STC9235-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00854-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jos\u00e9 Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Carrillo instaur\u00f3 al Departamento de La Guajira \u2013 Comit\u00e9 de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Concurrencia de los Pasivos, el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y los Juzgados Primero y Segundo Laborales del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes de los procesos disciplinario y laboral con radicados N\u00b0. 2015-00144-01 y 2012-00133-01, respectivamente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende que se ordene \u00abrevocar\u00bb el fallo calendado 14 de noviembre de 2019, mediante el cual la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al abogado Javier Vargas Moncaleano, y por la otra, que \u00abse tengan en cuenta los derechos de peticiones (sic) y ordene desarchivar todas las piezas procesales del mandamiento de pago\u00bb del juicio ejecutivo laboral que promovi\u00f3 contra el Departamento de La Guajira, para que dichas actuaciones se remitan al ente territorial. <\/p>\n
En apoyo de tales pedimentos, teniendo en cuenta las pruebas arrimadas y el escrito de tutela, se logra establecer en lo pertinente que el actor obra como ejecutante laboral contra del Departamento de La Guajira, tramit\u00e9 en el que el Tribunal Superior de Riohacha confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Con la expedici\u00f3n de las Leyes 499 de 1999 y 617 de 2000, el comit\u00e9 de saneamiento fiscal y financiero del citado Departamento aprob\u00f3 el reconocimiento y pago de las cesant\u00edas definitivas, los intereses de mora y la indexaci\u00f3n, por lo que su apoderado judicial solicit\u00f3 que se le cancelara las sumas adeudadas; sin embargo, la solicitud se neg\u00f3 por cuanto ya exist\u00eda una decisi\u00f3n judicial respecto de la puntual materia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aun cuando peticion\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura que ordenara el desarchivo, entre otros, de su proceso, despu\u00e9s de que dicha solicitud se traslad\u00f3 al Tribunal convocado y al Juzgado Primero Laboral del Circuito, este \u00faltimo, libr\u00f3 un oficio dando cuenta de informaci\u00f3n err\u00f3nea, incurriendo en \u00abun presunto prevaricato y desacato\u00bb, afirmaci\u00f3n que, asegura, dio lugar al juicio disciplinario en contra de su apoderado judicial, que culmin\u00f3 con sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de 12 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, sin que se estudiara de fondo los pormenores del asunto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 1\u00ba de junio pasado solicit\u00f3 nuevamente el desarchivo del juicio para que expida copia con \u00abel sello de ser primera copia tomada del original de todas las piezas procesales de los mandamientos de pago\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 297 de la Ley 1437 de 2011, y \u00abhasta la fecha han hecho (sic) caso omiso\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Laboral de Riohacha indic\u00f3 que el 2 de junio pasado atendi\u00f3 la petici\u00f3n del accionante, remitiendo al correo electr\u00f3nico el link de acceso al expediente digital y previniendo para que compareciera al Juzgado con el fin de entregar la autenticaci\u00f3n requerida; el Consejo Superior de la Judicatura y la Gobernaci\u00f3n de La Guajira, aunque en escritos separados, alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La salvaguarda solicitada no est\u00e1 llamada a prosperar toda vez que el gestor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para interponer el auxilio constitucional con el prop\u00f3sito de cuestionar las decisiones judiciales cuya revocatoria pretende (14 nov. 2019 y 123 abr. 2019), ya que no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el juicio rese\u00f1ado. <\/p>\n
En consecuencia, se observa con claridad meridiana que el actor no es parte en el decurso No. 2015-00144-00, dossier donde se expidieron las decisiones que hoy ataca y que supuestamente le generaron un da\u00f1o, de suerte que su ausencia en esa controversia permite descartar el inter\u00e9s jur\u00eddico para controvertir el prove\u00eddo, puesto que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb. (Negritas ajenas al texto – CSJ STC12873-2018, CSJ STC4307-2021). <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que sin duda tiene respaldo por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb(Negritas ajenas al texto – CSJ STC4993-2018, CSJ STC4307-2021). <\/p>\n
De otra parte, el amparo constitucional invocado de cara al proceso ejecutivo laboral que critica, tampoco est\u00e1 llamado a prosperar pues, no solo, resulta improcedente la salvaguarda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb en actuaciones judiciales, sino, adem\u00e1s con anterioridad a la radicaci\u00f3n del presente asunto, el Juzgado convocado atendi\u00f3 la solicitud del gestor. <\/p>\n
Debe memorarse que el derecho de petici\u00f3n no es viable en los procedimientos jurisdiccionales porque es claro que las s\u00faplicas invocadas por las partes o terceros en un escenario de esta naturaleza son regladas por normas generales y especiales aplicables a cada tipol\u00f3gica de proceso, raz\u00f3n por la cual el accionante no pod\u00eda invocar dicha garant\u00eda fundamental para impulsar el tr\u00e1mite del proceso laboral en el que present\u00f3 una solicitud de copias de documentales obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala reiteradamente ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01, CSJ STC7956-2020). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, tambi\u00e9n encuentra la Sala que con anterioridad a que se promoviera la presente salvaguarda, (28 de junio de 2022) la Juez aludida dio tr\u00e1mite judicial a la solicitud del actor (2 de junio 2022), esto es, remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico dispuesto para ello el link de acceso al expediente respecto del cual se requer\u00edan las copias del proceso y advirti\u00f3 que deber\u00eda comparecer al Despacho para proceder a la autenticaci\u00f3n correspondiente, sin que el accionante manifestara inconformidad alguna, luego la lesi\u00f3n de las prerrogativas superiores invocadas resulta inexistente. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA por improcedente la tutela planteada por Jos\u00e9 Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Carrillo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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