STC9253-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9253-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2022-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abadmitir inmediatamente [su] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra \u00abestablecimiento comercial droguer\u00eda Confifarma\u00bb, que inadmiti\u00f3 el juzgado accionado con prove\u00eddo del 26 de mayo anterior. <\/p>\n
2.2. Vencido el t\u00e9rmino concedido al actor para subsanar, sin que aquel se manifestara, se rechaz\u00f3 el libelo con prove\u00eddo del 16 de junio de los corrientes. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que se rechaz\u00f3 su acci\u00f3n popular, \u00abpese a que cumpli\u00f3 art 18 ley 472 de 1998\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia precis\u00f3 que \u00abla parte actora, no ha agotado los mecanismos legales disponibles, frente al [prove\u00eddo] objeto de inconformidad, a pesar de encontrarse dentro de los t\u00e9rminos legales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto al promoverse el resguardo, \u00abel accionante contaba a\u00fan con t\u00e9rmino para interponer los recursos contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda\u2026, con lo cual el amparo resultar\u00eda prematuro\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Destac\u00f3 el accionante que \u00abes lamentable que se crea que un ciudadano deba conocer la ley, a fin [de] que presente recursos en derecho, tal como la reposici\u00f3n\u00bb; y que esta \u00abSala ha consignado [que] es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante, la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abla libertad discreta y razonable de los falladores se desborda en este caso al pretender imponer requisitos y exigencias\u2026 no contempladas en el art 18 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el tutelante no hizo uso del medio de defensa que tuvo a su alcance, para exponer sus inconformidades ante el juez natural de la causa. <\/p>\n
2.1. En efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda conforme con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19981, contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su demanda, proferido el 16 de junio de 2022, incurriendo en incuria, en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa id\u00f3neo para censurar aquel auto, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda para que el tema relativo al rechazo de su libelo agotara el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
En consecuencia, se reitera, la presente demanda constitucional est\u00e1 condenada al fracaso, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
2.2. En cuanto a los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, baste con decir que de conformidad con el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil \u00ab[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que, si el promotor consideraba que carec\u00eda de los conocimientos necesarios para impulsar el asunto cuestionado, bien pudo solicitar se le concediera amparo de pobreza (art\u00edculo 19, ley 472 de 1998), con la finalidad que se designara un profesional del derecho que lo representara. <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, respecto a los precedentes citados por el actor en su impugnaci\u00f3n, con fundamento en los cuales predica la viabilidad de su reclamo, ha de precisarse que esta Sala, en casos similares, ha decantado que: <\/p>\n
3. Referente a los precedentes citados por el se\u00f1or Mario Restrepo, se le recuerda que si bien en otrora la Corte pas\u00f3 por alto la incuria del petente de la salvaguarda en la interposici\u00f3n del remedio horizontal consagrado en la citada regla 36 frente a providencias como la ac\u00e1 examinada, esa postura de la Sala cambi\u00f3 recientemente, por cuanto permitir la inobservancia de los requisitos propios de este amparo constitucional terminar\u00eda desnaturaliz\u00e1ndolo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, es viable activar este mecanismo contra decisiones judiciales notoriamente arbitrarias con incidencia directa y negativa en derechos fundamentales, siempre y cuando, quien recurre a esta especial forma de protecci\u00f3n, haya agotado los medios legales ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n, en la respectiva actuaci\u00f3n litigiosa; permitirlo de otra forma desconocer\u00eda el art\u00edculo 86 Superior. <\/p>\n
Ahora, es factible soslayar en algunos casos el principio de subsidiariedad de la tutela cuando se est\u00e1 frente a un perjuicio irremediable; empero, el subj\u00fadice no es uno de ellos. (CSJ STC14623-2018) <\/p>\n
3. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abReposici\u00f3n. \u2026Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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