STC9328-2022<\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETA <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
STC9328-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2021-02059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en Sala de Conjueces, en Segunda Instancia, la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante contra el fallo de primera instancia proferido por la Sala de Decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la cuarta acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez, previos los antecedentes y consideraciones siguientes: <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Primera acci\u00f3n de tutela. – En una primera acci\u00f3n de tutela el se\u00f1or Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez, demand\u00f3 ante el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar al se\u00f1or Enrique Ardila Franco en su calidad de director de reparaciones, para que se le reconociera \u201cindemnizaci\u00f3n administrativa por desplazamiento\u201d por \u201criesgo m\u00e1ximo\u201d, la que fuera reconocida. <\/p>\n
Sin embargo, el Tribunal de Valledupar el 13 de abril de 2021 revoc\u00f3 dicho fallo y, en su lugar, orden\u00f3 que se adelantara los tr\u00e1mites para establecer la urgencia de vulnerabilidad y su priorizaci\u00f3n para el pago si fuere el caso. <\/p>\n
Pero en virtud de un incidente de desacato por el no pago, dicho despacho consider\u00f3 acatado el fallo, por haberse demostrado el cumplimiento de lo ordenado del reconocimiento, no encontr\u00f3 demostrada la priorizaci\u00f3n en la programaci\u00f3n de pagos por ausencia de prueba. <\/p>\n
2. Segunda acci\u00f3n de tutela. – En una segunda acci\u00f3n de tutela el mismo Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez demanda ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de la Sala Civil Laboral, al <\/p>\n
Tribunal del Distrito Superior de Valledupar, al Juzgado Segundo de Familia de la misma localidad, al director t\u00e9cnico de reparaciones de la Unidad para la atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas y a la Presidencia de la Rep\u00fablica, por violaci\u00f3n de los derechos de los desplazados a \u201cacceder a la indemnizaci\u00f3n\u201d, en virtud del \u201cno cumplimiento de la misma\u201d, ni de la protecci\u00f3n debida en otros aspectos. <\/p>\n
Esta tutela inicialmente fue decidida negativamente mediante sentencia del 7 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, pero que posteriormente fuera revocada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 28 de julio de 2021, que la estim\u00f3 improcedente por no agotamiento del incidente de desacato. <\/p>\n
3. Tercera acci\u00f3n de tutela. – De all\u00ed que, al ser promovida nuevamente esta acci\u00f3n de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, mediante STC 13195 del 6 de octubre de 2021 la declara improcedente por haber sido temeraria, debido a que fruto de un ejercicio abusivo e indebido de la tutela, y a que se trat\u00f3 de la \u201cduplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto\u201d. <\/p>\n
Presentada la impugnaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de segunda instancia la confirm\u00f3. <\/p>\n
4. Cuarta acci\u00f3n de tutela. -El mismo accionante tambi\u00e9n present\u00f3 la misma acci\u00f3n de tutela contra los mismos accionados\u201d en \u201cespecial contra el se\u00f1or Enrique Ardila Franco\u201d, director t\u00e9cnico de la Unidad de atenci\u00f3n para la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas; a fin de que se ordenara la \u201cindemnizaci\u00f3n administrativa\u201d y otras \u201cprestaciones conexas\u201d. <\/p>\n
Dicha acci\u00f3n de tutela fue repartida a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia STC 2955 del 2022 la neg\u00f3 por tratarse de la misma acci\u00f3n incoada anteriormente y por la imposibilidad jur\u00eddica de acudir a una acci\u00f3n de tutela para controvertir fallos anteriores sin que se re\u00fanan los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
5. Quinta y actual acci\u00f3n de tutela.- El 3 de octubre de 2020, despu\u00e9s de reconocer que ha sido v\u00edctima de desplazamiento en tres oportunidades, el mismo Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez presenta la misma acci\u00f3n contra los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Ivan Mauricio Lenis G\u00f3mez, Fernando Castillo Cadena y Clara Cecilia Due\u00f1as Guerra, la Sala de Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, el Juzgado Segundo de Familia de esta localidad y la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas. Porque, a su juicio, se han burlado del \u201cfallo a mi favor\u201d porque \u201cno le dan prioridad a la entrega de su indemnizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Dicho escrito fue repartido a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuya Sala de Decisi\u00f3n, en sentencia STP 1523 del 9 de noviembre de 2021, neg\u00f3 el amparo solicitado porque considera que con ella se pretende la revisi\u00f3n de una sentencia de tutela por entidad diferente a la Corte Constitucional, se persigue atacar indebidamente el fallo de segunda instancia con otra tutela, se aspira improcedentemente a obtener el cumplimiento de una orden de tutela con otra tutela y no con el incidente de desacato, y se pretende que se compulse copias para la investigaci\u00f3n y no se acude directamente a la Fiscal\u00eda, como ser\u00eda su deber. <\/p>\n
