STC9232-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9232-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00783-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Andr\u00e9s Acosta Moreno contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abdejar sin efecto el auto proferido por el Juzgado\u2026 con fecha del 01 de febrero de 2022\u00bb; y que se \u00abprofiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, es decir, que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes convoque a la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo para que los acreedores tenga[n] la oportunidad de presentar [sus] observaciones y para que se verifique la legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mediante auto de 1\u00ba de abril de 2019 el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n de la deudora Libia Myriam Moreno L\u00f3pez, quien fue nombrada como promotora. <\/p>\n
2.2. Con auto de 1\u00ba de febrero de 2022 no se acept\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n aportado por la promotora, pues el mismo no fue puesto en consideraci\u00f3n para el voto de las entidades financieras y fiscales relacionadas como acreedoras en el escrito de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n del cr\u00e9dito -DIAN, Banco Popular, de Bogot\u00e1 y Falabella-; y se dispuso la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La referida decisi\u00f3n se recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, pero con auto de 29 de marzo siguiente se mantuvo y se deneg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que dentro del tr\u00e1mite criticado fue reconocido como acreedor laboral de la deudora; y que el 10 de noviembre de 2021 se present\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n con los votos de los acreedores que representaban el 78.1804%. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el fallador acusado debi\u00f3 adelantar la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, empero, decidi\u00f3 de forma arbitraria no aceptarlo argumentando que no hab\u00eda sido puesto en consideraci\u00f3n para su voto a las entidades financieras y fiscales relacionadas como acreedoras en el escrito de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; y que dicha determinaci\u00f3n se recurri\u00f3, pero se mantuvo. <\/p>\n
2.6. Adujo que el juzgador convocado omiti\u00f3 una etapa procesal inherente al tr\u00e1mite; que la decisi\u00f3n proferida no ten\u00eda sustento legal y v\u00e1lido, pues adem\u00e1s que transgred\u00eda normas sustanciales y formales, imped\u00eda que los acreedores se pronunciaran sobre el acuerdo. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que esa era la \u00fanica etapa procesal en la que el juez pod\u00eda efectuar el control de legalidad de ese documento; que lo que se deb\u00eda comprobar era si exist\u00eda el voto de al menos tres categor\u00edas de acreedores; que se le causaba un perjuicio grave e irremediable; que se dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006; y que cualquier nulidad relacionada con el acuerdo tendr\u00eda que formularse dentro de dicha audiencia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Sandra Catalina Villamil Soto indic\u00f3 que era acreedora y cesionaria de la obligaci\u00f3n hipotecaria; que coadyuvaba las pretensiones; que se desconoc\u00edan las normas relativas a la reorganizaci\u00f3n; y que dicha audiencia era la \u00fanica oportunidad en la que se pod\u00edan pronunciar frente al acuerdo. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que las actuaciones y decisiones se ajustaban a las directrices propias de los asuntos de reorganizaci\u00f3n; que como no se acept\u00f3 el acuerdo presentado, se procedi\u00f3 a la apertura del proceso liquidatorio; y que las determinaciones proferidas se ajustaban a la realidad procesal. Remiti\u00f3 copia de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
3. Libia Myriam Moreno L\u00f3pez reiter\u00f3 los argumentos y pretensiones expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las determinaciones atacadas no eran infundadas o antojadizas, pues los razonamientos estuvieron cimentados en los argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, que en forma alguna eran insensatos ni con la entidad para afectar los derechos fundamentales invocados; y que la tutela no era una instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la Dian y los acreedores financieros fueron enterados del proceso y no participaron activamente; y que era un error que los cr\u00e9ditos reconocidos a favor de las entidades p\u00fablicas se atendieran en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 de la Ley 1429 de 2010, sin verificar la naturaleza de la obligaci\u00f3n, en tanto que eran impuestos adeudados, que no retenciones de car\u00e1cter obligatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de 29 de marzo de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026varias apreciaciones se deben realizar por el Despacho a efectos de mantener el interlocutorio, siendo la primera necesaria y \u00fatil para la comprensi\u00f3n de esta clase de asuntos. Es sabido que, los procesos de reorganizaci\u00f3n tienen por objeto preservar las empresas o el patrimonio de una persona natural comerciante o jur\u00eddica, y es a partir de las mediaciones entre acreedores y deudor que nace la v\u00eda para superar la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica. Por ello, existe el otorgamiento de nuevas alternativas o posibilidades de pago m\u00e1s favorables a las inicialmente otorgadas, pero siempre guiadas por la proyecci\u00f3n que realiza el interesado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que por garant\u00eda de los postulados de buena fe y principios como la celeridad procesal, al solicitante le asiste un deber especial\u00edsimo de diligencia en la tramitaci\u00f3n del asunto, y toda conducta dilatoria o displicente resulta castigada con la finalizaci\u00f3n del asunto y la consecuente apertura de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
a.-) Es consensual <\/p>\n
b.-) Es solemne <\/p>\n
c.-) Es universal y general <\/p>\n
Y debe cumplir unas caracter\u00edsticas sine qua non: <\/p>\n
a.-) Debe ser suscrito por el voto favorable de un numero plural de acreedores <\/p>\n
b.-) El numero plural est\u00e1 limitado por la mayor\u00eda absoluta de los votos admitidos <\/p>\n
c.-) La mayor\u00eda debe estar conformada por los acreedores fiscales <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, como la DIAN ni los acreedores del sistema financiero validaron el acuerdo, no se cumple la condici\u00f3n particular, en lo correspondiente al respecto de la clasificaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, particularmente, la autoridad fiscal a quien por interpretaci\u00f3n del Estatuto Tributario (art\u00edculos 845 y s.s.) debe ser convocado de forma preferente. Postura, que tambi\u00e9n se extrae del art\u00edculo 34 de la ley 1116 de 2006, al fijar los cr\u00e9ditos de la DIAN como una categor\u00eda particular del acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Significa lo anterior, que si la negociaci\u00f3n responde a la universalidad y generalidad de los cr\u00e9ditos, el acuerdo deb\u00eda estar validado por la universalidad de los acreedores y con mayor raz\u00f3n, los fiscales por ser cr\u00e9ditos que no pueden ser desconocidos por el Juez civil al interior del presente tr\u00e1mite, m\u00e1s aun cuando el art\u00edculo 32 de la ley 1429 de 2010 establece que \u201cEn todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informar\u00e1 al juez acerca de su existencia y presentar\u00e1 un plan para la atenci\u00f3n de dichos pasivos los cuales deber\u00e1n satisfacerse a m\u00e1s tardar al momento de la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condici\u00f3n, el juez no podr\u00e1 confirmar el acuerdo que le fuere presentado\u201d (la negrilla y subrayado es fuera del texto) <\/p>\n
De esta forma, sin que se allegara el acuerdo o acreditara la satisfacci\u00f3n de las deudas fiscales, no pod\u00eda el juez de concurso continuar con el tr\u00e1mite de la reorganizaci\u00f3n y por el contrario debe proceder a la liquidaci\u00f3n conforme aqu\u00ed se dispuso\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertidaa no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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