STC9201-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9201-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00553-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Armando Pinz\u00f3n Benavides contra el Juzgado Veintiocho de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el sucesorio n\u00ba 2014-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como representante legal de su hermano Jorge Enrique Pinz\u00f3n Benavides, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al no acceder a la nulidad deprecada dentro del juicio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que sus hermanas Claudia Cecilia y Nohora Elizabeth Pinz\u00f3n Benavides, promovieron demanda de sucesi\u00f3n doble e intestada de sus padres Cecilia Benavides y Manuel Pinz\u00f3n, en la cual \u00abnos vinculan como herederos, pero no entregan nuestros lugares de residencia para ser citados, como en derecho corresponde\u00bb, al punto que omitieron atender el requerimiento para que manifestaran si aceptaban o repudiaban la herencia, ordenado por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 el 11 de febrero y 8 de mayo de 2014. <\/p>\n
Que tras pasar al conocimiento del Juzgado Veintiocho de Familia de esta capital, este \u00abcontinu\u00f3 con el proceso con este yerro\u00bb, pese a que Jorge Enrique ha sido judicialmente declarado \u00abinterdicto\u00bb, generando que \u00abtodas las actuaciones posteriores [al] auto de apertura del proceso se tornen nulas\u00bb, en tanto \u00abla anterior situaci\u00f3n es contraria a lo establecido por el legislador en el art\u00edculo 490 del C. G. del P. [y] 492 ibidem\u00bb, m\u00e1xime cuando, \u00absin nuestra participaci\u00f3n [se inventariaron] partidas inexistentes que fueron avaladas por el despacho por ausencia de oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que se enteraron del liquidatorio \u00abal sacar un certificado de tradici\u00f3n del inmueble\u00bb, encontr\u00e1ndose ya \u00aben el proceso de partici\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abnuestro apoderado present\u00f3 la nulidad al despacho por los errores anotados y el se\u00f1or juez accionado desconoce tal situaci\u00f3n e insiste en continuar el proceso con esas anormalidades\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado \u00abadecuar el tr\u00e1mite procesal a lo determinado por el juez de conocimiento de origen (Juzgado 10 de Familia), esto es, dar cabal cumplimiento [al] art\u00edculo 492 del C. G. del P., respecto del enteramiento a los suscritos hermanos (\u2026), para los fines previstos en el art\u00edculo 1289 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Veintiocho de Familia, adem\u00e1s de remitir el enlace para acceder al expediente cuya actuaci\u00f3n es objeto de cr\u00edtica, inform\u00f3 que la providencia \u00abemitida el 02 de mayo de 2022, en la que se resolvieron las quejas hoy presentadas por el accionante a trav\u00e9s de incidente de nulidad, fue notificada por estado y [contra ella] no se present\u00f3 recurso alguno por parte de los interesados\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo porque desatiende el requisito de la inmediatez, ya que \u00abluego de que los accionantes, en memorial radicado el 4 de octubre de 2019 manifestaron al juez que aceptaban la herencia con beneficio de inventario, se les reconoci\u00f3 la calidad de herederos en providencia expedida el 13 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, por tanto (\u2026), han transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se dio la supuesta omisi\u00f3n y, a\u00fan en el caso de que hubiese existido, habr\u00eda cesado con el reconocimiento que se les hizo en el sucesorio\u00bb; tambi\u00e9n, porque respecto a la nulidad que plantearon, \u00abbasados en los mismos argumentos expuestos en esta acci\u00f3n\u00bb frente a su resoluci\u00f3n desfavorable fechada el 2 de mayo de 2022, \u00ablos interesados guardaron silencio durante el t\u00e9rmino correspondiente, mostrando con ello su conformidad con lo resuelto al no hacer uso de los recursos con los que contaban para la defensa de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo para reiterar los argumentos de su demanda tutelar y refutar, por tanto, los esbozados por el a-quo para desestimar su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el reclamante, al no acceder a la nulidad de lo actuado dentro del liquidatorio n\u00ba 2014-00155. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las piezas procesales pertinentes, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 porque la protecci\u00f3n deprecada deviene improcedente en la medida en que no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, sin perjuicio de que el respectivo expediente digital da cuenta que tanto el hoy querellante como su representado, se encuentran reconocidos como herederos dentro del juicio de sucesi\u00f3n desde el 13 de diciembre de 2019, para la configuraci\u00f3n del impedimento gen\u00e9rico en comento basta se\u00f1alar que, con similares argumentos a los hoy planteados en sede de tutela, el apoderado de los interesados formul\u00f3 incidente de nulidad y el mismo fue denegado por el accionado mediante prove\u00eddo del 2 de mayo de 2022, sin que tal decisi\u00f3n hubiera sido objeto de reproche a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios previstos para controvertir las decisiones judiciales. <\/p>\n
N\u00f3tese que la referida providencia no s\u00f3lo era susceptible del recurso de reposici\u00f3n sino tambi\u00e9n del de apelaci\u00f3n, habida cuenta -para este \u00faltimo- lo preceptuado en el art\u00edculo 321-6 del C\u00f3digo General del Proceso, y que no se avizora situaci\u00f3n que sirva de excusa para no haber refutado oportuna y adecuadamente la actuaci\u00f3n procesal, pues los interesados se encontraban debidamente reconocidos en el juicio y contaban con representante judicial. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, cuando se acude a la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que la actora hubiese dejado de utilizar los recursos pertinentes o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, el quejoso queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no ha sido puesto en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, pues a ello se procede cuando el promotor de la misma ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, porque: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC6125-2022, 19 may. 2022, rad. 00029-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la Sala no se pronunciar\u00e1 frente a las nuevas piezas procesales que alleg\u00f3 el accionante durante el diligenciamiento de esta instancia, las cuales corresponden al decreto de medidas cautelares dentro del sucesorio en cuesti\u00f3n, porque aunado a que comprenden actuaciones posteriores a las que son objeto del actual estudio constitucional, las mismas se encuentran pendientes de definici\u00f3n al interior del juicio en raz\u00f3n al recurso de reposici\u00f3n que el interesado acredit\u00f3 haber interpuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se impone la declaraci\u00f3n de improcedencia de la presente tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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