STC9192-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9192-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01260-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Bertha, Sonia Ernestina, M\u00f3nica, Rose Mary y Andrea Milena D\u00edaz L\u00f3pez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Ochenta y Cuatro y Ochenta y Seis Civil Municipal de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2003-00288. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogada, las accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la sentencia de 18 de mayo de 2022, mediante la cual el fustigado juzgador revoc\u00f3 la sentencia desestimatoria de primer grado (con la cual se hab\u00eda acogido la defensa de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria respecto de todos los demandados) y, en su lugar, orden\u00f3 proseguir el recaudo en los mismos t\u00e9rminos del mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relataron que dicho coactivo se promovi\u00f3 inicialmente en contra de sus dos progenitores (Bertha L\u00f3pez y Guillermo D\u00edaz); que al mismo se les vincul\u00f3 como causahabientes de su fallecido padre; que el juzgador de primera instancia acogi\u00f3 la \u00fanica defensa de m\u00e9rito que ellas propusieron (la de prescripci\u00f3n extintiva) tras considerar que la integraci\u00f3n del contradictorio se surti\u00f3 mucho despu\u00e9s de haberse cumplido el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os del art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Agregaron que esa determinaci\u00f3n la revoc\u00f3 el ad quem, por estimar, de un lado, que Bertha L\u00f3pez no aleg\u00f3 la mencionada excepci\u00f3n y, del otro, que a Guillermo D\u00edaz no se le demand\u00f3 como deudor cambiario, sino \u00fanicamente por haber constituido el gravamen real que all\u00ed se pretend\u00eda materializar, por lo que no le resultaba aplicable el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Indicaron que esas dos consideraciones son completamente ajenas al recurso de apelaci\u00f3n formulado por el banco ejecutante; y que, incluso ante el fracaso de la excepci\u00f3n prescriptiva, debieron acogerse -de oficio- las excepciones de m\u00e9rito de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y\/o inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo a favor de Guillermo D\u00edaz\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un breve recuento de lo acontecido en el recaudo que ac\u00e1 interesa y defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
2. El Banco Comercial Av Villas S.A. pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio, en consideraci\u00f3n a que la fustigada providencia no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
3. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el proceso sobre el que aqu\u00ed se discute no cursa en ese estrado. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo por considerar que la sentencia objeto de censura se finca en argumentos incongruentes, en la medida en que no fueron invocados por el apelante \u00fanico de ese juicio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Banco Av Villas S.A., defendiendo la legalidad del sustrato f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la sentencia proferida por el fallador accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los racionamientos ofrecidos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo decidido por el tribunal en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo objeto de censura, por encontrarse configurada la incongruencia sobre cuya base el tribunal orden\u00f3 dejar sin efectos la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
De hecho, el mismo Banco Av Villas (ejecutante en el coercitivo e impugnante \u00fanico en esta actuaci\u00f3n constitucional), reconoce que los argumentos expuestos por el fallador accionado para revocar la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, fueron completamente extra\u00f1os a los reparos que aquel le formul\u00f3 al fallo desestimatorio de primera instancia. <\/p>\n
En estricto sentido, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 dicha entidad financiera -en su intento de revertir la concesi\u00f3n del amparo- es que el juez de apelaci\u00f3n no solo estaba facultado, sino de hecho compelido, a no limitarse a los contornos del recurso de alzada, dado que con ello ejerci\u00f3 un control oficioso de legalidad del litigio como se lo impon\u00edan los art\u00edculos 11 y 132 del C\u00f3digo General del Proceso; planteamiento que no es de recibo, principalmente porque la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ya tiene precisado que \u00abel control de legalidad es una figura de naturaleza procesal, cuyo objetivo es sanear o corregir vicios en el procedimiento\u00bb y no cuestionar o definir aspectos sobre el fondo del litigio (CSJ AC1752-2021 y AC315-2018). <\/p>\n
