STC9251-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9251-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00413-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfredo Manuel Fl\u00f3rez Herrera contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad y la Fiscal\u00eda Quinta Seccional de Caivas, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecre[tar] la nulidad de todo lo actuado hasta el momento procesal indicado en las consideraciones y as\u00ed restaurar en debida forma para llegar a la certeza de los hechos\u00bb del juicio penal adelantado en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Alfredo Manuel Fl\u00f3rez Herrera se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 18 de diciembre de 2018 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo lo conden\u00f3 a 108 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del punible endilgado; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 13 de mayo de 2020 por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, el juicio adelantado en su contra, pues, deduce, su vinculaci\u00f3n al juicio penal \u00abes abiertamente contrario al r\u00e9gimen penal vigente\u00bb, pues seg\u00fan su captura se dio en flagrancia, cuando no fue as\u00ed, raz\u00f3n por la que, considera, \u00abse le debi\u00f3 haber notificado por parte del ente investigador que sobre \u00e9l pesaba una investigaci\u00f3n penal y que en uso del derechos constitucional (derecho defensa), ejerciera a controvertir las imputaciones que en ese momento hist\u00f3rico se le estaban haciendo, es m\u00e1s, ser\u00e1 tan cierto que la fiscal\u00eda 5ta Seccional Caivas, en esos 3 meses y 22 d\u00edas s\u00f3lo recogi\u00f3 pruebas sin darle la oportunidad de controvertirlas y dej\u00e1ndolo ac\u00e9falo de defensa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que la solicitud de amparo es procedente por \u00abdesconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta cuando\u2026 la fiscal\u00eda establece el alcance de un derecho fundamental\u2026 como en el caso de marras, que se le captur\u00f3, se dej\u00f3 en libertad y pasados 3 meses 22 d\u00edas se le profiere orden de captura sin notificarle que sobre \u00e9l existe una investigaci\u00f3n penal m\u00e1xime cuando ya estaba cualificado\u00bb, raz\u00f3n por la que el juicio es nulo. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que al ser ese testimonio recepcionado sin garant\u00edas constitucionales y violando la ley, no deb\u00eda ser tomado como base fundamental para dictar un fallo. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo remiti\u00f3 copia del fallo criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso penal seguido en contra del promotor, que culmin\u00f3 con sentencia condenatoria de 18 de diciembre de 2018, fallo que el 13 de mayo de 2020 confirm\u00f3 el Tribunal; que contrario a lo afirmado por el promotor, conoc\u00eda del juicio penal, al punto que la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, imputaci\u00f3n de cargos y medida de aseguramiento fue asistido por apoderado de confianza, as\u00ed como ocurri\u00f3 en las dem\u00e1s diligencias preparatoria y de juicio oral; remiti\u00f3 copia de las diligencias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 168 Judicial II Penal anot\u00f3 que la salvaguarda no cumple con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues el fallo data de hace casi 2 a\u00f1os y no fue recurrido en casaci\u00f3n; que el accionante acudi\u00f3 al proceso donde apel\u00f3 y pudo incoar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que ahora alega; que no se quebrant\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Jos\u00e9 Luis Navarro Hern\u00e1ndez, en calidad de apoderado del actor en el juicio penal, manifest\u00f3 que \u00abes dif\u00edcil para [\u00e9l] como defensor pronunciar[se] de forma negativa en contra de esta tutela que es invocada en favor de una persona que defendi[\u00f3] con extremado rigor jur\u00eddico durante el tiempo que tuve la defensa a [su] cargo y que m\u00e1s hubiera querido que el juez de primera o de segunda instancia hubieran absuelto al se\u00f1or ALFREDO MANUEL FL\u00d3REZ, pero lo que definitivamente no p[uede] hacer, por m\u00e1s de que me identifico con la creencia de que el se\u00f1or FL\u00d3REZ es inocente, es pretender que para este caso puntual se use un mecanismo jur\u00eddico como la tutela para lograr los fines perseguidos por el actor\u00bb, toda vez que no cumple con los presupuesto de procedencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues, adem\u00e1s de que el promotor conoc\u00eda del proceso adelantado en su contra, en la medida en que estuvo presente en las audiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n, preparatoria y juicio oral, al punto que rindi\u00f3 testimonio en la sesi\u00f3n de 25 de junio de 2015 y ten\u00eda claro que estaba pendiente la emisi\u00f3n del fallo, pero decidi\u00f3 no asistir a la diligencia, sumado a que su abogado apel\u00f3 la condena, lo cierto es que contra el fallo de segunda instancia no formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo con el que pod\u00eda discutir la legalidad de su condena. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el promotor no prob\u00f3 la falta de defensa t\u00e9cnica, \u00abm\u00e1xime que de acuerdo con lo allegado a las diligencias, el apoderado de Fl\u00f3rez Herrera present\u00f3 solicitud probatoria, realiz\u00f3 teor\u00eda del caso, contrainterrog\u00f3 a los testigos de la Fiscal\u00eda, present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n e instaur\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y en el curso de la actuaci\u00f3n el hoy demandante no present\u00f3 ninguna objeci\u00f3n frente a su defensor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional no efectu\u00f3 una revisi\u00f3n de su juicio ni dio respuesta de fondo a sus reparos; que si bien ten\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto es que no es abogado y por s\u00ed solo no pod\u00eda impetrar semejando remedio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente caso el actor pretende la nulidad del juicio penal adelantado en su contra por el delito de \u00abacto sexual con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, que culmin\u00f3 con sentencia de 13 de mayo de 2020 mediante la cual el Tribunal confirm\u00f3 la condena impuesta por el Juzgado, al encontrarlo responsable del punible endilgado; en su criterio, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que el testimonio de la menor incumpli\u00f3 las garant\u00edas constitucionales, adem\u00e1s no fue incorporado debidamente, sumado a que, fue indebidamente notificado del juicio penal en su contra, de ah\u00ed que dicha condena y el tr\u00e1mite impartido sea nulo. <\/p>\n
3. Delimitado lo anterior, la Sala observa el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que fue emitida la sentencia con la que culmin\u00f3 el proceso -13 de mayo de 2020-, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -24 de febrero de 2022-, transcurri\u00f3 mucho m\u00e1s de 6 meses, es decir, excediendo el plazo fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional, sin que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, relievando que, la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas no persiste en el tiempo, pues lo cierto es que la situaci\u00f3n de la que se duele se consolid\u00f3 con el proferimiento de la prenotada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
4. Por otra parte, la Sala tambi\u00e9n observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que Alfredo Manuel Fl\u00f3rez Herrera no hizo uso del medio impugnativo que tuvo a su alcance para hacer valer el reclamo que se ventila a trav\u00e9s de la salvaguarda de la referencia, toda vez que, no formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, con lo que desaprovech\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa que le asist\u00eda para que el fallador ordinario atendiera su ruego, sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto similar al presente, se expuso: <\/p>\n
Aqu\u00ed, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cont\u00f3 en su momento con la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n. Efectivamente, el condenado dej\u00f3 de presentar la correspondiente demanda extraordinaria, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el referido medio defensivo; por ende, desperdici\u00f3 la oportunidad que la ley procesal penal brindaba para la protecci\u00f3n de las prerrogativas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que el inconforme mostr\u00f3 frente a la condena impuesta en segunda instancia una actitud desinteresada, pues, fue responsabilidad exclusiva del mismo inculpado, quien decidi\u00f3 en forma aut\u00f3noma no incoar la respectiva acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y el reclamo que enseguida formul\u00f3 contra la deserci\u00f3n de la alzada fue extempor\u00e1neo, sin que sea procedente descargar tales omisiones en las autoridades judiciales. <\/p>\n
Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta inviable y, por tanto, no pod\u00eda aspirarse a que el asunto se fallara de manera distinta a como se hizo, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: \u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; STC, 2 mar. 2010, rad. 2010-000380-01) (subrayas fuera del texto). (CSJ STC, 29 feb. 2012, rad. 2011-02938-01; reiterada en STC, 10 ago. rad. 2012-01348-01; STC, 22 oct. 2012, rad. 2012-01876-01; y STC, 26 ago. 2013, rad. 2013-01275-01). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aunado a lo anterior, frente al argumento de que Alfredo Manuel no es abogado, raz\u00f3n por la que no acudi\u00f3 al referido remedio extraordinario, comoquiera que, adem\u00e1s estaba privado de la libertad, advierte la Corte que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que, adem\u00e1s de que conoc\u00eda de juicio en su contra, el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, destacando que quienes est\u00e1n privados de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios tienen a su alcance dicha asesor\u00eda legal, sin que se encuentre probado en el plenario que el accionante hubiese acudido a la misma y que esta se le haya negado (CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC9251-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9251-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00413-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65422\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}