STC9233-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02238-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Damis Patricia Acosta Atencio frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Riohacha. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2010-00285-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpretermisi\u00f3n del precedente judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Idelcina Camero Solano promovi\u00f3 proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, seguido del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, contra Edgar Mart\u00edn Acosta Romero ante el Juzgado de Familia Oral de Riohacha, del cual se corri\u00f3 traslado al demandado el 9 de febrero de 2012. <\/p>\n
2.2. Por auto 22 de febrero de 2012 se dispuso el emplazamiento de todos los que se creyeran con derecho a intervenir en el proceso y, el 6 de marzo siguiente, la all\u00ed demandante agreg\u00f3 las publicaciones del edicto emplazatorio en el diario El Heraldo y en la emisora RCN. <\/p>\n
2.3. Entre el 16 de marzo de 2012 y el 8 de junio de 2021 se surtieron diferentes actuaciones procesales, entre ellas, lo relativo a las medidas cautelares, decreto de pruebas, el relevo de peritos, interposici\u00f3n de recursos por las partes, reconocimiento de acreedores, entre otras. Y, por auto del 31 de mayo de 2021, se fij\u00f3, para el 9 de junio siguiente, la fecha de la audiencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
2.4. El 9 de junio posterior, la tutelante acudi\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, como sucesora procesal y heredera del fallecido demandado, Edgar Mart\u00edn Acosta Romero. <\/p>\n
2.5. Mediante auto del 23 de junio de 2021, se reprogram\u00f3 la fecha de la audiencia de inventarios, para el 21 de julio posterior. <\/p>\n
2.6. El 19 de julio siguiente, la aqu\u00ed actora solicit\u00f3 la \u00abDECLARATORIA DE PERDIDA DE COMPETENCIA Y NULIDAD\u00bb, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 21 del mismo mes y a\u00f1o, precisando que \u00ab[N]o pido la nulidad anterior a mi solicitud de declaratoria de perdida de competencia, porque en mi criterio fue subsanada por las partes\u00bb. <\/p>\n
2.7. El 21 de julio de 2021 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos y se corri\u00f3 traslado de los presentados, sin que fueran objetados en el t\u00e9rmino otorgado1. <\/p>\n
2.8. El 4 de agosto de 2021, el a quo neg\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia y el decreto de la nulidad de las actuaciones posteriores, decisi\u00f3n que fue confirmada, en reposici\u00f3n, el 7 de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.9. El 24 de marzo de 2022, el Tribunal accionado ratific\u00f3 lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
2.10. Al respecto, la promotora censura que \u00abambos operadores judiciales, vulneraron de manera manifiesta el Derecho Fundamental del DEBIDO PROCESO, [\u2026] al incurrir en Defecto org\u00e1nico y Defecto Factico, [\u2026] fueron decisiones sin motivaci\u00f3n ya que no fundamentaron f\u00e1ctica ni jur\u00eddicamente sus decisiones en lo concerniente a la declaraci\u00f3n de p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia, el ad quem, nada dijo respecto a ese asunto[\u2026], no hizo referencia a los alcances y aplicaci\u00f3n de las Leyes 1395 de 2010 \u2013 par\u00e1grafo del art\u00edculo 9- y 1564 de 2012 \u2013art\u00edculo 121-. La nulidad pedida por mi abogado refer\u00eda era la actuaci\u00f3n que pudiera materializarse despu\u00e9s de su petici\u00f3n de perdida autom\u00e1tica de competencia, no la de antes ya que \u00e9l mismo expres\u00f3 en su escrito que lea consideraba saneada\u00bb; adem\u00e1s, sostiene que el Juzgado \u00abse distrajo irregular y absurdamente en atender solicitudes improcedentes de las partes\u00bb, que bien pudo resolver en la audiencia de inventarios y aval\u00faos y que, al resolver su solicitud, el Tribunal se concentr\u00f3 en analizar la nulidad saneada de las actuaciones anteriores, desviando que lo pedido fue declarar la p\u00e9rdida de competencia para seguir tramitando el asunto. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que se \u00abdesconocieron los precedentes judiciales dictados por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y de la Corte Constitucional. [\u2026] la interpretaci\u00f3n y coherencia de las providencias de la H. CSJ, Sala Civil, en las STC 8849-2018 y STC 9583-2019, donde hay respaldo jurisprudencial en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del CGP, extendida en esas interpretaciones a la Ley 1395 de 2010; coligi\u00e9ndose a la declaraci\u00f3n de la incompetencia del Juzgado de Familia Oral de Riohacha, La Guajira. Igualmente, la Corte Constitucional al analizar el tema de las diferencias de la RETROACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY, en la Sentencia SU-309-2019\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 amparar sus derechos y \u00abdejar sin efectos el Auto de 24 de marzo de 2022 (\u2026) proferido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Riohacha \u2013 La Guajira, [\u2026], que confirm\u00f3 el Auto de 04 de agosto de 2021 dictado por el Juzgado de Familia Oral de Riohacha, LG, donde no se accedi\u00f3 a la solicitud que le hiciera mi apoderado de perdida autom\u00e1tica de competencia y [\u2026] consecuencialmente a la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n posterior a dicha petici\u00f3n y se ordene proferir la providencia que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Riohacha respald\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n atacada y se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Oralidad de Riohacha resalt\u00f3 que el 21 de julio de 2021 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos de la sociedad conyugal, frente a los cuales la querellante no present\u00f3 objeci\u00f3n alguna. Asever\u00f3 que la \u00abpetici\u00f3n de la nulidad de los actos que se profirieron con posterioridad a la vigencia de la nueva norma procesal, (\u2026) \u2018(\u2026) fue saneado bajo el imperio de una ley, no puede ser invalidado por una nueva ley\u2019, por lo mismo [\u2026] que las partes en el proceso siguieron las repetidas actuaciones omitiendo s\u00ed el Juzgado o no hab\u00eda perdido competencia\u00bb. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Idelcina Camero Solano argument\u00f3 que, en la diligencia del 21 de julio de 2021, la tutelante no present\u00f3 inventarios y aval\u00faos y tampoco objet\u00f3 los allegados por la contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la tutelante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo proferido el 24 de marzo de 2022, que decidi\u00f3 confirmar el auto del 4 de agosto de 2021, por el cual se neg\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia invocada por la actora. <\/p>\n
3. En el presente caso, se observa que la autoridad accionada, en la providencia atacada, determin\u00f3 como problemas jur\u00eddicos a resolver: (i) la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia por no proferir sentencia en el a\u00f1o siguiente, seg\u00fan la Ley 1395 de 2010, quedaba saneada si no se alegaba, (ii) con la entrada en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, las actuaciones que estaban en curso se deb\u00edan tramitar bajo la vigencia de la norma anterior, y (iii) la declaratoria de inexequibilidad del art\u00edculo 121 del C.G.P., en lo concerniente al a\u00f1o para dictar sentencia, termin\u00f3 con la discusi\u00f3n sobre la p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
Y frente a ello estableci\u00f3 que era inocua \u00abla discusi\u00f3n sobre [\u2026] la p\u00e9rdida de competencia bien sea en vigencia del C.P.C, la ley 1395 de 2010 y el C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3.1. En el punto, precis\u00f3 que, \u00ab[I]ndependiente de las fechas de las actuaciones que refiere el apelante y de los argumentos de la funcionaria a quo, la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n NULIDAD DE PLENO DERECHO del art\u00edculo 121 del C.G.P. Desde la fecha de esa sentencia, se entiende que la nulidad de pleno derecho dejo de existir y ello determina la vigencia tradicional del r\u00e9gimen de nulidades [\u2026] el auto que resuelve el recurso de reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad, como el recurrente actu\u00f3 en el proceso sin alegar la nulidad, hecho incontrovertible que da al traste con la prosperidad del recurso de apelaci\u00f3n, porque aquella carga procesal de alegar la nulidad tan pronto tuvo conocimiento de ello, no fue cumplida configurando en consecuencia el efecto jur\u00eddico, saneamiento de la nulidad\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con el fin de sustentar que el proceso continu\u00f3 su curso, con distintas actuaciones y decisiones del Juzgado, relacion\u00f3 los memoriales allegados al juicio entre el 2015 y el 20192 y procedi\u00f3 a analizar la nulidad en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, frente a lo cual se\u00f1al\u00f3 que el \u00abart\u00edculo 9\u00b0 Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. [\u2026] adiciona el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [\u2026] En vigencia de esta norma no hab\u00eda p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia y no generaba nulidad de pleno derecho, de ah\u00ed que la doctrina ha se\u00f1alado que esta nulidad se rige por el sistema legal de las nulidades, esto es, la falta de competencia, quedaba saneada seg\u00fan mandato del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 143 inciso 5\u00ba C.P.C. [\u2026] [E]n armon\u00eda con el art\u00edculo 144 del C.P.C. numeral 1\u00b0\u00bb; en ese orden, explic\u00f3 que \u00aben vigencia del C.P.C. ni en vigencia de la ley 1395 de 2010 hay lugar a declarar la nulidad\u00bb. <\/p>\n
