STC9219-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9219-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00695-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de junio de 2020 en la acci\u00f3n de tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, coadyuvada por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, formul\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad y citados el se\u00f1or Jos\u00e9 Iv\u00e1n Murcia Guaraca y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso laboral con radicado n\u00b0 11001310502920130072000\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben conexidad con el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb]. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 11 de septiembre de 2012, Mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 3125, la extinta Caja Agraria neg\u00f3 una petici\u00f3n de reconocimiento de pensi\u00f3n convencional elevada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Iv\u00e1n Murcia Guaraca, tras considerar que, si bien es cierto, este hab\u00eda laborado en la entidad 20 a\u00f1os y 121 d\u00edas, no cumpl\u00eda con el requisito de la edad exigido por la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre dicha entidad y Sintracreditario, para acceder a dicha prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con la determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Murcia Guaraca promovi\u00f3 proceso laboral con miras a que se declarara que era beneficiario de la mencionada convenci\u00f3n y, como consecuencia, que se le reconociera y pagara el beneficio debidamente indexado desde el 30 de enero de 2012, fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 22 de agosto de 2014 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la UGPP a reconocerle y pagarle: (i) la pensi\u00f3n convencional a partir del 30 de enero de 2012, con sus respectivos ajustes; (ii) el retroactivo pensional causado desde la misma fecha y hasta el momento en que se incluyera en la n\u00f3mina de pensionados y, (iii) las costas y agencias en derecho, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de enero de 2015. <\/p>\n
En desacuerdo, el se\u00f1or Murcia Guaraca interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en providencia de 20 de noviembre de 2019, cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, confirm\u00f3 la adoptada en primera instancia. <\/p>\n
La UGPP consider\u00f3 que con esta decisi\u00f3n se vulneraron sus derechos, y adujo que la providencia censurada desconoci\u00f3 que \u00aben materia prestacional los beneficiarios de las mismas deben reunir la totalidad de los requisitos que para el efecto determina cada norma, que como es sabido en este caso, la Convenci\u00f3n Colectiva de 1998-1999 exig\u00eda para otorgar una pensi\u00f3n convencional haber cumplido 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad para los hombres, situaci\u00f3n que fue pasada por alto por los accionados que en forma errada determinaron que al cumplirse uno de esos dos requisitos ya era beneficiario el causante de esa prestaci\u00f3n desconociendo que ello no fue el sentido de la fijaci\u00f3n de los requisitos establecidos en esa Convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que se pas\u00f3 por alto \u00abla vigencia de las Convenciones Colectivas se\u00f1alado [sic] en el par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual era de obligatorio acatamiento, pero hoy desconocido por los accionados que, en forma indebida, se\u00f1alaron que el causante era beneficiario de la pensi\u00f3n convencional por haber reunido el requisito del tiempo de servicio y la desvinculaci\u00f3n laboral, en vigencia de los mismos preceptos legales, lo que hac\u00eda que el se\u00f1or Murcia Guaraca ya tuviera un derecho adquirido haci\u00e9ndolo beneficiario de la prestaci\u00f3n para ser devengada cuando cumpliera los 55 a\u00f1os de edad argumentaci\u00f3n a todas luces errada\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que como consecuencia de las decisiones censuradas se generar\u00eda un grave perjuicio al erario p\u00fablico, toda vez que: (i) se van a pagar dos pensiones, \u00abuna por Colpensiones al haberle reconocido la pensi\u00f3n de vejez al causante con la Resoluci\u00f3n GNR 88344 desde el a\u00f1o 2013 y otra por la UGPP al reconocer la pensi\u00f3n convencional como lo se\u00f1alan las autoridades accionadas, lo cual hace que se incurra en la figura de la incompatibilidad\u00bb y, (ii) el pago mes a mes y hasta la vida probable del beneficiario de una pensi\u00f3n convencional a la cual no tiene derecho, originar\u00eda un detrimento al sistema de pensiones, lo cual se agravar\u00eda por el hecho de que deba pagarse retroactivo e indexaci\u00f3n por ese reconocimiento. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que dada la gravedad del da\u00f1o que se causar\u00eda al erario p\u00fablico, si bien no se ha recurrido al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, resulta necesario \u00abutilizar la acci\u00f3n de tutela como el medio principal para obtener que se dejen sin efectos las decisiones judiciales irregulares ante la b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n del Erario, as\u00ed exista otro medio de defensa\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 finalmente, que la sentencia de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, material o sustantivo, desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial y viol\u00f3 la Constituci\u00f3n, y resalt\u00f3 que las decisiones censuradas son fruto del abuso del derecho y presentan un fraude a la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 dejar sin efectos las decisiones de 22 de agosto de 2014 y 20 de noviembre de 2019, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, ordenar a esta \u00faltima Corporaci\u00f3n no casar la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Subsidiariamente pidi\u00f3, suspender los mencionados fallos hasta tanto se haya resuelto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n \u00abque se iniciar\u00eda en virtud de [la] orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral sostuvo que en su decisi\u00f3n se consignaron los motivos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, ajustados al debido proceso, a las reglas procedimentales generales y especiales que son de obligatorio cumplimiento para esta jurisdicci\u00f3n y al precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Frente al cuestionamiento de la presunta incompatibilidad de las pensiones, manifest\u00f3 que \u00abson sucesos ajenos al conflicto jur\u00eddico que se someti\u00f3 al conocimiento y decisi\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n dado que, no fueron expuestos como parte de su defensa en la contestaci\u00f3n a la demanda, ni en el recurso de apelaci\u00f3n del proceso ordinario laboral, y tampoco en el escrito de r\u00e9plica que present\u00f3 en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se configura como un imposible f\u00e1ctico y jur\u00eddico que esta Corte pudiera haberse pronunciado al respecto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que en el curso de la actuaci\u00f3n de primera instancia no hubo lugar a ning\u00fan tipo de violaci\u00f3n del derecho al debido proceso, pues se cumplieron con todos los requisitos legales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, ya que no tiene la potestad para referirse a la orden impartida mediante las providencias censuradas. <\/p>\n
4. El Gerente del Consorcio Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional \u2013 FOPEP, pidi\u00f3 que se concediera el amparo, y resalt\u00f3 que no tiene dentro de sus competencias \u00abel estudio, reconocimiento, expedici\u00f3n de actos administrativos, liquidaci\u00f3n, reliquidaci\u00f3n de las pensiones, modificaci\u00f3n del valor de la pensi\u00f3n, reporte de inclusi\u00f3n en n\u00f3mina, suspensi\u00f3n o reincorporaci\u00f3n de los pensionados, o actividades afines\u00bb. <\/p>\n
5. La Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 PARISS, manifest\u00f3 que no fue parte en el proceso de la referencia y que \u00abes la Unidad Administrativa Especial en Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP-, la entidad encargada de dar tr\u00e1mite y respuesta a los requerimientos respecto de la pensi\u00f3n Jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de subsidiariedad, debido a que, conforme a la Ley 797 de 2003, la UGPP aun cuenta con el recurso de revisi\u00f3n para controvertir lo decidido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, cuya sentencia, en cualquier caso, consider\u00f3 adecuada para resolver el asunto, puesto que, comporta \u00abuna interpretaci\u00f3n fundada y debidamente argumentada, coincidente por lo dem\u00e1s con la jurisprudencia relevante para tales efectos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la UGPP para insistir en sus pretensiones e indicar que esta acci\u00f3n no se present\u00f3 de forma caprichosa o por un simple desacuerdo con una decisi\u00f3n judicial, sino que esa discrepancia est\u00e1 fundamentada en un \u00abtotal desconocimiento del ordenamiento jur\u00eddico vigente\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, en que se encuentra probado un perjuicio irremediable, en la medida en que deber\u00e1 pagar al pensionado una alta suma de dinero que afectar\u00eda el erario p\u00fablico, por lo que reiter\u00f3 su solicitud en torno a suspender las ordenes impartidas con las sentencias, hasta que se resuelva el recurso de revisi\u00f3n que planea presentar, y en el interior del cual adujo no poder solicitar medidas cautelares. <\/p>\n
