u00aben representaci\u00f3n\u00bb de su nieto menor de edad, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al no acceder a las pretensiones de una salvaguarda anterior y haber rechazado una demanda de nombramiento de guardador. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que su hijo \u201cD\u201d, padre extramatrimonial del menor \u201cYD\u201d (hoy con 4 a\u00f1os de edad), \u00abfalleci\u00f3 [el 28 de octubre de 2020] por muerte violenta [causada por] el hijo mayor de \u201cS\u201d [madre de su nieto]\u00bb, y que como dicha se\u00f1ora \u00abactualmente se encuentra [en] prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, en su calidad de abuela paterna detentaba la custodia y cuidado personal del ni\u00f1o seg\u00fan lo dispuesto en \u00abresoluci\u00f3n 029 del 01 de marzo de 2021 [expedida por] la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cR\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que la cuota alimentaria tasada a favor del ni\u00f1o es proporcionada \u00abespor\u00e1dicamente\u00bb por la progenitora de este, \u00abelev\u00e9 petici\u00f3n ante Protecci\u00f3n S.A. para [obtener] el pago de la pensi\u00f3n [de sobrevivientes], la cual fue negada dado que dicha entidad exige un nombramiento de curador o guardador, [y con ello] se estar\u00edan vulnerando los derechos fundamentales como inter\u00e9s superior del menor, m\u00ednimo vital, y a la vida en condiciones dignas y justas\u00bb, de acuerdo a lo se\u00f1alado por precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional (cita las sentencias T-351\/18 y T-108\/22). <\/p>\n
Que mediante fallo del 23 de febrero de 2022, el Juzgado \u201cZ\u201d Civil Municipal de \u201cR\u201d \u00abdeclar\u00f3 improcedente la tutela\u00bb, al considerar que la actora \u00abtiene dos v\u00edas para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento del menor: (i) acudir al proceso ejecutivo para reclamar el pago de las cuotas alimentarias causadas y no canceladas por la se\u00f1ora \u201cS\u201d, [y] (ii) acudir al juez de familia para ser nombrada guardadora o curadora de \u201cYD\u201d [y enseguida tramitar ante] el fondo de pensiones (\u2026) el reconocimiento de la pensi\u00f3n\u00bb; en sede impugnaci\u00f3n, esta decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado \u201cY\u201d Civil del Circuito de esa localidad el 23 de marzo de la misma anualidad. <\/p>\n
Que, en raz\u00f3n a lo descrito, \u00abpresent\u00e9 demanda para que me designaran guardadora o curadora del menor \u201cYD\u201d, para poder reclamar la pensi\u00f3n y as\u00ed suplir sus necesidades b\u00e1sicas, la cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cR\u201d y se identific\u00f3 con radicado \u201c2022-000\u201d, [pero] fue rechazada [con prove\u00eddo del 31 de mayo de 2022] porque para tramitar[la] me exig\u00edan haber realizado el proceso de privaci\u00f3n de la patria potestad [de la madre del menor]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de esta senda, \u00abse ordene [al Fondo de Pensiones] Protecci\u00f3n S.A. [que] procedan a conceder la pensi\u00f3n al menor \u201cYD\u201d y me sea entregada a m\u00ed y de manera retroactiva (\u2026), habida cuenta que tengo la custodia y cuidados personales del [beneficiario]\u00bb, y se adopten las decisiones pertinentes para \u00abno poner cortapisas al respecto\u00bb a los derechos superiores del menor que est\u00e1 bajo su cuidado personal. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201cZ\u201d Civil Municipal de \u201cR\u201d, dijo que dentro de la tutela incoada por la se\u00f1ora Franco Betancur (rad. \u201c2022-00000\u201d), \u00abse emiti\u00f3 sentencia el d\u00eda 23 de febrero de 2022, declarando improcedente la acci\u00f3n, por no haber agotado los mecanismos ordinarios para acceder a sus pretensiones, [pues] no hab\u00eda solicitado formalmente la pensi\u00f3n a Protecci\u00f3n S.A., con la argumentaci\u00f3n requerida, decisi\u00f3n que fue confirmada el 23 de marzo de 2022 por el Juzgado \u201cY\u201d Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez \u201cY\u201d Civil del Circuito de la localidad en menci\u00f3n, inform\u00f3 que confirm\u00f3 la improcedencia \u00abde la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora \u201cLM\u201d, en representaci\u00f3n del menor \u201cYD\u201d, mediante sentencia del 23 de marzo de 2022 [se\u00f1alando], b\u00e1sicamente como motivaci\u00f3n que \u201cla recurrente cuenta con la oportunidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad familia, y solicitar ser nombrada guardadora o curadora del menor, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 53 y siguientes de la Ley 1306 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en los art\u00edculos 22, numerales 4 y 51, y 577, numeral 3, del C.G.P., en tr\u00e1mite de jurisdicci\u00f3n voluntaria de naturaleza expedita\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de la misma ciudad, se\u00f1al\u00f3 que la demanda de \u00abnombramiento de guardador con radicado No. \u201c2022-00000\u201d, instaurad[a] por la se\u00f1ora \u201cLM\u201d, quien ostenta la custodia y cuidados personales de su nieto \u201cYD\u201d, [fue] rechazada mediante auto del 31 de mayo [de 2022], por incumplimiento de requisitos exigidos en auto de inadmisi\u00f3n\u00bb. Anot\u00f3 que, \u00abcontrario a lo manifestado por la accionante (\u2026), esta judicatura fue respetuosa del debido proceso, y de las exigencias para el tr\u00e1mite de rigor (\u2026), raz\u00f3n por la cual fue exigida la sentencia que privara de la patria potestad a la progenitora de \u201cYD\u201d (\u2026), en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil, Ley 1306 de 2009 y normatividad concordante, la designaci\u00f3n de guardador en favor de ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, es procedente \u00fanicamente cuando el ni\u00f1o no est\u00e9 sometido a patria potestad, lo que conlleva a que la guarda dativa que fuere solicitada s\u00f3lo tenga lugar a falta de la leg\u00edtima, situaci\u00f3n [que] no fue verificada en el proceso promovido\u00bb. <\/p>\n
4. \u201cS\u201d, precis\u00f3 que \u00abestuve privada de la libertad entre el 23 de octubre de 2020 y el 04 de mayo de 2022, quedando en libertad condicional, seg\u00fan boletad de libertad N\u00b0 (\u2026) expedida por el Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n de Penas de \u201cX\u201d, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb; que la abuela paterna de su hijo \u00abtiene la custodia y cuidados personales desde el a\u00f1o 2021, pero desde mayo de 2022 me encuentro en libertad condicional y me encuentro laborando en la Panader\u00eda (\u2026)\u00bb; que \u00ablas cuotas alimentarias se han venido pagando de manera constante, pero no tengo constancia completa de ello, pues en oportunidades le daba el dinero en efectivo a la se\u00f1ora \u201cLM\u201d, a veces lo hac\u00eda por transferencias bancarias o le compraba a mi hijo los insumos necesarios para su subsistencia\u00bb. Solicit\u00f3 \u00abexonerarme de toda responsabilidad (\u2026), pues no est\u00e1 a mi alcance cumplir con las pretensiones solicitadas\u00bb. <\/p>\n
5. La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente\u00bb el auxilio, toda vez que incumple \u00abel requisito de subsidiariedad\u00bb y tampoco procede como mecanismo transitorio, toda vez que el perjuicio irremediable \u00abno se logra comprobar en este caso\u00bb. Inform\u00f3 que, a \u201cS\u201d, en su calidad de compa\u00f1era permanente del causante, \u00abmediante comunicaci\u00f3n del 9 de noviembre de 2021 se le inform\u00f3 (\u2026) el reconocimiento [del 50%] de la pensi\u00f3n de sobrevivencia\u00bb, dejando el restante \u00aben reserva\u00bb para el hijo menor de edad, porque quien detenta su custodia, \u00abno alleg\u00f3 ninguna prueba de sentencia judicial que le otorgue de manera provisional o definitiva la curadur\u00eda del menor\u00bb. <\/p>\n
6. El Personero Delegado para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud del municipio de \u201cR\u201d, manifest\u00f3 \u00abque esta agencia del Ministerio P\u00fablico no ha tenido conocimiento de la situaci\u00f3n planteada\u00bb, pero que analizados los argumentos y la normativa aplicable en relaci\u00f3n con las pertinentes figuras jur\u00eddicas, \u00abla p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad de la se\u00f1ora \u201cS\u201d debe ser decretada mediante sentencia por la autoridad judicial competente, ante quien se debe iniciar el proceso y solicitar el nombramiento como curadora o guardadora del menor\u00bb; tambi\u00e9n conceptu\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo judicial de defensa para solicitar el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, y que \u00absi hay inobservancia o incumplimiento en el pago de la cuota de alimentos por parte de la madre al menor, su abuela podr\u00eda iniciar el proceso ejecutivo de alimentos ante el juez de familia\u00bb. <\/p>\n
