STC9202-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9202-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01023-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilmar G\u00f3mez Orozco contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, entonces, se ordene que \u00abse restablezca el derecho [a su] libertad, en el sentido que se suspenda la privaci\u00f3n de la libertad que est[\u00e1] padeciendo\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El actor est\u00e1 recluido en la C\u00e1rcel Municipal del Municipio de Arauca, debido a que el 22 de abril de 2022 fue sentenciado a cincuenta (50) meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, sin derecho a subrogados penales ni prisi\u00f3n domiciliaria, misma calenda en que se hizo efectiva la orden de captura en su contra. <\/p>\n
2.2. Contra el fallo condenatorio el accionante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, que se encuentra pendiente de resolver, con el cual pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n, por principio de favorabilidad, del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, esto es, la suspensi\u00f3n de la orden de captura hasta la ejecutoria de la sentencia emitida en su contra. <\/p>\n
2.3. Precisa el gestor que su intenci\u00f3n no es discutir la decisi\u00f3n de fondo proferida en su disfavor, sino que de manera innecesaria fuera privado de la libertad, con fundamento en una argumentaci\u00f3n insuficiente, m\u00e1xime cuando siempre estuvo presto a acudir al juicio, de ah\u00ed que estime su aprehensi\u00f3n como una medida que \u00abno resulta necesaria, adecuada, proporcional y razonable\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al observar que el proceso reprochado no ha concluido, porque est\u00e1 pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n que el accionante interpuso contra la sentencia de 23 de abril de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, donde se rechaz\u00f3 la solicitud de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 y se orden\u00f3 librar orden de captura. <\/p>\n
Con todo precis\u00f3 que el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 permite la aprehensi\u00f3n \u00abcuando la persona ha sido declarada penalmente responsable y le han negado los subrogados penales, decisi\u00f3n que puede tomarse al momento de la enunciaci\u00f3n del fallo\u00bb, conforme lo ha se\u00f1alado esa Sala en pronunciamientos de tutela. <\/p>\n
Explic\u00f3 adem\u00e1s que seg\u00fan pronunciamientos de esa Sala emitido en casos similares al presente (AP3329-2020 y STP7927-2021), la decisi\u00f3n cuestionada no afecta el principio de favorabilidad del actor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que conlleva inaplicar el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 y en su lugar acudir al art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, que es menos exigente en cuanto a los requisitos para imponer la medida restrictiva de la libertad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Wilmar G\u00f3mez Orozco, en calidad de procesado dentro del juicio penal seguido en su contra por el presunto delito de Prevaricato por Acci\u00f3n, se duele de la sentencia de 23 de abril de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, con que fue sentenciado a la pena principal de cincuenta (50) meses de prisi\u00f3n, porque, dice, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, no debi\u00f3 ordenarse su captura, sino hasta tanto cobrara ejecutoria dicha decisi\u00f3n, conforme posibilita el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que est\u00e1 pendiente de decisi\u00f3n el recurso de apelaci\u00f3n que el actor interpuso contra el mencionado fallo, adem\u00e1s de que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, en el tr\u00e1mite reci\u00e9n se hab\u00eda agotado la primera instancia; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular aquel ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por estar en curso otro mecanismo judicial mediante el cual se discute la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, adem\u00e1s de poderse agotar a\u00fan dentro del juicio otros medios de defensa, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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