STC9277-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 16 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Ortiz Acevedo contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario radicado bajo el n\u00ba 2017-00009. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo en condiciones dignas, as\u00ed como los principios de \u00abfavorabilidad\u00bb y \u00abprevalencia de lo real sobre lo formal\u00bb presuntamente vulnerados por la Sala accionada. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que el 1\u00ba de marzo de 2015 sufri\u00f3 un accidente deportivo extra laboral que le caus\u00f3 serias lesiones y una larga incapacidad que deriv\u00f3 en una discapacidad definitiva y retom\u00f3 en junio del mismo a\u00f1o sus labores como Director Administrativo de la Cl\u00ednica Colsanitas SA, entidad en la cual se encontraba trabajando desde el 20 de marzo de 2001. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su empleadora era plenamente consciente de su situaci\u00f3n y, no obstante, el 15 de febrero de 2016 dio por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral, sin justa causa y sin solicitar autorizaci\u00f3n administrativa o judicial para su despido a pesar de su condici\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Sostuvo que en vista de lo anterior promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la mencionada entidad con el fin de que se declarara la ilegalidad de su despido y se ordenara el reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando, as\u00ed como el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n especial y el pago de los perjuicios morales. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que una vez surtido el correspondiente tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga en sentencia de 6 de abril de 2018 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que en apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad el 7 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL5438-2021 de 1\u00ba de diciembre de 2021, dispuso no casar la determinaci\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al neg\u00e1rsele la protecci\u00f3n demandada, se infringi\u00f3 el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 que proh\u00edbe el despido de trabajadores en situaci\u00f3n de discapacidad, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas superiores cuya protecci\u00f3n reclama a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 algunas pruebas, que en su sentir fueron \u00absubvaloradas\u00bb, entre ellas, la historia cl\u00ednica, la planilla de evaluaci\u00f3n de salud ocupacional, el informe de fisioterapia, los resultados del TAC de rodilla, los informes de los m\u00e9dicos especialistas y el examen de egreso practicado por salud ocupacional, que daban cuenta que su despido se realiz\u00f3 cuando se encontraba en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar \u00absin valor ni efecto las sentencias acusadas y dispon[er] los reconocimientos y pagos pedidos en la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, manifest\u00f3 que lo pretendido por el actor es reabrir un debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, es decir, definir si era o no beneficiario de la estabilidad laboral reforzada prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, petici\u00f3n que fue resuelta en las oportunidades procesales previstas para ello, sin que pueda ser avalado por el juez constitucional. <\/p>\n
Igualmente, rese\u00f1\u00f3 lo decidido en sede de casaci\u00f3n, donde se indic\u00f3 que si bien el demandante present\u00f3 repentinamente una situaci\u00f3n de salud que le mereci\u00f3 incapacidades del sistema de seguridad social en salud, ello no comportaba per se, una condici\u00f3n que generara la protecci\u00f3n de fuero pretendida, pues no se presentaba ning\u00fan trato discriminatorio por motivos de discapacidad laboral relevante cuya protecci\u00f3n establece el art\u00edculo 26 de la referida normativa. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones adelantadas por ese despacho y remiti\u00f3 el link contentivo del expediente digital. <\/p>\n
3. La Cl\u00ednica Colsanitas SA, a trav\u00e9s de apoderada judicial se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos en el escrito inicial y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, ante el incumplimiento de los requisitos jurisprudenciales, la falta de acreditaci\u00f3n de un perjuicio irremediable y la no vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el peticionario, quien, en su sentir, busca una instancia adicional para debatir un asunto que ya fue definido por los jueces competentes. <\/p>\n
4. La Procuradora Delegada de intervenci\u00f3n Segunda para la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que no ejerci\u00f3 labor en el curso del proceso cuestionado, por lo cual le era imposible emitir concepto donde se pudiera ponderar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional, tras determinar que contrario a lo alegado por el actor, la decisi\u00f3n proferida por la Sala accionada es razonable y se encuentra ajustada tanto a la normativa como a la jurisprudencia aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que en el asunto debatido no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos de Ra\u00fal Ort\u00edz Acevedo en la medida que la providencia objeto de cuestionamiento no constitu\u00eda una v\u00eda de hecho, pues resalt\u00f3 que la misma cont\u00f3 con valoraciones de orden legal y probatorio que resultaban plausibles, en la que adem\u00e1s, se explic\u00f3 con suficiencia y claridad las razones por las cuales no le asist\u00eda raz\u00f3n en los planteamientos relacionados con una presunta condici\u00f3n de discapacidad que le brindara una protecci\u00f3n laboral reforzada al trabajador. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. De entrada se se\u00f1ala que si bien el se\u00f1or Ra\u00fal Ortiz Acevedo igualmente cuestiona las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Cl\u00ednica Colsanitas SA, el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, por cuanto con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL5438-2021 de 1\u00ba de diciembre de 2021, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida providencia, la Sala accionada procedi\u00f3 a definir si el Tribunal Superior de Bucaramanga hab\u00eda errado al concluir que el demandante no era sujeto de protecci\u00f3n laboral reforzada al abrigo de la Ley 361 de 1997 y las pruebas allegadas, al no tener una condici\u00f3n de salud que le impidiera ejercer sus labores. <\/p>\n
