STC9244-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9244-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00722-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 19 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, el Fondo de esa entidad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y de Reparaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abrestituci\u00f3n de tierras\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, igualdad y debido proceso, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Para sustentar su queja, expres\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n 0884 de 13 de abril de 1987 el entonces INCORA le adjudic\u00f3 el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 034-18431, ubicado en el municipio de Turbo, en la vereda Cirilo, corregimiento de Punta Piedra. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 22 de mayo de 1995, \u00e9l y su familia fueron v\u00edctimas de desplazamiento forzado, debido a la \u00abarremetida paramilitar en contra de campesinos, militantes de la UP y el partido comunista en Turbo Antioquia\u00bb, hecho victimizante que suscit\u00f3 su salida de dicho territorio y su inclusi\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que para lograr la devoluci\u00f3n de su predio, el cual \u00abcontin\u00faa a [su] nombre\u00bb, el 30 de noviembre de 2011 present\u00f3 ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD reclamaci\u00f3n radicada con el N\u00ba ID-30369, no obstante, a la fecha de este amparo y pese a sus m\u00faltiples solicitudes, no ha logrado la restituci\u00f3n que pretende. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que impuls\u00f3 un \u00abincidente de oposici\u00f3n de terceros a medidas cautelares\u00bb ante el Tribunal acusado, exponi\u00e9ndole su relaci\u00f3n con el predio y pidi\u00e9ndole que levantara las cautelas ordenadas y le impusiera a la UAEGRTD entregarle el inmueble, tramite definido en audiencia de 30 de septiembre de 2021 en la que se remiti\u00f3 su petici\u00f3n \u00abpor competencia\u00bb a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, en aplicaci\u00f3n a lo establecido en los par\u00e1grafos 2 y 3 del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, y adem\u00e1s se le indic\u00f3 al apoderado de esa entidad que deb\u00eda \u00abaveriguar la situaci\u00f3n del bien inmueble y en lo posible la Unidad entregue el bien para su cuidado al Se\u00f1or WILFRIDO RODR\u00cdGUEZ CANTERO\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que ante la UAEGRTD ha radicado \u00abalrededor de 6 derechos [de petici\u00f3n] (\u2026) 2 por a\u00f1o, donde la respuesta (\u2026) ha sido la misma, no se ha microfocalizado la zona porque no existe concepto favorable por parte de la Fuerza P\u00fablica para ese sector, \u2018no existen condiciones m\u00ednimas de seguridad\u2019\u00bb, razones por las que se le ha negado la devoluci\u00f3n de su predio. <\/p>\n
Anot\u00f3 adem\u00e1s, que el 3 de noviembre de 2021 dirigi\u00f3 otro \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante la Agencia Nacional de Tierras, regional Apartad\u00f3, a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas y la UAEGRTD para que atendieran lo indicado por el Tribunal y procedieran a devolverle el inmueble nombrado, pero las dos primeras le manifestaron que carec\u00edan de competencia para resolver su reclamaci\u00f3n y, la \u00faltima, insisti\u00f3 en que el \u00abpredio se encuentra ubicado en un lugar que no ha sido microfocalizado\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que las autoridades accionadas le han vulnerado los derechos que reclama porque han desconocido su calidad de v\u00edctima, mayor de 60 a\u00f1os y sin recursos para subsistir, y han omitido darle una soluci\u00f3n de fondo a sus demandas, pese a sus m\u00faltiples reclamos a lo largo del tiempo transcurrido desde su desplazamiento. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3 en consecuencia, ordenarle a la UAEGRTD reconocer su \u00abprelaci\u00f3n\u00bb de derechos y continuar con la \u00abetapa administrativa\u00bb para lograr la devoluci\u00f3n de su inmueble, o si ello no es posible, buscar \u00abalternativas como la indemnizaci\u00f3n o la compensaci\u00f3n\u00bb o disponer la \u00abmicrofocalizaci\u00f3n por v\u00eda judicial\u00bb y \u00abrestituir[le] el predio de [su] propiedad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y de Reparaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de su Fondo de Reparaci\u00f3n contest\u00f3 la petici\u00f3n que le dirigi\u00f3 el accionante el 12 de abril de 2022, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 negar el amparo