6. Impugnaci\u00f3n oportuna del fallo de primera instancia de la quinta acci\u00f3n de tutela. – Notificado e impugnado el fallo de primera instancia el 1\u00ba, de febrero de 2022, para que \u201csea corregido y se conceda el amparo solicitado\u201d, procede el Tribunal a su estudio, previas las siguientes: <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es reiterada la jurisprudencia constitucional y la de esta Corporaci\u00f3n sobre el car\u00e1cter excepcional de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra las actuaciones judiciales y, con mayor raz\u00f3n, contra las actuaciones de tr\u00e1mite y de las ejecuciones de tutela, a\u00fan en el evento de protecci\u00f3n de v\u00edctimas del Conflicto Armado en Colombia. <\/p>\n
1.1. Lo primero obedece a que siendo las acciones y las actuaciones judiciales atacadas, unos medios procesales que la constituci\u00f3n y la ley establecen como medios (art.29 C.Pol.) para la protecci\u00f3n de los derechos, l\u00f3gicamente hay que entender que sus procedimientos permiten de conformidad con el debido proceso y el derecho de defensa, que all\u00ed mismo se aleguen las eventuales vulneraciones que se presenten, sin que sea necesario acudir a acciones y procesos de tutela para lograr que se restablezcan. <\/p>\n
Por lo que este mecanismo solo resulta procedente de manera excepcional y subsidiaria. <\/p>\n
1.2. Lo segundo, porque siendo la acci\u00f3n de tutela un mecanismo breve y sumario, y de car\u00e1cter subsidiario para proteger los derechos constitucionales fundamentales, ella no solo resulta procedente excepcionalmente contra las actuaciones judiciales, sino tambi\u00e9n contra las actuaciones de tutela, especialmente cuando en estas se vulnera el debido proceso o se obtienen sentencias fraudulentas, y, particularmente, cuando en los incidentes de desacato se vulnera el debido proceso. <\/p>\n
1.2.1. En efecto, sobre el car\u00e1cter excepcional tiene sentada la Corte Constitucional en sentencia SU-627 del 1\u00ba. de octubre de 2015, lo siguiente: <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1.- Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela si procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
1.2.2. De igual manera, con relaci\u00f3n al incidente de desacato, ha se\u00f1alado en la misma sentencia citada: <\/p>\n
4.6.3. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. (Resalta la Sala). <\/p>\n
1.3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la protecci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas del Conflicto Armado en Colombia, se hace indispensable distinguir la protecci\u00f3n constitucional mediante acci\u00f3n de tutela (consagrada en el art.86 de la Const.Pol.), de las protecciones legales, como son las protecciones administrativas y las protecciones mediante acciones contencioso administrativas (art.89 de la Const.Pol.), pues tienen procedencia y tr\u00e1mites diferentes. En consecuencia: <\/p>\n
1.3.1. Es sabido que la acci\u00f3n de tutela resulta procedente para obtener el amparo del derecho constitucional (consagrado en el acto legislativo No.1 de 2017 y los arts.1\u00ba., 2\u00ba., 15, 21, 229 y 250 de la Const.Pol.) que se les reconoce a las v\u00edctimas \u201ca la verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional\u201d (Sent.C-588 del 5 de diciembre de 2019 y Sent. T-092 de 2019), pues, a juicio de esta Corporaci\u00f3n se trata de un derecho a la reparaci\u00f3n como un derecho constitucional complejo que se reconoce a las v\u00edctimas y que se tiene frente al Estado para que este \u201cadopte normas de alcance, condiciones, garant\u00edas e instituciones\u201d y para que \u201cno se impida u obstaculice el ejercicio de acciones\u201d. <\/p>\n
Pero dicho derecho constitucional complejo difiere de aquellos derechos que desarrolla directamente la ley para reclamar indemnizaci\u00f3n, priorizaci\u00f3n y pago ante las autoridades administrativas o judiciales. <\/p>\n
Lo anterior explica que, una cosa sea el derecho constitucional de las victimas arriba mencionado, y otra cosa sean los derechos legales concretos de las mismas, pues estos han sido deferidos al desarrollo de la ley, y, por lo tanto, su correspondiente protecci\u00f3n (la legal) tambi\u00e9n haya sido deferida a la misma ley ante las autoridades administrativas y judiciales ordinarias. <\/p>\n
