STC9254-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9254-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00580-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Blanca Ruby Hoyos Zapata en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y \u00aba la familia\u00bb de su hija, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le conceda a la promotora del resguardo \u00abel beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra Blanca Ruby Hoyos Zapata se adelant\u00f3 proceso penal por las conductas punibles de \u00ablavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito\u00bb, siendo condenada a 108 meses de prisi\u00f3n, a trav\u00e9s de sentencia del 25 de junio de 2013, pena que comenz\u00f3 a purgar el 22 de diciembre 2020. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la procesada solicit\u00f3 se le concediera el beneficio de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, por ser \u00abmadre cabeza de familia\u00bb de la ni\u00f1a representada en el tr\u00e1mite, que le fue negado con prove\u00eddo de primero de junio de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la sentenciada, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del nueve de diciembre de esas calendas. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que las normas que consagran el beneficio que reclam\u00f3 \u00abhablan de d\u00e9ficit de miembros de la familia m\u00e1s no de d\u00e9ficit de miembros de la sociedad que puedan hacerse cargo del menor, raz\u00f3n por la cual no pueden extenderse los efectos de las normas d\u00e1ndoles un alcance no previsto por el legislador\u2026\u00bb; que \u00abno existe prueba\u00bb de que cuenta con el apoyo de su grupo familiar; y que no tiene antecedentes \u00abo registros que permitan inferir que [es] un peligro para [su] hija o para los dem\u00e1s miembros de la sociedad\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira precis\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abtuvo su sustento en las pruebas incorporadas al expediente y en el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n familiar de la accionante rese\u00f1ada en la sentencia de condena\u00bb; y que \u00abla visita realizada por la trabajadora social\u2026, permiti\u00f3 concluir que al momento de practicarse la entrevista la hija menor de\u2026 [la tutelante] se encontraba con todos sus derechos fundamentales garantizados\u00bb. <\/p>\n
2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abpor no ser\u2026 quien le est\u00e1 vulnerando los derechos que hace referencia la [actora]\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que \u00abno considera\u2026 que con la\u2026 decisi\u00f3n [atacada] se hayan quebrantado los derechos fundamentales de la parte demandante, comoquiera que la misma fue respetuosa de las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00ablos razonamientos planteados en las providencias controvertidas son ajustados a derecho, porque tienen soporte en las disposiciones legales pertinentes y la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante destac\u00f3 que su situaci\u00f3n familiar vari\u00f3 desde el momento en que se dict\u00f3 la sentencia que la conden\u00f3 a la pena que est\u00e1 cumpliendo, pues, en la actualidad, \u00abno existe familia extensa que se pueda hacer cargo de [su] hija\u00bb, conforme lo acredit\u00f3 con las declaraciones extrajuicio que aport\u00f3 con la petici\u00f3n de concesi\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria; que la ley 750 de 2002, \u00abno establece como requisito para acceder [a la]\u2026 prisi\u00f3n domiciliaria un escenario de abandono y desprotecci\u00f3n total del menor\u2026\u00bb; y que \u00abcumple con los requisitos\u00bb para acceder al beneficio que deprec\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el auto de nueve de diciembre de 2021, que confirm\u00f3 el que se dict\u00f3 el primero de junio de esas mismas calendas, a trav\u00e9s del que se neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria que reclam\u00f3 la quejosa, no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba improcedente conceder la anotada prerrogativa a la tutelante, respecto de lo que precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 para dilucidar si en cabeza de la ac\u00e1 sentenciada se cumplen tales requisitos, por parte de la funcionaria de primer nivel se dispuso la pr\u00e1ctica de una visita socio familiar para comprobar las condiciones del hogar donde resid\u00eda\u2026 Blanca Ruby y su menor hija… -que desde ahora valga decir que en efecto se acredit\u00f3 el v\u00ednculo de parentesco con el registro civil de nacimiento que se arrim\u00f3 al expediente-, del cual tuvo en consideraci\u00f3n algunos aspectos que consider\u00f3 de mayor trascendencia, como lo fue que a la hora de ahora la menor, quien se encuentra a cargo de Carolina Mijey Moncada, amiga de la ac\u00e1 sentenciada y donde convive en dicho n\u00facleo familiar, se le han garantizado sus derechos, por lo que al no encontrarse la misma en situaci\u00f3n de abandono o desprotecci\u00f3n, no se puede predicar la condici\u00f3n de madre cabeza de familia de la ac\u00e1 sentenciada, aunado a que si bien en el fallo por medio del cual se le conden\u00f3 se hizo alusi\u00f3n a \u201cfamilia extensa\u201d de la ni\u00f1a -abuelos, t\u00edos, hermanos-, de ello nada se dijo en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corporaci\u00f3n y en consonancia con lo referido por la funcionaria de primer nivel, se observa que el reporte de la visita socio familiar arroja informaci\u00f3n suficiente en el sentido que la menor… no se encuentra en estado de abandono y desprotecci\u00f3n. Y si bien es cierto deber\u00eda ser la familia extendida de la ac\u00e1 sentenciada quien se hiciera cargo de esta, ello fue dejado en manos de una particular que ha procurado la protecci\u00f3n integral de la ni\u00f1a, como as\u00ed lo evidenci\u00f3 no solo la Trabajadora Social del despacho de primer nivel, sino por parte del ICBF, a quien se le encomend\u00f3 verificar el estado de la menor con miras al restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
Y es que no obstante lo esgrimido por el apoderado de la sentenciada, para que una persona sea considerada como madre cabeza de familia, se debe acreditar que en efecto se est\u00e1 ante el presupuesto de \u201cabandono absoluto\u201d en que se deba hallar la prole o personas desvalidas del medio familiar, como predicado indispensable para la prosperidad del sustituto, lo que en este caso no se presenta. <\/p>\n
Es indudable que tanto\u2026 Blanca Ruby Hoyos -madre de la ni\u00f1a\u2026- como el padre de la peque\u00f1a -\u2026 Ramon Antonio Caicedo quien tambi\u00e9n fue condenado por los mismos hechos-, tienen familia extensa seg\u00fan se desprende de lo plasmado en el fallo de condena. Pero de ello se hace abstracci\u00f3n en este asunto para pregonar que la ni\u00f1a \u00fanicamente cuenta con su se\u00f1ora madre y una amiga ajena a su n\u00facleo familiar quien vela por esta -como se indica en las declaraciones extraproceso arrimadas-. <\/p>\n
De todas formas, sea como fuere, de la informaci\u00f3n que se alleg\u00f3 al dosier se evidencia que la peque\u00f1a y la procesada reciben alg\u00fan tipo de ayuda de quienes conforman su familia, y ello se extrae de la documentaci\u00f3n que se aport\u00f3 a la actuaci\u00f3n donde se da cuenta que la vivienda en la que resid\u00eda la ac\u00e1 sentenciada -ubicada en la Manzana 9, casa 4 o 34, comunidad los H\u00e9roes, 2500 Lotes de Pereira-, pese a estar sola desde el momento en que fue capturada -en diciembre de 2020-, a\u00fan estaba a su cargo y al propietario de esta le eran cancelados los c\u00e1nones de arrendamiento respectivos, como as\u00ed lo plasm\u00f3 en declaraci\u00f3n extraproceso. <\/p>\n
No puede perderse de vista que la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por la domiciliaria tiene como norte la protecci\u00f3n de los derechos de quien se halla en debilidad manifiesta, en donde se haga urgente y necesaria la presencia de quien est\u00e1 privado de la libertad para que les brinde el cuidado que requieren, sin que en este evento ello se avizore, como tampoco el presupuesto de \u201cabandono absoluto\u201d en el que se deben encontrar las personas desvalidas del medio familiar, no solo en el aspecto econ\u00f3mico sino tambi\u00e9n en el afectivo, y en aras de proteger los derechos que a estos les asisten se concede el beneficio. Pero en este caso, la peque\u00f1a se encuentra bajo el amparo de la amiga de la sentenciada, quien vela por su cuidado integral, y en el que la adolescente se siente acogida como parte de dicha familia, seg\u00fan as\u00ed se plasm\u00f3 en la visita socio-familiar, lo que de entrada hace inviable la concesi\u00f3n del sustituto. <\/p>\n