propuesto al ocurrir un hecho superado y no evidenciarse un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- manifest\u00f3 que, previo a iniciar la etapa judicial del proceso de restituci\u00f3n de tierras, es necesaria la inscripci\u00f3n del inmueble en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente \u2013RTDAF-, lo cual tiene lugar tras la \u00abmacrofocalizaci\u00f3n y microfocalizaci\u00f3n\u00bb del predio que se pretende, y, que, en cuanto al terreno demandado por el accionante, \u00abno ha sido posible dar inicio al estudio formal del tr\u00e1mite administrativo, puesto que a la fecha la situaci\u00f3n de seguridad en la zona no lo ha permitido y, en consecuencia, no se cuenta con concepto de seguridad favorable por parte de la Fuerza P\u00fablica. <\/p>\n
En ese orden, la Direcci\u00f3n Territorial Apartad\u00f3 no le ha sido posible microfocalizar la zona de ubicaci\u00f3n del predio objeto de consulta, requisito indispensable para adelantar las respectivas actividades inherentes a la etapa administrativa del proceso de restituci\u00f3n de tierras a cargo de la UAEGRTD. Por consiguiente, una vez cambien las condiciones de seguridad en la zona donde se ubica el predio pretendido por el solicitante y se obtenga concepto favorable por parte de las autoridades de seguridad correspondientes, se proceder\u00e1 a emitir el acto administrativo que disponga la microfocalizaci\u00f3n, necesario para proferir luego la resoluci\u00f3n de inicio del estudio formal de la solicitud distinguida con el ID 30369\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en los a\u00f1os 2020 y 2021 en los informes de seguridad requeridos se report\u00f3 \u00abun criterio desfavorable para el inicio del proceso de restituci\u00f3n de tierras en la vereda donde se ubica el predio solicitado por el se\u00f1or WILFRIDO RODR\u00cdGUEZ CANTERO, por encontrarse un nivel alto de inseguridad en materia de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ha contestado con suficiencia todas las peticiones del accionante, a quien le remiti\u00f3 recientemente el oficio de 18 de abril de 2022, mediante el cual le puso de presente las gestiones adelantadas para lograr la microfocalizaci\u00f3n del bien, raz\u00f3n por la que anot\u00f3 que el amparo es improcedente al no presentarse vulneraci\u00f3n alguna a los derechos del solicitante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo reclamado porque no hall\u00f3 irregularidad en la decisi\u00f3n de 30 de septiembre de 2021 del Tribunal Superior accionado, puesto que, conforme a los par\u00e1grafos 2 y 3 de la Ley 1592 de 2012, la competencia para resolver sobre la restituci\u00f3n pedida por el se\u00f1or Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero, correspond\u00eda a la UAEGRTD aun cuando la medida cautelar en controversia la hubiese proferido esa Corporaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que no era susceptible de ning\u00fan recurso. <\/p>\n
En cuanto a la actuaci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- explic\u00f3 que, como esa autoridad lo indic\u00f3, deben adelantarse unos tr\u00e1mites previos para impulsar la etapa judicial de la restituci\u00f3n, gestiones \u00aba cargo de instituciones que cuentan con la capacidad t\u00e9cnica y el conocimiento hist\u00f3rico del contexto de violencia del pa\u00eds para cumplir esa funci\u00f3n. Sin el agotamiento de esa etapa, el asunto est\u00e1 suspendido, pues esa herramienta define cu\u00e1les ser\u00e1n las zonas a restituir (CC T-679 de 2015)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con argumentos iguales a los expuestos en el escrito de tutela, y reiter\u00f3 que sus derechos siguen siendo vulnerados porque el Tribunal accionado decret\u00f3 una medida cautelar sobre su predio y la UAEGRTD no ha avanzado en el proceso de restituci\u00f3n a pesar de radicar la petici\u00f3n correspondiente desde el 30 de noviembre de 2011, circunstancias que desconocen sus derechos como v\u00edctima en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, \u00aben estado avanzado de edad, sin un amparo digno del derecho a la reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero reprocha la medida cautelar decretada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 034-18431 de su propiedad, as\u00ed como la tardanza de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD en adelantar la microfocalizaci\u00f3n del \u00e1rea donde se encuentra su predio, a fin de garantizarle su derecho a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Para definir la problem\u00e1tica expuesta, resulta necesario desarrollar lo concerniente a (i) la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a los tr\u00e1mites de restituci\u00f3n de tierras impulsados por personas v\u00edctimas del conflicto; (ii) la falta de t\u00e9rmino legal para surtir las gestiones de \u00abMacrofocalizaci\u00f3n y Microfocalizaci\u00f3n\u00bb establecidas en los Decretos 4829 de 2011, 1071 de 2015 y 599 de 2012, modificados por el Decreto 440 de 2016 y dem\u00e1s normas complementarias; y (iii) el marco f\u00e1ctico evidenciado en el presente caso. <\/p>\n