3.3. Sobre la nulidad, por p\u00e9rdida de competencia, en vigencia del actual C\u00f3digo General del Proceso, expuso que \u00ablas actuaciones surtidas despu\u00e9s de entrar la vigencia del CGP, corren la misma suerte, (\u2026) m\u00e1xime la sentencia de la Corte Constitucional de C 443 de 2019 de septiembre veinticinco (25) de 2019, declar\u00f3 la inexequilidad del art\u00edculo 121 numeral 6\u00ba, decisi\u00f3n que aplica al presente proceso, porque la petici\u00f3n de nulidad la presenta el 19 y 21 de julio de 2021, sentencia con efectos erga omnes a partir de esa fecha\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello concluy\u00f3 que \u00ablos argumentos del apelante caen el vac\u00edo, porque refulge que el art\u00edculo 121 del C.G.P., en lo atinente a la nulidad de pleno derecho, dej\u00f3 de existir en el mundo jur\u00eddico, sin que subsista nulidad de pleno derecho [\u2026] Finalmente, [\u2026] decant\u00f3 la doctrina de que no es dable a la parte alegar su propia culpa\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos de la parte, que se reiteran en sede de tutela, bajo una hermen\u00e9utica plausible que o amerita la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, la autoridad accionada, en la resoluci\u00f3n rebatida, expres\u00f3 que cualquiera fuera la norma que rigiera el proceso, lo cierto era que tanto la Ley 1395 de 2010 como el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso3, este \u00faltima a partir de la expedici\u00f3n de la sentencia de constitucionalidad C-443 de 2019, contemplaban que la p\u00e9rdida de competencia era saneable, por virtud de lo previsto en el numeral 1\u00ba art\u00edculo 144 del anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal consider\u00f3 motivadamente que, como durante el discurrir del proceso se realizaron diversas actuaciones de las partes y del Juzgado sin que se alegara en su momento el vicio procesal, la nulidad de p\u00e9rdida de competencia quedaba convalidada y saneada, por lo que el Despacho mantuvo las facultades para conocer del asunto. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, la actora argumenta que no se tuvo en cuenta lo resuelto por esta Sala en los fallos STC8849-2018 del 11 de julio de 2018 y STC9583-2019 del 22 de julio de 2019, en los que se consider\u00f3 que la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso era autom\u00e1tica y pod\u00eda a\u00fan decretarse, incluso, de oficio. Al respecto, advierte la Sala, de un lado, que las sentencias de tutela solo surten efectos inter partes, raz\u00f3n por la cual \u00abno [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite, (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01)\u00bb (reiterada en STC4981-2022); y, de otro, que aquellos fueron proferidos antes de la sentencia C-443-2019 del 25 de septiembre de 2019, en la que la Corte Constitucional defini\u00f3 que la p\u00e9rdida de competencia del precitado art\u00edculo 121 no operaba de pleno derecho y se saneaba si no se alega oportunamente. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con lo indicado en auto del 25 de abril de 2022, que aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos presentados en la diligencia del 21 de julio de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Mencion\u00f3 26 memoriales, contentivos de recursos y peticiones de las partes. <\/p>\n
3\u0002 En ese sentido, en la STC8849-2018, la Sala consider\u00f3 que, \u00abEn efecto, el citado canon noveno de la ley 1395, que adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, prescrib\u00eda que: (\u2026) N\u00f3tese que la citada regla, si bien contemplaba la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, no impon\u00eda la sanci\u00f3n de nulidad a las actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al fallador para dirimir el litigio, lo que permit\u00eda predicar su saneabilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9233-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9233-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02238-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Damis Patricia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65405","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65405"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65405\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}