STC9237-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9237-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de marzo de 20221, en la acci\u00f3n de tutela promovida por D\u00e9bora Ram\u00edrez de Mar\u00edn contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2016-00238. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, \u00abvejez en condiciones de dignidad\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n GNR102623 de 13 de abril de 2015 la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, le reconoci\u00f3 a Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez por un total de $6.363.024 correspondientes a las 578 semanas cotizadas, al considerar que se encontraban reunidos los presupuestos estipulados en el art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993, determinaci\u00f3n que \u00e9ste recurri\u00f3 in\u00fatilmente en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que inconforme Mar\u00edn Cadavid promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la referida Administradora, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00ba de marzo de 2000, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 del mismo a\u00f1o, y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira en sentencia de 14 de marzo de 2017 orden\u00f3 a la demandada modificar la Resoluci\u00f3n de 13 de abril de 2015, en el sentido de indicar que la indemnizaci\u00f3n sustitutiva ascend\u00eda a la suma de $8.711.640, por lo cual la conden\u00f3 a reconocerle al demandante $2.651.560 como diferencia entre lo pagado y lo que realmente deb\u00eda cancelar. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en su calidad de sucesora procesal interpuso recurso de apelaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 11 de octubre de 2018 modific\u00f3 la decisi\u00f3n reduciendo en $1.130.757 el valor a pagar por concepto de reajuste a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 y la conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL3670-2021 de 17 de agosto de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En su sentir, la Sala accionada vulner\u00f3 su garant\u00eda fundamental al debido proceso, al inaplicar el Acuerdo 029 de 1983 y dar una interpretaci\u00f3n restrictiva a los principios de favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en raz\u00f3n a que Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid para el 18 de enero de 1988 cumpli\u00f3 60 a\u00f1os y al 25 de junio de 1998 acredit\u00f3 m\u00e1s de 500 semanas cotizadas, requisitos necesarios para acceder a la pensi\u00f3n de vejez al abrigo de la referida norma la cual deb\u00eda aplicarse de manera ultractiva. <\/p>\n
Igualmente afirm\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada la conden\u00f3 en costas por la suma de $4.400.000, siendo tal valor superior al derecho que los jueces de instancia declararon por concepto de reajuste de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva que fue reconocida a favor de Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid. <\/p>\n
Al respecto precis\u00f3 que las costas no pueden imponerse de manera objetiva o autom\u00e1tica, pues el numeral 8 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que solo habr\u00e1 lugar a las mismas cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin valor o efecto jur\u00eddico la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 \u2013Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de 17 de junio de 2021\u00bb, para que, en su lugar, profiera una providencia acorde a las normas y principios invocados, y, de manera subsidiaria pidi\u00f3 que dejar sin efecto las costas procesales a las que fue condenada \u00abque subsumen o inviabilizan el derecho reconocido por la jurisdicci\u00f3n a su favor y que benefician o consagran como vencedora a quien perdi\u00f3 el proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n e inform\u00f3 que a Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid no le asist\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez conforme al Acuerdo 029 de 1983 ante la imposibilidad de aplicar ultractivamente dicha norma que rigi\u00f3 hasta el 17 de abril de 1990, pues seg\u00fan el criterio de la Sala, su procedencia est\u00e1 condicionada al cumplimiento de los requisitos all\u00ed establecidos en vigencia del mismo, consistentes en la edad y densidad de semanas antes de la expedici\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Expuso que no hubo vulneraci\u00f3n al principio de la non reformatio in pejus, como quiera que, si bien la demandante fue la \u00fanica apelante respecto de la decisi\u00f3n de primera instancia, lo cierto es que el juez de segundo grado pod\u00eda modificar la determinaci\u00f3n en lo que le fuera desfavorable a aqu\u00e9lla, en raz\u00f3n a que tambi\u00e9n conoci\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta que opera a favor de Colpensiones, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 14 de la Ley 1149 de 2007. Finalmente indic\u00f3, que en sede de casaci\u00f3n la conden\u00f3 en costas fijando como agencias derecho la suma de $4.400.000, valor que se ajusta al rango establecido en el Acuerdo PSAA16-10554, teniendo en cuenta que el recurso no prosper\u00f3 y hubo r\u00e9plica. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se evidenci\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras determinar que no se evidenciaba la configuraci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, en particular al constatar que la decisi\u00f3n cuestionada no resultaba arbitraria o caprichosa, puesto que fue adoptada de manera razonable y estaba justificada en las pruebas obrantes en el proceso ordinario. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tras cotejar el escrito de tutela con los argumentos expuestos en la demanda de casaci\u00f3n, \u00abf\u00e1cil se advierte que se trata de similar controversia, pues la aqu\u00ed accionante, tal y como lo hizo dentro del proceso, insiste en que se debi\u00f3 reconocer la pensi\u00f3n de vejez reclamada por JOS\u00c9 ALDEMAR MAR\u00cdN CADAVID, por ello de entrada se puede afirmar que la intenci\u00f3n de DEBORA RAM\u00cdREZ DE MAR\u00cdN [en condici\u00f3n de sucesora procesal] no es otra que, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de los derechos de orden superior, reabrir un debate ya finiquitado dentro del respectivo diligenciamiento y por las autoridades judiciales competentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien manifest\u00f3 que, a diferencia de lo decidido por el fallador de primer grado, s\u00ed acredit\u00f3 la presencia de yerros o defectos sustanciales que permiten la injerencia de juez constitucional para preservar los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3 que la sentencia objeto de reproche contiene conceptos que llevan a un evidente defecto sustantivo que deriva en una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, por cuanto el \u00f3rgano de unificaci\u00f3n opta por la interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva y lesiva, la cual debe ser retirada del ordenamiento jur\u00eddico, igualmente, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales y en la vulneraci\u00f3n de los principios de favorabilidad y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Por otra parte, afirm\u00f3 que no mereci\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n el reproche que hizo a la condena en costas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora D\u00e9bora Ram\u00edrez de Mar\u00edn en su calidad de sucesora procesal cuestiona la sentencia SL3670-2021 proferida el 17 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en el proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid contra Colpensiones, pues en su sentir, era procedente acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 029 de 1983, dando aplicaci\u00f3n a los principios de favorabilidad y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 accionada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, puesto que, en la sentencia atacada, explic\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en determinar si el Tribunal se hab\u00eda equivocado al no concederle a Jos\u00e9 Aldemar Mar\u00edn Cadavid la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en el Acuerdo 029 de 1983, y, para definir la controversia expuso: <\/p>\n
\u00abSobre el t\u00f3pico concerniente a la posibilidad de aplicar ultractivamente la mencionada norma, que rigi\u00f3 hasta el 17 de abril de 1990, el criterio de la Sala es que su procedencia est\u00e1 condicionada al cumplimiento de los requisitos all\u00ed previstos en vigencia de tal estatuto, esto es, la edad y la densidad de semanas antes de la expedici\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, pues para que en efecto se trate de un derecho adquirido, se torna imprescindible la satisfacci\u00f3n de ambos supuestos\u00bb. (Subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Posteriormente, refiri\u00f3 in extenso lo se\u00f1alado por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente sobre la ultractividad de las normas, entre otras en las sentencias 2011, rad. 37762 y CSJ SL, 30 sept. 2015 rad. 50510 y CSJ SL290-2020 y, concluy\u00f3 que no se evidenciaba el error jur\u00eddico endilgado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, habida cuenta que el demandante no cumpli\u00f3 los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n se\u00f1alados en el Acuerdo 029 de 1983, ya que solo alcanz\u00f3 los 60 a\u00f1os en vigencia de dicha norma, pero no el n\u00famero de semanas cotizadas exigidas. <\/p>\n
Luego, al estudiar el segundo cargo indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn forma preliminar advierte la Sala, que la improcedencia del bono pensional tipo A, conforme lo sent\u00f3 el ad quem, resulta palmaria, en cuanto no se cumpli\u00f3 con el supuesto indefectible para su configuraci\u00f3n, a saber, el traslado del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida con Solidaridad al de Ahorro Individual con Solidaridad\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abConforme a la normativa expuesta, [Ley 100 de 1993] se deduce que dados los supuestos f\u00e1cticos presentes en el caso del se\u00f1or Mar\u00edn Cadavid, no se caus\u00f3 derecho al bono pensional peticionado, pues en ning\u00fan momento medi\u00f3 un traslado de r\u00e9gimen, aquel siempre permaneci\u00f3 en el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; tampoco se encontr\u00f3 probado que aquel hubiere sido antes empleado p\u00fablico, Por ende, ante la claridad de tales preceptos, era innecesario dar aplicaci\u00f3n a los principios que materializan el car\u00e1cter tuitivo del derecho laboral, contenidos en el art. 53 de la CP, como los de favorabilidad, condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa o in dubio pro operario, pues estos tienen lugar ante conflictos de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas; hip\u00f3tesis que no se evidencian\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en punto al cargo tercero especific\u00f3 que, seg\u00fan lo planteado por la recurrente se lograba evidenciar una confusi\u00f3n por parte de la misma entre la no reformatio in pejus y la obligaci\u00f3n de imponer costas ante la no prosperidad de un recurso, de conformidad con lo estipulado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, y destac\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[S]i bien es cierto que en el presente proceso, en relaci\u00f3n con la sentencia de primer grado, la recurrente fue apelante \u00fanica, lo cierto es que el Tribunal adem\u00e1s conoci\u00f3 en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, por cuanto para la fecha en la que se emiti\u00f3 la sentencia de primera instancia, ya estaba vigente el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 que modific\u00f3 el 69 del CPTSS, y previ\u00f3 aquella respecto de las sentencias adversas a aquellas entidades descentralizadas en las que la Naci\u00f3n sea garante, como Colpensiones, en consecuencia, al considerar mal calculado por el a quo el reajuste de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, la redujo; y la imposici\u00f3n de condena en costas de la segunda instancia, tuvo lugar por la no prosperidad del recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la actora. <\/p>\n
Por lo expuesto, no se incurri\u00f3 por parte del sentenciador de segundo grado, en la citada prohibici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, determin\u00f3 la improsperidad de los cargos y resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira de 11 de octubre de 2018 y, conden\u00f3 a la recurrente en costas fijando como agencias en derecho la suma de $4.400.000. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 en el fallo SL3670-2021 proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por la accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la rese\u00f1ada providencia estuvo soportada en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, encontrando que no era posible aplicar ultractivamente el Acuerdo 029 de 1983, al no encontrarse cumplidos los requisitos all\u00ed establecidos pues el demandante no acredit\u00f3 la cantidad de semanas cotizadas exigidas en esa norma. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por la se\u00f1ora D\u00e9bora Ram\u00edrez de Mar\u00edn a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una nueva instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente a la condena en costas impuesta en segunda instancia, se observa que dicho reproche fue dirimido por la Sala accionada en la sentencia de casaci\u00f3n, en la cual explic\u00f3 que dicha imposici\u00f3n, tuvo lugar ante la no prosperidad del recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la actora. <\/p>\n
Por otra parte, no se evidencia que la condena impuesta en sede de casaci\u00f3n, sea el resultado de un desafuero puesto que el valor fijado como agencias en derecho, se encuentra dentro del rango fijado en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 para recursos extraordinarios, esto es, entre 1 y 20 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021 y STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala el 24 de junio de 2022. <\/p>\n
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