STC9208-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9208-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado accionado \u00abresolver en el t\u00e9rmino de 48 horas, de manera clara, oportuna y completa las peticiones elevadas a trav\u00e9s de la subsanaci\u00f3n a la demanda enviado en fecha 14 de marzo de 2022\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en que, dentro del proceso para liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que Yolanda Qui\u00f1onez Urue\u00f1a promovi\u00f3 contra Jairo Salamanca Perilla, identificado con el radicado No. 11001-31-10-007-2018-00436-00, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 inadmiti\u00f3 la demanda con prove\u00eddo del 7 de marzo del corriente a\u00f1o, y aquella radic\u00f3 el escrito de subsanaci\u00f3n el d\u00eda 14 del mismo mes, no obstante, ante la falta de pronunciamiento de dicho estrado, el 13 de mayo siguiente se solicit\u00f3 impulso procesal, sin que a la fecha haya sido emitida decisi\u00f3n alguna al respecto, pese a haberse superado el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para ello, establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que en criterio del actor constituye mora judicial y justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 narr\u00f3 que el 22 de febrero de 2021 culmin\u00f3 de com\u00fan acuerdo el proceso para cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que Yolanda Qui\u00f1ones Urue\u00f1a tramit\u00f3 contra Jairo Salamanca Perilla, decret\u00e1ndose el divorcio y disuelta la sociedad conyugal y en estado de liquidaci\u00f3n, por lo cual aquella present\u00f3 la demanda liquidatoria, inadmitida el 7 de marzo del presente a\u00f1o y tras ser subsanada el d\u00eda 14 siguiente, fue admitida con prove\u00eddo del 26 de mayo pasado, decret\u00e1ndose adem\u00e1s una medida cautelas sobre un bien de propiedad del demandado. <\/p>\n
Por lo expuesto indic\u00f3 que \u00abse configura un hecho superado, pues lo pretendido con la acci\u00f3n de tutela es que se diera impulso al tr\u00e1mite liquidatorio presentado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n, pues no se acredit\u00f3 que Yolanda Qui\u00f1onez Urue\u00f1a tuviera alguna incapacidad f\u00edsica o mental que le impidiera actuar dentro del referido proceso, por s\u00ed misma o por intermedio de apoderado especial, y si bien del an\u00e1lisis del proceso cuestionado se extrae que otorg\u00f3 poder especial al aqu\u00ed accionante para representarla en la liquidaci\u00f3n conyugal, \u00absin embargo, no lo hizo para instaurar la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Con todo evidenci\u00f3 del an\u00e1lisis del expediente del proceso censurado, que el 26 de mayo pasado el juzgado accionado procedi\u00f3 conforme a lo solicitado por el gestor y admiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, afirmando que no se puede negar la protecci\u00f3n por hecho superado, porque a pesar de que el juzgado convocado inform\u00f3 que el 26 de mayo admiti\u00f3 la demanda del proceso del asunto y decret\u00f3 una medida cautelar, tal determinaci\u00f3n no ha sido notificada, conforme se verifica de la consulta de los estados electr\u00f3nicos de dicho estrado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante Andr\u00e9s Mauricio Bustamante Guti\u00e9rrez carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sea el apoderado de la demandante en el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal criticado, lo habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria, adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, o como en este caso, se verificara una mora judicial injustificada, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9208-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9208-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00484-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}