STC9225-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9225-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida 2 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 6 de junio de 202, en la acci\u00f3n de tutela que Rub\u00e9n Dario Mu\u00f1oz Pulgar\u00edn instaur\u00f3 contra los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados los se\u00f1ores Sandra Milena Guinguer Pineda, Cristian Pineda Acevedo y Jhon Camilo Pineda Monsalve, y las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual identificado con el consecutivo 05001 40 03 008 2017 00522. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y al buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del extenso escrito inicial y la prueba obrante en el expediente remitido, se extrae que Sandra Milena Guinguer Pineda, Cristian Pineda Acevedo y Jhon Camilo Pineda Monsalve, promovieron demanda de responsabilidad civil contractual contra Rub\u00e9n Dar\u00edo Mu\u00f1oz Pulgar\u00edn, por el presunto incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por \u00e9ste en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre las partes, para que en su condici\u00f3n de abogado, los representara en un litigio ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en el que, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medell\u00edn, en sentencia de 16 de diciembre de 2020, accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
Explic\u00f3 que apelada esa determinaci\u00f3n, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, la revoc\u00f3 el 22 de julio de 2020, para en su lugar declarar probada -de oficio- la excepci\u00f3n de falta de capacidad jur\u00eddica de los demandantes para comparecer al proceso. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que inconformes con tal resultado, lo demandantes interpusieron acci\u00f3n de tutela frente al ad quem, y en sentencia de 12 de octubre de 2021 la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn la concedi\u00f3, orden\u00f3 al Juzgado del Circuito accionado que, \u00abdentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n, dej[ara] sin efectos la sentencia proferida el 22 de julio que declar\u00f3 la falta de capacidad de los demandantes dentro del proceso de responsabilidad civil contractual que promovieron aquellos en contra del demandado, para que de manera inmediata [hiciere] uso de la facultad de decreto oficioso de pruebas y luego una vez allegados dichos documentos, previo correr traslado de dicha prueba proceda dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes al vencimiento del traslado, profiera una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta el documento que omiti\u00f3 solicitar de oficio, o en su defecto en el caso que no sea posible obtener aquellos, realice una valoraci\u00f3n conforme a los indicios que permitan dar por probada la situaci\u00f3n que se pretende acreditar\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 n sede de impugnaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC15883 de 24 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Sostuvo el solicitante, que en cumplimiento de la anterior decisi\u00f3n, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, el 10 de diciembre de 2021, profiri\u00f3 una nueva sentencia totalmente contraria a la inicial, que va en menoscabo de sus derechos fundamentales, como quiera que se \u00abdej\u00f3 de analizar el contrato de mandato\u00bb base de la contienda declarativa, y se pas\u00f3 por alto la falta de legitimaci\u00f3n de su contraparte, circunstancias que, de manera contundente, son motivos suficientes para su invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 de manera principal, que se declare la nulidad de \u00abtodo el proceso contractual\u00bb y se ordene al Juzgado accionado, que se manifieste impedido para seguir con el tr\u00e1mite del litigio, y, subsidiariamente, que se invalide la sentencia de segunda instancia, bien sea para que i) \u00abse le reviva la vigencia a la sentencia primera de segunda instancia n\u00b0 004 del 22 de julio del 2021\u00bb, o para que se ordene al ad quem apartarse del asunto, ii) en atenci\u00f3n a lo normado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso o, porque iii) encontr\u00e1ndose suspendidos los t\u00e9rminos por orden del Consejo Superior de la Judicatura, sigui\u00f3 adelante con el litigio. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El apoderado judicial de los se\u00f1ores Jhon Camilo Pineda Monsalve y Sandra Milena Guinguer Pineda, luego de hacer un relato de las actuaciones acaecidas en desarrollo del pleito declarativo en menci\u00f3n, hizo \u00e9nfasis que en el mismo se garantiz\u00f3 en todo momento los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, por lo que la acci\u00f3n propuesta resulta improcedente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn desestim\u00f3 el amparo, en consideraci\u00f3n a lo siguiente, <\/p>\n
