STC9280-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9280-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00091-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 30 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Albeiro y Alexander Bedoya Navarro, Yasmidis del Carmen Luna Diaz, F\u00e9lix Ferm\u00edn Santana Correa y Otoniel Madrid Marzola contra los Juzgados Segundo Administrativo del Circuito, Civil del Circuito y Tercero Promiscuo Municipal, todos de Turbo, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes y los intervinientes en el proceso declarativo identificado bajo el consecutivo 05837-40-83-003-2021-00013-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa \u00abt\u00e9cnica\u00bb, trabajo, m\u00ednimo vital, a \u00abvivir en condiciones dignas\u00bb, al \u00abempleo\u00bb y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifestaron que son poseedores del predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 034-67735, ubicado en el corregimiento El Tres de la vereda La Esperanza, en el que funcionan distintos establecimientos de comercio. <\/p>\n
Explicaron que cuando conocieron la existencia del proceso reivindicatorio instaurado por H\u00e9ctor Abab Barrientos Casta\u00f1o contra personas indeterminadas, en el que se pretende la entrega del predio en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo, hecho que se dio cuando les informaron que el \u00abdesalojo\u00bb estaba programado para el 22 de abril de 2022, decidieron interponer el 20 de abril de 2022 una acci\u00f3n de tutela, con el fin de lograr la suspensi\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
Agregaron que asignada al Juzgado Segundo Administrativo de Turbo la rechaz\u00f3 por falta de competencia, y la remiti\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Turbo, autoridad que rehus\u00f3 conocerla, y propuso conflicto de competencia que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Afirmaron que la diligencia que se encontraba programada para el 22 de abril no pudo llevarse a cabo, por \u00abla imposibilidad del cuerpo policivo del municipio de Turbo en realizar el acompa\u00f1amiento (\u2026), seg\u00fan consta en el auto interlocutorio Nro. 549 del juzgado tercero promiscuo municipal (\u2026) (informe de secretaria); en donde adem\u00e1s se fij\u00f3 nueva fecha de desalojo, la cual est\u00e1 programada para el d\u00eda 13 de mayo de 2022\u00bb, y como el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo se ha negado a suspenderla pese a que \u00abexiste una tutela con medida provisional sin resolver\u00bb, acuden a la presente v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo de defensa judicial a trav\u00e9s del cual puedan obtener la protecci\u00f3n que aqu\u00ed invocan. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo, luego de hacer referencia a lo acontecido en el proceso reivindicatorio instaurado por H\u00e9ctor Abab Barrientos Casta\u00f1o contra personas indeterminadas, explic\u00f3 que en la inspecci\u00f3n judicial que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2021, se le inform\u00f3 a las personas que se encontraban ocupando los locales comerciales ubicados en el inmueble restituir, el objeto de la diligencia y la existencia del proceso, quienes guardaron silencio y tampoco acudieron al juicio. <\/p>\n
Destac\u00f3 que habiendo prosperado las pretensiones reivindicatorias, se dispuso que el 22 de abril de 2022 se llevar\u00eda a cabo la respectiva entrega, la que no pudo adelantarse, por falta de acompa\u00f1amiento de la fuerza p\u00fablica, reprogram\u00e1ndose para el 13 de mayo posterior. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo, bajo el entendido que ning\u00fan derecho les ha vulnerado a los aqu\u00ed accionantes, quienes estuvieron representados por curado ad litem, y conociendo de la existencia del pleito no acudieron al mismo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, luego de hacer menci\u00f3n a los motivos por los cuales rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por los aqu\u00ed interesados en contra del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de esa ciudad y la remiti\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Turbo, ente judicial que a su vez propuso conflicto negativo de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional, circunstancias que asegura, nada tienen que ver con el verdadero descontento de los accionantes, quienes pretenden es la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Turbo tambi\u00e9n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, con similares argumentos a los expuestos en el numeral precedente. <\/p>\n
4. H\u00e9ctor Abad Barrientos Casta\u00f1o, vinculado al presente asunto en calidad de demandante en el proceso reivindicatorio, se\u00f1al\u00f3 que lo \u00fanico que pretenden los accionantes es dilatar la entrega del predio al que ingresaron de manera violenta, bajo el argumento de no haber participado en aquel, pese a que tuvieron toda la oportunidad para hacerlo, resultando improcedente la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia, neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, luego de constatar incumplido el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, en tanto que, <\/p>\n
\u00absi bien es cierto que se solicit\u00f3 una medida provisional al interior de la acci\u00f3n de tutela formulada contra el Juzgado Tercero Administrativo de Turbo, m\u00e1s cierto es que la falta de pronunciamiento sobre dicho t\u00f3pico se ha producido en raz\u00f3n a una causal legal, atinente a que no se ha definido la competencia para conocer del asunto y es as\u00ed como en una primera oportunidad, el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TURBO dispuso mediante providencia judicial, el rechazo de la acci\u00f3n por considerar que no le correspond\u00eda su conocimiento al radicar la competencia en el superior funcional del juzgado accionado, esto es, al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBO al que remiti\u00f3 el expediente; por su parte, este \u00faltimo despacho consider\u00f3, a trav\u00e9s de prove\u00eddo mediante el cual propuso el conflicto de competencia frente a su hom\u00f3logo en otra jurisdicci\u00f3n, que tampoco le correspond\u00eda asumir el conocimiento del asunto, en relaci\u00f3n con lo cual discurri\u00f3 que respecto al factor funcional, el juez competente para conocer en primera instancia de acciones de tutela en contra de providencias judiciales no viene determinado por la naturaleza o materia de la decisi\u00f3n cuestionada, sino que el mismo \u00fanicamente define la competencia para la asignaci\u00f3n de conocimiento de las acciones de tutela en segunda instancia y adem\u00e1s, por cuanto las normas contenidas en los Decretos 1069 de 2015, 1983 de 2017, 331 de 2021 y similares, constituyen reglas de reparto y no de competencia, pues en principio y por regla general, todos los Jueces de la Rep\u00fablica son competentes en materia de tutela. <\/p>\n
