STC9228-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9228-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00109-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 8 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes y los intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado n\u00ba 2022-00062-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho al debido proceso, que en su sentir fue vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite que promovi\u00f3 contra el establecimiento de comercio Stop SAS. <\/p>\n
En sustento, relat\u00f3 que aun cuando a la fecha no existen pruebas por practicar dentro de la acci\u00f3n popular mencionada, lo que abrir\u00eda paso, seg\u00fan afirma, a la respectiva \u00absentencia anticipada\u00bb, la autoridad judicial cuestionada se ha negado a su proferimiento, raz\u00f3n por la cual, en su criterio, se hace necesaria la protecci\u00f3n constitucional suplicada, pues existe un claro desconocimiento del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3 concretamente, que se ordene a Juzgado accionado, proferir el fallo, conforme lo se\u00f1ala la norma mencionada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Andes, adem\u00e1s de remitir el respectivo link de acceso al expediente digital correspondiente, inform\u00f3 que en lo que refiere a la acci\u00f3n popular, \u00abha imprimido el tr\u00e1mite previsto en la Ley 472 de 1998. En audiencia realizada el 20 de mayo de 2022, se orden\u00f3 vincular al propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio. (\u2026) [A] trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el 31 de mayo de 2022, [se] realiz\u00f3 la respectiva notificaci\u00f3n a la se\u00f1ora BEATRIZ CORREA VASQUEZ (Archivo 024 expediente electr\u00f3nico), en este momento se encuentran corriendo t\u00e9rminos de notificaci\u00f3n y traslado para que se pronuncie la mencionada vinculada. Una vez, venza el t\u00e9rmino de traslado se continuar\u00e1 con el tr\u00e1mite respectivo\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de la demandada puso de presente que el Juzgado accionado, ha actuado con estricto apego a la Constituci\u00f3n y las Leyes que regulan la acci\u00f3n popular, ha garantizado el debido proceso, el derecho de defensa, contradicci\u00f3n y prueba de todo ello es que incluso vincul\u00f3 a la propietaria del inmueble que indudablemente podr\u00eda verse afectada por la sentencia, y agreg\u00f3 que la edificaci\u00f3n es relativamente reciente que se cumpli\u00f3 con las normas urban\u00edsticas exigidas por las autoridades del municipio de Andes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia desestim\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que, \u00abno se acredit\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contra las determinaciones que no accedieron a dictar sentencia anticipada, y que por el contrario, dispusieron continuar con el rito propio de la acci\u00f3n popular, como la convocatoria a audiencia de pacto de cumplimiento y la integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, tras esgrimir al efecto, que \u00abno [es] abogado y descono[ce] cu\u00e1l (\u2026) recurso es [el] que debe presentar[se], aclarando que la acci\u00f3n es constitucional y prima [el] derecho sustancial, (\u2026) [m\u00e1s aun, cuando] la reposici\u00f3n no es absoluta, y debe examinarse en cada caso, (\u2026) pues de no concederse el amparo se consumar\u00eda un DA\u00d1O IRREPARABLE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Mario Restrepo se queja porque el Juzgado Civil del Circuito de Andes, no ha proferido sentencia anticipada en la acci\u00f3n popular que propuso contra el establecimiento de comercio Tienda Stop SAS. <\/p>\n
Estudiada la respuesta recibida del Juzgado de conocimiento y verificado el tr\u00e1mite surtido se encuentra acreditado lo siguiente, <\/p>\n
2.1 El nombrado Mario Restrepo promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular con el prop\u00f3sito de que se ordenara \u00abal representante legal (\u2026) que en un t\u00e9rmino [perentorio] (\u2026) construya una rampa apta para ciudadanos que se desplacen en sillas de ruedas, cumpliendo [con las] normas NTC [e] ICONTEC\u00bb. <\/p>\n
2.2 En auto de 14 de febrero de 2022, el Juzgado Civil del Circuito de Andes admiti\u00f3 la demanda y dispuso, <\/p>\n