El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico coadyuv\u00f3 dicho recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se dej\u00f3 consignado en los antecedentes, la UGPP pretende que se deje sin efectos la decisi\u00f3n de 20 de noviembre de 2019, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para que, en su lugar, se ordene no casar la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la que le absolvi\u00f3 del pago de una pensi\u00f3n convencional y el retroactivo pensional en favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Iv\u00e1n Murcia Guaraca, as\u00ed como de las costas y agencias en derecho con ocasi\u00f3n del proceso laboral adelantado por este, por cuanto considera que constituye una v\u00eda de hecho vulneradora de sus derechos ius fundamentales, igualmente y de manera subsidiaria, solicit\u00f3 que se suspenda el cumplimiento de la sentencia proferida, \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de [la] orden tutelar\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, pronto advierte la Sala la improcedencia del amparo invocado, en raz\u00f3n a que no se encuentra satisfecho el requisito general de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de providencias judiciales, ya que, como la misma accionante lo reconoci\u00f3, no ha iniciado el mecanismo ordinario con el que cuenta para, eventualmente, obtener lo que pretende por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
En efecto, contra la decisi\u00f3n cuestionada procede la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 20031, el que, se reitera, se encuentra sopesado por la entidad accionante, pero no ha sido ni siquiera radicado. <\/p>\n
En situaciones similares a la aqu\u00ed estudiada, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo (\u2026). <\/p>\n
La entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01, STC6282-2021 y STC12506-2021, reiteradas en Sentencias STC804-2022, STC3077-2022 y STC7862-2022). <\/p>\n
El t\u00e9rmino con que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, para interponer el mecanismo \u00abextraordinario de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales\u00bb que hayan reconocido pensiones, en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, no puede exceder de cinco (5) a\u00f1os contados a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que se encuentra vigente, si se toma en cuenta que la decisi\u00f3n atacada es del 20 de noviembre de 2019. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros medios ordinarios o extraordinarios de defensa, esta Sala ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: <\/p>\n
\u00abeste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018, STC2799-2020, Mar. 12 de 2020. Rad. 2020-00627-00 reiteradas en STC804-2022, STC3077-2022 y STC7862-2022). <\/p>\n
Y es que cuando de instrumentos dirigidos a la defensa de derechos se trata, es claro que el medio judicial por excelencia es el proceso original creado por el mismo Legislador para cada asunto. Por lo tanto, no es admisible que el supuesto afectado alegue anticipadamente la vulneraci\u00f3n o amenaza de una prerrogativa fundamental cuando no ha agotado todos los recursos establecidos en la ley, pues, en principio, el ordenamiento jur\u00eddico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir, durante su tr\u00e1mite, las irregularidades procesales que puedan afectarle. Los jueces naturales son los primeros llamados a proteger los derechos de las partes, lo que debe suceder incluso en el tr\u00e1mite de los recursos extraordinarios <\/p>\n
4. Adicional a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que en este momento el \u00fanico facultado para concluir que la pensi\u00f3n convencional cuyo reconocimiento fue ordenado en las sentencias criticadas en esta tutela se encuentra por fuera de la ley, es el juez competente para conocer del recurso de revisi\u00f3n, lo que permite inferir, razonablemente, que hasta este momento, tales fallos est\u00e1n soportados en una doble presunci\u00f3n de veracidad y acierto que impide determinar prima facie que con ellas se caus\u00f3 o se va a causar una afectaci\u00f3n al \u00aberario p\u00fablico\u00bb, como en reiterados apartes de sus escritos lo plante\u00f3 la Unidad accionante. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 20. Revisi\u00f3n de Reconocimiento de Sumas Peri\u00f3dicas a Cargo del Tesoro P\u00fablico o de Fondos de Naturaleza P\u00fablica. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo y, adem\u00e1s: <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
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