\u00aben lo concerniente a los reparos esgrimidos a ra\u00edz de la actuaci\u00f3n del Juzgado 16 Civil del Circuito de Medell\u00edn, emerge di\u00e1fana la configuraci\u00f3n de la instituci\u00f3n jur\u00eddico procesal de la Cosa Juzgada pues, entre las mismas partes, con fundamento en los mismos hechos y pretendiendo que se deje sin efectos la decisi\u00f3n de segunda instancia, esta misma Sala de Decisi\u00f3n Civil conoci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicado 05001 22 03 000 2021 00497, presentada por los demandantes en el proceso 2017-522: all\u00ed se orden\u00f3 al juzgado del circuito que dejara sin efectos el fallo dictado el 22 de julio de 2021 por haber incurrido en v\u00eda de hecho pues \u2018en cuanto el tema espec\u00edfico de que los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria ora administrativa nieguen pretensiones con base en que no se aport\u00f3 el registro civil que demuestre v\u00ednculos de parentesco con una v\u00edctima directa que demuestre un inter\u00e9s para recurrir, la Corte Constitucional ha sido muy tajante y consistente en estimar ese hecho como un exceso de ritual procedimental manifiesto concurrente con el defecto f\u00e1ctico en su versi\u00f3n negativa, cuestionando la labor del juez, exigi\u00e9ndole que en esos casos acuda a la prueba indiciaria si la hay en el 12 proceso e incluso, lo ha obligado a decretar esa prueba de oficio, para preservar los derechos fundamentales a debido proceso, entre otros\u2019\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00ablo que s\u00ed es objeto de an\u00e1lisis por contener hechos nuevos, es lo actuado con posterioridad a tal fallo de tutela, actuaci\u00f3n de la que se duele el accionante MU\u00d1OZ PULGAR\u00cdN pero que, dicho sea de una vez, no reviste vulneraci\u00f3n alguna a sus derechos fundamentales, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En consonancia con lo dispuesto a trav\u00e9s del prove\u00eddo de tutela \u2013confirmado por la Sala Civil de la H. CSJ a trav\u00e9s de prove\u00eddo STC 15833 del 24 de noviembre de 202110-, el Juzgado 16 Civil del Circuito dej\u00f3 sin efectos la providencia dictada el 22 de julio de 2021 y decret\u00f3 prueba de oficio a trav\u00e9s de auto del 26 de octubre de 2021 para que \u2018la parte demandante, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, allegue al plenario los certificados de registro civil de nacimiento de los demandantes se\u00f1ores Sandra Milena Guinger Pineda, Cristian Pineda Acevedo, Jhon Camilo Pineda Monsalve, y sus padres\u2019. <\/p>\n
A trav\u00e9s de auto del 5 de noviembre de 2021, el juzgado accionado puso en conocimiento de las partes los certificados de registro civil de nacimiento allegados y, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2021, desat\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra el prove\u00eddo de primer grado, en observancia de lo dispuesto por el Superior Jer\u00e1rquico en sede constitucional. <\/p>\n
En tal prove\u00eddo, se indic\u00f3 al demandado que no era posible acceder a la nulidad deprecada respecto de la sentencia de primer grado, en la medida que no determin\u00f3 las causales espec\u00edficas en que considera, se incurri\u00f3 y que, en tal medida, no se re\u00fanen los requisitos consagrados en el art\u00edculo 135 CGP. Que, a su vez, la solicitud de nulidad respecto de todo el proceso desconoce, adem\u00e1s del canon ya referido, lo dispuesto en el art\u00edculo 132 CGP seg\u00fan el cual las causales de nulidad deben ser alegadas en la respectiva oportunidad procesal so pena de no poder ser alegadas con posterioridad. <\/p>\n
Una vez acreditado el presupuesto procesal legitimaci\u00f3n en la causa \u2013la representaci\u00f3n ejercida en el contrato de mandato por Sigifredo Pineda padre del menor Jhon Camilo Pineda Monsalve y la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de dicho acuerdo por parte Sandra Milena Guinguer Pineda y Cristian Pineda Acevedo-, as\u00ed como la existencia de un contrato celebrado entre las partes y los dem\u00e1s presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n declarativa de responsabilidad civil, el juzgado ad quem despach\u00f3 cada uno de los reparos formulados por el recurrente MU\u00d1OZ PULGAR\u00cdN para, finalmente, confirmar el prove\u00eddo de primer grado, tras considerar: \u00b4Como lo se\u00f1ala el juez a-quo, est\u00e1 demostrado dentro del plenario, a trav\u00e9s del conjunto probatorio, que el abogado contratado para atender la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, atendi\u00f3 sus obligaciones contractuales de una manera imperfecta, lo cual provoc\u00f3 las sentencias emitidas por el Juzgado Segundo del Circuito Administrativo de Medell\u00edn en descongesti\u00f3n y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido que lo hicieron; decisiones que dieron al traste con las pretensiones que ten\u00edan los se\u00f1ores John Camilo Pineda Monsalve y Cristian Pineda Acevedo, y eventualmente la se\u00f1ora Sandra Milena Guinguer Pineda. (\u2026) Obviamente que los resultados de las sentencias origen de esta acci\u00f3n, no se habr\u00edan presentado de esa manera, si el se\u00f1or abogado hubiese cumplido con su deber profesional de exigir a su poderdantes, aportasen los documentos id\u00f3neos y necesarios para un posible \u00e9xito en lo demandado; o como lo advierte el a-quo, hubiese tomado las medidas necesarias para subsanar tales deficiencias, hasta el extremo de decidir no representarlos en el juicio administrativo; pero as\u00ed no lo hizo, decidi\u00f3 tomar su representaci\u00f3n en esas aventuradas circunstancias\u2019. <\/p>\n