7. El Coordinador del Grupo Jur\u00eddico del Instituto Colombiano de Bienestar Familia \u2013 Regional \u201cX\u201d, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad del presente tr\u00e1mite tutelar, aduciendo para ello \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva [e] inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo porque: (i) frente a la queja contra los jueces que fallaron la tutela anterior, \u00abla jurisprudencia constitucional ha indicado en m\u00faltiples ocasiones que es improcedente [invocar esta acci\u00f3n] para controvertir, modificar o infirmar fallos dictados en dicha sede, toda vez que seg\u00fan el procedimiento establecido para en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto Estatutario 2591 de 1991, los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en revisi\u00f3n\u00bb, tr\u00e1mite respecto del \u00abno existe pronunciamiento\u00bb ya que \u00abno ha sido excluida o seleccionada para su an\u00e1lisis\u00bb; y (ii) en relaci\u00f3n con el rechazo de la demanda de guarda ante el juez de familia, tambi\u00e9n hall\u00f3 improcedente el resguardo, porque contra ese auto \u00abestaba la apoderada de la accionante en posibilidad de interponer all\u00ed los recursos dispuestos para tal fin\u00bb, y que tal omisi\u00f3n \u00abda al traste con su pretensi\u00f3n\u00bb en virtud al principio de la subsidiariedad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para refutar que \u00aben el fallo no se tuvo en cuenta la jurisprudencia que se hizo alusi\u00f3n en la tutela, concretamente la[s] sentencia[s] T-351 de 2018 [y] T-108-22\u00bb, advirtiendo que en esta \u00faltima, la Corte Constitucional \u00able hizo un llamado de atenci\u00f3n a Protecci\u00f3n S.A. para que en sus decisiones primen los derechos de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, [porque] equivocadamente opt\u00f3 por negar el pago efectivo de la pensi\u00f3n a una menor de edad al exigir pruebas que resultaban desproporcionadas e irrazonables\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, porque: (i) el Juzgado \u201cY\u201d Civil del Circuito de \u201cR\u201d, confirm\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado \u201cZ\u201d Civil Municipal de esta localidad, que declar\u00f3 improcedente la tutela incoada contra AFP Protecci\u00f3n S.A. (rad. \u201c2022-00000\u201d); y, (ii) el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de la misma ciudad, rechaz\u00f3 la demanda de designaci\u00f3n de guardador para menor de edad (rad. \u201c2022-00000\u201d). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la presente queja y su cotejo con las piezas procesales allegadas, la Sala confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) en relaci\u00f3n con el Juzgado \u201cY\u201d Civil del Circuito de \u201cR\u201d, el auxilio deviene improcedente, porque la actora pretende que se vuelva a analizar la situaci\u00f3n ya estudiada -y que a\u00fan est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n- dentro de una acci\u00f3n del mismo raigambre constitucional; y, (ii) la censura contra el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de esa ciudad, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad, por cuanto la razonabilidad de la decisi\u00f3n confutada impide la injerencia del fallador excepcional. <\/p>\n
3.1. Improcedencia de tutela contra tutela. <\/p>\n
Este impedimento para la viabilidad de la salvaguarda se evidencia en el presente asunto, habida cuenta que una de las pretensiones de esta se enfil\u00f3 a que se ordene a la AFC Protecci\u00f3n S.A., \u00abconceder la pensi\u00f3n al menor \u201cYD\u201d y me sea entregada a m\u00ed y de manera retroactiva\u00bb, cuando tal aspiraci\u00f3n ya fue materia de estudio y resoluci\u00f3n por parte de los jueces de instancia en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, seg\u00fan dan cuenta los fallos proferidos el 23 de febrero y 23 de marzo de 2022, respectivamente, encontr\u00e1ndose pendiente el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
De lo anterior se infiere que al intentarse por v\u00eda de tutela variar las decisiones desfavorables que se produjeron en una acci\u00f3n de similar naturaleza jur\u00eddica, adem\u00e1s de prematura porque no se ha concluido el procedimiento previsto legalmente, lo perseguido involucra un ataque a la providencia que decidi\u00f3 el anterior amparo, lo cual se torna improcedente al tenor del Decreto 2591 de 1991, as\u00ed como de la unificada, constante y vigente postura jurisprudencial. <\/p>\n
