STC9214-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9214-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02204-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sebasti\u00e1n Colorado contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le disponga \u00abrevocar el fallo de sentencia proferido en segunda instancia por el Tribunal\u2026\u00bb; se \u00abordene un interprete permanente para ciudadanos sordo ciegos, conforme lo manda la ley 982 de 2005\u00bb; que \u00absi a bien lo tiene\u2026 se confirme la sentencia de 1 instancia en lo rel[a]tivo a ordenar el cumplimiento del art 15 ley 982 de 2005, asi no lo haya pedido\u2026\u00bb; y se le concedan \u00abagencias en derecho a [su] favor en ambas instancias, art 365-1 cgp\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Colorado promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Davivienda SA, bajo el radicado 2021-00132, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, el que dict\u00f3 sentencia el 14 de febrero de 2022, en la que ampar\u00f3 el acceso a los servicios p\u00fablicos y a que su prestaci\u00f3n sea eficiente y oportuna para las personas sordas, sordociegas e hipoac\u00fasicas, as\u00ed como orden\u00f3 a la entidad accionada que incorporara el servicio de profesional interprete y gu\u00eda interprete, de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan el servicio, fijando en lugar visible, a trav\u00e9s de senalizaciones, avisos, informaci\u00f3n visual y sistemas de alarma, la informaci\u00f3n correspondiente con identificaci\u00f3n del lugar o lugares donde ser\u00e1n atendidas. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad en fallo de 17 de junio siguiente, la revoc\u00f3 y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se desconoc\u00eda que de conformidad con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, el Banco accionado ten\u00eda la carga de probar que no violaba los derechos e intereses colectivos; que el Tribunal acusado decret\u00f3 una prueba de oficio en favor de la entidad financiera y dispuso que se aportara copia del contrato celebrado con Wellangency e Interpreting Colombia SAS, los que atend\u00edan a la poblaci\u00f3n protegida por la Ley 982 de 2005. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se concluy\u00f3 que se cumpl\u00eda con lo dispuesto en la referida normatividad, olvidando que nunca se prob\u00f3 la existencia de un interprete de planta o permanente en el inmueble objeto de la acci\u00f3n y dejando de lado lo previsto en el art\u00edculo 15 \u00eddem bajo el argumento de que a las entidades privadas no les aplicaba. <\/p>\n
2.5. Adujo que se desatend\u00eda el precedente judicial, pues en distintos casos atinentes acciones populares la Corte Suprema de Justicia ampar\u00f3 lo dispuesto en la Ley 982 de 2005; que se desconoc\u00eda el derecho sustancial; y que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida aplicaci\u00f3n de la norma. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Armenia indic\u00f3 que se remit\u00eda a los argumentos consignados en el fallo proferido, pues all\u00ed expuso el an\u00e1lisis jur\u00eddico y probatorio que sirvi\u00f3 como base para revocar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que las instituciones bancarias no eran extra\u00f1as a la obligaci\u00f3n de adoptar medidas de inclusi\u00f3n; que la valoraci\u00f3n criticada se refer\u00eda a una prueba incorporada en segunda instancia, por lo que era ajena a la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3; que el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 preve\u00eda que dicho servicio se pod\u00eda prestar de manera directa o mediante convenios, sin que la normatividad exigiera la presencia permanente en las sedes bancarias; y que no transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
3. Davivienda SA refiri\u00f3 que el Tribunal acusado verific\u00f3 que esa entidad hab\u00eda implementado medidas de acceso al servicio para personas con especiales condiciones, como los sordos y sordociegos, entre estas, se\u00f1alizaci\u00f3n, atenci\u00f3n por escrito o en l\u00ednea con interprete y letreros en lenguaje braile; que lo que pretend\u00eda el gestor era que se resolviera a su favor; y que no demostr\u00f3 que se le estuviere causando un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en el fallo de segundo grado de la acci\u00f3n criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 revocada, para, en su lugar, declarar impr\u00f3speras las pretensiones de la acci\u00f3n popular, pues se acredit\u00f3 que al tiempo en que se promovi\u00f3 esta, el Banco Davivienda S.A. contaba con el servicio de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas con discapacidades auditivas y audiovisuales, mediante convenios suscritos con las empresas Wellagency e Interpreting Colombia S.A.S. en las instalaciones de la aludida en la demanda; adem\u00e1s, el accionado tiene all\u00ed avisos visibles de manera escrita, con lenguaje de se\u00f1as y braille en los que se identifican los lugares en que se atiende de manera preferencial a esta poblaci\u00f3n, sin que las exigencias previstas en el art\u00edculo 15 de la Ley 982 de 2005 sean aplicables a la accionada, en tanto \u00fanicamente se encuentran dirigidas hacia establecimientos o dependencias del Estado y de los entes territoriales\u2026 <\/p>\n
