STC9224-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9224-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Janethe G\u00f3mez de Ram\u00edrez interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 080013103008-2012-00125-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos el auto que confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n de su litigio por desistimiento t\u00e1cito (28 jun. 2022). <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n que inici\u00f3 en el Juzgado 8\u00b0 Civil del Circuito de Barranquilla y que posteriormente fue remitido al hom\u00f3logo 2\u00b0, quien avoc\u00f3 conocimiento el 10 de agosto de 2017. Relat\u00f3 que el \u00faltimo despacho en cita decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por desistimiento t\u00e1cito (17 ene. 2019) tras considerar que el proceso permaneci\u00f3 inactivo en la secretar\u00eda por m\u00e1s de un a\u00f1o. Se\u00f1al\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n que fue despachada desfavorablemente por el Tribunal convocado (28 jun. 2022). <\/p>\n
De esta decisi\u00f3n deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales, pues, a su parecer, el Tribunal no apreci\u00f3 adecuadamente las circunstancias del caso concreto, en particular, la falta de enteramiento sobre el cambio de juzgado y el deber de impulso procesal que, a su parecer, radicaba en el juzgado. <\/p>\n
2. Las autoridades convocadas hicieron un relato de las actuaciones surtidas y defendieron su respectiva legalidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n que se critica la magistratura inici\u00f3 por identificar los supuestos f\u00e1cticos que fundan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y precis\u00f3 que, en el caso concreto, se aplic\u00f3 el numeral segundo de dicho precepto por \u00abhaber permanecido el proceso inactivo en la secretar\u00eda del despacho por el plazo de un a\u00f1o sin solicitud o actuaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En seguida, predic\u00f3 que \u00abpara el momento en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito \u201317 de enero de 2019\u2013 (\u2026) transcurri\u00f3 con sobra el plazo de un a\u00f1o de inactividad\u00bb, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de destacar los dos posibles hitos desde los cuales pudo entenderse que empezaba a contar el t\u00e9rmino legal en comento, esto es, \u00abdesde el 30 de septiembre de 2016, fecha del auto que design\u00f3 un nuevo perito para practica de prueba pericial o que se contabilice desde lo que es en estricto sentido la \u00faltima actuaci\u00f3n que registra el expediente, (\u2026) el auto del 10 de agosto de 2017 mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla avoc\u00f3 el conocimiento del proceso\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, reliev\u00f3 que en los referidos lapsos \u00abno existi\u00f3 solicitud o actuaci\u00f3n de ninguna de las partes tendientes a lograr el impulso del proceso\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la censura de la tutelante, relativa a que no se le notific\u00f3 sobre el cambio de juzgado que tramitar\u00eda su litigio -situaci\u00f3n con la que pretende excusar la inactividad en el juicio-, el tribunal accionado resalt\u00f3 que la demandante ten\u00eda conocimiento de la existencia de la disputa y era su deber vigilarla con diligencia. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa destac\u00f3 que \u00abde haber estado la apelante al tanto del proceso en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla \u2013 Juzgado de conocimiento inicial- se habr\u00eda enterado de la suerte que sigui\u00f3 el proceso, pues, al consultar por este se le hubiese informado de su remisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb. Adicionalmente, advirti\u00f3 que el auto mediante el cual el nuevo juzgado avoc\u00f3 conocimiento de la causa fue notificado \u00abpor estados (\u2026) el 18 de agosto de 2017 tal como se extrae del folio 175 del documento denominado 0100820120012500ordinariocuadernoprincipal\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama coligi\u00f3 que \u00abno resulta[ba] de recibo que (\u2026) la impugnante pretend[iera] atribuir la responsabilidad de su pasividad al no env\u00edo de una comunicaci\u00f3n que, a m\u00e1s de no ser necesaria, lo que deja[ba] entrever e[ra] el desinter\u00e9s de la parte en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de su proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e al reproche consistente en que la carga de impulsar el litigio reca\u00eda sobre el juzgado y no en la demandante, la magistratura convocada resalt\u00f3 que \u00aba solicitud de la demandante se decret\u00f3 prueba pericial con la finalidad de determinar y probar el valor comercial del inmueble relacionado con los hechos de la demanda, as\u00ed como el valor de las mejoras por ella realizadas a este. Hasta aqu\u00ed l\u00f3gico es concluir que quien se servir\u00eda de la pr\u00e1ctica de la prueba relacionada era \u00fanica y exclusivamente la demandante, quien, en consecuencia, deb\u00eda sumir la carga de \u201cprestar al juez su colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias\u201d, en el contexto de sus deberes fijados en el art. 71 del C.P.C., codificaci\u00f3n aplicable al caso, por estar vigente al momento en que se decret\u00f3 la pericia\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior advirti\u00f3 que \u00absi bien al juez le cabe la tarea de velar por el oportuno diligenciamiento de las actuaciones (art. 37 del C.P.C. y 41 del C.G.P.), entre ellas, las relativas a pr\u00e1ctica y recaudo de pruebas, tambi\u00e9n le cabe la responsabilidad de declarar el desistimiento t\u00e1cito, cuando se re\u00fanan las condiciones fijadas por la ley\u00bb, circunstancias que, a su juicio y conforme a las probanzas adosadas, le permitieron concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ante la evidencia de la par\u00e1lisis del proceso por termin\u00f3 superior a un a\u00f1o (17 meses y 7 d\u00edas) y que tal grado de inactividad pone de manifiesto el total desinter\u00e9s de las partes para continuar con el tr\u00e1mite del proceso, la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito surge como remedio necesario para alcanzar la terminaci\u00f3n anticipada del mismo, raz\u00f3n por la cual, la providencia que as\u00ed lo dispuso, ser\u00e1 confirmada\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Ahora, valga recordar que sobre la particular tem\u00e1tica objeto de an\u00e1lisis, esta Sala tiene decantado que el desistimiento t\u00e1cito: <\/p>\n
(\u2026) pretende expulsar de los juzgados aquellos pleitos que, en lugar de ser un mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos se convierten en una \u00abcarga\u00bb para las partes y la \u00abjusticia\u00bb; y de esa manera: (i) Remediar la \u00abincertidumbre\u00bb que genera para los \u00abderechos de las partes\u00bb la \u00abindeterminaci\u00f3n de los litigios\u00bb, (ii) Evitar que se incurra en \u00abdilaciones\u00bb, (iii) Impedir que el aparato judicial se congestione, y (iv) Disuadir a las partes de incurrir en pr\u00e1cticas dilatorias -voluntarias o no- y a propender porque atiendan con lealtad y buena fe el deber de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia (STC11191-2020). <\/p>\n
En suma, como quiera que la decisi\u00f3n acusada descansa en un discernimiento razonable sobre el escenario conocido por las autoridades accionadas, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Janethe G\u00f3mez de Ram\u00edrez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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