STC9255-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9255-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01322-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 30 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n, Andr\u00e9s Felipe Prada Bejarano, Ana Mariela Ni\u00f1o \u00c1ngel y Pablo Vargas S\u00e1nchez contra el Banco de Bogot\u00e1 SA, los Juzgados 37 Civil del Circuito y 43 Civil Municipal, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con las prerrogativas a la propiedad y libertad de empresa, que dicen vulnerados por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidieron \u00abdejar sin efectos las actuaciones surtidas por parte de los\u2026 accionados\u00bb y, en consecuencia, \u00abrestablecer los derechos que le asisten a los accionantes para ocupar el inmueble de su sede social\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Banco de Bogot\u00e1 SA promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de tenencia de inmueble contra Seyco Ltda. y Jos\u00e9 Dar\u00edo Prada Maldonado, bien que le fue entregado a la demandada en virtud de un contrato de leasing celebrado entre los contendientes, que fue admitida por el juzgado del circuito accionado con providencia del 5 de marzo de 2019. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 18 de marzo de 2019, la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 a tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial a Seyco Ltda. (en el que se reconocieron como acreedores a Ana Mariela Ni\u00f1o \u00c1ngel y Pablo Vargas S\u00e1nchez), lo que se inform\u00f3 al estrado que adelantaba el prenotado proceso de restituci\u00f3n, por lo que con auto de 10 de mayo de 2019 se dispuso la suspensi\u00f3n de tal juicio. <\/p>\n
2.3. De otro lado, el 17 de mayo de 2019, se admiti\u00f3 a Jos\u00e9 Dar\u00edo Prada Maldonado a tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de persona natural no comerciante, lo que se inform\u00f3 al juez de la restituci\u00f3n, el 10 de julio de 2019. <\/p>\n
2.4. No obstante, mediante prove\u00eddo del 10 de julio de 2019, se orden\u00f3 continuar con el proceso de restituci\u00f3n de tenencia respecto a Jos\u00e9 Dar\u00edo Prada Maldonado y, seguidamente, con sentencia del 2 de noviembre de 2020, se \u00abdeclar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing No. 357798616 y 357798607 y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble\u00bb, comision\u00e1ndose para la entrega del predio al Juzgado 43 Civil Municipal de Bogot\u00e1, diligencia que se llev\u00f3 a cabo el 11 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que \u00abel [Juzgado] 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, muy a pesar de haber suspendido el proceso de restituci\u00f3n de tenencia respecto de Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n, cometi\u00f3 un grav\u00edsimo error de orden procedimental y sustancial\u2026, toda vez que continu\u00f3 con el proceso\u2026\u00bb, circunstancia que, incluso, configurar\u00eda \u00abla causal de nulidad procesal prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 133 del CGP\u2026 extensiva\u2026 a la sentencia all\u00ed proferida\u00bb; y que dicho estrado desconoci\u00f3 el art\u00edculo 22 de la ley 1116 de 2006, que imped\u00eda la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Adicionaron que en el inmueble objeto de restituci\u00f3n \u00abfuncionaba la sede social de [Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n]\u00bb, la cual \u00abresultaba extremadamente esencial e importante, para el desarrollo del objeto social\u00bb, por lo que \u00abno tener la sede social por las actuaciones de [los entes accionados] hace imposible operar, lo cual pone en riesgo inminente la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb y, en especial, \u00ablos derechos de terceros acreedores como\u2026 Ana Mariela Ni\u00f1o \u00c1ngel y Pablo Vargas S\u00e1nchez, pues no van a poder ver satisfecho su cr\u00e9dito de naturaleza laboral poniendo en riesgo su m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
2.7. Tambi\u00e9n manifestaron que \u00abcon la actuaci\u00f3n [criticada se]\u2026 vulner\u00f3 [el] orden legal de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y [se] entreg\u00f3 un privilegio especial al Banco [de Bogot\u00e1], pues con dicha sentencia esta entidad, se pag\u00f3 por fuera del concurso\u00bb; y que dicha entidad financiera \u00ab\u2026indujo en error al [Juzgado] 37 Civil del Circuito\u2026\u00bb, pues \u00abse le solicit\u00f3 [que] manifestara si en el bien objeto de\u2026 [restituci\u00f3n]\u2026 funcionaba la sede social de\u2026 Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n y all\u00ed desarrollaba su objeto social, a lo que el\u2026 Banco\u2026 manifest\u00f3 que no, faltando a la verdad\u00bb. <\/p>\n
2.8. Finalmente, destacaron que \u00absolamente hasta el momento en que se practic\u00f3 la\u2026 entrega\u2026, el representante legal suplente de Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n se percat\u00f3 de la existencia del proceso, puesto que quien fung\u00eda como representante legal, [falleci\u00f3] el\u2026 6 de marzo de 2021 y por ello es que es a partir de\u2026 la entrega, en la que se configura el perjuicio\u2026\u00bb que se busca resarcir con este resguardo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 43 Civil Municipal de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que su actuaci\u00f3n \u00abse ajusta en un todo a las disposiciones procesales como sustanciales vigentes que rigen la materia\u00bb, por lo que pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