Sobre dicha improcedencia, el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n ha sostenido que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras muchas). <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado que el legislador cre\u00f3, como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos, la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues, \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, citada entre otras en STC11324-2018, 5 sep. 2018, rad. 00011-01). <\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, se hace necesario recordar que surtido el tr\u00e1mite ante los jueces de instancia, la tutela debe cumplir con el proceso de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues es dicho \u00f3rgano de cierre quien \u00abpone t\u00e9rmino al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar as\u00ed su protecci\u00f3n oportuna y efectiva (art\u00edculo 2 C.P.)\u00bb (CC SU-1219\/01), dando paso a que el asunto adquiera los efectos de \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, cuya funci\u00f3n \u00abes otorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien en el caso examinado el 23 de marzo de 2022 el Juzgado \u201cY\u201d Civil del Circuito de \u201cR\u201d desat\u00f3 el recurso de impugnaci\u00f3n, tal fallo a\u00fan puede ser objeto de revisi\u00f3n, pues bajo el radicado \u201cT87519xx\u201d, el expediente fue enviado a Sala de Selecci\u00f3n el 1\u00b0 de junio de la presente anualidad, en cuyo proceso, legal y reglamentariamente, se faculta la intervenci\u00f3n de cualquier interesado y con ello la posibilidad para que se haga uso del derecho o facultad de insistencia. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de lo actuado por el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cR\u201d dentro del radicado n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, consistente en el rechazo de la demanda de nombramiento de guardador promovido por la ac\u00e1 querellante a favor de su nieto, en la medida en que la motivaci\u00f3n en que se soporta tal determinaci\u00f3n, no constituye desafuero susceptible de corregirse a trav\u00e9s de este excepcional instrumento, sino que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Ciertamente, para que el juzgado en comento no admitiera a tr\u00e1mite la referida demanda, mediante auto del 9 de mayo de 2022, le exigi\u00f3 a la actora -quien ven\u00eda representada por apoderada judicial-, que \u00abaporte constancia de que la madre del ni\u00f1o fue privada del ejercicio de la patria potestad\u00bb, y al no corregir dicha falencia, con prove\u00eddo del 31 de mayo de 2022 la declar\u00f3 no subsanada y procedi\u00f3 a rechazarla. <\/p>\n
Precis\u00f3 que como \u00ablos padres ejercen conjuntamente la patria potestad respecto de sus hijos y a falta de uno ser\u00e1 ejercida por el otro\u00bb, el requerimiento de \u00abla sentencia de privaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la patria potestad respecto de la se\u00f1ora \u201cS\u201d\u00bb, se realiz\u00f3 \u00aben atenci\u00f3n a lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil, Ley 1306 de 2009 y normatividad concordante, que disponen que la designaci\u00f3n de guardador o tutor en favor de ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente es procedente siempre y cuando \u00e9ste no est\u00e9 sometido a patria potestad, sea porque se encuentre suspendida o privada de manera definitiva, pues son sus progenitores los llamados a ejercer su representaci\u00f3n, es por ello que la guarda dativa aqu\u00ed solicitada s\u00f3lo tiene lugar en caso de faltar la leg\u00edtima, situaci\u00f3n que como se estableci\u00f3, no se verifica en el sub judice\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior encuentra fundamento en que mientras viva uno de los padres de la persona sujeta a patria potestad, la pretensi\u00f3n enfilada a que se provea guardador o curador, sea este leg\u00edtimo o dativo, exige la previa declaraci\u00f3n judicial de suspensi\u00f3n o de privaci\u00f3n del ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad que por ley est\u00e1 radicada en cabeza de ese progenitor, pues en raz\u00f3n a las funciones que por su naturaleza emergen de dichas figuras jur\u00eddicas, las mismas no pueden coexistir. <\/p>\n