Fue con fundamento en lo anterior, que el Juez Civil del Circuito de Turbo formul\u00f3 conflicto negativo de competencia; empero, lo cierto es que dicho conflicto no ha sido definido a\u00fan, habida cuenta que la Alta Corporaci\u00f3n a la que fue remitido el expediente para el efecto, no ha emitido pronunciamiento alguno, circunstancia esta que ri\u00f1e con el presupuesto de la subsidiariedad de la acci\u00f3n tutelar. Lo anterior por cuanto resulta pot\u00edsimo que la decisi\u00f3n respecto al juez constitucional que le corresponde asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela formulada por los aqu\u00ed accionantes, a\u00fan pende del escrutinio judicial y, por ende, no es dable afirmar que para el momento actual, exista decisi\u00f3n que alcance a crear, extinguir, o modificar alg\u00fan derecho y por lo mismo, no es posible predicar que exista una omisi\u00f3n injustificada de los cognoscentes en la resoluci\u00f3n de la solicitud de la medida cautelar objeto de embate, que resulte lesiva a sus garant\u00edas fundamentales, pues en realidad, cada uno de tales funcionarios judiciales emiti\u00f3 pronunciamiento a trav\u00e9s de providencias motivadas, en las que se dio cuenta de las razones de sus decisiones. <\/p>\n
Ergo, al no haberse definido cu\u00e1l de los dos despachos judiciales involucrados en el conflicto de competencia que pende por definir es el competente para asumir el conocimiento de la acci\u00f3n, lo cierto es que al interior de la acci\u00f3n constitucional no puede surtirse ninguna actuaci\u00f3n y consecuentemente, no es legalmente admisible exigir que se decida sobre la medida peticionada por los actores, puesto que como atr\u00e1s se indic\u00f3, el conflicto de competencia formulado por el Juzgado Civil del Circuito de Turbo al que le fue remitida la acci\u00f3n, no ha sido resuelto. La anterior circunstancia torna improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, dado que \u00e9sta no constituye una herramienta jur\u00eddica alternativa o paralela de los procesos, esto es no puede utilizarse de manera simult\u00e1nea a los mecanismos de defensa judicial; por cuanto como bien decantado est\u00e1 jurisprudencialmente, el recurso de amparo no fue dise\u00f1ado para desplazar la competencia del juez natural\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes, quienes afirmaron que el a quo constitucional, err\u00f3 en la determinaci\u00f3n del problema jur\u00eddico a resolver, como quiera que, su queja no se circunscribe a lo ocurrido con el reparto, el rechazo y planteamiento del conflicto de competencia en el marco de la primigenia acci\u00f3n de tutela, sino en la negativa del juez de conocimiento del juicio declarativo, de suspender la diligencia de entrega del predio a reivindicar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a los puntuales se\u00f1alamientos trazados en el escrito de impugnaci\u00f3n, atendiendo la puntual descripci\u00f3n que hicieron del problema sobre el que gravita el presente asunto y efectuado el an\u00e1lisis correspondiente a los medios probatorios obrantes en el expediente digital, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, pues lo cierto es que al momento de la interposici\u00f3n de la demanda constitucional -10 de mayo de 2022 – en contra del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo, no exist\u00eda de parte de aquel actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que debiera ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, si se tiene en cuenta que ante el mismo, ninguna petici\u00f3n formal de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien objeto del juicio reivindicatorio radicado con el n\u00famero 05837-40-83-003-2021-00013-00, se hab\u00eda elevado por los aqu\u00ed interesados. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que cuando no se est\u00e1 en presencia de una situaci\u00f3n que comprometa derechos de rango fundamental, el amparo es improcedente ya que \u00e9ste requiere, <\/p>\n
\u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (Ver CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC6835-2022). Resalta la Sala. <\/p>\n
2. Igualmente, en las condiciones descritas, no se evidencia que la autoridad accionada haya afectado los derechos fundamentales reclamados, raz\u00f3n por la que la solicitud de amparo incumple el presupuesto general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional de la cuesti\u00f3n discutida, pues para ello se exige que \u00abest\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u00bb (CC SU-813\/07), criterio citado por la Sala en STC3695- 2022 de la siguiente manera, <\/p>\n
\u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb. <\/p>\n
3. Y con el fin de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n implorada, debe tenerse presente que la entrega de la que se duelen los accionantes, es el resultado de la sentencia que profiri\u00f3 el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo, el 1\u00b0 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual, accedi\u00f3 a las pretensiones reivindicatorios del se\u00f1or H\u00e9ctor Abad Barrientos Casta\u00f1o, orden\u00e1ndose la entrega del inmueble reclamado a su favor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, con independencia de lo que se disponga en la acci\u00f3n de tutela sobre la que est\u00e1 pendiente la definici\u00f3n acerca de cu\u00e1l autoridad debe conocerla, su sola interposici\u00f3n, per se, no constituye un obst\u00e1culo para el adelantamiento de la mencionada entrega. <\/p>\n
Es que como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, en casos semejantes, la acci\u00f3n de tutela es improcedente para detener la ejecuci\u00f3n de diligencias judiciales, ya que \u00ab(\u2026) en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (Ver CSJ STC 6442-2019, reiterada en STC838-2020, STC5684-2020, STC11176-2020, STC2723-2021, STC6487-2021, STC14292-2021 y, STC1194-2022 entre otras muchas), <\/p>\n
4. En consecuencia de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las razones antes anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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