STC9229-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9229-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00134-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 21 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cG\u201d contra el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de esa ciudad, el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -I.C.B.F.-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los procesos con radicados \u201c2022-00000\u201d y \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de su menor hija \u201cM\u201d (actualmente de 11 a\u00f1os de edad), el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, en particular al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida e integridad personal, educaci\u00f3n, libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia y de maltratos, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, en el tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que la Defensora de Familia del ICBF, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos \u2013PARD, \u00abmediante acta de fecha 04 de enero del 2022 (\u2026), resolvi\u00f3 cambiar la medida que hab\u00eda ordenado el Tribunal Superior de Distrito Judicial de \u201cZ\u201d [en] sentencia [de tutela] de fecha 13 de octubre del 2021\u00bb, en la que se revoc\u00f3 el fallo del Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d para conceder el resguardo y en tal virtud \u00abmodificar la medida inicialmente adoptada en favor de la menor (\u2026), y en su lugar mantener (\u2026) [la] medida provisional, consistente en su ubicaci\u00f3n en medio familiar de su progenitor G\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que ante la inconformidad presentada, el proceso fue remitido \u00abpara su respectiva homologaci\u00f3n\u00bb al Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, quien \u00abmediante sentencia proferida el 22 de febrero del 2022, resolvi\u00f3 \u201cPRIMERO: HOMOLOGAR la Resoluci\u00f3n de fallo SIM 1762669031 del 4 de enero de 2022, mediante la cual la Defensora de Familia del Centro Zonal No. 2 del ICBF, declara en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a M\u201d; modific\u00f3 la medida de protecci\u00f3n inicialmente tomada, imponiendo la medida de ubicaci\u00f3n en hogar familiar materno, junto a su progenitora \u201cE\u201d, entre otras decisiones\u00bb. <\/p>\n
Que la decisi\u00f3n anterior \u00abno se ajusta a derecho y perjudica de manera grave los intereses de mi hija [porque], con motivaciones falsas y calumniosas que solo tienden a da\u00f1ar la honra de mi familia\u00bb, ya que, contrario a lo indicado en el \u00abcap\u00edtulo de antecedentes\u00bb, \u00e9l no acudi\u00f3 ante el ICBF \u00aba denunciar presunto abuso sexual a la ni\u00f1a\u00bb por parte de familiares suyos, sino \u00abcontra \u201cL\u201d y \u201cE\u201d(abuela materna y progenitora)\u00bb, y tampoco observ\u00f3 \u00abactuaciones irregulares de la defensora de familia del ICBF\u00bb, que amerit\u00f3 la tutela en comento. <\/p>\n
Que, igualmente, tampoco fueron atendidos los reparos presentados a la Defensora de Familia en relaci\u00f3n con el \u00abconflicto de competencia entre autoridades administrativas, [pues] el proceso de restablecimiento de derechos deber\u00e1 ser tramitado a prevenci\u00f3n por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto\u00bb, ni los supuestos yerros en la valoraci\u00f3n probatoria, pues, en su sentir, se evidenciaba \u00abmaltrato por parte de la progenitora\u00bb de la menor, desconociendo que \u00abla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y la jurisprudencia, rechaza[n] cualquier acto de violencia en contra de los ni\u00f1os (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, por lo antedicho, \u00abme vi en la necesidad de presentar mediante apoderado, un incidente de nulidad con el fin de que el Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d reconsiderada su decisi\u00f3n, toda vez que la ni\u00f1a no fue escuchada al momento en que la Defensora de Familia tomara la decisi\u00f3n de cambiar la medida inicial y mucho menos la voluntad de la ni\u00f1a no fue tenida en cuenta ni por la Autoridad Administrativa y mucho menos por la Autoridad Judicial\u00bb, el cual fue denegado con \u00abauto del 24 de marzo del 2022\u00bb, y como el 10 de mayo de 2022 se desestimaron los recursos que interpuso, \u00abel 06 de junio del 2022, la Defensora de Familia, mediante auto resolvi\u00f3 se\u00f1alar fecha para el reintegro de la ni\u00f1a (\u2026), sin se\u00f1alar el lugar del supuesto reintegro y mucho menos a quien se debe reintegrar\u00bb. <\/p>\n