(i) Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a los tr\u00e1mites de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de garantizar el derecho a la reparaci\u00f3n de las personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, la Ley 1448 de 2011 dise\u00f1\u00f3 el procedimiento para la satisfacci\u00f3n del que ha sido catalogado como derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, que inspirado en principios de nivel constitucional, est\u00e1 orientado a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente. <\/p>\n
La se\u00f1alada ley, consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral para dichas v\u00edctimas, y estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria, reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
Igualmente, prev\u00e9, adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n ya que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil, tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5\u00ba), las presunciones de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77), y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78), entre otras (Ver CJS, STC5397-2017 y STC9828-2021, entre muchas). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Sala ha indicado que cuando se formulan tutelas contra tales tr\u00e1mites, el juez constitucional debe priorizar los derechos de las v\u00edctimas, quienes en tal condici\u00f3n son sujetos especiales de protecci\u00f3n exentos de cargas adicionales que lesionen sus garant\u00edas y que generen, incluso, su revictimizaci\u00f3n (Ver CSJ, STC1428-2020 y STC4990-2022, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior no quiere decir que en todos los casos deba accederse a la protecci\u00f3n demandada, pues es forzoso revisar las circunstancias particulares de las v\u00edctimas, la idoneidad de los recursos que puedan tener a su alcance y la eventual necesidad de que intervenga esta especial jurisdicci\u00f3n en aras de garantizar sus derechos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, se encuentra, por ejemplo, que cuando se han discutido los tr\u00e1mites administrativos previos para acudir a la jurisdicci\u00f3n y demandar la restituci\u00f3n de un determinado predio, esta Corporaci\u00f3n ha encontrado que esas gestiones no lesionan garant\u00edas sustanciales y, por el contrario, se requieren para satisfacer con suficiencia el derecho a la restituci\u00f3n, procedimiento en el que deben protegerse, asimismo, los derechos de los terceros interesados, pues como lo indic\u00f3 \u00abla sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, (\u2026) no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u201cuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u201d, se definieron en la norma \u201cgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (Ver CJS, STC1541-2014 de 13 feb., rad. 00169-00, STC5328-2014 y STC12199-2016, entre otras.). <\/p>\n
(ii) Las gestiones de \u00abMacrofocalizaci\u00f3n y Microfocalizaci\u00f3n\u00bb establecidas en los Decretos 4829 de 2011, 1071 de 2015 y 599 de 2012, modificados por el Decreto 440 de 2016. <\/p>\n
Como lo establece la Ley 1448 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, es la encargada de adelantar la etapa administrativa del proceso de restituci\u00f3n de tierras contemplado en esa norma, tr\u00e1mite que inicia con el acto de apertura formal del caso, contabiliz\u00e1ndose desde all\u00ed sesenta d\u00edas (60) prorrogables por treinta (30) m\u00e1s, para la expedici\u00f3n del acto administrativo con el que se decide inscribir o no el inmueble en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n
A pesar de lo expuesto, la etapa administrativa no se activa mientras en la zona donde se ubica el predio pretendido no hayan sido evacuados los tr\u00e1mites de \u00abMacrofocalizaci\u00f3n2 y Microfocalizaci\u00f3n\u00bb3, de acuerdo con los Decretos 4829 de 2011, 1071 de 2015 y 599 de 2012, modificados por el Decreto 440 de 2016, pues aquellos procedimientos son indispensables para establecer \u00abla situaci\u00f3n de seguridad, la densidad hist\u00f3rica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno\u00bb, elementos que est\u00e1n consignados en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 76 \u00eddem, y que deben determinarse para que, luego, la UAEGRTD efect\u00fae el an\u00e1lisis preliminar sobre la viabilidad de la restituci\u00f3n reclamada y proceda a evacuar la etapa a su cargo. <\/p>\n