As\u00ed pues, aun cuando el accionante no comparta la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial de segunda instancia, no se vislumbra a partir de la misma vulneraci\u00f3n alguna a derechos fundamentales que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Vale la pena recordar que, este tipo de acciones constitucionales, no constituyen una instancia adicional para quienes se encuentren inconformes con la decisi\u00f3n obtenida en el marco de un proceso jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, acerca del supuesto impedimento de esa Sala para conocer de la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe, consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abque no se adec\u00faan a la realidad las aseveraciones del actor en el sentido que los magistrados que componen esta Sala se encuentran impedidos para conocer el asunto, por haber conocido de manera previa otras acciones constitucionales instauradas en el marco del mismo proceso verbal 2017-522 pues, tal circunstancia, no est\u00e1 consagrada como causal de impedimento en los supuestos del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, a la que remite de manera expresa el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que si bien el numeral 6\u00b0 del citado canon establece como causal de impedimento \u2018Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisar\u2019; ninguno de los magistrados que integran esta Sala de Decisi\u00f3n dict\u00f3 las providencias atacadas o particip\u00f3 en el proceso con radicado 2017-522, alcance que mal podr\u00eda otorgarse a los pronunciamientos realizados en sede constitucional que, de ninguna manera, vician la imparcialidad para estudiar y conjurar una eventual vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales. M\u00e1s aun, debe recordarse que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1834 de 2015 es posible acumular las acciones de tutela que sean masivas o similares, precisamente porque el hecho de resolverse una por determinado juez, de ninguna manera lo inhabilita para conocer de las otras\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, con fundamento, b\u00e1sicamente, en que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, debi\u00f3 declararse impedida para conocer de la presente acci\u00f3n excepcional, como quiera que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite que de esta misma naturaleza se surti\u00f3 por parte de los demandantes en el juicio de responsabilidad civil contractual aludido, radicada bajo el consecutivo 05001-22-03-000-2021-00497. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte al escrito de impugnaci\u00f3n, la Sala se advierte la convalidaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, porque de los motivos de inconformidad expuestos por el accionante, no surge causal de impedimento de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn para tramitar el amparo. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, porque la sentencia de 12 de octubre de 2021, que en primera instancia se produjo, concediendo el amparo implorado por Sandra Milena Guinguer Pineda, Cristian Pineda Acevedo y Jhon Camilo Pineda Monsalve contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al aqu\u00ed quejoso, decisi\u00f3n confirmada en sede de impugnaci\u00f3n por la Corte en STC15833 de 24 de noviembre de 2021, no tiene relaci\u00f3n directa, de fondo o sustancial con la sentencia de 10 de diciembre de 2021 que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n en el juicio de responsabilidad mencionado, de la que directamente y de manera espec\u00edfica, se queja el se\u00f1or Rub\u00e9n Dar\u00edo Mu\u00f1oz Pulgar\u00edn con la proposici\u00f3n de la actual acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la causal de impedimento del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 (aplicable en materia de tutela en virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991), se ha dejado por sentado, que la misma tiene lugar cuando la participaci\u00f3n del funcionario en el asunto controvertido ha sido \u00abesencial\u00bb y no meramente \u00abformal\u00bb. As\u00ed, se indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[c]uando se trata de la manifestaci\u00f3n de impedimento con fundamento en el conocimiento previo del asunto por parte del funcionario judicial por participaci\u00f3n en el proceso -causal 6\u00aa del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004- la Corte ha se\u00f1alado: \u2018(\u2026) la comprensi\u00f3n de este concepto no debe asumirse en sentido literal sino que es preciso que esa intervenci\u00f3n, para que adquiera un efecto trascendente acorde con los fines de la norma, tenga la aptitud suficiente para comprometer la ecuanimidad y la rectitud del funcionario. Su actividad dentro del proceso, debe haber sido esencial y no simplemente formal, de fondo, sustancial, trascendente, que lo vincule con la actuaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n de tal manera que le impida actuar con la imparcialidad y la ponderaci\u00f3n que de \u00e9l esperan no solamente los sujetos procesales sino la comunidad en general (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Con todo, en acciones similares a la actual, ha establecido la Corte, que no es factible aceptar ese tipo de impedimentos, por cuanto, no puede alegarse la intervenci\u00f3n de la que trata la norma en comento, por proferirse fallos de tutela donde se resuelven temas particulares y diferentes a los aducidos en las nuevas salvaguardas, tal como sucede en el sub examine (ver entre otros ATC677-2021, ATC1107-2021 y ATC049-2022). <\/p>\n
3. Bastan las anteriores consideraciones, para confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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