2. El Banco de Bogot\u00e1 SA defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El Juzgado 37 Civil del Circuito de esta localidad dijo remitirse \u00aba las actuaciones surtidas dentro del proceso\u00bb criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por cuanto \u00abel mecanismo tutelar no se ejercit\u00f3 en un tiempo adecuado\u00bb, toda vez que \u00abla censura expuesta\u2026 se cierne sobre el fallo emanado al interior del proceso\u2026 de restituci\u00f3n [criticado], calendado del 2 de noviembre de 2020, en virtud del cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing\u2026 y, en consecuencia, fue ordenada la entrega\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n \u00abel\u202611 de marzo de 2022, realiz\u00f3 la entrega formal y voluntaria del\u2026 inmueble…, por lo cual se tiene que el hecho generador del presente mecanismo constitucional se consolid\u00f3 con antelaci\u00f3n a [su] presentaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
La parte accionante reiter\u00f3 que \u00abla sentencia que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing y la correlativa entrega del bien, no fue conocida por ninguno de los actores, pues el representante legal de la sociedad Seyco hab\u00eda fallecido y los dem\u00e1s afectados, no tuvieron noticias de los hechos, sino solamente hasta\u2026 que se materializ\u00f3 la entrega f\u00edsica del bien\u00bb, por lo que s\u00ed se cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abla entrega\u2026 no fue plenamente voluntaria, pues no se hizo bajo la total conciencia de lo que estaba ocurriendo al no tener conocimiento previo de la existencia del proceso judicial\u2026\u00bb; y que \u00abes importante\u2026 que [se] revise el acta de entrega\u00bb, comoquiera que \u00abquien hizo la entrega fue Juan Camilo Prada, quien no es ni ha sido representante legal de Seyco Ltda., ni\u2026 ten\u00eda autorizaci\u00f3n ni\u2026 facultad para tal acto\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00ab Juan Camilo Prada no ten\u00eda ninguna facultad para actuar en nombre de la sociedad, situaci\u00f3n que torna dicha actuaci\u00f3n de completa ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Pues bien, en cuanto al reclamo que elevaron Andr\u00e9s Felipe Prada Bejarano, Ana Mariela Ni\u00f1o \u00c1ngel y Pablo Vargas S\u00e1nchez, de entrada, advierte la Sala la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que aquellos carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no ser partes de dicha contienda. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que los prenombrados quejosos no ostentan la calidad de partes ni de intervinientes en el tr\u00e1mite atacado, conforme se extracta de las copias del expediente contentivo del juicio criticado, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n para censurar las actuaciones objeto de reproche. <\/p>\n
3. Respecto al reclamo de Seyco Ltda. En Reorganizaci\u00f3n, que fungi\u00f3 como demandada en el litigio atacado, advierte la Sala que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, en esencia, lo que se critic\u00f3 fue la entrega que se orden\u00f3 con sentencia del 2 de noviembre de 2020, al considerar que dicho mandato no resultaba procedente, porque los demandados hab\u00edan sido admitidos a procesos de insolvencia. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (2 de noviembre de 2020) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 21 de junio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no resulta de recibo la circunstancia que se esgrimi\u00f3 para excusar la anotada tardanza, en el sentido de indicar que el fallecimiento del representante legal de la sociedad accionante le impidi\u00f3 ejercer la acci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Ello en la medida en que, como se pudo verificar en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con el libelo (folio 455, archivo digital denominado \u00ab03Anexo.pdf\u00bb), la persona jur\u00eddica accionante contaba con un representante legal suplente, llamado a cubrir las ausencias del principal (como lo ser\u00eda su muerte) y quien, adem\u00e1s, atendiendo la naturaleza de su designaci\u00f3n, deb\u00eda tener conocimiento de la operaci\u00f3n de la sociedad, cuya representaci\u00f3n ejerc\u00eda. <\/p>\n
Luego, no puede predicarse, como parece entenderlo la censora, que la ausencia de su representante legal principal le impidiera ejercer las acciones necesarias para la protecci\u00f3n de sus derechos, pues lo cierto es que contaba con un representante suplente, quien bien pudo adelantar las gestiones necesarias para su defensa. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a las supuestas irregularidades en que se incurri\u00f3 en la diligencia de entrega, que se adelant\u00f3 en el asunto acusado, baste con decir que que dicho aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los accionados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los enjuiciados. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre tal reproche, al constituir hecho nuevo, que no fue enrostrado al accionado. <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC9255-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9255-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01322-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}