STC9263-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9263-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 08001-22-13-000-2022-00401-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Karen Tatiana S\u00e1nchez Lara promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo, con radicado 2019-00387. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado en el juicio mencionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Jos\u00e9 Ricardo Mu\u00f1oz Mass formul\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, el cual se tramita en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, bajo radicado 2019-00387, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago y se decret\u00f3 el embargo del 50% del inmueble de su propiedad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 1\u00ba de octubre de 2019, se resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el aval\u00fao de los inmuebles cautelados y el remate de estos. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, presentado el aval\u00fao del bien objeto de medida cautelar, el Juzgado accionado en auto de 29 de septiembre de 2021 lo aprob\u00f3 en todas sus partes, por lo que, mediante apoderado judicial formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, que fue rechazado el 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que, el 11 de mayo de 2022 present\u00f3 solicitud al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, a fin de que se efectuara control de legalidad en el proceso ejecutivo de marras, y, el 18 de mayo siguiente requiri\u00f3 al despacho para que se abstuviera de librar oficio comisorio a la Notaria Segunda del C\u00edrculo de Soledad a fin de realizar la diligencia de remate, hasta tanto no se resolviera la petici\u00f3n de control del legalidad previamente formulada, sin que hasta la fecha se haya emitido pronunciamiento. <\/p>\n
2. En consecuencia solicit\u00f3 \u00abse ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad resolver de fondo los memoriales del 11 y 18 de mayo de 2022\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, tras efectuar un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo, inform\u00f3 que, \u00aba la fecha de interposici\u00f3n de la tutela han trascurrido escasos ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles, t\u00e9rmino que no denota mora o dilaci\u00f3n injustificada capaz de violar el debido proceso, t\u00e9rmino que se estima apenas razonable y corto, para decidir, teniendo en cuenta las innumerables peticiones que a diario se reciben en los procesos civiles y laborales que maneja, adem\u00e1s de las acciones de tutelas de primera y segunda instancia que se profieren a diario que tiene car\u00e1cter preferente acorde con el art\u00edculo 15 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
2. La representante legal de Grupo Empresarial Confidesarrollo Express SAS, en calidad de ejecutante en el proceso bajo estudio, adujo que, si bien es cierto, el Juzgado debe darle tramite urgente al requerimiento de control de legalidad, este no tiene un t\u00e9rmino establecido para su gesti\u00f3n, ya que no es el \u00fanico proceso que tiene el despacho, adem\u00e1s de la complejidad de la actuaci\u00f3n a revisar. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo tras considerar que, desde la presentaci\u00f3n del memorial del 11 de mayo de 2022, a la fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, solo hab\u00edan transcurrido 16 d\u00edas h\u00e1biles, sin que el juez de conocimiento resolviera la solicitud, y afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00abDescendiendo al caso objeto de an\u00e1lisis, se aprecia que la accionante est\u00e1 alegando una mora judicial por un t\u00e9rmino; que, si bien supera el permitido, no resulta razonable, teniendo en cuenta la carga laboral que maneja el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, y la naturaleza del asunto por resolver, ya que no se trata de un auto de mero tr\u00e1mite o impulso procesal. En ese sentido, encuentra esta Sala de Decisi\u00f3n que no era injustificada en ese momento la omisi\u00f3n del funcionario en resolver lo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con tal determinaci\u00f3n, la accionante impugn\u00f3 solicitando su revocatoria, tras aducir que la jurisprudencia constitucional ha planteado la clara relaci\u00f3n existente entre la mora judicial y la afectaci\u00f3n al derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso, consagrada en los art\u00edculos 29, 228 y 229 Superiores. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, si bien es cierto, los contenidos de los derechos antes mencionados no pueden confundirse, su relaci\u00f3n es intr\u00ednseca tanto para aquellos que pretenden acceder a la administraci\u00f3n de justicia como para quienes est\u00e1n investidos de la funci\u00f3n jurisdiccional, y suponen la determinaci\u00f3n de reglas como la consagraci\u00f3n de v\u00edas procesales adecuadas, oportunidades para ejercer el derecho de acci\u00f3n, personas habilitadas para demandar, etapas dentro del procedimiento, t\u00e9rminos, etc., los cuales ser\u00e1n perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares, este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2 Conforme al escrito presentado, la queja tiene su causa en una presunta mora del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad en resolver las peticiones que el 11 y el 18 de mayo de 2022, le present\u00f3 la aqu\u00ed accionante Karen Tatiana S\u00e1nchez Lara. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00ab(\u2026) aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014). <\/p>\n