Se destaca que la inscripci\u00f3n del bien en el Registro Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se erige como un requisito de procedibilidad para interponer la demanda correspondiente ante la jurisdicci\u00f3n, seg\u00fan el inciso 5\u00ba \u00eddem, por tanto, es evidente que mientras no se adelanten las gestiones de macro y micro \u00abfocalizaci\u00f3n\u00bb referidas y se inscriba el predio en dicho Registro, no podr\u00e1 obtenerse una decisi\u00f3n judicial orientada a garantizar el derecho a la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Es preciso destacar igualmente, que los preceptos normativos aplicables no fijan un t\u00e9rmino para que la UAEGRTD y las entidades que colaboran con su actividad \u2013Ministerio de Defensa Nacional y Comit\u00e9s Operativos Locales de Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, adelanten la \u00abMacrofocalizaci\u00f3n y Microfocalizaci\u00f3n\u00bb del predio que se pretende, lo cual se explica porque, en cada caso, la posibilidad de determinar los elementos atr\u00e1s citados es distinta, ya que se sujeta a \u00ablas condiciones de seguridad\u00bb del lugar y al inter\u00e9s del Gobierno en determinadas \u00e1reas donde la violencia ha sido mayor. <\/p>\n
Al punto, se destaca que esta Corte ha desestimado amparos propuestos contra la tardanza en el impulso de las gestiones de \u00abMacrofocalizaci\u00f3n y Microfocalizaci\u00f3n\u00bb, porque, en t\u00e9rminos generales, ha comprendido que como requisito previo para adelantar las distintas etapas del proceso de restituci\u00f3n, cumple fines constitucionalmente leg\u00edtimos a pesar de las demoras que se susciten y, con todo, tales retrasos \u00abest\u00e1[n] razonablemente justificad[os] en circunstancias que la propia jurisprudencia constitucional ha avalado en casos de mora, l\u00e9ase, complejidad del asunto y existencia de circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la pronta resoluci\u00f3n de la controversia, tal y como de manera irrefutable sucede (\u2026) con los (\u2026) tr\u00e1mites de restituci\u00f3n de tierras en los cuales se presentan dificultades, espec\u00edficamente, en el proceso de microfocalizaci\u00f3n de los predios\u00bb (Ver CSJ, STP5112-2018, postura que puede extraerse de STC14990-2014 y STC12199-2016). <\/p>\n
\u00ab(i) no se contesta en un tiempo razonable la solicitud de inscripci\u00f3n en el registro de tierras despojadas. Esto debido a que los derechos no pueden quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, esperando una respuesta por parte de la administraci\u00f3n. Si bien es dif\u00edcil determinar un plazo perentorio para la microfocalizaci\u00f3n, de ah\u00ed no se sigue que la ausencia de un t\u00e9rmino legal para el efecto sea una justificaci\u00f3n para la inactividad del Estado. <\/p>\n
(ii) (\u2026) la Unidad no sustenta, razonablemente, es decir normativa (razones jur\u00eddicas) y f\u00e1cticamente (datos emp\u00edricos) su negativa de microfocalizar. Una decisi\u00f3n de este tipo no podr\u00eda ser respetuosa de los derechos de las v\u00edctimas si \u00fanicamente se refiere, enumera o trascribe las normas sobre focalizaci\u00f3n. La carga que debe cumplir consiste en explicar de manera adecuada y suficiente por qu\u00e9 la zona no es segura, no posee la densidad hist\u00f3rica de despojo adecuada o no existen condiciones apropiadas para el retorno (\u2026). <\/p>\n
(iii) (\u2026) las respuestas negativas en este \u00e1mbito, no pueden basarse en una alusi\u00f3n gen\u00e9rica a \u201crazones de seguridad\u201d. Esas razones deben sustentarse directamente en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del predio solicitado o, al menos, de la microzona a la que concierne la discusi\u00f3n. Las \u201crazones de seguridad\u201d, cuando se aducen de forma vaga, inespec\u00edfica o gen\u00e9rica no son una justificaci\u00f3n para negar la microfocalizaci\u00f3n porque en un pa\u00eds marcado cuya historia se encuentra marcada por un conflicto armado intenso, persistente y que a\u00fan no termina, siempre existir\u00e1 preocupaci\u00f3n por la seguridad en las regiones m\u00e1s afectadas por los hechos violentos. <\/p>\n
(iv) [La] decisi\u00f3n de no microfocalizar debe ser evaluada peri\u00f3dicamente. (\u2026) [L]as condiciones de seguridad y despojo hist\u00f3rico pueden variar peri\u00f3dicamente, lo que justifica que la administraci\u00f3n evalu\u00e9 las solicitudes de la v\u00edctima con frecuencia\u00bb. <\/p>\n
