STC9245-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9245-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de septiembre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Fernanda Fern\u00e1ndez Hurtado contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado 41001310500220130027900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00ablibertad de asociaci\u00f3n sindical y negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abcondici\u00f3n de mujer desplazada\u00bb e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre las partes, as\u00ed como el reintegro al cargo de Auxiliar adscrita a la Subgerencia Comercial nivel 5 grado 9 que ocupaba el 28 de diciembre de 2021 fecha en que fue despedida y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, con fundamento en la cl\u00e1usula cuarta de la D\u00e9cima Novena Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo pactada en 1987. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva el 26 de junio de 2014 profiri\u00f3 \u00absentencia inhibitoria\u00bb, por cuanto no se demostr\u00f3 la calidad de trabajadora oficial, decisi\u00f3n que modific\u00f3 el Tribunal Superior de la misma ciudad el 19 de junio de 2018, en el sentido de declarar que entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre el 17 de junio de 2011 y el 28 de diciembre de 2012 que finaliz\u00f3 injustamente por parte del empleador, raz\u00f3n por la cual fue indemnizada, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la negativa de las pretensiones. <\/p>\n
Inconforme, present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 mediante sentencia SL1407-2021 de 12 de abril de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
En su sentir, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al omitir el an\u00e1lisis del Estudio T\u00e9cnico de Fortalecimiento Institucional sobre el cual el Tribunal ciment\u00f3 su providencia y en el que tambi\u00e9n la empresa fund\u00f3 su despido, pues, de haberlo valorado habr\u00eda concluido que el cargo de Auxiliar Nivel 5 grado 9 no fue suprimido porque las funciones se\u00f1aladas en el reglamento para ese cargo continuaron vigentes en la planta de personal, pero con tercerizaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que en la providencia cuestionada no se decidi\u00f3 sobre lo sustancial como lo ordena el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino que se acudi\u00f3 a un \u00abfundamentalismo tecnicista\u00bb para soslayar el verdadero debate. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en casos id\u00e9nticos tambi\u00e9n contra las Empresas P\u00fablicas de Neiva, otras Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral abordaron el an\u00e1lisis del Estudio T\u00e9cnico de Fortalecimiento Institucional, entre ellas la sentencia SL1973-2021 que cas\u00f3 la decisi\u00f3n de segundo grado y en la SL3262-2021 que resolvi\u00f3 no casar, pero partiendo siempre de la valoraci\u00f3n del mencionado Estudio. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que dispuso no casar el fallo de segundo grado debido a los m\u00faltiples e insuperables defectos t\u00e9cnicos que presentaba el \u00fanico cargo con que fue sustentado el recurso, raz\u00f3n por la cual la Corte no pudo ejercer el control de legalidad sobre la decisi\u00f3n de segundo grado seg\u00fan su competencia, \u00abdado el conocido car\u00e1cter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la decisi\u00f3n no se detuvo en lo formal, sino que tambi\u00e9n en aras de dar claridad se hizo \u00e9nfasis en el criterio jurisprudencial sostenido por esa Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con las normas que disponen el reintegro de trabajadores, determinando que \u00absean de origen legal o convencional, en tanto protegen intereses particulares de sus beneficiarios, deben ceder ante los generales, que se traducen en la facultad que tiene el Estado de reorganizar, suprimir y liquidar sus entidades administrativas y, como consecuencia, eliminar empleos\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que acceder a lo pretendido por la actora implicar\u00eda enmendar la incuria al sustentar el recurso de casaci\u00f3n, utilizando la acci\u00f3n constitucional que est\u00e1 destinada a proteger derechos fundamentales y no para que la parte soluciones sus deficiencias de litigio. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Neiva relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
3. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de Las Ceibas Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, argumentando que no existieron causales de violaci\u00f3n de derechos fundamentales en la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras considerar que las aseveraciones contendidas en la sentencia de casaci\u00f3n eran suficientes, ampliamente motivadas y obedec\u00edan al desarrollo pleno del ejercicio de valoraci\u00f3n que corresponde realizar a los funcionarios de la jurisdicci\u00f3n natural, conforme al principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la exigencia de una debida fundamentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, frente a los requerimientos se\u00f1alados por el legislador en el art\u00edculo 90 del Decreto Ley 2158 de 1948 para la casaci\u00f3n laboral no puede calificarse per se, de exceso ritual manifiesto, en tanto que, <\/p>\n
\u00aben casaci\u00f3n rige el principio de cr\u00edtica o fundamentaci\u00f3n vinculada, que implica que la demanda debe orientarse a denunciar y demostrar la existencia en concreto de los errores previstos en las causales que el recurso consagra, y que, si no se hace o se hace deficientemente, el juez de casaci\u00f3n no puede aprehender el estudio de fondo del cargo, por carecer de elementos de juicio para hacerlo. <\/p>\n
Por tanto, estas exigencias de argumentaci\u00f3n m\u00ednima y coherente, no pueden considerarse una barrera formal, ni un obst\u00e1culo para el ejercicio del derecho, puesto que es de la esencia del recurso de casaci\u00f3n que quien lo invoca, enuncie de manera clara, precisa y concisa el error denunciado, y lo demuestre, en virtud de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara el fallo de segundo grado, para que el juez de casaci\u00f3n pueda conocer el contenido de la impugnaci\u00f3n y decidir de fondo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, reiterando los argumentos iniciales. Igualmente, insisti\u00f3 en las decisiones proferidas por las otras Sala de Descongesti\u00f3n Laboral en casos id\u00e9nticos en las que se ha valorado el Estudio T\u00e9cnico de Fortalecimiento Institucional, que es lo que se pide con esta solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Fernanda Fern\u00e1ndez Hurtado cuestiona la sentencia SL1407-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n, en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP, con el fin de obtener el reintegro al cargo que ocupaba como Auxiliar adscrita a la Subgerencia Comercial nivel 5 grado 9, as\u00ed como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, y, su censura radica, en que la Sala accionada acudi\u00f3 a un \u00abfundamentalismo tecnicista\u00bb para soslayar el debate planteado y dej\u00f3 de decidir sobre lo sustancial como lo ordena el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Revisada la aludida sentencia se observa que la Sala de Casaci\u00f3n acusada analiz\u00f3 la demanda propuesta y concluy\u00f3 que no cumpl\u00eda las exigencias m\u00ednimas de fundamentaci\u00f3n para su estudio de fondo, en tanto que, la recurrente a pesar de haber denunciado la trasgresi\u00f3n de disposiciones adjetivas como los art\u00edculos 2, 61 y 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no plante\u00f3 con precisi\u00f3n en el desarrollo del cargo -como era su deber-, \u00abargumentos en procura de sustentar la aplicaci\u00f3n indebida de las normas del CPTSS, referidas al inicio de la acusaci\u00f3n; ni mucho menos aleg\u00f3 c\u00f3mo esa transgresi\u00f3n adjetiva llev\u00f3 a la de las disposiciones sustantivas que enlist\u00f3 en la proposici\u00f3n jur\u00eddica\u00bb.. <\/p>\n
Igualmente, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abTambi\u00e9n se constata que la acusaci\u00f3n omiti\u00f3 que en la v\u00eda que eligi\u00f3, como se ha adoctrinado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4959-2016 y CSJ SL9162-2017, no basta con adjudicar ciertas falencias en la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del segundo Juzgador, sino que al tenor de los ordinales 1\u00ba del art\u00edculo 87 y 5\u00ba literal b) del art\u00edculo 90 del CPTSS, tambi\u00e9n se debe cumplir con los siguientes requisitos: <\/p>\n