Que el incidente de desacato que hab\u00eda presentado \u00aben los primeros d\u00edas del mes de noviembre de 2021\u00bb respecto del fallo de tutela del 13 de octubre de 2021, fue desatado por el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d con auto del \u00ab01 de febrero de 2022\u00bb, disponiendo \u00ababstenerse\u00bb de seguir tramit\u00e1ndolo, y por tanto dispuso \u00abarchivar las diligencias\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abREVOCAR el auto que profiri\u00f3 el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d [el] 01 de febrero de 2022, y en su lugar ordenar[le] continuar el tr\u00e1mite incidental [de desacato]\u00bb e invalidar las providencias \u00abque profiri\u00f3 el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 22 de febrero de 2022, el [24] de marzo de 2022 [y] el 10 de mayo de 2022\u00bb. Del mismo modo, \u00abORDENAR dejar sin efectos el acto administrativo de fecha 06 de junio del 2022, expedido por la Defensora de Familia (\u2026)\u00bb, y, entre otras disposiciones, \u00abORDENAR al ICBF mantener medida provisional de restablecimiento de derechos a favor de mi hija (\u2026), en el medio familiar paterno hasta que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n resuelva lo de su competencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d se opuso a lo pretendido, aduciendo que en el asunto en cuesti\u00f3n, \u00ablo actuado se ajust\u00f3 a la normatividad especial consagrada en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, la Ley 1878 de 2018 y a los lineamientos del ICBF para esta clase de procesos, y por supuesto a la Constituci\u00f3n Nacional y bloque de constitucionalidad, y en particular a la jurisprudencia nacional\u00bb; que \u00abfrente al \u00e1mbito sustancial se mantuvo una l\u00ednea de corroboraci\u00f3n a las medidas adoptadas en sede administrativas a favor de la ni\u00f1a (\u2026) en cuanto es evidente que se tomaron bajo el rigor irrestricto de los dict\u00e1menes periciales realizados por el equipo interdisciplinario, concluyendo en t\u00e9rminos generales que si bien ambos padres son id\u00f3neos para recibir en sus hogares a su hija, y la ni\u00f1a manifestar deseo por permanecer al lado de su progenitor, qued\u00f3 evidenciado que en un mayor grado de beneficio y garant\u00eda de los derechos prevalentes y superiores de la ni\u00f1a, ser la madre quien los asegura, manteniendo entonces como medida de protecci\u00f3n definitiva la ubicaci\u00f3n de la ni\u00f1a en el hogar materno\u00bb, y que por ello, ese estrado \u00abno ha vulnerado ni violado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cE\u201d, madre de la menor, asever\u00f3 que \u00abel d\u00eda 19 de octubre de 2021, mi hija fue entrevistada por el psic\u00f3logo de la Defensor\u00eda de Familia y reconoci\u00f3 haber mentido cuando afirm\u00f3 que yo la golpeaba [y] haber dicho muchas otras mentiras\u00bb; que al actor \u00abse le indic\u00f3 [en tutela anterior] que no era viable retirar a la ni\u00f1a del Colegio de \u201cZ\u201d [donde ha estudiado] por m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os consecutivos [pero la] matricul\u00f3 en la instituci\u00f3n educativa de \u201cX\u201d, demostrando su arbitrariedad y dejando en claro que desconoce cualquier orden administrativa o judicial que no atienda a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abllevo un a\u00f1o sin ver a mi hija libre de vigilancia, sin que haya ninguna justificaci\u00f3n, ni una orden administrativa o judicial para ello, pues el padre de mi hija se empe\u00f1a en acusarme de ser una delincuente por el simple hecho de haberme denunciado ante la Fiscal\u00eda, sin que a la fecha haya recibido citaci\u00f3n o notificaci\u00f3n alguna, y cuyas pruebas son sus calumniosas acusaciones\u00bb, pues, \u00abha quedado claro tanto para el ICBF como para el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d que NO existen actos de violencia intrafamiliar de mi parte en contra de mi hija y que pese a que ella manifiesta querer estar con su pap\u00e1 no es lo que m\u00e1s le conviene pues \u00e9l no me permite verla y ha fracturado la relaci\u00f3n entre nosotras afectando el derecho de mi hija a tener una familia y no ser separada de ella, con lo que queda claro que mi hija si fue escuchada y su deseo fue valorado por las autoridades, sin que ello implique que debe hacerse la voluntad de la menor\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esta acci\u00f3n es \u00abuna clara manifestaci\u00f3n de abuso del derecho ha ocupado a la justicia en sede administrativa y judicial de manera temeraria y tendenciosa, con la finalidad de retrasar el curso del proceso y rehus\u00e1ndose a cumplir cualquier orden que sea contraria a su voluntad, pues en tal sentido deseo informar que esta es la tercera acci\u00f3n de tutela que interpone en menos de un a\u00f1o\u00bb, un incidente de desacato, dos solicitudes de nulidad, sendos recursos al interior de la actuaci\u00f3n, y una denuncia ante la Fiscal\u00eda respecto de lo cual \u00ab\u201cM\u201d ya manifest\u00f3 que minti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d, inform\u00f3 que en la tutela \u201c2021-00000\u201d incoada por el se\u00f1or \u201cG\u201d contra el ICBF, el tribunal emiti\u00f3 fallo de segundo grado el 13 de octubre de 2021, ordenando a la Defensora de Familia \u00abque