STC9267-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9267-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-22-03-000-2022-01251-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 24 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Norma Luc\u00eda Moyano L\u00f3pez promovi\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo de Familia, ambos de Bogot\u00e1, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 1996-00269-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Sostuvo, que pese a que en el tr\u00e1mite del juicio ejecutivo referido que adelanta Marlen G\u00f3mez Trivi\u00f1o (cesionaria de Finandina SA) contra Humberto Mart\u00ednez C\u00e1rdenas y Jorge Arnulfo Moyano Torres, se inform\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 de la existencia de los procesos de alimentos y de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, que, en su orden, se adelantan en los Juzgados Segundo y S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 frente al ejecutado Moyano Torres, as\u00ed como, que las acreencias y derechos patrimoniales all\u00ed reclamados \u00abtienen prelaci\u00f3n\u00bb, el Juzgado accionado no ha efectuado los respectivos requerimientos a las mencionadas autoridades Judiciales, con el fin de que aporten las \u00abliquidaciones actualizadas\u00bb a que hubiere lugar. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en lugar de lo anterior, procedi\u00f3 a se\u00f1alar fecha y hora para la subasta del predio identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-904568, en desmedro de su condici\u00f3n de acreedora de categor\u00eda privilegiada e inobservando, adem\u00e1s, lo dispuesto en el art\u00edculo 448 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Quinta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir copia digital del expediente contentivo del proceso ejecutivo y de realizar una exposici\u00f3n de las actuaciones m\u00e1s relevantes adelantadas en el mismo dijo, \u00abteniendo en cuenta que el inmueble cautelado de propiedad del extremo demandado se encuentra debidamente embargado, secuestrado y avaluado, en providencia del 20 de abril de 2022 se se\u00f1al\u00f3 fecha para diligencia de remate, la cual fue recurrida por el apoderado de la pasiva, censura que, actualmente est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite del traslado conforme lo ordena el art\u00edculo 319 del C.G.P. <\/p>\n
Por \u00faltimo, vale la pena destacar que, si bien se adelanta actualmente unas causas en juzgados de familia, lo cierto es que, ninguna autoridad ha solicitado la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, y en todo caso, la suscrita juez no advierte causas legalmente v\u00e1lidas para detener el proceso pues no se encuentra reunido ning\u00fan presupuesto del art\u00edculo 161 del precitado estatuto\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, al no evidenciar la vulneraci\u00f3n que refiere Norma Luc\u00eda Moyano L\u00f3pez, para lo cual explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[a]nalizado el reclamo constitucional, prima facie a las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo, se colige que a la accionante se le ha resuelto en sucesivas oportunidades la solicitud encaminada a \u2018suspender\u2019 la almoneda del bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50S-904568, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 D.C., Zona Sur. <\/p>\n
El despacho ha resuelto de forma di\u00e1fana tal pretensi\u00f3n, aclarando que los dineros producto del eventual remate ser\u00e1n distribuidos de acuerdo con la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, tal y como as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, canon que claramente establece que \u2018[e]l proceso civil se adelantar\u00e1 hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial\u2019. <\/p>\n
La anterior norma, dada su claridad, no tiene punto de interpretaci\u00f3n, y en ella se garantiza el importe de cr\u00e9ditos con mejor derecho una vez sea perfeccionado el remate, y de acuerdo con la prelaci\u00f3n que estableci\u00f3 el legislador. <\/p>\n
3.4. Lo anterior no impone que esta Magistratura avale o no la decisi\u00f3n de la accionada, sin embargo, se itera, la misma actu\u00f3 conforme las previsiones del C\u00f3digo General del Proceso, sin que sea posible por v\u00eda de tutela usurpar la potestad jurisdiccional asignada constitucional y legalmente a la autoridad demandada. <\/p>\n
3.5. En virtud de lo expuesto, se evidencia que las actuaciones desarrolladas por la autoridad accionada no trasgreden los derechos fundamentales deprecados por la accionante, correspondiendo las decisiones a un criterio que se encuadra dentro de la \u00f3rbita de una hermen\u00e9utica razonable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la accionante, sin indicar los motivos de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, y, en caso de no hacerlo, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (Ver CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022 entre muchas). <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, pero por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
La inconformidad de la se\u00f1ora Norma Luc\u00eda Moyano L\u00f3pez, radica en que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 fecha para el remate del inmueble atr\u00e1s referenciado, sin oficiar previamente a los Juzgados de Familia vinculados, para que, en los procesos de alimentos y de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal en los que obra como demandado el tambi\u00e9n ejecutado Jorge Arnulfo Moyano Torres, allegaran las liquidaciones actualizadas a la que hubiere lugar. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, as\u00ed como el Sistema de Consulta Unificada de Procesos1 se observa lo siguiente: <\/p>\n
3.1 Notificadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo analizado, del auto de 20 de abril de 2022, a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 como fecha para la realizaci\u00f3n del mencionado remate, el 15 de junio de 2022 a las 3:30 p.m, s\u00f3lo el apoderado judicial del se\u00f1or Moyano Torres se mostr\u00f3 inconforme e interpuso recurso de reposici\u00f3n, el que, por lo dem\u00e1s, a\u00fan no ha sido resuelto, en tanto que el expediente ingres\u00f3 al despacho para ese cometido el 11 de julio de 2022. <\/p>\n
3.2 De otra parte, y en atenci\u00f3n a la solicitud de la aqu\u00ed interesada, relativa a que se oficiara a los Juzgados de Familia ya mencionados para la aportaci\u00f3n de las aludidas liquidaciones, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 en providencia de 26 de mayo de 2022 dispuso que \u00abuna vez sean rematados los bienes cautelados en este asunto, las sumas recaudadas ser\u00e1n dejadas a disposici\u00f3n del despacho a que haya lugar, de acuerdo con la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb, determinaci\u00f3n que no mereci\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, y en lo que refiere al auto de 26 de mayo, el amparo incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la accionante desaprovech\u00f3 el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que conforme con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, sin que pueda pretender ahora subsanar su propia desidia a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la negativa del Juzgado de oficiar a los despachos de Familia y, con ello, suspender el remate programado, ha debido interponer recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 su petici\u00f3n, conforme la habilita el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (Ver CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2818-2022 y STC3819-2022 entre muchas). <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, como se dej\u00f3 visto, el ejecutado Jorge Arnulfo Moyano Torres se mostr\u00f3 inconforme con la providencia de 20 de abril de 2022, a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n del remate, e interpuso recurso de reposici\u00f3n que no ha sido a\u00fan resuelto, raz\u00f3n por la cual la presente acci\u00f3n excepcional resulta prematura, habida cuenta que la autoridad judicial accionada, se repite, no se ha pronunciado, sin que pueda el juez constitucional anticiparse a lo que aquella disponga. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC6013-2022, entre muchas). <\/p>\n
6. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n