(C.C. sent. T-798 de 2014 y T-679 de 2015). <\/p>\n
(iii) Marco f\u00e1ctico evidenciado en el presente caso. <\/p>\n
De las pruebas allegadas y las manifestaciones de los aqu\u00ed involucrados, la Sala evidencia las siguientes circunstancias f\u00e1cticas, relevantes para definir este asunto: <\/p>\n
– El se\u00f1or Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero, aqu\u00ed accionante acudi\u00f3 ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, para lograr la \u00abrestituci\u00f3n del inmueble\u00bb de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 034-18431 que figura a su nombre seg\u00fan el certificado expedido el 24 de septiembre de 2021, ubicado en el municipio de Turbo, en la vereda Cirilo, corregimiento de Punta Piedra. <\/p>\n
– Esa solicitud fue radicada por la citada Unidad bajo el ID 30369 el 30 de noviembre de 2011. <\/p>\n
– Aunque el accionante le ha pedido a la UAEGRTD impulsar el tr\u00e1mite, esa entidad, en varias ocasiones, le ha informado la imposibilidad de hacerlo porque la zona donde se encuentra el predio no ha sido \u00abmicrofocalizada\u00bb. <\/p>\n
– El actor acudi\u00f3 al proceso adelantado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn contra el postulado \u00abH\u00c9BERT VELOZA GARC\u00cdA, alias \u201cHH\u201d, comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)\u00bb, promoviendo un \u00abincidente de oposici\u00f3n de terceros a medidas cautelares\u00bb, para lograr la cancelaci\u00f3n de la medida inscrita sobre el referido inmueble, fijada as\u00ed: \u00abESPECIFICACI\u00d3N: SUSPENSI\u00d3N PROVISIONAL A LA LIBRE DISPOSICION DE DOMINIO EN PROCESO DE JUZTICIA (sic) Y PAZ LEY 975 DE 2005, quien interviene en el acto es el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA DE JUSTICIA Y PAZ\u00bb; y la restituci\u00f3n del inmueble en su calidad de propietario. <\/p>\n
– En audiencia de 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior remiti\u00f3 la solicitud del accionante por competencia, a la UAEGRTD, conforme a lo establecido en los par\u00e1grafos 2 y 3 del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 20124 y adem\u00e1s, le indic\u00f3 al apoderado de esa entidad que deb\u00eda \u00abaveriguar la situaci\u00f3n del bien inmueble y en lo posible la Unidad entregue el bien para su cuidado al Se\u00f1or WILFRIDO RODR\u00cdGUEZ CANTERO\u00bb. <\/p>\n
Adopt\u00f3 esa decisi\u00f3n porque evidenci\u00f3 que \u00absobre el bien inmueble conocido como Parcela 154, Vereda Punta de Piedra, Turbo \u2013 Antioquia, con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 034-18431, en la que figura como propietario (\u2026) el se\u00f1or Wilfredo Rodr\u00edguez Quinto, al parecer existe un tr\u00e1mite ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas; y, si ello es as\u00ed debe darse aplicaci\u00f3n a lo previsto art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, que introdujo el art\u00edculo 17B a la Ley 975 de 2005, par\u00e1grafos 2 y 3\u00bb. <\/p>\n
– El 3 de noviembre de 2021 el solicitante dirigi\u00f3 \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, a la UAEGRTD y a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas con el fin de lograr, puntualmente, que se le informara el estado de la actuaci\u00f3n remitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn con oficio de 5 de octubre de 2021 y que se \u00abcumpliera\u00bb lo all\u00ed indicado al apoderado de la UAEGRTD, disponi\u00e9ndose, adem\u00e1s, \u00abla restituci\u00f3n jur\u00eddica y material\u00bb de su predio, previa inscripci\u00f3n del mismo en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n
– Frente a esa reclamaci\u00f3n, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, con comunicaci\u00f3n de 12 de abril de 2022 le inform\u00f3 al accionante lo relativo a sus competencias y le indic\u00f3 con ocasi\u00f3n de \u00e9stas le era imposible atender lo determinado por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, no obstante, sobre su predio inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abrespecto al estado del bien denominado PARCELA 154L, ubicado en el municipio de Turbo \u2013 Antioquia, identificado con FMI 034-18431, nos permitimos informar que este se encuentra actualmente bajo la administraci\u00f3n y cuidado del FRV (Fondo para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas) desde el d\u00eda 28 de noviembre de 2013. El predio tiene una extensi\u00f3n total de 8.300 m2 de los cuales 7490 m2 son utilizados en una plantaci\u00f3n de Teca (Tectona Grandis) de una edad aproximada de 8 a\u00f1os, la plantaci\u00f3n tiene aproximadamente 16 a\u00f1os y est\u00e1 pr\u00f3xima a su edad productiva que generalmente es del a\u00f1o 18 en adelante, este predio est\u00e1 siendo administrado por el grupo de Bienes con Actividades Agropecuarias o Forestales (BAAF) del FRV, con el fin de preservar el estado de los \u00e1rboles de Teca que all\u00ed se encuentran y as\u00ed, poderlos comercializar al cumplir dicha edad productiva con el objetivo de obtener recursos para la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Es pertinente se\u00f1ala que, esta es una de las formas en donde el FVR ejerce sus labores de secuestre. <\/p>\n
