STC9278-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9278-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Patricia Trujillo Arango, formul\u00f3 contra la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes e intervinientes en los procesos radicados bajo los n\u00fameros 2022-800-00041, 2022-800-00078 y 2022-800-00029. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que como accionista de las sociedades Ganadera Libra SAS, Trucaf\u00e9 SAS y Arango y C\u00eda. Inversiones San Antonio SAS, reclam\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades \u00abla declaratoria de nulidad absoluta de las determinaciones adoptadas, en abuso del derecho por abuso de mayor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que las all\u00ed demandadas presentaron la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, argumento que acogi\u00f3 la Delegatura accionada inobservando lo dispuesto en el art\u00edculo 43 de la Ley 1258 de 2008, que es imperativo en se\u00f1alar que \u00abel tr\u00e1mite [de la nulidad absoluta] se adelantar\u00e1 ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el proceso verbal sumario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la Superintendencia de Sociedades dejara \u00absin valor las providencias mediante las cuales declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso y [dio] por terminados los procesos [mencionados,] con la consecuente continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal indicado en la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, realiz\u00f3 un recuento de los procesos los n\u00fameros 2022-800-00041, 2022-800-00078 y 2022-800-00029, y destac\u00f3 que no era posible dejar de aplicar un pacto arbitral expresamente invocado por las demandadas, pues \u00e9ste cobijaba integralmente el conflicto y sus extremos.<\/p>\n
2. Las sociedades Ganadera Libra SAS, Trucaf\u00e9 SAS, Arango y C\u00eda. Inversiones San Antonio SAS y sus respectivos socios, quienes tambi\u00e9n fueron demandados en los procesos censurados, alegaron la improcedencia de las pretensiones de la tutela, pues la competencia de la Superintendencia en raz\u00f3n a la nulidad pretendida, es preventiva y no obligatoria, tal y como lo explic\u00f3 su abogado en el recurso que fue motivo de inconformidad, motivo por el que consideraron razonables y ajustadas a derecho las decisiones reprochadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El apoderado judicial de Mar\u00eda Patricia Trujillo Arango y Francisco Ignacio Herrera Guti\u00e9rrez, coadyuv\u00f3 la solicitud inicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar razonables las decisiones adoptadas por la Superintendencia accionada frente a la excepci\u00f3n de clausula compromisoria presentada por las demandadas en los juicios iniciados por la se\u00f1ora Trujillo Arango en contra de esas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para se\u00f1alar que la primera instancia no se ocup\u00f3 de analizar los argumentos del escrito de tutela puesto que, no se trata de una divergencia interpretativa con la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia en relaci\u00f3n con las providencias que declararon pr\u00f3speras las excepciones previas propuestas por el apoderado de la demandada, sino de demostrar que la accionada emple\u00f3 normas evidentemente no aplicables al caso, desconociendo inclusive su propio precedente. <\/p>\n
Asever\u00f3, que \u00abla intervenci\u00f3n del juez constitucional, no [es] simplemente para se\u00f1alar que se trata de un criterio hermen\u00e9utico, sino para determinar, de una vez por todas, cu\u00e1l de las dos posiciones presentadas es la adecuada para el tr\u00e1mite de los procesos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos. (Ver CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC8922-2022) <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Patricia Trujillo Arango acudi\u00f3 inconforme con los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades Delegatura de Procedimientos Mercantiles, el 26 y 28 de abril de 2022, con los cuales en los procesos n\u00fameros 2022-800-00041, 2022-800-00078 y 2022-800-00029, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de clausula compromisoria alegada por las sociedades demandadas, esto es, Ganadera Libra SAS, Trucaf\u00e9 SAS y Arango y C\u00eda. Inversiones San Antonio SAS, pues, en su criterio, se desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 43 de la Ley 1258 de 2008, en cuanto que \u00abel tr\u00e1mite [de la nulidad absoluta] se adelantar\u00e1 ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el proceso verbal sumario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En las providencias censuradas, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Supersociedades resolvi\u00f3, entre otros aspectos, revocar el auto admisorio de dichos litigios, luego de considerar que, pese a que \u00abel art\u00edculo 43 de la Ley 1258 de 2008 es de car\u00e1cter imperativo y resulta aplicable a la acci\u00f3n de abuso del derecho de voto respecto de casos ocurridos durante su vigencia\u00bb, esto \u00abno significa que todas las acciones en comento deban privativamente tramitarse ante esta Superintendencia\u00bb, pues la norma \u00abno proh\u00edbe expresamente que otras autoridades, como las que corresponden a la jurisdicci\u00f3n ordinaria o la justicia arbitral, puedan conocer de este tipo de acciones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que las tres demandas presentadas por la se\u00f1ora Mar\u00eda Patricia Trujillo Arango encuadraban en la cl\u00e1usula compromisoria del contrato social, pues, <\/p>\n