emitiera las ordenes necesarias y correspondientes (\u2026) que permitan la pronta remisi\u00f3n del expediente al juez de familia para lo de su competencia; conmin\u00f3 al accionante para que cumpliera con las obligaciones que le impuso la defensora de familia, en la forma y t\u00e9rminos de la medida provisional que all\u00ed se dej\u00f3 vigente y, adem\u00e1s permitiera que su hija (\u2026) contin\u00fae con las clases escolares; orden\u00f3 a los procuradores delegados que ejerzan inmediata intervenci\u00f3n y constante vigilancia con la finalidad de que se tramiten con la celeridad debida, para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de la menor\u00bb. En relaci\u00f3n con el incidente, explic\u00f3 que \u00abha sido cerrado teniendo en cuenta que el objeto del fallo de tutela de segunda instancia se encamin\u00f3 a que, de forma transitoria, la menor (\u2026) no fuera separada de alguno de sus progenitores\u00bb, pero al haberse decidido en el proceso de restablecimiento de derechos \u00abla custodia definitiva de la menor\u00bb, se \u00abconfigura un hecho nuevo\u00bb, quedando \u00absin efecto la medida provisional\u00bb adoptada por el tribunal. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal \u201cX\u201d, precis\u00f3 que el hecho de que el tribunal \u2013 en sede de tutela de segundo grado-, ordenara que su despacho \u00abadelantara de manera r\u00e1pida las acciones dentro del proceso administrativo para que finalmente el proceso pasara a la justicia ordinaria, no quiere decir como err\u00f3neamente lo considera el se\u00f1or \u201cG\u201d, que (\u2026) este despacho hubiera perdido competencia para seguir adelantando el proceso\u00bb. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que, ante la falta de fundamento de la presente reclamaci\u00f3n, \u00abel contenido de [los] hechos [por \u00e9l expuestos] no es m\u00e1s que la muestra de la obstrucci\u00f3n a la justicia\u00bb. <\/p>\n
6. La Procuradora (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, concept\u00fao que no le asiste raz\u00f3n al querellante, porque \u00abla decisi\u00f3n del tribunal no significa que la defensora de familia no pudiera modificar las medidas de restablecimiento de derechos al momento de decidir el PARD, habida cuenta que \u00e9stas son modificables como lo dispone el art. 103 de la Ley 1098\/2006 [por tanto], lo que dispuso el tribunal fue mantener la [medida] inicialmente ordenada por la Defensora de Familia, mientras [ella] defin\u00eda el proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al observar que en \u00abla decisi\u00f3n [del 22 de febrero de 2022] que homolog\u00f3 la resoluci\u00f3n de pruebas y fallo del 4 de enero de 2022 proferida por la Defensora de Familia, se expusieron las razones para ello, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia\u00bb. Asegur\u00f3 \u00abque contrario a lo afirmado por el actor, se puede evidenciar que la Juez (\u2026), fundament\u00f3 su decisi\u00f3n de acuerdo a los conceptos de las pericias psicol\u00f3gicas y de trabajo social obrantes en el plenario, los cuales permitieron que se llegara a las conclusiones all\u00ed expuestas, respecto de que, si bien ambos hogares eran viables para que la menor permaneciera en ellos, la autoridad dispon\u00eda que se reubicara la ni\u00f1a en el hogar materno debido a que se debe \u201cgarantizar el ejercicio pleno de los derechos de la ni\u00f1a\u201d\u00bb. Por lo dem\u00e1s, no encontr\u00f3 reparo sobre el supuesto \u00abconflicto de competencia\u00bb, ni frente al \u00abarchivo del incidente de desacato de la acci\u00f3n de tutela del Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del demandante, en tanto: (i); el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, homolog\u00f3 la medida de restablecimiento de derechos de su hija dentro del proceso n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, y neg\u00f3 la nulidad por \u00e9l deprecada; y (ii) el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d, desestim\u00f3 el incidente de desacato al fallo de salvaguarda anterior (rad. \u201c2021-00000\u201d). <\/p>\n
Ello, porque si bien la queja tambi\u00e9n se enfil\u00f3 contra la Defensora de Familia del ICBF que fungi\u00f3 como juzgador a-quo del litigio en cuesti\u00f3n, el estudio constitucional se circunscribir\u00e1 a la definici\u00f3n del pleito que se produjo en sede de homologaci\u00f3n, y porque en lo referente a la ejecuci\u00f3n de la orden judicial, la misma comprende una consecuencia jur\u00eddica de lo resuelto por el juez ad quem. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza tanto a la presente demanda como a las piezas procesales allegadas, y con observancia en la normativa aplicable, la Sala, con las precisiones que pasan a exponerse, ratificar\u00e1 el fallo impugnado, toda vez que, de cara a lo resuelto por los accionados en las diligencias a su cargo, no se avizora yerro espec\u00edfico de procedibilidad del auxilio que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Del restablecimiento de derechos de menores. <\/p>\n
