STC9268-2022<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9268-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01266-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Santorini Bodas Group SAS, formul\u00f3 contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicada bajo el n\u00b0 21-16537. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que promovieron en su contra Gloria Mar\u00eda Barrero Vargas y Diego Fernando Cuadros Julio, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante auto de 26 de mayo de 2022, le neg\u00f3 la solicitud de nulidad que le present\u00f3 con fundamento en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, sin tomar en cuenta que la providencia por la que la requiri\u00f3 para que aportara nuevamente su contestaci\u00f3n a esa demanda, no le fue debidamente notificado, privilegiando as\u00ed \u00abel formalismo por encima del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que interpuso recurso de reposici\u00f3n que fue rechazado, y que cuando su apoderado judicial quiso intervenir, \u00abse le cay\u00f3 abruptamente su conexi\u00f3n apareci\u00e9ndole en la pantalla que \u201cha[b\u00eda] sido retirado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en cualquier caso, en el interrogatorio que le realizaron expuso lo sucedido con los all\u00ed accionantes y demostr\u00f3 que \u00abcumpli\u00f3 con las obligaciones adquiridas en las cantidades y calidades\u00bb acordadas con estos, quienes fueron los que decidieron \u00abcancelar su matrimonio a \u00faltima hora\u00bb, sin embargo, sus argumentos no fueron valorados, por lo que fue condenada a devolver $8\u2019840.000,oo. <\/p>\n
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2. En consecuencia, solicit\u00f3 dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida el 1\u00ba de junio de 2022, para que, \u00aben su lugar, se proced[iera] a estudiar la posibilidad de tener en cuenta el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda presentado dentro del t\u00e9rmino legal, as\u00ed como las pruebas documentales allegadas y testimonios solicitados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 SIC, expuso el tr\u00e1mite adelantado en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor cuestionada y manifest\u00f3 que mediante memorial radicado bajo consecutivo n\u00b0 5 la parte demandada y aqu\u00ed accionante, alleg\u00f3 un escrito \u00aben drive que no fue identificable por la Entidad\u00bb, por lo que, a trav\u00e9s de auto n\u00b0 134905 de 5 de noviembre de 2021, la requiri\u00f3 para \u00abque en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles allegara el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda en un formato que no [fuera] modificable y que permit[iera] el acceso, ya que el drive compartido no permit\u00eda el acceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que a trav\u00e9s del auto n\u00b0 18305 de 16 de febrero de 2022 prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para resolver la instancia, e indic\u00f3 que \u00abla demanda se tendr\u00eda como [no] contestada, toda vez que el t\u00e9rmino otorgado en Auto Nro. 134905 del 05 de noviembre de 2021 venci\u00f3 en silencio\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el incidente de nulidad fue negado, porque pese a que Santorini Bodas Group SAS, estaba en la obligaci\u00f3n de poner en conocimiento su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, las pruebas y dem\u00e1s solicitudes pertinentes que pudieran ser allegadas dentro del t\u00e9rmino concedido para ejercer su derecho, que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo General del Proceso, le concedi\u00f3 cinco d\u00edas h\u00e1biles adicionales al tiempo de la notificaci\u00f3n en estados, para que allegara en debida forma el documento echado de menos, lo que no hizo. <\/p>\n
Indic\u00f3 que esa figura se encontraba avalada en la norma procesal, y que garantizaba enteramente los derechos de la sociedad demandada, la que, repiti\u00f3, ten\u00eda el deber de ejercer vigilancia sobre su proceso para lo cual contaba con servicios de Contac Center y la p\u00e1gina web de la Entidad, donde pod\u00eda consultar, en tiempo real, la publicaci\u00f3n de providencias y memoriales, as\u00ed como las notificaciones que se realizaron en estados y fijaciones en lista. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 el completo abandono que sufri\u00f3 el proceso por parte de la sociedad demandada, ya que, como lo afirm\u00f3 abiertamente, no tuvo conocimiento de este hasta la fijaci\u00f3n de la fecha de audiencia, de la cual se enter\u00f3 a trav\u00e9s de un servicio que otorga el Grupo de Atenci\u00f3n al Ciudadano de la Entidad, con el fin de que las partes asistieran a las diligencias, pero que en ning\u00fan caso constituye una notificaci\u00f3n \u00abde ah\u00ed que el hecho de que no se tuviera en cuenta la contestaci\u00f3n a la demanda, no [fue] m\u00e1s que una consecuencia de su actuar descuidado\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al rechazo del recurso de apelaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que este se no se origin\u00f3 en un