\u00abes claro que se trata de una controversia entre la accionista demandante, que controvierte la aludida conducta de los accionistas demandados, y estos \u00faltimos. A su vez, como se solicit\u00f3 la nulidad de las respectivas decisiones, la controversia tambi\u00e9n trasciende a la sociedad, cuyo m\u00e1ximo \u00f3rgano finalmente las adopt\u00f3, por lo que tambi\u00e9n se trata de una controversia entre la accionista demandante y la compa\u00f1\u00eda. En otras palabras, la demanda presentada alude a controversias suscitadas entre accionistas y entre \u00e9stos y la sociedad con ocasi\u00f3n del contrato de sociedad, de tal manera que el pacto arbitral – relativo a – [l]as diferencias que se presenten entre los asociados o de estos con la sociedad, durante su vigencia o en la etapa de disoluci\u00f3n o en el per\u00edodo de liquidaci\u00f3n, por motivo del contrato social – las comprende\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria depende \u00abnecesariamente de una manifestaci\u00f3n expresa de voluntad en el sentido de acudir a la justicia arbitral. Es decir que en ning\u00fan caso ser\u00e1 posible forzar a un asociado a acudir ante esa jurisdicci\u00f3n especial, a menos que tal persona hubiere consentido expresamente en ello\u00bb; por lo que soport\u00f3 su argumento en las sentencias C-14 de 2010 y C- 163 de 1999 de la Corte Constitucional, y determin\u00f3 que, \u00aben el caso de las SAS, a la justicia arbitral s\u00f3lo se acudir\u00e1 si as\u00ed est\u00e1 pactado en los estatutos, aunada a [que] la regla de unanimidad como requisito para incluir la cl\u00e1usula arbitral en ellos, garantiza que en todas las hip\u00f3tesis referidas a los accionistas, se manifiesta el principio de habilitaci\u00f3n voluntaria de los \u00e1rbitros o los amigables componedores por las partes\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que en las reuniones de los m\u00e1ximos \u00f3rganos de las sociedades, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) estuvieron presentes todas las personas naturales demandadas, as\u00ed como la demandante, en su calidad de asociados de dicha compa\u00f1\u00eda. As\u00ed mismo, el mencionado documento da cuenta de que por decisi\u00f3n un\u00e1nime de todos los asociados se aprob\u00f3 la reactivaci\u00f3n, transformaci\u00f3n de la sociedad y la reforma integral de los estatutos en cuyo art\u00edculo 43 (50 para la sociedad Ganadera Libra S.A.S.) se estableci\u00f3 la cl\u00e1usula arbitral invocada. En ese mismo orden, se advierte que en la referida acta no consta la oposici\u00f3n o el voto negativo de alguno de los asociados que forman parte de este proceso respecto de la incorporaci\u00f3n estatutaria del precitado pacto arbitral. De ah\u00ed que, en el presente caso, se encuentre acreditado el requisito de habilitaci\u00f3n de la justicia arbitral\u00bb. (Folios 96 a 113 del escrito de tutela). <\/p>\n
4. De los argumentos expuestos por la Superintendencia de Sociedades para declarar probada la excepci\u00f3n previa de clausula compromisoria formulada por las sociedades mencionadas, no se observa arbitrariedad o desafuero, puesto que, ciertamente, planteada la referida defensa, sustentada en los pactos privados realizados en tal sentido por la totalidad de las partes involucradas en el asunto, a la autoridad de conocimiento no le queda otro camino m\u00e1s que declarar su configuraci\u00f3n y finiquitar los procesos iniciados contrariando el aludido convenio particular, m\u00e1xime si se toma en cuenta que, como bien lo explic\u00f3 la Delegatura accionada, pese a que \u00abel art\u00edculo 43 de la Ley 1258 de 2008 es de car\u00e1cter imperativo y resulta aplicable a la acci\u00f3n de abuso del derecho de voto respecto de casos ocurridos durante su vigencia\u00bb, esto \u00abno significa que todas las acciones en comento deban privativamente tramitarse ante esta Superintendencia\u00bb, pues la norma \u00abno proh\u00edbe expresamente que otras autoridades, como las que corresponden a la jurisdicci\u00f3n ordinaria o la justicia arbitral, puedan conocer de este tipo de acciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En todo caso, al margen de que la reclamante no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaban los expedientes que contienen las actuaciones cuestionadas, lo que de entrada conduc\u00eda a la inviabilidad de esta acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (CSJ STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
6. La impugnante insisti\u00f3 en que en el fallo de primera instancia no se analizaron a fondo sus argumentos, sin embargo, al revisar la providencia en comento, se observa que, de cara a las reglas establecidas en el Decreto 2591 de 1991, la Corporaci\u00f3n a quo consign\u00f3 suficientemente las motivaciones necesarias para decidir el caso, sin que en esta instancia se encuentren las omisiones se\u00f1aladas. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como consecuencia de lo anterior que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnad. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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