Preliminarmente se precisa que al tenor de los art\u00edculos 50 y 51 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, esta figura jur\u00eddica comprende \u00abla restauraci\u00f3n de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados [a ni\u00f1os y adolescentes]\u00bb, y \u00abes responsabilidad del Estado en su conjunto a trav\u00e9s de las autoridades p\u00fablicas, quienes tienen la obligaci\u00f3n de informar o conducir ante la Polic\u00eda, las Defensor\u00edas de Familia, las Comisar\u00edas de Familia o en su defecto, los Inspectores de Polic\u00eda o las Personer\u00edas Municipales o Distritales a todos los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
Siendo variadas las circunstancias para determinar una \u00absituaci\u00f3n irregular\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n estatal, se contemplan como medidas de restablecimiento: (i) \u00abla amonestaci\u00f3n con asistencia obligatoria a curso pedag\u00f3gico\u00bb; (ii) el retiro inmediato del menor \u00abde la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades il\u00edcitas en que se pueda encontrar, y ubicaci\u00f3n en un programa de atenci\u00f3n especializada\u00bb; (iii) \u00abla ubicaci\u00f3n inmediata en medio familiar\u00bb, la cual puede ser con su familia extensa cuando existen parientes cercanos que puedan cuidarlo; en hogar de paso cuando no aparezcan esas personas; o en hogar sustituto, es decir con una familia que se comprometa a brindarle el cuidado y atenci\u00f3n necesaria en sustituci\u00f3n a sus parientes de origen; (iv) \u00abla ubicaci\u00f3n en centros de emergencia para los casos en los que no procede ubicaci\u00f3n en los hogares de paso\u00bb; (v) \u00abla adopci\u00f3n\u00bb; y (vi) las dem\u00e1s se\u00f1aladas en otras normas y \u00abque garantice la protecci\u00f3n integral\u00bb del ni\u00f1o o adolescente (art\u00edculos 53, 56, 57 y 59 ibidem). <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 99 del estatuto en menci\u00f3n, cualquiera de las citadas autoridades est\u00e1 facultada para iniciar el tr\u00e1mite oficiosamente cuando tenga conocimiento de vulneraci\u00f3n o amenaza de alguno de los derechos del ni\u00f1o o adolescente, en tanto que sus funciones son: \u00ab1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protecci\u00f3n necesarias en casos de delitos contra los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb; \u00ab4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protecci\u00f3n en casos de violencia intrafamiliar\u00bb; \u00ab5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentaci\u00f3n de visitas\u2026\u00bb, y \u00ab8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito\u00bb (art\u00edculo 86). <\/p>\n
Al abrir la investigaci\u00f3n, la norma en estudio autoriza al Defensor o al Comisario de Familia que tenga a su cargo la instrucci\u00f3n del caso, para ordenar \u00ab2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protecci\u00f3n integral del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb, las cuales podr\u00e1n mantenerse al decidir de fondo el asunto, seg\u00fan la necesidad y utilidad de las mismas con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os como lo contemplan los tratados internacionales y se recoge expresamente en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de 1991 y en el ordenamiento legal en comento. <\/p>\n
Conforme a la referida codificaci\u00f3n, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o o adolescente; el tratamiento en la definici\u00f3n de tales medidas, difiere en que cuando lo conoce el juez no procede reposici\u00f3n, y si el que falla es el ente administrativo, la resoluci\u00f3n requiere de homologaci\u00f3n ante el funcionario judicial (art\u00edculo 100, concordante con los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita, y art\u00edculo 21-18 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1mite procesal, el canon 21 ibidem consagra que, \u00aben \u00fanica instancia\u00bb, a los jueces de familia les corresponde: \u00ab18. Homologaci\u00f3n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley\u00bb; \u00ab19. La revisi\u00f3n de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de polic\u00eda en los casos previstos en la ley\u00bb, y \u00ab20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se advierte que, en el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, \u00abla autoridad judicial debe verificar no solo que se hayan garantizado los derechos y etapas procesales en el marco de la actuaci\u00f3n administrativa previa, sino que debe analizar de fondo la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad administrativa de tal forma que le permita corroborar la real garant\u00eda de los derechos fundamentales y el inter\u00e9s superior del menor\u00bb (T-474\/17). Se subraya y destaca. <\/p>\n