No duda la Sala que por la edad que atraviesa la menor…, lo indicado es que tuviera el acompa\u00f1amiento permanente de su\u2026 madre, como lo expresa el recurrente, dado lo complejo de esa etapa en su formaci\u00f3n, pero ello per se, no es suficiente para considerar como viable que\u2026 Blanca Ruby pueda ser considerada como madre cabeza de familia, y lo dicho se itera, por cuanto en primer lugar la ni\u00f1a no est\u00e1 abandonada, antes por el contrario, cuenta con un hogar que la ha acogido y donde se le brindan los cuidados y se procura por la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales como lo constat\u00f3 el ICBF. De ese modo, aunque no puede desconocerse el desarraigo que la peque\u00f1a ha sufrido a ra\u00edz de la privaci\u00f3n de la libertad de su progenitora, tal situaci\u00f3n es la consecuencia l\u00f3gica de su incursi\u00f3n en los linderos del c\u00f3digo penal, al no comprender lo que ello podr\u00eda conllevar a sus familiares m\u00e1s cercanos, en especial a sus descendientes. <\/p>\n
M\u00edrese igualmente, que a ra\u00edz de la orden emitida por la funcionaria de primer grado para que el ICBF tomara cartas en este asunto, se recibi\u00f3 informe de valoraci\u00f3n socio-familiar de verificaci\u00f3n de derechos\u2026, donde adem\u00e1s de las expectativas propias que por supuesto tiene la menor para estar cerca de su progenitora, se asegur\u00f3 que: \u201cEl n\u00facleo familiar donde se encuentra inmersa la adolescente en la actualidad le ha garantizado la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas y derechos fundamentales, la din\u00e1mica relacional se ha caracterizado por relaciones cercanas y afectivas [\u2026]\u201d. Y si bien se consider\u00f3 necesario incorporar a la ni\u00f1a al sistema de Salud para brindarle una atenci\u00f3n psicol\u00f3gica integral, se adelantaron los tr\u00e1mites ante la EPS Servicio Occidental de Salud, a efectos de trasladar la atenci\u00f3n m\u00e9dica de la peque\u00f1a a esta capital. <\/p>\n
Como puede apreciarse, la menor… por la que\u2026 Blanca Ruby Hoyos reclama el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, no se encuentra desprotegida, pues no solo cuenta con el apoyo de\u2026 Carolina Moncada, sino adem\u00e1s que con la intervenci\u00f3n del ICBF se le permitir\u00e1 sobrellevar el escenario generado con la detenci\u00f3n de la progenitora. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no puede dejar de lado la Corporaci\u00f3n, como lo expres\u00f3 la funcionaria de primera instancia, que las ilicitudes que a esta le fueron enrostradas son de suma gravedad, al haber sido sentenciada por delitos que atentan contra el orden econ\u00f3mico y social por hacer parte de un grupo delincuencial dedicado a recibir en la modalidad de \u201cpitufeo\u201d dinero procedente de actividades delictivas realizadas en el extranjero, para darles visos de legalidad, y con el cual, seg\u00fan as\u00ed se indic\u00f3 en el fallo emitido en su desfavor, la misma adquiri\u00f3 algunos bienes con los que increment\u00f3 de manera il\u00edcita su patrimonio <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria y valor\u00f3 los elementos de juicio aportados al diligenciamiento, concluyendo que no se cumpl\u00edan los requisitos necesarios para otorgarle ese beneficio, toda vez que no demostraban que la condenada y su hija carecieran de apoyo familiar, as\u00ed como tampoco se acredit\u00f3 que la menor representada en el presente tr\u00e1mite se encontrara en estado de abandono, por el contrario, se prob\u00f3 que estaba a cargo de una amiga de la peticionaria, quien ven\u00eda garantizando, a cabalidad, sus derechos. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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