STC9234-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9234-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2022-00035-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 1\u00ba de marzo de 20221, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrara Hoyos contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad y fueron citadas las partes e intervinientes en las acciones populares referidas por el actor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de las acciones populares relacionadas que radic\u00f3 los d\u00edas comprendidos entre el 13 al 31 de enero de 2022. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido manifest\u00f3 que present\u00f3 varias acciones populares v\u00eda correo electr\u00f3nico al \u00abcorreo institucional del despacho tutelado\u00bb, y a pesar de que la Ley 472 de 1998 le ordena proferir un auto en tres d\u00edas, el despacho judicial incumpli\u00f3 esta obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Consider\u00f3 que \u00abresulta curioso\u00bb que el actor popular est\u00e9 obligado a respetar y cumplir los \u00abt\u00e9rminos de tiempo\u00bb que le ordena la citada ley, y por el contrario, el Juzgado los desconoce abiertamente. <\/p>\n
2. Con ese argumento, pidi\u00f3 se ordene: <\/p>\n
\u00abi) inmediatamente a la tutelada que cumpla el plazo de la ley 472 de 1998, para proferir auto de admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n en las acciones populares que envi\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico el 13 de enero de 2022 al correo institucional, <\/p>\n
ii) comparar todas las acciones radicadas que presente (SIC) el 13 de enero de 2022 y un listado de las acciones que ha proferido auto en cualquier sentido, e <\/p>\n
iii) informar en derecho porque las acciones presentadas el 13 de enero de 2022, aparece con radicado 2021 algunas de las como 2021 32, 2021 33, 2021 34, 2021 35, y deber\u00eda ser 2022 y no 2021 como mal se consign\u00f3 por el despacho tutelado en auto, y pido se ordene en tutela corregir el radicado, sin que se retrotraiga la notificaci\u00f3n de dichas acciones populares a fin de dar celeridad y no generar situaciones contrarias en derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, present\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en los expedientes de las acciones populares Nos. 2022-32\/33\/34\/35\/77, y refiri\u00f3 que a ese despacho le han sido asignadas por reparto al 2 de febrero de 2022 un total de 301 acciones populares, demandas a las que se le ha dado el tr\u00e1mite correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ley 472 de 1998, y ha procurado cumplir los t\u00e9rminos all\u00ed previstos, pese a la cantidad de demandas que el interesado ha radicado. <\/p>\n
Las dem\u00e1s entidades y personas vinculadas guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente la solicitud de amparo por carencia actual de objeto respecto de las acciones Nos. \u00ab2022-00029, 2022-00031, 2022-00032, 2022-00033, 2022-00034, 2022-00035, 2022-00036, 2022-00037, 2022-00038, 2022-00039, 2022-00040, 2022-00041, 2022-00042, 2022-00043, 2022-00044 y 2022-00045\u00bb porque fueron admitidas por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante autos del 18 de enero de 2022. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las demandadas radicadas con Nos. \u00ab2022-00046, 2022-00047, 2022-00048, 2022-00049, 2022-00050, 2022-00051, 2022-00052, 2022-00053, 2022-00054, 2022-00055, 2022-00056, 2022-00057, 2022-00058, 2022-00059, 2022-00060, 2022-00061, 2022-00062, 2022-00063, 2022-00064, 2022-00065, 2022-00066, 2022-00067, 2022-00068, 2022-00069, 2022-00070, 2022-00071, 2022-00072, 2022-00073, 2022-00074 2022-00075, 2022-00076, 2022-00077\u00bb, explic\u00f3 que seg\u00fan el informe rendido por la funcionaria cuestionada no fue posible cumplir los t\u00e9rminos determinados por la Ley 472 de 1998, por la excesiva carga de procesos que tiene asignado ese despacho, sin embargo, para la fecha en que profiri\u00f3 el fallo, ya hab\u00eda resuelto sobre su admisibilidad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la correcci\u00f3n rogada referente a los n\u00fameros de identificaci\u00f3n de los expedientes Nos. \u00ab022-00032, 2022-00033, 2022-00034 y 2022-00035\u00bb, dijo que ninguna solicitud hab\u00eda efectuado el actor ante la funcionaria de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El solicitante pidi\u00f3 ordenar al Juzgado accionado acatar las normas procesales, pues en caso de no hacerlo se desconoce