Al respecto, con observancia en el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil, la jurisprudencia ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abdada su naturaleza, la patria potestad est\u00e1 conformada por poderes conjuntos que deben ejercer ambos padres, o a falta de uno de ellos le corresponde al otro, y refiere a la administraci\u00f3n del patrimonio de los hijos, al usufructo de los bienes que les pertenecen, a la representaci\u00f3n judicial y extrajudicial en todos los actos jur\u00eddicos que se celebren en beneficio de los hijos, y a la facultad de autorizar sus desplazamientos dentro y fuera del pa\u00eds. (\u2026). Se trata entonces de una instituci\u00f3n jur\u00eddica de orden p\u00fablico, irrenunciable, imprescriptible, intransferible y temporal, de la cual se deriva que los padres no pueden sustraerse al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tienen con sus hijos, a menos que la patria potestad sea suspendida o terminada por decisi\u00f3n judicial cuando se presenten las causales legalmente establecidas [T-041\/96]. De all\u00ed que, la patria potestad sea reconocida en la actualidad no como una prerrogativa o derecho absoluto de los padres [C-727\/15], sino como una instituci\u00f3n instrumental que permite a \u00e9stos garantizar los derechos de sus hijos y servir al logro del bienestar de los menores\u00bb (CC T-384\/18). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Entonces, mientras no haya sentencia judicial en firme que declare la suspensi\u00f3n o la p\u00e9rdida de la patria potestad que reposa en la madre del menor, previa tramitaci\u00f3n de un proceso verbal soportado en una cualquiera de las causales consagradas en los art\u00edculos 310 y 315 del estatuto sustancial civil, la abuela paterna o cualquier otro interesado no podr\u00e1 intentar v\u00e1lidamente que un juez le otorgue la guarda de dicho infante. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, el amparo se muestra inviable porque la actuaci\u00f3n del enjuiciado no revela arbitrariedad o desmesura capaz de desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, sino una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no abre paso a la tutela, y en esas circunstancias se hace necesario reiterar que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC3932-2022, 31 mar. 2022, rad. 00100-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho que no son susceptibles de enmendarse por esta excepcional y residual herramienta, las decisiones que obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al funcionario de conocimiento. <\/p>\n
Ac\u00f3tese a lo antedicho, que mientras no se hayan agotado las acciones ordinariamente consagradas en la ley, no es dable sustituir los efectos que all\u00ed se persiguen en sede constitucional, en tanto que, \u00abla definici\u00f3n de la situaci\u00f3n de custodia y patria potestad de las ni\u00f1as (\u2026) requiere una evaluaci\u00f3n probatoria cuidadosa, tanto de sus circunstancias personales, como de la idoneidad de cada uno de sus padres. Esta labor escapa, en los t\u00e9rminos explicados, a las instancias para la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de pruebas propias de la acci\u00f3n de tutela. Por ende, aceptar que la agilidad en lograr la decisi\u00f3n judicial es un factor que debe primar sobre dicha evaluaci\u00f3n probatoria, desconocer\u00eda el mandato de preservaci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, cuyos criterios de satisfacci\u00f3n han sido expuestos en esta sentencia\u00bb (CC T-452\/12). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, porque, como se anunci\u00f3: (i) en relaci\u00f3n con los juzgadores de instancia de la tutela anterior, el reproche emerge improcedente por dirigirse contra lo resuelto en una acci\u00f3n de similar raigambre constitucional que a\u00fan no ha sido objeto de revisi\u00f3n; y, (ii) la determinaci\u00f3n del juzgado de familia consistente en rechazar la demanda de guarda, no es producto de un subjetivo criterio que configure yerro que amerite la intervenci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por las puntuales razones precisadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC9188-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9188-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00119-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65364","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65364\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}