capricho de la juez que presidi\u00f3 la audiencia, sino en el precepto normativo de los procesos verbales sumarios de \u00fanica instancia (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso) que no admiten que en ning\u00fan escenario se acepte un recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con que el apoderado judicial de la sociedad demandada hubiese sido supuestamente expulsado de la audiencia, enfatiz\u00f3 en que no exist\u00eda prueba que lo acreditara, en la medida en que lo \u00fanico aportado en la presente acci\u00f3n de tutela, fue un \u00abpantallazo, el cual no permite ni siquiera evidenciar la hora de captura o la fecha, pues aparece recortado\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se puede determinar si se trat\u00f3 de un error de conexi\u00f3n o de otras caracter\u00edsticas, pues presumir\u00eda [\u2026] que el apoderado pudo experimentar problemas de conexi\u00f3n, ya que los dem\u00e1s asistentes a la audiencia no tuvieron problemas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, refiri\u00f3 que en la sentencia de 1\u00b0 de junio de 2022, declar\u00f3 que la empresa hab\u00eda vulnerado los derechos de los consumidores all\u00ed demandantes y la conden\u00f3 a reintegrar una suma de dinero, so pena de las sanciones de ley. <\/p>\n
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2. Gloria Mar\u00eda Barrero Vargas y Diego Fernando Cuadros Julio, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, y manifestaron que era cierto que la demanda se hab\u00eda dado como no contestada, puesto que Santorini Bodas Group incluy\u00f3 su respuesta en un archivo drive que pod\u00eda ser modificado, lo que consideraron en contra de las medidas de seguridad y protocolos m\u00ednimos que deben ser conocidos por cualquier abogado, y que, no obstante que la SIC le dio plazo para presentar nuevamente la respuesta, no lo hizo, ni siquiera en la audiencia, en la que manifest\u00f3 que tambi\u00e9n la hab\u00eda enviado por correo f\u00edsico, pero no present\u00f3 la respectiva gu\u00eda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo, tras argumentar que, con independencia del criterio que pudiera tener sobre la inconformidad puesta en su conocimiento, \u00abla providencia cuestionada no [pod\u00eda] tildarse de arbitraria, caprichosa o antojadiza, en la medida en que estuvo amparada en las normas que regulan la materia, menos a\u00fan si se considera que Santorini Bodas Group S.A.S. se abstuvo de impugnar el auto de 18 de mayo de 2022 que tuvo por no contestada la demanda, luego de haberse vencido el t\u00e9rmino otorgado con ese prop\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad accionante, cuyo representante legal manifest\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento jur\u00eddico en torno a que las \u00fanicas providencias judiciales que se notifican por correo electr\u00f3nico eran el auto admisorio de la demanda y la que convocaba a la audiencia \u00abconcetrada\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que su abogado solo se enter\u00f3 del requerimiento realizado hasta la audiencia de 26 de mayo de 2022, por lo que no pudo recurrirla, e insisti\u00f3 en que no incumpli\u00f3 el contrato suscrito con su contraparte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, que se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, ya que, de no ser as\u00ed, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (Ver CSJSTC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
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2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, la sociedad Santorini Bodas Group SAS acudi\u00f3 inconforme con el auto proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, en audiencia de 26 de mayo de 2022, celebrada en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que, bajo el radicado n\u00b0 21-16537, adelantaban en su contra los se\u00f1ores Gloria Mar\u00eda Barrero Vargas y Diego Fernando Cuadros Julio, por cuanto con aqu\u00e9l se neg\u00f3 una solicitud de nulidad que present\u00f3 de conformidad a lo se\u00f1alado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n a que no le notificaron por correo electr\u00f3nico la decisi\u00f3n de 5 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual, se le requiri\u00f3 para que presentara debidamente su contestaci\u00f3n a la demanda. <\/p>\n
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3. Revisada la actuaci\u00f3n remitida a este tr\u00e1mite, la Sala pudo verificar, <\/p>\n
3.1 Que el mensaje de datos con el que la sociedad Santorini Bodas Group SAS contest\u00f3 la demanda no pod\u00eda visualizarse, puesto que el enlace que fue remitido por correo electr\u00f3nico dirige al usuario que lo utilice a un sitio en internet que responde: \u00abLo sentimos, el archivo que has solicitado no existe.\u00bb1. <\/p>\n
3.2 Que el auto n\u00b0 134905 de 5 de noviembre de 2021, con el que se requiri\u00f3 a la accionate para que facilitara el acceso al escrito de contestaci\u00f3n, fue notificado por estado, sin que se hubiesen presentado recursos. <\/p>\n
