STC9217-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9217-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 31 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso radicado bajo el n\u00b0 2016-00099. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3, en s\u00edntesis, que Gonzalo Alberto Medina Garavito inici\u00f3 proceso ordinario laboral en su contra, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n proporcional a partir del 8 de junio de 2012, junto con la mesada 14 por los tiempos laborados en la Caja de Cr\u00e9dito Industrial y Minero. <\/p>\n
Expuso que el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 6 de diciembre de 2016, accedi\u00f3 a las pretensiones y la conden\u00f3 al pago de la pensi\u00f3n por retiro voluntario prevista en el art\u00edculo 8 de la Ley 171 de 1961 de car\u00e1cter compartible con la reconocida por la AFP Protecci\u00f3n, dejando claro que la mesada 14 quedaba a cargo de la UGPP, decisi\u00f3n que modific\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 17 de julio de 2018 y, en su lugar, determin\u00f3 como primera mesada pensional para el 2012 la suma de $2.873.399 y un retroactivo pensional por $21.776.273.28. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL4953-2021 de 3 de noviembre de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que el demandante ya ten\u00eda reconocida una pensi\u00f3n en el RAIS desde 2013, lo cual hace que la prestaci\u00f3n ordenada por v\u00eda judicial a cargo de esa Unidad resulte incompatible con la pensi\u00f3n de vejez hoy pagada por la AFP Protecci\u00f3n, no solo porque el causante ya tiene amparada su vejez, sino porque los dos reg\u00edmenes (RPM y RAIS) son excluyentes entre s\u00ed tal y como lo consagran los art\u00edculos 12 y 16 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Afirm\u00f3, igualmente que las decisiones objeto de controversia generan grave perjuicio al erario p\u00fablico, por cuanto debe pagar una pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n de forma vitalicia, compartida con la pensi\u00f3n de vejez reconocida por la AFP Protecci\u00f3n, debiendo asumir la diferencia que resulte entre el valor de esas prestaciones, sumado al pago del retroactivo pensional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aunque cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, este no resulta eficaz, por cuanto no evita la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable que se genera al pagar la mesada pensional y el valor del retroactivo, al cual no se tiene derecho. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto las decisiones cuestionadas y, en su lugar, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n laboral proferir una nueva sentencia ajustada a derecho conforme a lo establecido en los art\u00edculos 12 y 16 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que en la decisi\u00f3n reprochada se explic\u00f3 a la UGPP que al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n ante el a quo, su reproche se centr\u00f3 en el ataque frontal al cumplimiento de los requisitos para la causaci\u00f3n y el reconocimiento de la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n a su cargo, pero no expres\u00f3 inconformidad atinente a la compatibilidad entre la pensi\u00f3n restringida de jubilaci\u00f3n y la de vejez reconocida por la administradora del r\u00e9gimen de ahorro individual, por tal raz\u00f3n el Tribunal no pod\u00eda adentrarse en el estudio de lo no apelado, constituy\u00e9ndose en una alegaci\u00f3n que tard\u00edamente propuso en casaci\u00f3n como un error pero inexistente. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rese\u00f1\u00f3 la decisi\u00f3n all\u00ed proferida y se\u00f1al\u00f3 que el expediente fue devuelto al juzgado de origen. <\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones all\u00ed adelantadas y afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n de ese despacho estuvo fundamentada en la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia vigente, en consecuencia, solicit\u00f3 negar el amparo por inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
4. Gonzalo Alberto Medina Garavito por conducto de apoderada judicial, expuso que lo decidido por las autoridades accionadas est\u00e1 fundamentado en criterios de interpretaci\u00f3n razonable y es el resultado de un completo an\u00e1lisis frente a la situaci\u00f3n estudiada en ese momento, por lo cual la inconformidad de la accionante no vislumbra la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas sino la insistencia en una pretensi\u00f3n que fue atendida en la instancia respectiva. <\/p>\n
5. La Procuradora Delegada Segunda de Intervenci\u00f3n para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que no particip\u00f3 en el curso del proceso mencionado en la acci\u00f3n de tutela, por lo cual le era imposible emitir concepto donde pudiera ponderar una presunta vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la UGPP. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, puesto que, para dirimir la controversia planteada, la accionante cuenta con el recurso de revisi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual no se ha agotado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Unidad accionante insistiendo en sus argumentos iniciales y, en adici\u00f3n, adujo que, si bien es cierto, puede interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en todo caso, tiene la obligaci\u00f3n de cumplir los fallos laborales cuestionados, lo que amerita efectuar una serie de pagos que comprometen seriamente los recursos del sistema general de pensiones y su sostenibilidad financiera. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la UGPP pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, se dejen sin efectos las decisiones proferidas en el proceso iniciado por Gonzalo Alberto Medina Garavito en su contra, por cuanto considera que constituye una v\u00eda de hecho vulneradora de sus derechos ius fundamentales, igualmente y de manera subsidiaria, solicita que se suspenda su cumplimiento hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de la orden tutelar. <\/p>\n
En efecto, en contra la decisi\u00f3n cuestionada procede la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 20031. <\/p>\n
En casos similares al estudiado, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLa UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo (\u2026). <\/p>\n
La entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01, STC6282-2021 y STC12506-2021, reiteradas en Sentencias STC804-2022 y STC3077-2022). <\/p>\n
El t\u00e9rmino que tienen las administradoras de pensiones para interponer el mecanismo \u00abextraordinario de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales\u00bb que hayan reconocido pensiones, en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, no puede exceder de cinco (5) a\u00f1os contados a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que se encuentra vigente, si en cuenta se toma que la decisi\u00f3n acusada fue proferida el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
4. Ahora, en relaci\u00f3n con la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros medios ordinarios o extraordinarios de defensa, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que: <\/p>\n
\u00abeste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018 y en reiterada en CSJ STC2799-2020). <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 20. REVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo y, adem\u00e1s: <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
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