Ahora, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la Corte ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021 y STC10877-2021). <\/p>\n
3. Revisadas las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, la Sala observa las siguientes actuaciones, <\/p>\n
3.1 En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, se adelanta proceso ejecutivo promovido por Jos\u00e9 Ricardo Mu\u00f1oz Mass contra de Karen Tatiana S\u00e1nchez Lara y Lisley Alexandra S\u00e1nchez Mart\u00ednez, con radicado No. 2019-00387-00, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago el 15 de agosto de 2019 y se decret\u00f3 la medida cautelar consistente en el embargo del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-463442 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla \u2013 Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 01.2019-00387-00 Folios 9 y 10] <\/p>\n
3.2 Notificadas las demandadas sin ejercer oposici\u00f3n alguna, en auto de 1\u00ba de octubre de 2019, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el aval\u00fao del inmueble y su posterior remate. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 01.2019-00387-00 Folios 13 y 14] <\/p>\n
3.3 Aprobada la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por el demandante al Grupo Empresarial Confidesarrollo, en providencia de 18 de febrero de 2020, se decret\u00f3 el secuestro del inmueble, por lo que se comision\u00f3 a la Alcald\u00eda de Tubar\u00e1. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 01.2019-00387-00 Folios 28 y 29] <\/p>\n
3.4 Presentado el avalu\u00f3 por la entidad ejecutante, fue aprobado el 29 de septiembre de 2021, ordenando comisionar a la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Soledad a fin de llevar a cabo la diligencia de remate sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040- 463442, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n, que fue rechazado el 5 de mayo de 2022. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. 08758311200120190038700. Archivo 32. AUTO COMISONA NOTARIA PARA DILIGENCIA DE REMATE y Archivo 42. NIEGA APELACI\u00d3N 2019-00387-00 pdf.] <\/p>\n
3.5 Luego, se observan peticiones radicadas por el apoderado judicial de la accionante, de fechas 11 y 18 de mayo de 2022, mediante las cuales solicit\u00f3 efectuar control de legalidad frente al aval\u00fao presentado y aprobado en el tr\u00e1mite ejecutivo, y, abstenerse de librar oficio comisorio a la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Soledad, a fin de realizar la diligencia de remate, hasta tanto no se resuelva de fondo el memorial primigenio. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. 08758311200120190038700. Archivo 44. SOLICITA CONTROL DE LEGALIDAD y Archivo 46. SOLICITAN NO LIBRAR OFICIOS pdf.] <\/p>\n
4. Conforme pudo verificarse y seg\u00fan lo inform\u00f3 el titular del Juzgado accionado en estas diligencias, para el momento en que fue radicada la presente acci\u00f3n constitucional, (3 de junio de 2022) hab\u00edan transcurrido 11 d\u00edas desde que present\u00f3 el \u00faltimo de los memoriales de los que se queja por la falta de respuesta. <\/p>\n
De manera que, aunque pudiera se\u00f1alarse que se super\u00f3 el plazo establecido en el canon 120 del estatuto adjetivo para que el juez se pronuncie frente a ese tipo de solicitudes, no advierte la Corte que el lapso transcurrido y comprendido entre la radicaci\u00f3n de las peticiones y la formulaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, luzca desproporcionado como para predicar de \u00e9l una patente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores de la parte interesada. <\/p>\n
N\u00f3tese que la acci\u00f3n de tutela como instrumento excepcional, se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad accionada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha se\u00f1alado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo, al referir: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
5. En este sentido, es de anotar que no todo \u00abretraso\u00bb en un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime si el tiempo denunciado no podr\u00eda calificarse como desmedido o atentatorio de los plazos razonables, o producto de una evidente dejadez del responsable. <\/p>\n
En todo caso, la Sala ha reiterado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
6. Sumado a lo expuesto, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto rebatido en la impugnaci\u00f3n, pues la solicitante refiri\u00f3 que se le est\u00e1 causando un perjuicio, sin embargo, no alleg\u00f3 prueba alguna que soporte tal manifestaci\u00f3n, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que a la fecha, el Juzgado no ha expedido el despacho comisorio para efectuar la diligencia de remate ordenada en auto del 29 de septiembre de 2021, situaci\u00f3n que no hace urgente la intervenci\u00f3n constitucional, puesto que, se recuerda, que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
7. Conforme a lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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