3.2. Establecido lo anterior, se advierte que en el caso bajo examen, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos \u2013 PARD, lleg\u00f3 al conocimiento del Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, en acatamiento a lo previsto en el inciso 7\u00b0 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, esto es, porque \u00abalguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico manifiestan su inconformidad con la decisi\u00f3n\u00bb, habida cuenta que el querellante se opuso a lo resuelto por la Defensora de Familia en prove\u00eddo del 4 de enero de 2022. <\/p>\n
En lo fundamental, el desacuerdo del se\u00f1or \u201cG\u201d con la resoluci\u00f3n que modific\u00f3 la medida de restablecimiento de derechos, radic\u00f3 en que para ubicar a la menor en \u00abmedio familiar materno\u00bb, no se apreci\u00f3 congruentemente el acervo probatorio, pues, en su criterio, aquel entorno representa riesgos para su hija y en cambio, el suyo se muestra m\u00e1s id\u00f3neo; aunado a ello, adujo falencias procedimentales relacionadas con la competencia de las autoridades administrativas para tramitar el asunto. <\/p>\n
Frente a tales reproches, el pronunciamiento realizado por el accionado a trav\u00e9s de providencia del 22 de febrero de 2022, en momento alguno denota arbitrariedad o desmesura, sino que, por el contrario, evidencia una motivaci\u00f3n jur\u00eddicamente razonable, pues encontr\u00f3 que, contrario a dichos reproches: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de forma muy juiciosa la funcionaria administrativa analiza jur\u00eddicamente cada uno de los aspectos sobre los que se disiente, basado completamente su criterio al material probatorio arrimado al expediente, as\u00ed como auxili\u00e1ndose de la abultada jurisprudencia existente sobre esta materia. Es as\u00ed como llega a la conclusi\u00f3n de ambos padres contar con las condiciones personales, familiares, habitacionales, sociales, laborales, econ\u00f3micas y culturales para asumir el cuidado de su hija (\u2026). Debido a ello, antes de entrar en otras consideraciones, es aclarado que el asunto se torn\u00f3 en disputa de los padres por obtener la custodia y cuidado personal de la menor, cuando el objetivo principal del proceso de restablecimiento de derechos, es el de la restauraci\u00f3n de la dignidad e integridad, en este caso de la ni\u00f1a (\u2026) como sujeto de derechos, y mediante un ejercicio efectivo garantizarlos, si es que objetivamente se han hallado vulnerados, a la luz del derecho al inter\u00e9s superior como imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes (art. 8\u00ba C.I.A.). <\/p>\n
Es as\u00ed como se encuentran enfrentados los intereses de los padres con los derechos de la ni\u00f1a (\u2026) y en ese sentido el apoderado del padre propone como soluci\u00f3n buscar equilibrio, sin embargo, en virtud a lo previsto en el art. 9\u00ba del C.I.A. cuando deba adoptarse decisi\u00f3n de cualquier naturaleza en relaci\u00f3n con ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, prevalecen los derechos de \u00e9stos, en especial si existe conflicto entre derechos fundamentales con los de cualquier persona, como en el caso en concreto, y as\u00ed es abordada la discusi\u00f3n por la funcionaria administrativa, desde luego, ponderando las circunstancias desde el punto de vista del inter\u00e9s superior como la Corte Constitucional lo ha venido planteando en diferentes sentencias [como la] T-487 de 2005\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) Propone la jurisprudencia orientaciones, por dem\u00e1s invariables, determinantes de la forma ponderada de garantizar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o como actor principal y, en primer lugar, como lo se\u00f1ala el fallo, es el criterio f\u00e1ctico, esto es, las condiciones reales que rodean a la menor. Como condici\u00f3n especial en salud, la historia cl\u00ednica obrante indica que la ni\u00f1a (\u2026) padece de d\u00e9ficit cognitivo, \u201cpues sus procesos atencionales son dispersos cuando expresa sus ideas, es incoherente en sus relatos\u201d, as\u00ed como tambi\u00e9n, presentar problemas de lenguaje, seg\u00fan el profesional tratante, inclusive, en sus entrevistas la propia ni\u00f1a deja ver tales dificultades y las manifiesta, circunstancias que por supuesto afectan las esferas de su existencia, siendo de especial atenci\u00f3n y cuidado al decidir situaciones que la involucren\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente expuso \u00ablos lineamientos que las normas consagran para promover el inter\u00e9s superior de la menor\u00bb, entre los cuales est\u00e1 el de \u00abla garant\u00eda del desarrollo integral\u00bb y \u00abla necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente involucrado\u00bb, para as\u00ed aseverar que \u00abse hallan las razones suficientes por las que determin\u00f3 la conveniencia de la medida de ubicar a la ni\u00f1a (\u2026) en el hogar de su progenitora\u00bb, en tanto: <\/p>\n