En efecto, la diligencia de secuestro realizada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se realiz\u00f3 en los t\u00e9rminos de la Ley 1564 de 2012, \u2018Por medio de la cual se expide el C\u00f3digo General del Proceso\u2019, Ley 975 de 2005, Ley 1592 y Decreto 1069 de 2015; conforme lo ordenado por el magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas el d\u00eda 8 de noviembre de 2013, en donde se impuso la medida cautelar al predio anteriormente mencionado. Igualmente, las medidas cautelares s\u00f3lo se pueden levantar cuando as\u00ed lo ordene el juez que las decret\u00f3 u orden\u00f3, pero para ello, el juez verificar\u00e1 que est\u00e9n cumplidos los requisitos para que proceda el levantamiento, esto es, que se encuentre cumplida la orden y el objetivo que dio lugar a la imposici\u00f3n de la medida cautelar. Por esta misma raz\u00f3n no es posible acceder a la solicitud de acompa\u00f1amiento para retorno al inmueble\u00bb. <\/p>\n
– Por su parte, y respecto de la citada petici\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, con oficio de 3 de diciembre de 2021, le indic\u00f3 al accionante que del acta de 30 de septiembre de 2021, expedida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, no evidenciaba que se le hubiese ordenado a su apoderado judicial alguna gesti\u00f3n sino, por el contrario, que el requerimiento se dirigi\u00f3 a su abogado. Adicionalmente, le indic\u00f3 que \u00abse encuentra en tr\u00e1mite la solicitud identificada con el ID 30369, la misma que se ubica en una zona no Microfocalizada\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, y tras explicar lo relativo a la \u00abmacrofocalizaci\u00f3n y microfocalizaci\u00f3n\u00bb de los predios que se pretenden en restituci\u00f3n, el procedimiento para adelantar esas gestiones y las entidades que apoyan esa actividad, record\u00f3 que s\u00f3lo cuando se adelanten esos procesos de focalizaci\u00f3n puede comprenderse el inicio de la solicitud de restituci\u00f3n, examinarse la viabilidad de ordenar la inscripci\u00f3n del inmueble en el Registro Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente e impulsar la actuaci\u00f3n jurisdiccional correspondiente, y, por tanto, como lo primero no se ha adelantado, le reiter\u00f3 al se\u00f1or Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero que \u00abpor el momento no es posible que el juez especializado en restituci\u00f3n de tierras ordene mediante sentencia la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del fundo solicitado\u00bb. <\/p>\n
Con todo, le aclar\u00f3 que el tr\u00e1mite adelantado en esa entidad \u00abobedece a una solicitud de Restituci\u00f3n y no a una solicitud RUPTA -Registro \u00danico de Predios y Territorios Abandonados a causa de la Violencia-\u00bb, instrumento que, de acuerdo con los Decretos 1071 de 2015 y 640 de 2020, le permite <\/p>\n
\u00aba las personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, quienes se entender\u00e1n como beneficiarios, obtener, a trav\u00e9s de una medida administrativa la protecci\u00f3n de las relaciones de propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n sobre inmuebles, que hayan dejado abandonados, en este registro que en el que se inscribir\u00e1 al solicitante y su relaci\u00f3n jur\u00eddica con el predio objeto de la medida. <\/p>\n
Respecto a os propietarios, la inscripci\u00f3n en el Registro \u00danico de Predios y Territorios Abandonados a causa de la Violencia -RUPTA- tiene como finalidad impedir el registro de actos que impliquen la transferencia del derecho de dominio de los inmuebles rurales y urbanos\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme las circunstancias antes expuestas, procede la Sala a resolver las quejas contra la actividad de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, y las gestiones de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD. <\/p>\n
4.1 La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