el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque si los t\u00e9rminos perentorios no se cumplen, es simplemente una denegaci\u00f3n de justicia, \u00abpues justicia tard\u00eda, \u2026. Es injusticia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en su escrito de respuesta manifest\u00f3 que, entre el 12 de enero al 2 de febrero del a\u00f1o que avanza, le asignaron por reparto un total de 301 acciones populares: <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s de los procesos que a diario son abonados por reparto, as\u00ed como las acciones de tutelas que debe conocer y fallar, aunado al hecho que debe adelantar tr\u00e1mite de los dem\u00e1s asuntos asignados. <\/p>\n
Expuso que, en las acciones populares promovidas por Gerardo Alonso Herrera Hoyos, unas ya hab\u00edan sido admitidas para la fecha en que promovi\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional, otras durante el tr\u00e1mite pese a no haberse observado con estrictez los t\u00e9rminos de la citada ley se pronunci\u00f3 sobre su admisi\u00f3n, y en los asuntos en los que su intenci\u00f3n era que se corrigiera el n\u00famero de radicado, refiri\u00f3 que simplemente el actor popular ninguna solicitud hab\u00eda formulado. <\/p>\n
Sobre ese particular, ha dicho esta sala: <\/p>\n
\u00abEl hecho superado o la carencia de objeto, se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb2. <\/p>\n
Igual acontece con los expedientes Nos. 2022-32 a 2022-35, pues como acertadamente se dijo en el fallo impugnado, no puede el fallador constitucional ordenar ninguna correcci\u00f3n, cuando el interesado previamente no lo ha solicitado al Juzgado de conocimiento, como quiera que, para que proceda la orden de amparo, debe agotarse previamente el requisito de subsidiaridad, el que no se cumple en las presentes diligencias. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e al motivo de impugnaci\u00f3n del accionante, esto es, que se \u00abrequiera a la Juez para que cumpla los t\u00e9rminos de la Ley 472 de 1998\u00bb, se observa que esa pretensi\u00f3n es a todas luces improcedente de una parte, porque la funcionaria cuestionada ha dado cumplimiento en la medida de sus capacidades a dichos plazos perentorios, pues de las 301 acciones populares que le fueron asignadas entre el 13 de enero al 2 de febrero de 2022, para la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de primer grado ya hab\u00eda resuelto sobre su admisi\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, se precisa que la Ley 270 de 1996 dispone que, la administraci\u00f3n de justicia es la parte de la funci\u00f3n p\u00fablica que cumple el Estado encargada por la Constituci\u00f3n y la ley para hacer efectivo los derechos, obligaciones garant\u00edas y libertades consagradas en ella, con el fin de realizar la convivencia social. <\/p>\n
En ese entendido, la funci\u00f3n jurisdiccional se ejerce de manera propia y habitual, entre otros, por los juzgados cualquiera sea su especialidad, los que constituyen la c\u00e9lula b\u00e1sica de la organizaci\u00f3n judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la citada ley, han sido creados de acuerdo con las necesidades de la administraci\u00f3n de justicia en cada circuito o municipio. Ahora, cuando se trata de un Civil del Circuito como aqu\u00ed acontece, conoce de los \u00abprocesos contenciosos, de propiedad intelectual, insolvencias de personas jur\u00eddicas y naturales no atribuidas a otra autoridad, competencia desleal, controversias que surjan con ocasi\u00f3n del contrato de sociedad, expropiaciones, impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, acciones populares, de protecci\u00f3n al consumidor, constitucionales\u00bb y los dem\u00e1s asignados por la Ley. <\/p>\n
Ahora bien, lo que se puede observar es que la Juez cuestionada con el recurso humano y f\u00edsico con el que cuenta, no ha desconocido el tr\u00e1mite preferente que tienen las acciones populares como lo dispone la Ley 472 de 1998, por el contrario, lo que se evidencia es un ejercicio desmedido del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia por el demandante, quien en un t\u00e9rmino no superior a un (1) mes, present\u00f3 301 acciones populares ante ese despacho judicial. <\/p>\n
4. En s\u00edntesis, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue asignado por reparto a este despacho, el 24 de junio de 2022. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016, STC12028-2020, STC17365-2021. <\/p>\n
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