Por el contrario, al separarse del alcance que el apelante le otorg\u00f3 a su censura, el fallador de la causa termin\u00f3 por trasgredir el principio de congruencia que rige el procedimiento civil (art\u00edculo 281, C\u00f3digo General del Proceso), pues si bien es cierto que esta limitante no es absoluta, en tanto que varias circunstancias pueden motivar su modulaci\u00f3n (como el deber de declarar -aun de oficio- las excepciones cabalmente demostradas, conforme al art\u00edculo 282 del citado estatuto), ninguna de esas eventualidades hizo presencia en el asunto puesto a consideraci\u00f3n del fallador encartado, quien, ante las particularidades propias del litigio en referencia, debi\u00f3 ce\u00f1ir su resoluci\u00f3n a los espec\u00edficos puntos de inconformidad esgrimidos por el apelante \u00fanico. <\/p>\n
Seg\u00fan el mismo accionado lo histori\u00f3 en los antecedentes de su sentencia, los racionamientos que ofreci\u00f3 el banco ejecutante para reclamar la desestimaci\u00f3n de la defensa extintiva de su contraparte, se formularon de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abaleg\u00f3 el apelante que el juzgado de primer grado no tuvo en cuenta que la nulidad que declar\u00f3 el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal \u00fanicamente ata\u00f1e al demandado Guillermo D\u00edaz, pues respecto a la demandada Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz, las actuaciones sobre esta permanecieron inc\u00f3lumes, al punto que ni siquiera ella aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n en favor suyo, entendi\u00e9ndose renunciada. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en auto del 24 de julio de 2007, el juzgado fue claro en destacar que \u201csin perjuicio de las actuaciones adelantadas contra la demandada BRETHA LOPEZ DE D\u00cdAZ y la interrupci\u00f3n del proceso\u201d ello no dej\u00f3 sin efecto el fallo proferido en contra de \u00e9sta, lo cual fue desconocido por el juez de primer grado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la demandada Bertha Lopez de D\u00edaz fue la persona que atendi\u00f3 la diligencia de secuestro, y en la misma reconoci\u00f3 pagos; indic\u00f3 que la prescripci\u00f3n no puede extenderse a la demandada Bertha L\u00f3pez, y lo calific\u00f3 como de \u201cgrave error\u201d, pues en ella reconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n y la garant\u00eda hipotecaria en la diligencia antes indicada. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que la declaratoria de la nulidad interrumpi\u00f3 el proceso hasta que se lograra la notificaci\u00f3n de los t\u00edtulos de los herederos, lo cual se surti\u00f3 el 31 de marzo de 2017. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia no tiene en cuenta que la interrupci\u00f3n del proceso igualmente incumbe a la prescripci\u00f3n extintiva, pues hasta que no se surtiera ese tr\u00e1mite no hab\u00eda lugar a librar mandamiento de pago. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el mandamiento de pago librado en contra de los herederos determinados e indeterminados se notific\u00f3 dentro del a\u00f1o siguiente. Adem\u00e1s, notificar a los herederos result\u00f3 imposible, por lo que considera un castigo para la entidad demandante declarar pr\u00f3spera la prescripci\u00f3n, cuando ocurrieron circunstancias ajenas irresistibles para la demandante que llevaron a la dilaci\u00f3n del tr\u00e1mite y finalmente a que se alegara la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pese a los l\u00edmites de esa inconformidad, el juez de alzada revoc\u00f3 el fallo desestimatorio de primer grado, con fundamento en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
\u00abEn el caso bajo estudio, los demandados Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz y Guillermo D\u00edaz, se tuvieron por notificados del mandamiento de pago por aviso, ante la falta de oposici\u00f3n, el juzgado procedi\u00f3 a dictar sentencia en la que se sigui\u00f3 adelante con la ejecuci\u00f3n. Ante la prosperidad de la nulidad, qued\u00f3 inc\u00f3lume la notificaci\u00f3n de la demandada Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz, quien no propuso excepci\u00f3n alguna, quedando pendiente la notificaci\u00f3n de los herederos de Guillermo D\u00edaz. <\/p>\n
Siendo cierto que Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz y Guillermo D\u00edaz constituyeron hipoteca de primer grado con el banco demandante a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00ba 1190 del 22 de marzo de 1995, registrada en la anotaci\u00f3n cuatro del folio de matr\u00edcula (\u2026), no se puede desconocer que el \u00fanico suscriptor del t\u00edtulo valor de los hipotecantes es Bertha L\u00f3pez. <\/p>\n
Ante el anterior panorama, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa que alegaron los herederos de Guillermo D\u00edaz no puede declararse prospera, en favor suyo, porque ellos representan a uno de los propietarios del inmueble dado en garant\u00eda. <\/p>\n