Para resolver la controversia expuso como supuestos f\u00e1cticos que, <\/p>\n
\u00abi)Ra\u00fal Ortiz Acevedo prest\u00f3 servicios en favor de la Cl\u00ednica Colsanitas S. A., mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, desde el 20 de marzo de 2001 hasta el 15 de febrero de 2016, ejerciendo como \u00faltimo cargo, el de director administrativo; ii) el 15 de febrero de 2016, el empleador accionado lo notific\u00f3 de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo sin justa causa, previo el pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n establecida en la ley; y; iii) no obra en el plenario concepto o dictamen de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral del actor\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que el concepto de \u00abdiscapacidad\u00bb deb\u00eda atender los lineamientos de la Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1618 de 2013, teniendo en cuenta que la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral ocurri\u00f3 en vigencia de dicho precepto normativo. <\/p>\n
Asimismo se refiri\u00f3 a la sentencia SL572-2021 en la cual se consider\u00f3 que para valorar las condiciones de discapacidad y grado de limitaci\u00f3n resultaba ideal contar con una herramienta t\u00e9cnica como era el Manual \u00danico de Calificaci\u00f3n de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, no obstante, resalt\u00f3, que en caso de no contar con esa calificaci\u00f3n al momento de finalizar el v\u00ednculo laboral y al existir libertad probatoria, la situaci\u00f3n de discapacidad tambi\u00e9n se pod\u00eda inferir de un estado de salud notorio cuando se encentraran elementos que constataran la necesidad de la protecci\u00f3n contemplada en la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Posteriormente, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abDebe recordarse que el juez de segundo grado, aunque admiti\u00f3 que el demandante hab\u00eda sufrido una lesi\u00f3n derivada de un accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en una bicicleta; que ello implic\u00f3 la concesi\u00f3n de varias incapacidades m\u00e9dicas y que toda esa situaci\u00f3n era conocida por el empleador; lo cierto es que no se demostr\u00f3 que aqu\u00e9l padeciera graves y serias afecciones de salud que impidiera el desarrollo de sus actividades laborales, de modo que pudiera catalogarse como un sujeto en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Por el contrario, estim\u00f3 que las pruebas obrantes en el plenario dieron cuenta de que recibi\u00f3 las respectivas atenciones m\u00e9dicas luego del suceso padecido; fue reincorporado laboralmente y el empleador atendi\u00f3 las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes frente a las condiciones de su puesto de trabajo y los distintos conceptos informaban sobre la evoluci\u00f3n satisfactoria, sin que existiera evidencia de que esa recuperaci\u00f3n se hubiera detenido o que su estado de salud empeorara. <\/p>\n
Precis\u00f3, adem\u00e1s que, al margen de que, con la actual jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, dada la fecha del despido, no fuese necesario contar con un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral o una calificaci\u00f3n en ese sentido, s\u00ed deb\u00eda estar evidenciado que las condiciones en que se encontraba el trabajador eran de tal entidad que imped\u00edan el ejercicio normal de las labores que le hab\u00edan sido encomendadas, lo que, anot\u00f3, no estaba probado en este proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego procedi\u00f3 a realizar el estudio de los medios de prueba denunciados, con el fin de determinar si lograban desvirtuar la conclusi\u00f3n del Tribunal Superior referente a la inexistencia de una situaci\u00f3n de discapacidad relevante al momento de la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, entre ellos la historia cl\u00ednica de la Fundaci\u00f3n Cardiovascular de Colombia, y de tal an\u00e1lisis concluy\u00f3, que no se evidenciaba error por parte del fallador de segundo grado en la valoraci\u00f3n de dicho documento, puesto que, \u00abno desconoci\u00f3 el trastorno de salud que all\u00ed se registra, solo que consider\u00f3 que \u00e9ste no generaba las \u00abrestricciones f\u00edsicas\u00bb que dieran cuenta de una situaci\u00f3n de salud grave, debilidad manifiesta o discapacidad relevante, lo cual no es equivocado, pues en verdad, la historia cl\u00ednica no permite advertir alguna incidencia o limitaci\u00f3n que ellas pudieran generar en el ejercicio de sus funciones laborales\u00bb. <\/p>\n
Igualmente examin\u00f3 la planilla de evaluaci\u00f3n de salud ocupacional de 23 de junio de 2015, el informe de fisioterapia de la Cl\u00ednica Colsanitas SA, los resultados del TAC de rodilla con reconstrucci\u00f3n tridimensional, los informes m\u00e9dicos de los especialistas y las incapacidades m\u00e9dicas sucesivas, para luego descartar los yerros atribuidos al ad quem en su apreciaci\u00f3n, y sobre los mismos destac\u00f3, <\/p>\n