\u00ab1. Los obst\u00e1culos o impedimentos constantes impuestos por el se\u00f1or \u201cG\u201d para evitar encuentros entre ni\u00f1a y madre a pesar de las recomendaciones de los profesionales del equipo interdisciplinario como remedio para evitar la ruptura en el v\u00ednculo afectivo y la vulneraci\u00f3n del desarrollo integral; e inclusive \u00e9ste asegurar que los ha propiciado, sin embargo, en las valoraciones se ha percibido todo lo contrario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la oposici\u00f3n no provenir de la ni\u00f1a sino del padre, pues es reiterativo en asegurar que despu\u00e9s de una entrevista la ni\u00f1a muestra miedos, prevenci\u00f3n, etc. hacia la madre, sin embargo, se demostr\u00f3 que esos comportamientos no son un rechazo sino producto de la discapacidad cognitiva que presenta la ni\u00f1a, demostrado en que si bien, en un principio se presentan esas cargas negativas, pasado el tiempo se desenvuelve en forma cordial la entrevista ni\u00f1a-madre. <\/p>\n
2. Presentarse un caso de doble atenci\u00f3n debido a la ausencia del padre en la primera infancia e infancia de la ni\u00f1a, y la que actualmente le brinda que la hace sentir \u201c(\u2026) como si estuviera en las nubes\u201d, seg\u00fan lo dicho por la propia ni\u00f1a, particularidad coincidente al diagn\u00f3stico m\u00e9dico que presenta. Aunque se siente bien bajo la protecci\u00f3n del padre debido a la esmerada atenci\u00f3n que le est\u00e1 brindando, requiere indudablemente de la seguridad afectiva de la madre, de esa relaci\u00f3n filial que se ha mantenido durante su infancia y pre adolescencia. <\/p>\n
3. Establecerse que no es el padre quien ofrece m\u00e1s y mejores condiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la menor. Este argumento proviene del hecho que desde cuando la ni\u00f1a (\u2026) le fue entregada la custodia al progenitor, anteponiendo argucias no v\u00e1lidas, impide que la se\u00f1ora \u201cE\u201d cumpla con su derecho a visitar a su hija, por m\u00e1s que se programen o planeen. Por lo contrario, a pesar de haber sido un padre ausente en su infancia y pre adolescencia, est\u00e1 comprobado que la madre siempre procur\u00f3 que la ni\u00f1a estuviera al lado del padre en vacaciones, en su propia residencia y al parecer sin ninguna clase de limitaciones, para de esa forma mantener vivo el v\u00ednculo paternal y garantizar su desarrollo integral y la corresponsabilidad en el cuidado y atenci\u00f3n que se predica de ambos padres. <\/p>\n
4. Desatenci\u00f3n por parte del se\u00f1or \u201cG\u201d a acudir y recibir terapias por psicolog\u00eda tal como le fuera ordenado, a fin de obtener herramientas de resoluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos, neg\u00e1ndose \u00e9l mismo la posibilidad de obtener idoneidad y, desde luego, padre garante para asumir la custodia y cuidado de su hija, aspecto que si se corroborado su cumplimiento de parte de la madre, la cual mostr\u00f3 evidencia de estar recibiendo del psic\u00f3logo las terapias necesarias. <\/p>\n
5. A fin de no someter a posibles riesgos prohibidos a su hija, la se\u00f1ora \u201cE\u201d retir\u00f3 de su residencia a la abuela materna, se\u00f1alada de presunto abuso sexual hacia su nieta \u201cM\u201d hecho que se encuentra en investigaci\u00f3n, seg\u00fan lo informado en el plenario, a pesar de con ella formar su n\u00facleo familiar, tal como lo informan los dict\u00e1menes periciales all\u00ed realizados. En este mismo sentido, se tiene que el se\u00f1or \u201cG\u201d desatendi\u00f3 la orden de remisi\u00f3n de la ni\u00f1a \u201cM\u201d al INML para que all\u00ed fuera valorada, siendo fundamental para la investigaci\u00f3n contar con esa prueba, negligencia achacable netamente al padre, adem\u00e1s de acci\u00f3n vulneradora del derecho de protecci\u00f3n. <\/p>\n
6. Si bien se predica la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os sobre los derechos de los dem\u00e1s, el principal conflicto aqu\u00ed exteriorizado es entre los padres al pretender cada uno la custodia de su hija, tal como lo avizora la Defensora de Familia producto de los conceptos de las pericias psicol\u00f3gicas y de trabajo social obrantes en el plenario, las que muestran que la se\u00f1ora \u201cE\u201d por 11 a\u00f1os seguido la ejerci\u00f3, de manera satisfactoria; por ello, estando actualmente la ni\u00f1a en el hogar de su padre, incuestionablemente la madre, bajo la premisa de la igualdad que se predica, se le debe permitir, sin ninguna cortapisa compartir con su ni\u00f1a, no hacer nugatorio este derecho, como lo viene entorpeciendo el padre. <\/p>\n