De ah\u00ed que, al no lograrse la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago dentro de la oportunidad que establec\u00eda el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art. 90 del C.G.P., lo cual conlleva la inoperancia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, el resultado de esa cadena de hechos no da lugar a la prosperidad de las defensas que plantearon los herederos determinados (\u2026), contrario a lo dicho por el a quo, resulta infructuosa esa defensa porque Guillermo Diaz no es aceptante de la promesa de pago en cada uno de los pagar\u00e9s. <\/p>\n
Al establecerse que Guillermo D\u00edaz no es signatario de los t\u00edtulos valores, resulta il\u00f3gico la prosperidad de la excepci\u00f3n frente a todos los demandados, porque no fue alegada por la demandada Bertha, quien suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s y desconoci\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, habi\u00e9ndolo podido hacer cuando fue notificada del mandamiento de pago, pues para ese momento se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para que operara la ineficacia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n ya que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde que se notific\u00f3 por estado el mandamiento de pago a la parte demandante (\u2026). <\/p>\n
No hay duda que la acci\u00f3n escogida por el demandante es la real, pues se dirigi\u00f3 en contra de los propietarios del inmueble; sin embargo, no hay que olvidar que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa se sustenta en la firma puesta en el t\u00edtulo valor, por ende, su an\u00e1lisis debe ser minucioso y diferencial frente a Guillermo D\u00edaz, porque este se encuentra en grado distinto al de Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz, en virtud a que \u00e9sta es obligada cambiaria directa (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, no existe solidaridad por pasiva, porque para que esta existiera, deb\u00eda concurrir una pluralidad de suscriptores del t\u00edtulo valor en un mismo grado, lo cual como ya se dijo anteriormente, no ocurre en este caso. Luego, quienes se oponen al ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria directa fueron llamados a este litigio porque son los herederos de uno de los propietarios, sin que ello implique que puedan servirse en beneficio propio de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa que tiene eficacia frente a quienes suscribieron el t\u00edtulo valor y porque adem\u00e1s no se encuentran en mismo grado que el suscriptor. <\/p>\n
En este punto, resulta pertinente aclarar que el acreedor hipotecario tiene a su alcance dos acciones, cuando el cr\u00e9dito garantizado con la hipoteca se hace exigible para cobrarlo judicialmente puede optar por la acci\u00f3n personal originada del derecho de cr\u00e9dito, otra real, nacida de la hipoteca contra el due\u00f1o del inmueble, ambas se pueden iniciar simult\u00e1neamente, o la real cuando solo se adelanta contra el actual titular del derecho de dominio. <\/p>\n
En efecto, al revisar cada uno de los pagar\u00e9s base de la ejecuci\u00f3n, se evidencia que quienes lo suscribieron fue Bertha L\u00f3pez de D\u00edaz y Ernesto Sandoval, siendo este \u00faltimo quien no fue compelido al pago en este juicio, porque el banco acreedor opt\u00f3 por la acci\u00f3n real prevista en el art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil, pues la dirigi\u00f3 en contra de los propietarios. Ante la incuria de la demandada Bertha en alegar la prescripci\u00f3n del ejercicio de la acci\u00f3n directa en su oportunidad procesal pertinente, y que Guillermo D\u00edaz no es suscriptor de los t\u00edtulos valores sino deudor hipotecario, debe declararse no probada la excepci\u00f3n alegada por los herederos y curador ad litem, pues estos finalmente no pueden oponerse a la acci\u00f3n real bajo la tutela de la prescripci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio\u2026\u00bb. <\/p>\n
A partir de la anterior confrontaci\u00f3n, resulta claro para la Corte que el juez de segunda instancia desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva que elevaron los ejecutados, con fundamento en premisas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas de las que el banco ejecutado no intent\u00f3 prevalerse (y sin hacer referencia siquiera tangencial a la incidencia que, en su particular hermen\u00e9utica, ofrecer\u00eda el inciso segundo del canon 2513 del C\u00f3digo Civil), proceder con el cual resultaron trasgredidos los limites argumentativos impuestos por el ya aludido principio de congruencia. <\/p>\n
Ante tal panorama, la Corte coincide con la necesidad de invalidar la providencia atacada, para que el juzgador tutelado vuelva a proferir la decisi\u00f3n correspondiente, pero esta vez analizando, con mayor detenimiento, el alcance del recurso de apelaci\u00f3n que habilit\u00f3 su competencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, por corroborarse la indebida motivaci\u00f3n atribuida a la sentencia de segunda instancia del juicio ejecutivo sobre el que vers\u00f3 este tr\u00e1mite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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