i) individualizar los yerros f\u00e1cticos; ii) precisar si estos acaecieron porque no se valor\u00f3 una prueba que reposa en el tr\u00e1mite o debido a que se apreci\u00f3 de manera equivocada, refiri\u00e9ndose en primer lugar a las que seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969 tienen car\u00e1cter de calificado y, de ser el caso, los dem\u00e1s medios de prueba; iii) confrontar mediante un razonamiento l\u00f3gico lo que dedujo el fallador con lo que demuestra el medio de convicci\u00f3n y, iv) explicar de qu\u00e9 manera todo ello impact\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, porque si bien puntualiz\u00f3 unos yerros f\u00e1cticos cometidos por el sentenciador de segunda instancia, y se\u00f1alo unas pruebas como err\u00f3neamente apreciadas, no cumpli\u00f3 con la necesaria labor de parang\u00f3n entre el contenido material de las mismas y la decisi\u00f3n del juzgador; en otras palabras, dej\u00f3 de lado la obligada explicaci\u00f3n de lo que en verdad cada uno de los medios probatorios denunciados evidencia, sobre qu\u00e9 pasajes o apartes espec\u00edficos de esas evidencias habr\u00eda reca\u00eddo el yerro achacado y la incidencia que habr\u00eda tenido en el sentido de la decisi\u00f3n fustigada, como lo ha ense\u00f1ado la Corte por ejemplo en la sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 41635\u00bb. <\/p>\n
Expuso que la demandante a pesar de enderezar su cuestionamiento de legalidad al segundo fallo, por la v\u00eda de los hechos sustent\u00f3 argumentos de naturaleza exclusivamente jur\u00eddica, alegaciones que para su estudio no demandaban remitirse a medio probatorio alguno, sino exclusivamente a normas jur\u00eddicas, \u00abtodo lo cual deviene en extra\u00f1o al camino indirecto de ataque en la causal primera de casaci\u00f3n laboral, pues en este la discusi\u00f3n de sujeci\u00f3n a la ley de la sentencia de segundo grado, est\u00e1 mediada principalmente por la discrepancia de la censura en torno a la forma como el Tribunal valor\u00f3 las pruebas y las conclusiones que de ello extrajo\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que esa circunstancia revelaba el defecto subsiguiente del ataque, consistente en, <\/p>\n
\u00abentremezclar las v\u00edas de ataque propias de aquella causal, no obstante que, por ser excluyentes, exigen su aducci\u00f3n aut\u00f3noma y diferenciada, debido a que, por la de puro derecho se denuncia la existencia de errores jur\u00eddicos en el juicio del Tribunal, mientras que, en la seleccionada, con prescindencia de estos, exclusivamente equivocaciones f\u00e1cticas\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 los argumentos que sirvieron de soporte al Tribunal para fundamentar su decisi\u00f3n, entre ellos: <\/p>\n
\u00abi) que constitucionalmente estaba prevista la potestad de suprimir empleos en el nivel ejecutivo nacional y territorial; <\/p>\n
ii) que trat\u00e1ndose de trabajadores oficiales, los art\u00edculos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, que reglament\u00f3 la Ley 6\u00aa del mismo a\u00f1o, consagran las causales con las que cuenta el patrono para dar por terminado los contratos laborales en forma unilateral y justa, con o sin previo aviso; <\/p>\n
iii) que si bien la supresi\u00f3n del cargo no aparece enlistada en dichos art\u00edculos, con el 51 ibidem se le ordena al empleador reconocer una indemnizaci\u00f3n al trabajador por la declaratoria de finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo unilateralmente; <\/p>\n
iv) que el art\u00edculo 25 del Decreto 2400 de 1968, contempla la supresi\u00f3n como causal de retiro del servicio, ajustable a todos los empleos, sin atender criterios como su forma de vinculaci\u00f3n y naturaleza. <\/p>\n
v) que el cargo de la trabajadora fue suprimido con ocasi\u00f3n del proceso de modernizaci\u00f3n y reorganizaci\u00f3n administrativa dispuesto por la alcald\u00eda municipal, mediante el Decreto 935 del 2012, pues en atenci\u00f3n a las dificultades financieras por las que atravesaba la entidad, con base en un estudio t\u00e9cnico se vio obligada a realizar una depuraci\u00f3n de su planta de personal, amparada en principios constitucionales como el inter\u00e9s general y la racionalizaci\u00f3n del gasto, contexto en el que, en todo caso, la demandante fue debidamente indemnizada, seg\u00fan se constataba con la documental de f.\u00b0 8, ib. <\/p>\n
vi) que la estabilidad laboral que persegu\u00eda la Cl\u00e1usula 4\u00aa de la CCT, aplicaba en caso de terminaci\u00f3n del contrato sin justa causa; que, no obstante, tampoco hab\u00eda lugar a acceder a lo pretendido con base en la misma, por tornarse imposible conforme a lo explicado en las decisiones que trajo a colaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, antes que controvertir puntualmente cada uno de tales asertos, el esfuerzo argumentativo de la censura se circunscribi\u00f3 al \u00abEstudio T\u00e9cnico de Fortalecimiento Institucional del 2012\u00bb, el cual, en su criterio fue \u00abmal apreciado\u00bb; a que sus funciones continuaban vigentes en la planta de personal de la empresa, pero en manos de un tercero y a que en menos de dos a\u00f1os \u00e9sta haya contratado dos estudios t\u00e9cnicos que le recomendaban que la planta de personal deb\u00eda aumentar, lo que denotaba la falta de seriedad de los mismos\u00bb. <\/p>\n