7. Imperativo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la ni\u00f1a \u201cM\u201d, conjugando el criterio f\u00e1ctico con el criterio jur\u00eddico, tal como la jurisprudencia lo determina, ello porque a pesar de su padre actualmente brindarle condiciones \u00f3ptimas en su hogar, ineludible es tambi\u00e9n permitir el concurso de su progenitora en el desenvolvimiento de la vida de la ni\u00f1a, una actitud contraria a ello, cercena los derechos tanto de la ni\u00f1a como de su madre, como en l\u00edneas atr\u00e1s se ha replicado; por consiguiente, para morigerar la situaci\u00f3n presentada, es por lo se hace necesario la intervenci\u00f3n del Estado, como en efecto acontece, y en un razonamiento e interpretaci\u00f3n l\u00f3gica de cada uno de esos criterios hallar que el se\u00f1or \u201cG\u201d, no es padre garante pleno de los derechos de su hija (\u2026), aunque pretende continuar con la custodia o haberse opuesto a la decisi\u00f3n de la Defensora de Familia, solicitar la homologaci\u00f3n, los anteriores presupuestos son suficientes para concluir y reiterar que no est\u00e1 llamada a prosperar la oposici\u00f3n deprecada y as\u00ed se declarar\u00e1, y desde luego, se homologar\u00e1 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acerca de \u00ablas dos acciones de restablecimiento de derechos adelantadas y de las cuales hace referencia el Ministerio P\u00fablico\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abeste despacho no es competente para conocer de lo decidido por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cZ\u201d. Si es que se adelantaban al un\u00edsono sobre los mismos hechos, en su momento oportuno los interesados debieron poner en conocimiento tal situaci\u00f3n a las autoridades administrativas de conocimiento, de esa manera evitar, adem\u00e1s de un desgaste de la administraci\u00f3n, el conocimiento del asunto por parte del funcionario competente\u00bb; tambi\u00e9n advirti\u00f3 \u00abque conforme al n\u00fam. 2\u00ba del art. 304 del C.G.P., [lo debatido] respecto a la custodia y cuidado personal de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada [material], por manera que cuando cambien las situaciones que aqu\u00ed se ventilaron, bien puede el afectado promoverlas nuevamente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre la alegada incidencia jur\u00eddica del fallo proferido por el tribunal en sede de impugnaci\u00f3n dentro de la tutela n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, se hace necesario precisar que, contrario a lo asegurado por el actor, la decisi\u00f3n adoptada en esa excepcional sede, lejos estaba de tenerse como la definici\u00f3n del pleito, pues no hay duda de que esta s\u00f3lo corresponde a los jueces de instancia, en la oportunidad procesal y previa la pertinente valoraci\u00f3n probatoria. N\u00f3tese que el haber dispuesto que se mantuviera una medida de car\u00e1cter provisional y conminar al ICBF para que resolviera eficazmente el litigio, no implicaba se\u00f1alamiento al juez de la causa sobre el sentido de la resoluci\u00f3n final. <\/p>\n
3.3. Ahora, por cuanto el demandante propuso nulidad de lo actuado por el accionado, y frente a su desestimaci\u00f3n hizo extensiva la actual censura, la Sala no avizora que tal actuaci\u00f3n constituya desafuero alguno, comoquiera que el prove\u00eddo adiado el 24 de marzo de 2022 -ratificado en el dictado el 10 de mayo de la misma anualidad, a tono con la decisi\u00f3n de fondo antes descrita, tambi\u00e9n se soporta en un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Ciertamente, asegur\u00f3 que el hecho de no haber escuchado en el juicio a la menor, no se configuraba la causal de nulidad atinente a \u00abomitir la pr\u00e1ctica de una prueba [legalmente] obligatoria\u00bb (art\u00edculo 133-5 del C\u00f3digo General del Proceso), porque \u00abal resolver la homologaci\u00f3n se consider\u00f3 innecesario al advertir que el equipo interdisciplinario del Centro Zonal 2 del ICBF de [\u201cX\u201d], as\u00ed como del CAIVAS, en la pr\u00e1ctica de las pericias realizadas, fue escuchada la ni\u00f1a, as\u00ed como en entrevista por la Defensora de Familia el 29 de julio de 2021. Es as\u00ed como obra una primera entrevista con el profesional en psicolog\u00eda el 13 de julio de 2021 a efectos de establecer la vulneraci\u00f3n de derechos, acerc\u00e1ndose el profesional a todas las esferas vivenciales que la rodeaban en ese momento de acuerdo a las t\u00e9cnicas dispuestas para ello [y que] en la misma fecha [se efectu\u00f3] valoraci\u00f3n por Trabajo Social. [Que] el 29 de julio de 2021 fue entrevistada personalmente por la Defensora de Familia que conoci\u00f3 del proceso, y el 19 de octubre de 2021 el psic\u00f3logo cl\u00ednico practic\u00f3 valoraci\u00f3n [y] la entrevist\u00f3, piezas procesales que obran en el expediente y que en su momento no fueron objeto de reparo alguno\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que se demostr\u00f3 que, so pretexto de proteger a la ni\u00f1a, \u00abel padre ha llegado al punto de colocar obst\u00e1culos a fin de evitar el acercamiento entre madre e hija, siendo reiterativo sobre ello; inclusive, inventar impedimentos a la autoridad administrativa para evacuar pruebas oportunamente ordenadas, o diligencias en las que deb\u00eda presentar a la ni\u00f1a; raz\u00f3n por la que [se solicit\u00f3] tomar las medidas necesarias y suficientes a fin cumplirse sin dilaciones ni impedimentos, lo que indica que el padre ha continuado cercenando los derechos de su hija, y por supuesto que los de su progenitora [y que] queda suficientemente claro que cabalmente se encuentra cumplida la exigencia legal del art. 26 del C.I.A. y desde luego, de esa forma y en cuanto a ese aspecto, haberse garantizado el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicci\u00f3n, no surgiendo irregularidad alguna en el tr\u00e1mite administrativo, como tampoco en sede judicial\u00bb. <\/p>\n