De acuerdo con el escrito de tutela y los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se concluye que el accionante formul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela contra dicha Corporaci\u00f3n al estar inconforme con la medida cautelar decretada por esa autoridad el 8 de noviembre de 2013 respecto del predio de su propiedad, por remitir su solicitud de levantamiento de esa cautela por competencia a la UAEGRTD y por no acceder a restituirle dicho predio. <\/p>\n
Como viene de fijarse en el marco f\u00e1ctico anteriormente rese\u00f1ado, el Tribunal Superior de Medell\u00edn atendi\u00f3 la intervenci\u00f3n del solicitante en la audiencia de 30 de septiembre de 2021 en la que dispuso dar aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en los par\u00e1grafos 2 y 3 del art\u00edculo 16 de la Ley 1592 de 2012, y, con sustento en ellos, resolvi\u00f3 remitir por \u00abcompetencia\u00bb la petici\u00f3n del accionante a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y expresamente indic\u00f3 que el apoderado de esa entidad deb\u00eda \u00abaveriguar la situaci\u00f3n del bien inmueble y en lo posible la Unidad entregue el bien para su cuidado al Se\u00f1or WILFRIDO RODR\u00cdGUEZ CANTERO\u00bb. <\/p>\n
Esa gesti\u00f3n, de ning\u00fan modo evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que reclama el peticionario, pues la Corporaci\u00f3n accionada act\u00fao dentro de los l\u00edmites de sus funciones, teniendo en cuenta que la norma mencionada le impon\u00eda dejar en cabeza de la UAEGRTD las medidas cautelares proferidas y practicadas en el procedimiento que contra \u00abH\u00c9BERT VELOZA GARC\u00cdA, alias \u201cHH\u201d, comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)\u00bb, pues la \u00absolicitud de restituci\u00f3n\u00bb se impuls\u00f3 con anterioridad al decreto de la cautela y sobre un bien que, como lo observ\u00f3 el Tribunal, era de propiedad del accionante. <\/p>\n
Por tanto, como la gesti\u00f3n de la autoridad judicial no contraviene la ley aplicable y tampoco suscita el menoscabo de los derechos del actor, en ese punto ser\u00e1 confirmada la sentencia impugnada, ya que a la misma conclusi\u00f3n arrib\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
4.2 Las gestiones de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD. <\/p>\n
El actor igualmente formul\u00f3 a acci\u00f3n de tutela contra la UAEGRTD porque a pesar de transcurrir m\u00e1s de once (11) a\u00f1os desde cuando acudi\u00f3 a esa autoridad para pedirle la restituci\u00f3n del predio de su propiedad con matr\u00edcula 034-18431, el cual tuvo que abandonar como v\u00edctima de la violencia, a la fecha de formulaci\u00f3n dl amparo no hab\u00eda logrado una soluci\u00f3n. <\/p>\n
Revisado el enunciado marco f\u00e1ctico, la Sala establece el quebranto de los derechos invocados por parte de la UAEGRTD, pues, en realidad, a pesar de las m\u00faltiples peticiones que el accionante le ha dirigido y de la reciente remisi\u00f3n de la solicitud de \u00ablevantamiento\u00bb de las medidas cautelares decretadas en Justicia y Paz, las quejas del se\u00f1or Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero no han sido definidas de manera clara ni suficiente, lo cual se agrava si se recuerda que se trata de una persona v\u00edctima de desplazamiento forzado que no ha dejado de insistir en la definici\u00f3n de su situaci\u00f3n con respecto al se\u00f1alado inmueble. <\/p>\n
En efecto, como se extrae de los hechos antes relatados, la UAEGRTD ning\u00fan tr\u00e1mite imparti\u00f3 a la actuaci\u00f3n que, por competencia, le envi\u00f3 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn, y, adem\u00e1s, contrario a lo que le inform\u00f3 al peticionario, la mencionada Corporaci\u00f3n requiri\u00f3 a su apoderado judicial \u2013no al del accionante- para que estableciera la situaci\u00f3n del inmueble y determinara la posibilidad de devolv\u00e9rselo. <\/p>\n
De otra parte, la UAEGRTD se ha escudado en el hecho de no estar \u00abmicrofocalizada\u00bb la zona donde se halla el bien para resolver la situaci\u00f3n del peticionario, sin embargo, desconociendo los criterios de la jurisprudencia constitucional (C.C. sent. T-798 de 2014 y T-679 de 2015), no le ha explicado al accionante lo concerniente a los presuntos problemas de seguridad del \u00e1rea en la que est\u00e1 el inmueble y, al parecer, tampoco ha indagado lo suficiente respecto de la situaci\u00f3n en la que se encuentra el mismo como se desprende de la respuesta que le envi\u00f3 al actor, lo anterior, por cuanto el Fondo de esa entidad administra el predio desde el 28 de noviembre de 2013, esto es, desde cuando se le dej\u00f3 como secuestre del mismo y, en virtud de lo anterior, lo viene explotado econ\u00f3micamente a trav\u00e9s de cultivos, todo en aras de \u00abobtener