En el caso de ahora, se tiene que el accionante solicit\u00f3 que se ordenara a la sucursal del Banco Davivienda S.A. ubicada en la Calle 20 #16-55 de Armenia, Quind\u00edo, que contratara un int\u00e9rprete profesional y un gu\u00eda int\u00e9rprete profesional, as\u00ed como que se verificara la existencia de se\u00f1ales visuales, sonoras y auditivas para la prestaci\u00f3n del servicio a las personas sordas y sordociegas, todo de conformidad con el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005\u2026, norma que ordena a \u201clas entidades estatales de cualquier orden, incorporan (sic) paulatinamente dentro de los programas de atenci\u00f3n al cliente, el servicio de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio. De igual manera, lo har\u00e1n las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos, las Instituciones Prestadoras de Salud, las bibliotecas p\u00fablicas, los centros de documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al p\u00fablico, fijando en lugar visible la informaci\u00f3n correspondiente, con plena identificaci\u00f3n del lugar o lugares en los que podr\u00e1n ser atendidas las personas sordas y sordociegas\u201d (subraya la Sala). <\/p>\n
Ahora, en cuanto al acatamiento del anterior precepto, en el plenario se demostr\u00f3 que el Banco Davivienda S.A. hab\u00eda contratado el servicio de int\u00e9rprete en lenguaje de se\u00f1as para las personas con discapacidad auditiva, servicio prestado en l\u00ednea a trav\u00e9s de la plataforma tecnol\u00f3gica Hangouts, en todas las oficinas del banco a nivel nacional, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y s\u00e1bados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mediante convenio suscrito desde el 5 de mayo de 2020 con la empresa Interpreting Colombia S.A.S., acuerdo mediante el cual, el banco garantiza conexi\u00f3n en tiempo real con un int\u00e9rprete, para que este suministre la atenci\u00f3n al usuario; asimismo, la entidad acredit\u00f3 que hab\u00eda contratado el gu\u00eda-int\u00e9rprete para las personas con discapacidad auditiva y visual, servicio prestado en todas las oficinas del banco a nivel nacional, mediante convenio suscrito desde el 20 de mayo de 2020 con la empresa Interpreting Colombia S.A.S., por medio del cual se realiza el agendamiento del servicio presencial en la oficina y horario que designe el cliente, servicio que se prestar\u00eda dentro de los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la solicitud de la persona con las discapacidades aludidas en ciudades principales e intermedias (c. 002 PDF 12 fls. 6 a 12 e.d.). <\/p>\n
El anterior recuento permite evidenciar que la accionada cumpl\u00eda lo dispuesto por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005, en cuanto a la prestaci\u00f3n de los servicios de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete, con anterioridad al 9 de noviembre de 2020 – fecha de presentaci\u00f3n primigenia de la acci\u00f3n popular – (c. 001 subcarpeta EXP PDF 01 fl. 3 e.d.); asimismo, en cuanto a la existencia de avisos visibles que identifiquen el lugar o lugares en que se puede atender a la poblaci\u00f3n sorda y sordociega, se demostr\u00f3 que los mismos existen por lo menos desde la fecha de contestaci\u00f3n de la demanda, sin que alg\u00fan elemento del expediente permita advertir que no se encontraban fijados a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular, pese a que, por tratarse de un hecho positivo, hac\u00eda parte de la carga de la prueba que soporta el demandante, que ning\u00fan esfuerzo despleg\u00f3 en tal sentido, situaciones que aparejan el naufragio de las pretensiones. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el a quo orden\u00f3 a la demandada que fijara en la sucursal accionada se\u00f1alizaciones, avisos, informaci\u00f3n visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoac\u00fasicas, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 15 de la Ley 982 de 2005 (c. 001 PDF 48 fl. 5 e.d.); no obstante, lo previsto en dicho art\u00edculo no solo es ajeno a las pretensiones del accionante, que \u00fanicamente fundament\u00f3 su acci\u00f3n en el art\u00edculo 8\u00b0 de dicha ley (c. 001 subcarpeta EXP PDF 01 fl. 2 e.d.), sino que es inaplicable a la demandada, pues aquel precepto solo se encuentra dirigido a \u201ctodo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales\u201d, esto es, aplica \u00fanicamente a entidades de naturaleza p\u00fablica, mientras que la demandada es un establecimiento bancario comercial de naturaleza privada al que no se extiende el mandato legal ordenado indebidamente por el juez a quo (c. 001 subcarpeta 12 PDF 2 fl. 1 e.d.), de all\u00ed que ninguna exigencia pod\u00eda realizarse al respecto, exceso que tambi\u00e9n apoya la revocatoria del fallo impugnado. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a las costas procesales, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite popular por reenv\u00edo del art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, se\u00f1ala que se \u201ccondenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto. Adem\u00e1s, en los casos especiales previstos en este c\u00f3digo\u201d (resalta la Sala), regla de car\u00e1cter general que determina la condena a cargo de quien resulte perdidoso en cualquier proceso, por supuesto, a favor del antagonista que triunfa, con el prop\u00f3sito de compensar los gastos en que este incurri\u00f3 al poner en funcionamiento el aparato estatal de justicia. <\/p>\n
Con todo, en el presente episodio no habr\u00e1 condena en costas para las partes en ambas instancias, pues de un lado, las pretensiones no tuvieron acogida, perspectiva desde la cual, en principio, la parte vencida en el presente tr\u00e1mite es el demandante, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, del otro, ning\u00fan elemento del expediente se\u00f1ala que su actuar hubiera sido temerario o de mala fe, luego tampoco puede imponerse al accionante una condena por los honorarios, gastos y costos ocasionados en el proceso de conformidad con el precedente aplicable (Sentencia del Consejo de Estado de 24 de octubre de 2019, Exp. No. 68001-23-33- 000-2013-00318-01 (AP), Secci\u00f3n Primera). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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