3.4. De otra parte, la razonabilidad tambi\u00e9n se predica frente al prove\u00eddo del 1\u00b0 de febrero de 2022, mediante el cual el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d se abstuvo de proseguir el incidente de desacato al fallo de tutela proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de \u201cZ\u201d el 13 de octubre de 2021 (rad. \u201c2021-00000\u201d), porque, como lo se\u00f1al\u00f3 la agente del Ministerio P\u00fablico en este especial escenario, la orden impartida en dicha salvaguarda no imped\u00eda que, al momento de resolver de m\u00e9rito, la Defensora de Familia modificara las medidas de restablecimiento de derechos en ese momento, pues tal posibilidad est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 y debe obedecer a lo que se pruebe en el correspondiente decurso procesal. <\/p>\n
En dicho auto, el juzgado acusado adujo que las partes en el incidente, \u00abhan de entender que como las medidas de protecci\u00f3n provisionales de la menor est\u00e1n sujetas a la decisi\u00f3n final que adopte el Juez al analizar la definitiva que adoptaron la Comisar\u00eda y Defensor\u00eda respectivamente, y ambos pronunciamientos se dieron recientemente, ya les resta a cada uno hacer efectivas las medidas que all\u00ed se adoptaron mediante los mecanismos legales y ojal\u00e1 con la anuencia del Juez de Familia respectivo, siempre procurando preservar el buen cuidado, entorno familiar, personal, cultural y escolar de la menor (\u2026), m\u00e1s all\u00e1 de las disputas legales, con la preminencia de quien debe ser y es lo m\u00e1s importante para ambos padres: la menor. En conclusi\u00f3n y como quiera que el incidente de desacato es un mecanismo especifico de cumplimiento de fallos de tutela y en este caso el fallo adoptado no se puede cumplir por las decisiones proferidas hasta el momento por las autoridades involucradas en torno a la menor aqu\u00ed agenciada y la competencia que al respecto asumir\u00e1 la jurisdicci\u00f3n ordinaria-especialidad familia, pierde sentido el tr\u00e1mite incidental y por ende, \u00e9ste se archivar\u00e1, absteni\u00e9ndose esta judicatura de continuar su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3.5. Como acaba de verse, las providencias cuestionadas, valga aclarar la que impuso medidas en el marco del proceso de restablecimiento de derechos -en particular por el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d que convalid\u00f3 lo actuado-; la que dispuso la ejecuci\u00f3n de dicha decisi\u00f3n por parte de la Defensora de Familia del ICBF llamada a verificar dichas \u00f3rdenes, y la que profiri\u00f3 el Juzgado \u201c00\u201d Civil del Circuito de \u201cZ\u201d, ordenando el cierre del incidente de desacato formulado en acci\u00f3n de tutela anterior, adem\u00e1s de estar debidamente motivadas, se muestran convenientes y \u00fatiles para la ni\u00f1a en favor de quien se act\u00faa, y sin que con ellas se afecten las prerrogativas del demandante. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la normativa existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u00ablos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, los planteamientos realizados por los accionados no se muestran caprichosos sino, por el contrario, ajustados a una razonable ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y a la normativa que rige la tem\u00e1tica examinada, por lo que las discrepancias esbozadas en esta sede, demuestran que la intenci\u00f3n del actor es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los jueces de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional, lo cual contrar\u00eda su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC16133-2021, 26 nov. 2021, rad. 00043-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre la cr\u00edtica a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha venido sosteniendo que: \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada en STC7294-2022, 9 jun. 2022, rad. 00034-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, por cuanto las decisiones censuradas no son producto de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9229-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9229-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00134-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65401","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65401","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65401"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65401\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}