recursos para la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta imprescindible que la UAEGRTD se pronuncie, nuevamente, sobre el caso a su cargo definiendo la petici\u00f3n de \u00ablevantamiento de medidas cautelares\u00bb que le remiti\u00f3 el Tribunal accionado, oportunidad en la que tambi\u00e9n deber\u00e1 indicarle al actor el estado real de su predio y, si lo procedente, como lo dej\u00f3 apenas enunciado al contestarle al accionante, era tramitar \u00abuna solicitud RUPTA -Registro \u00danico de Predios y Territorios Abandonados a causa de la Violencia-\u00bb, reglada por los Decretos 1071 de 2015 y 640 de 2020 y prevista para los propietarios de los inmuebles abandonados por la violencia, caso en el cual deber\u00e1 ajustar el procedimiento, d\u00e1ndole prelaci\u00f3n y prevalencia, pues, se reitera, el actor le ha manifestado la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica aqu\u00ed planteada por m\u00e1s de once (11) a\u00f1os. <\/p>\n
5. Resta se\u00f1alar que no puede por esta v\u00eda residual y subsidiaria, ordenarse la devoluci\u00f3n del predio al accionante, pues tal decisi\u00f3n depende, justamente, de los estudios y an\u00e1lisis que de manera c\u00e9lere debe adelantar la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, a fin de conjurar la lesi\u00f3n de los derechos del peticionario. <\/p>\n
6. Como consecuencia de todo lo anterior, se revocar\u00e1 parcialmente la sentencia impugnada para conceder el amparo propuesto frente a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por Wilfrido Rodr\u00edguez Cantero contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a pronunciarse sobre la solicitud que le fue remitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n de la audiencia de 30 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones aqu\u00ed expuestas. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele de manera inmediata copia de la presente sentencia. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme lo refiri\u00f3 el a quo constitucional, pues la respuesta de dicha autoridad no obra en el expediente virtual remitido. <\/p>\n
2\u0002 La macrofocalizaci\u00f3n hace referencia a la identificaci\u00f3n geogr\u00e1fica de una zona de gran tama\u00f1o donde existen condiciones m\u00ednimas de seguridad, sobre las cuales es posible microfocalizar. Esa macrofocalizaci\u00f3n responde al elemento de \u00abseguridad m\u00ednima de la zona\u00bb, por lo cual \u00abla macrofocalizaci\u00f3n para la implementaci\u00f3n del Registro ser\u00e1 definida en el Consejo de Seguridad Nacional, a partir de informaci\u00f3n suministrada por la instancia de coordinaci\u00f3n de responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, de la que trata el art\u00edculo 4\u00ba\u00bb del Decreto 4829 de 2011. <\/p>\n
3<\/p>\n
<\/p>\n
Tras la macrofocalizaci\u00f3n, se procede a la microfocalizaci\u00f3n que, seg\u00fan el Decreto 4829 de 2011, consiste en identificar zonas geogr\u00e1ficas de menor extensi\u00f3n como municipios, veredas, y corregimientos, donde la administraci\u00f3n estime la viabilidad de iniciar con la etapa administrativa. En ese procedimiento se tiene en cuenta el elemento de la seguridad, pero, adicionalmente, los de \u00abdensidad hist\u00f3rica del despojo y las condiciones para el retorno\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Par\u00e1grafo 2\u00b0. Cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restituci\u00f3n, tales bienes y la solicitud de restituci\u00f3n ser\u00e1n transferidos al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para efectos de su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria, sin que se requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de la magistratura. <\/p>\n
<\/p>\n
Par\u00e1grafo 3\u00b0. Si los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo, tuvieren solicitud de restituci\u00f3n ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013Fondo para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas\u2013, el fiscal delegado solicitar\u00e1 la medida cautelar sobre los mismos y una vez decretada ordenar\u00e1 el traslado de la solicitud de restituci\u00f3n y los bienes de manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, para efectos de su tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria. <\/p>\n
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STC9244-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9244-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00722-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65415"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65415\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}