\u00abTERCERO: NOTIFIQUESE el presente auto admisorio al accionado de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020. Notificaci\u00f3n en la que se advertir\u00e1 que dispone del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para contestar la demanda. Al igual, se le informar\u00e1 que la decisi\u00f3n ser\u00e1 proferida dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino de traslado y que tiene derecho a solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas con la contestaci\u00f3n de la demanda (Art\u00edculo 22 Ley 472 de 1998). <\/p>\n
CUARTO: COMUNIQUESE el presente auto a la PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACION – REGIONAL ANTIOQUIA, como agente del Ministerio P\u00fablico de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 21 de la Ley 472. <\/p>\n
QUINTO: NOTIF\u00cdQUESE el presente auto a la DEFENSOR\u00cdA DEL PUEBLO de conformidad con el art\u00edculo 13 de la Ley 472, por cuanto la acci\u00f3n popular fue interpuesta sin la intermediaci\u00f3n de apoderado judicial. Y env\u00edesele copia de la demanda y del auto admisorio conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 80 de la Ley 472. <\/p>\n
SEXTO: COMUN\u00cdQUESE el presente auto a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ANDES \u2013 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FISICA y a la PERSONERIA DE ANDES de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 21 de la Ley 472. <\/p>\n
SEPTIMO: INF\u00d3RMESE a los miembros de la comunidad esta acci\u00f3n popular, donde se informe sobre la admisi\u00f3n de la misma; su radicado; el Juzgado de conocimiento; el nombre de la persona que instaur\u00f3 la acci\u00f3n; contra qui\u00e9n se dirige; los derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados y el hecho que causa su vulneraci\u00f3n; advirtiendo a la comunidad que podr\u00e1 coadyuvar en ella, antes de que se profiera fallo de primera instancia. Para el efecto publ\u00edquese en el micrositio del Juzgado en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, f\u00edjense avisos en cartelera externa de este Juzgado, y de la Alcald\u00eda Municipal de Andes a quien se le remitir\u00e1 oficio y el aviso para que as\u00ed proceda. Mecanismos que se consideran eficaces, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. <\/p>\n
OCTAVO: Vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y realizada la comunicaci\u00f3n a la comunidad, dentro de los tres d\u00edas siguientes a ello, se proferir\u00e1 auto fijando fecha y hora para la audiencia especial o pacto de cumplimiento contemplado en el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, la que se realizar\u00e1 de manera virtual\u00bb. <\/p>\n
2.3 Notificada en debida forma esa determinaci\u00f3n, en providencia de 5 de abril de 2022, puso de presente al se\u00f1or Restrepo, que no era procedente acceder a su petici\u00f3n de sentencia anticipada, por cuanto la parte demandada se pronunci\u00f3 dentro del traslado respectivo, motivo por el cual, cit\u00f3 a las partes a la audiencia de pacto de cumplimiento de que trata el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, fijando como fecha de la misma el 20 de mayo de 2022, a las 10:00 a.m. <\/p>\n
2.4 El anterior auto no fue objeto de reparo alguno. <\/p>\n
2.5 A referida diligencia, tampoco compareci\u00f3 el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3. Ante este panorama, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 llamado al fracaso, como quiera que incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el se\u00f1or Mario Restrepo desaprovech\u00f3 el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que conforme a lo establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, sin que pueda pretender ahora subsanar su propia desidia a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el Juzgado de conocimiento por no proferir la sentencia anticipada que, seg\u00fan sus afirmaciones, procede, ha debido interponer el recurso de reposici\u00f3n conforme lo establece el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, contra la decisi\u00f3n de 5 de abril de 2022, a trav\u00e9s de la cual se desestim\u00f3 su petici\u00f3n. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que <\/p>\n
\u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6580-2021, STC12011-2021, STC14292-2021, STC2296-2022, STC2818-2022, STC2912-2022 STC3871-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
Y sobre la eficacia del recurso de reposici\u00f3n, la Corte ha expuesto que, <\/p>\n
\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada STC12585-2016, STC 8909-2017, STC7297-2022 y STC7624-2022, entre muchas) <\/p>\n
4. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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