\u00ab Si bien es cierto que los anteriores elementos probatorios dejan en evidencia que el accionante present\u00f3, repentinamente, una situaci\u00f3n de salud que le mereci\u00f3 incapacidades del sistema de seguridad social en salud, no comporta per se una condici\u00f3n que genere la protecci\u00f3n foral pretendida, pues no se presenta ning\u00fan trato discriminatorio por motivos de una discapacidad laboral relevante, que es lo que busca proteger el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, pues como se tiene sentado por la Sala, \u00abno toda afecci\u00f3n de salud\u00bb resulta merecedora de la garant\u00eda especial a la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para obtener la protecci\u00f3n por fuero de salud, se requiere que el trabajador se encuentre en situaci\u00f3n de discapacidad relevante que implique soportar un nivel de limitaci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, necesario para establecer la relaci\u00f3n directa con el acto discriminatorio que origin\u00f3 el despido, situaci\u00f3n que en este caso no se present\u00f3, o por lo menos no lo acreditan las incapacidades denunciadas. <\/p>\n
En efecto, las citadas incapacidades por s\u00ed solas, no permiten en el presente asunto, inferir una discapacidad relevante para el momento en que se preavis\u00f3 al trabajador, m\u00e1xime que el demandante no se encontraba en tratamiento m\u00e9dico especializado, tampoco ten\u00eda restricciones o limitaciones para desempe\u00f1ar su trabajo y menos contaba con concepto desfavorable de rehabilitaci\u00f3n o cualquier otra circunstancia que demostrara su grave estado de salud o la severidad de alguna lesi\u00f3n, que limitara la realizaci\u00f3n de su labor, aspectos todos ellos que no permiten colegir el nivel de discapacidad del accionante que lo haga beneficiario de la estabilidad laboral reforzada (CSJ SL572 – 2021), a lo que se suma que tampoco estaba calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral ni en proceso de calificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Referente al examen de egreso realizado por Salud Ocupacional de Colsanitas SA, se\u00f1al\u00f3 que el contenido del mismo no permit\u00eda establecer la existencia de una incapacidad en el trabajador al momento del despido, pues contrario a ello el m\u00e9dico concluy\u00f3 que Ra\u00fal Ort\u00edz Acevedo era apto para laborar y que su estado de salud no generaba alteraciones en su actividad productiva. <\/p>\n
Igualmente, sobre los testimonios expres\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[L]a Sala debe recordar que los yerros f\u00e1cticos solamente se pueden configurar por la indebida apreciaci\u00f3n o falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aptas en este recurso extraordinario, que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 son el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n judicial. Por tanto, no es dable sustentar la equivocaci\u00f3n del colegiado en cuanto a la existencia de una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, en la indebida apreciaci\u00f3n de la prueba testimonial, medio de convicci\u00f3n no calificado. <\/p>\n
Por la raz\u00f3n anterior, no es posible verificar el entendimiento que el Tribunal dio a la prueba testimonial en relaci\u00f3n con la existencia de una discapacidad relevante y el conocimiento de ella por parte del empleador, por no ser una prueba apta, sin que se pueda advertir error del ad quem en la valoraci\u00f3n de pruebas calificadas, tal como se explic\u00f3 en CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 41076\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 que en el proceso no exist\u00eda un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, como tampoco una calificaci\u00f3n que diera cuenta del estado de discapacidad del demandante, prueba que, si bien, no era la \u00fanica que permit\u00eda acreditar su condici\u00f3n de salud, si permit\u00eda inferir que su situaci\u00f3n no hab\u00eda llevado a que se determinara alg\u00fan porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral o se definiera alguna limitaci\u00f3n relevante para el desempe\u00f1o de sus funciones como director administrativo, como para afirmar que era una persona en condici\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que no se evidenciaban circunstancias que llevaran a considerar al recurrente como beneficiario de la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada en los t\u00e9rminos exigidos por la ley y la jurisprudencia, y, adem\u00e1s, porque no estuvieron presentes los elementos indicadores de la necesidad de protecci\u00f3n, ni se evidenci\u00f3 nexo causal entre el hecho del despido y las condiciones de salud alegadas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, concluy\u00f3 que no se encontraban acreditados los yerros f\u00e1cticos endilgados por el recurrente, y dispuso no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga el 7 de noviembre de 2019. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Ra\u00fal Ort\u00edz Acevedo y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el detallado an\u00e1lisis que efectu\u00f3 de las pruebas obrantes en el expediente y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que el Tribunal Superior de Bucaramanga no err\u00f3 al concluir que el demandante no era sujeto de protecci\u00f3n laboral reforzada y, destac\u00f3 la inexistencia de una situaci\u00f3n de discapacidad relevante al momento de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral que activara la protecci\u00f3n especial contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, asimismo, record\u00f3 lo se\u00f1alado por esa Corporaci\u00f3n referente a que no toda afectaci\u00f3n de salud resulta merecedora de la garant\u00eda a la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia, pues en estrictez, ante la expectativa el actor de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 el defecto f\u00e1ctico reprochado y dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021 y STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 ratificada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9277-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9277-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01169-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}