3.3 Que la providencia n\u00b0 18305 de 16 de febrero de 2022, en la que se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para resolver la instancia y se decidi\u00f3 que la demanda se tendr\u00eda como no contestada, toda vez que el t\u00e9rmino otorgado hab\u00eda venci\u00f3 en silencio, cobr\u00f3 ejecutoria ante el silencio de la sociedad. <\/p>\n
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4. En la audiencia de 26 de mayo de 2022, para negar la nulidad propuesta por la sociedad demandada con sustento en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la Super Intendencia de Industria y Comercio reiter\u00f3 que no le fue posible acceder al archivo digital (Google drive) en el que, supuestamente, se encontraba archivada la contestaci\u00f3n a la demanda anunciada por la sociedad all\u00ed demandada, motivo por el que el 5 de noviembre de 2021 la requiri\u00f3 para que dentro de los cinco d\u00edas siguientes procediera a remitirla en un formato adecuado para su visualizaci\u00f3n, decisi\u00f3n que notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico, sin que se hubiesen presentado recursos, y explic\u00f3 adem\u00e1s, que no era su deber insistirle a las partes que estuvieran pendientes de sus procesos. <\/p>\n
Acto seguido, el abogado de la sociedad present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los que fueron rechazados, el primero, por no contar con los argumentos suficientes para revocar lo decidido y, el segundo, por improcedente, en la medida en que se trataba de un asunto de \u00fanica instancia. (Cfr. Audiencia minutos 0:04:49 a 0:36:50) <\/p>\n
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4. Debe recordarse que las Superintendencias, no obstante ser organismos t\u00e9cnicos y administrativos de ciertas caracter\u00edsticas, en virtud a lo dispuesto en el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y sus complementos procesales, ejercen funciones jurisdiccionales, por lo que, siempre que se trate de procesos o acciones en las que ejercen funciones jurisdiccionales, obran en desarrollo de las mismas facultades otorgadas a los jueces de la Rep\u00fablica, regladas, entre otros, por el C\u00f3digo General del Proceso, el que adem\u00e1s se\u00f1ala expresamente la forma en la que las partes pueden y deben intervenir dentro de tales asuntos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que las providencias proferidas en esas diligencias tienen car\u00e1cter judicial y, por lo tanto, su notificaci\u00f3n se realiza por estados electr\u00f3nicos (Ley 2213 de 2022), a la vez que los interesados solo pueden controvertirlas en caso de encontrarse inconformes con su sentido, a trav\u00e9s de los medios de defensa judicial existentes y dentro de las oportunidades establecidas por el ordenamiento procesal, no siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo dise\u00f1ado para el efecto, conforme a las restricciones consignadas en el Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la tutela. <\/p>\n
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5. Sin perjuicio de lo anterior, debe decirse que, de los argumentos expuestos por la entidad accionada para negar la petici\u00f3n de nulidad no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno, puesto que, como se vio, la citada contestaci\u00f3n no se aport\u00f3 debidamente al expediente, y la actuaci\u00f3n reprochada no configur\u00f3 la causal de nulidad 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto el auto de fecha varias veces mencionada fue debidamente notificado (por estado electr\u00f3nico) solo que la sociedad accionante no estuvo atenta a su contenido, ni present\u00f3 recursos en su contra, como fue reconocido en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela, no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales, con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes les fueron adversas, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (Ver CSJ STC138-2022 y STC8922-2022]. <\/p>\n
6. Ahora bien, la impugnante insisti\u00f3 en que no ten\u00eda \u00abformaci\u00f3n jur\u00eddica y desconoc\u00eda el procedimiento del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, por lo que desconoc\u00eda que las providencias judiciales cuya notificaci\u00f3n ech\u00f3 de menos, no se realizaban por correo electr\u00f3nico, como se hizo con la admisi\u00f3n y el auto que lo cit\u00f3 a la audiencia, y que solo en este \u00faltimo escenario se enter\u00f3 su abogado sobre el requerimiento que le hab\u00edan realizado. <\/p>\n
Al respecto, t\u00e9ngase presente que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil, \u00abLa ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb, y menos aun cuando se cuenta con la asesor\u00eda de un abogado que, en cualquier caso, conoce las consecuencias de la no proposici\u00f3n oportuna de los recursos en menci\u00f3n, que hace improcedente la acci\u00f3n de tutela interpuesta en estos t\u00e9rminos, por la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que impide estudiar a fondo el reclamo. <\/p>\n
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7. Como consecuencia de lo anterior se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n