STC9203-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9203-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2022-00130-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 23 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gudiela Areiza contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, Cesar, Colfondos S.A. y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico, las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En calidad de agente oficiosa de su nieta, quien pese a ser mayor de edad posee \u00abdiscapacidad COGNITIVA\u00bb, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y \u00absolidaridad\u00bb, supuestamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Gudiela Areiza en la citada condici\u00f3n, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Colfondos S.A. y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., buscando la salvaguarda de las garant\u00edas esenciales a la seguridad social y el m\u00ednimo vital, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de su nieta, de quien posee su custodia y padece de \u00abproblemas de retraso cognitivos\u00bb, por cuanto la madre de \u00e9sta falleci\u00f3 en el a\u00f1o 2017, sin que a la fecha se haya obtenido tal beneficio. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico, Cesar, (2022-00101), despacho que mediante sentencia del 8 de abril de la presente anualidad concedi\u00f3 el amparo. No obstante, impugnado lo resuelto por las empresas accionadas, en fallo del 27 de mayo siguiente el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 revoc\u00f3 lo decidido, para entonces, declarar improcedente la salvaguarda. <\/p>\n
Inconforme con esta \u00faltima decisi\u00f3n proferida al interior del citado tr\u00e1mite constitucional, la gestora promueve la presente solicitud de amparo, argumentando, en lo fundamental, que el ad quem incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico, toda vez que \u00abNO se valor\u00f3 (\u2026) que soy una adulta mayor enferma lo cual demostr\u00e9 con historias cl\u00ednicas, que vivo en una vereda en condiciones no dignas y lo demostr\u00e9 por medio de fotograf\u00edas, as\u00ed mismo demostr\u00e9 el estado de discapacidad de mi nieta (\u2026), situaci\u00f3n que evidencia el perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita, que se deje sin valor ni efecto la sentencia de tutela calendada 27 de mayo de 2022, y en consecuencia, \u00abordenar a la AFP COLFONDOS Y LA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS BOLIVAR dar cumplimiento, de manera inmediata y sin dilataci\u00f3n alguna, a la orden impartida por el juez promiscuo municipal de la jagua de ibirico, en la sentencia del d\u00eda 08 de abril de 2022 y emita resoluci\u00f3n donde se reconozca la pensi\u00f3n de sobreviviente a LINDA MARCELA JAIMES SANCHEZ\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n, pues \u00ablos hechos en que se funda la acci\u00f3n todos tienen que ver con la actuaci\u00f3n de segunda instancia que revoc\u00f3 la sentencia que este despacho dict\u00f3 el 08 de abril del a\u00f1o en curso tutelando los derechos a la accionante\u00bb, y \u00abse dirige contra el an\u00e1lisis probatorio (\u2026) en lo cual mal puedo como operador de justicia de primera instancia opinar\u00bb. <\/p>\n
2. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., a trav\u00e9s de apoderada judicial, inform\u00f3 que \u00abesta aseguradora atendi\u00f3 oportunamente la solicitud de pago se (sic) suma adicional para financiar la pensi\u00f3n de sobrevivientes y efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n conforme al Art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 y de igual manera dio cabal cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO (\u2026) por lo que no existe raz\u00f3n alguna para que COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANT\u00cdAS deje de pagar en este momento las mesadas pensionales que le corresponden a la se\u00f1ora LINDA MARCELA JAIMES S\u00c1NCHEZ en calidad de hija inv\u00e1lida de la asegurada fallecida MARIA PLACEDES S\u00c1NCHEZ AREIZA (q.e.p.d.)\u00bb. <\/p>\n
3. Colfondos S.A. se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la gestora, y que frente al tr\u00e1mite pensional reclamado actualmente cursa caso con radicado No. 101554, \u00abcuyo vencimiento es el pr\u00f3ximo 16 de julio\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 peticion\u00f3 negar la protecci\u00f3n, habida cuenta que \u00ab si bien la acci\u00f3n de tutela puede prosperar de manera excepcional, este despacho consider\u00f3 que el asunto deb\u00eda dirimirse ante el juez natural, dada la posici\u00f3n dispar suscitada entre la parte accionante y la parte accionada, siendo, por tanto, el escenario id\u00f3neo, para dirimir esa controversia, el proceso ordinario laboral, en el que se cuenta con las etapas procesales necesarias para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. (\u2026) As\u00ed las cosas, considera esta agencia judicial que no hubo vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales por cuanto la decisi\u00f3n cuestionada se dict\u00f3 con estricto apego a la ley\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, dado que la presente tutela se dirige contra una sentencia proferida en un asunto de similar naturaleza, sin que se acreditara el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales m\u00ednimas que habilitaran su procedencia, m\u00e1xime cuando tampoco \u00abse cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, de las pruebas que obran en el plenario se constata que, la accionante a\u00fan cuenta con otro medio de defensa judicial para rebatir la sentencia de tutela en menci\u00f3n, como lo es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la inconforme para insistir en sus pretensiones, solicitando que se ordene a Colfondos \u00abel pago de las mesadas pensi\u00f3nales (sic) desde el mes de marzo del 2017 hasta la fecha, junto a los retroactivos correspondientes, las mesadas atrasadas con su indexaci\u00f3n e intereses de ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad; de superarse lo anterior, si la autoridad del Circuito convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 la querellante contra Colfondos S.A. y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. (2022-00101), por cuanto en fallo de segunda instancia revoc\u00f3 la protecci\u00f3n concedida por el juez constitucional cognoscente, para negarla en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige la actora, para quebrantar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, Cesar, el 27 de mayo del a\u00f1o en curso, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por la aqu\u00ed tambi\u00e9n interesada frente a Colfondos S.A. y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. (2022-00101), al considerar que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al dejar sin valor ni efecto la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico que ampar\u00f3 sus derechos, para en su lugar, declarar improcedente la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, no se pudo constatar de las documentales allegadas a las presentes diligencias, que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 hubiera remitido el expediente a la Corte Constitucional. En tal sentido, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, una vez el mismo le sea enviado. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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