Y al respecto indic\u00f3, que la recurrente present\u00f3 una acusaci\u00f3n parcial, puesto que omiti\u00f3 que las conclusiones del Tribunal fueron de doble estirpe, es decir jur\u00eddicas y f\u00e1cticas, que le resultaba cuestionar y derruir, criticando las primeras por la v\u00eda directa y las \u00faltimas por la senda de los hechos, con el fin de lograr el quiebre de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, referente a la alegaci\u00f3n de la demandante sobre el ret\u00e9n social que la amparaba al momento del despido, al tener la calidad de madre cabeza de familia, puntualiz\u00f3 que el Tribunal guard\u00f3 silencio frente a ese t\u00f3pico, por tanto, no pod\u00eda ser abordado en casaci\u00f3n \u00abpor tratarse de un aspecto de la primera sentencia que se mantuvo inc\u00f3lume ante la ausencia de disentimiento en tal sentido en el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en aras de dar claridad al asunto, record\u00f3 que esa Sala, <\/p>\n
De ah\u00ed que se ha precisado que las medidas de reintegro, en tal estado de cosas, se tornan de imposible cumplimiento, seg\u00fan es posible constatarlo en las sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 33888, CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39325, entre otras. <\/p>\n
Doctrina que ha sido morigerada en aquellos casos en que las reestructuraciones administrativas provienen de las mismas entidades, se limitan a la supresi\u00f3n de cargos y no encuentran respaldo en el resguardo de bienes de inter\u00e9s superior, eventos en los que ha dicho la Corte que no puede concluirse autom\u00e1ticamente que el reintegro es de imposible acatamiento, sino que es necesario verificar que la reorganizaci\u00f3n y supresi\u00f3n en comento estuvieron precedidas de estudios especializados que aconsejen el reordenamiento administrativo, de manera que se acredite el cumplimiento y realizaci\u00f3n de intereses superiores, que prevalezcan sobre los derechos colectivos e individuales de los trabajadores (sentencia CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 33004, reiterada, entre otras, en la CSJ SL576-2013 y CSJ SL16218-2014). <\/p>\n
En el caso concreto, cumple decirlo, tales estudios existieron, como lo admite la propia recurrente, aunque criticando, como es comprensible, su contenido y finalidades\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas desestim\u00f3 el cargo \u00fanico formulado y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 19 de junio de 2018 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, resulta claro que el descuido de la reclamante en la formulaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario, llev\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 a abstenerse de estudiar de fondo el asunto sometido a su consideraci\u00f3n y no casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Neiva, proceder que le impidi\u00f3 pronunciarse de la manera esperada por la accionante. <\/p>\n
Por tanto, Mar\u00eda Fernanda Fern\u00e1ndez Hurtado desaprovech\u00f3 la oportunidad que la norma laboral le conced\u00eda para exponer las inconformidades que presenta ahora a trav\u00e9s de este mecanismo, raz\u00f3n por la que, no puede valerse de este especial mecanismo para solventar su incuria o desatenci\u00f3n, ya que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas invocadas, debido al car\u00e1cter residual del amparo. <\/p>\n
En un asunto de similar tesitura, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone a la demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (STC5305-2020, STC7201-2021 y STC9826-2021). <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo se\u00f1alado por la actora frente a otras decisiones proferidas por las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en asuntos iniciados contra las Empresas P\u00fablicas de Neiva se encuentra, que las apreciaciones realizadas por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada en el asunto sometido a su conocimiento, obedecieron al contexto particular que revelaba el proceso. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 30 de junio de 2022. <\/p>\n
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STC9245-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9245-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65416","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65416"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65416\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}