1.3.2. Y precisamente esta \u00faltima, representada principalmente en la ley 1448 de 2011, para garantizar la efectividad de dicho derecho, no solo ha precisado el car\u00e1cter de v\u00edctima del desplazamiento forzado, como aquella que se ha visto obligada a migrar abandonando su localidad o actividad porque su vida, integridad y seguridad han sido vulneradas o desconocidas (art.60 y concord. de la ley 1448 de 2011 citada) y la necesidad de su registro oportuno, sino que tambi\u00e9n ha determinado, entre otros, los derechos a la informaci\u00f3n, a la atenci\u00f3n humanitaria, a la emergencia, al retorno y a la reubicaci\u00f3n (art.60 y ss. de la citada ley), hasta llegar al reconocimiento del \u201cderecho a la reparaci\u00f3n\u201d (art.69 ib\u00eddem). <\/p>\n
Reparaci\u00f3n que puede ser administrativa ante la unidad administrativa para las v\u00edctimas (arts.166 y ss. ley 1448 de 2011), a fin de obtener \u201cla indemnizaci\u00f3n administrativa\u201d (art.25, 69 y 132 de la citada ley). <\/p>\n
Y, en caso de desacuerdo, tambi\u00e9n se le reconoce a la v\u00edctima el derecho a controvertirla directamente o por conducto de la Defensor\u00eda del Pueblo (arts.27, 43 de la ley 1448 mencionada) y, si fuere el caso, tambi\u00e9n se le reconoce el derecho a acudir a las acciones contenciosas administrativas para obtener, conforme a la ley, la llamada \u201cindemnizaci\u00f3n judicial\u201d (arts.9\u00ba., inciso final, 20, y art. 133 de la ley 1448 de 2011 citada). <\/p>\n
2. Enseguida entra la Sala al estudio de la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
2.1. De acuerdo con los antecedentes mencionados tiene raz\u00f3n el fallo impugnado cuando se\u00f1ala que, en el caso sub examine, se trata esencialmente de una misma acci\u00f3n de tutela, ya resuelta y cumplida debidamente, y que, por lo tanto, por regla general es improcedente. <\/p>\n
2.1.1. En primer lugar, porque en el fondo, se trata esencialmente de la misma acci\u00f3n de tutela formulada en tres o m\u00e1s ocasiones anteriores con el objeto de obtener el \u201cpago prioritario de una indemnizaci\u00f3n administrativa\u201d, donde intervienen las mismas partes esenciales de la controversia, el accionante y la accionada la Unidad de V\u00edctimas, tal como puede extraerse del relato de los antecedentes del presente fallo. <\/p>\n
Pues, si bien aparecen otros accionados que van increment\u00e1ndose a medida del fracaso de las anteriores tutelas, para aparentar su novedad o distinci\u00f3n con las anteriores, ello no elimina que, respecto de aquella accionada, la unidad de v\u00edctima a quien se le reclama el pago, haya quedado definida su situaci\u00f3n jur\u00eddica respecto al pago pretendido. <\/p>\n
De all\u00ed que dicha acci\u00f3n no solo resulte improcedente por el motivo de ser una reiteraci\u00f3n esencial de las tutelas precedentes que hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada entre las mencionadas partes, sino porque igualmente su tr\u00e1mite ha sido paralela e indebidamente adelantado para la misma \u00e9poca frente a la cuarta tutela mencionada en los antecedentes. <\/p>\n
Pues, como arriba se dijo, si la acci\u00f3n de tutela otorga al juez la competencia para resolver todo lo relativo a la protecci\u00f3n reclamada (art.86 C.Pol.), resulta contrario a la Carta Pol\u00edtica acudir a otra acci\u00f3n de tutela para hacer la misma reclamaci\u00f3n, a menos que se trate excepcionalmente de la protecci\u00f3n de derechos dentro del tr\u00e1mite del proceso preexistente que all\u00ed no han sido amparados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no aparecen acreditados hechos sobrevinientes (como ser\u00eda la revocaci\u00f3n o la anulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n incidental denegatoria del desacato) que as\u00ed lo autorice. <\/p>\n
Por este motivo, la acci\u00f3n sub examine tambi\u00e9n resulta improcedente. <\/p>\n
2.2. Pero dejando de lado esta consideraci\u00f3n, tambi\u00e9n tiene raz\u00f3n el fallo impugnado en todas sus argumentaciones, que son reforzadas con las que as\u00ed se exponen. <\/p>\n
2.2.1. En primer lugar, cuando se\u00f1ala que el caso sub examine no se enmarca dentro de los par\u00e1metros de la procedencia excepcional de una acci\u00f3n de tutela contra fallos de tutela. <\/p>\n
Porque tal excepcionalidad no se ha alegado en este proceso. Ni tampoco, se encuentran demostradas las circunstancias f\u00e1cticas que la har\u00edan procedente. Pues, adem\u00e1s, no se trata de la vulneraci\u00f3n del debido proceso, ni de la obtenci\u00f3n de fallos fraudulentos en los procesos anteriores. <\/p>\n
2.2.2. En segundo lugar, en cuanto se aduce que en este caso ha habido \u201cfraude al debido proceso\u201d por \u201cno dar respuesta \u201ca los argumentos del accionante\u201d, tampoco le asiste raz\u00f3n. <\/p>\n
Pues no basta la afirmaci\u00f3n de que el fallo se haya obtenido \u201cpor fraude\u201d sino que, adem\u00e1s de la necesidad de especificarse en que ha consistido el fraude (v.gr. un delito), es indispensable que se haya demostrado, lo que no aparece acreditado en el presente proceso. <\/p>\n
Ni tampoco constituye motivo suficiente alguno para justificar y autorizar una acci\u00f3n de tutela, la mera afirmaci\u00f3n de la omisi\u00f3n de respuestas a argumentaciones del accionante, cuando quiera que, como en el caso sub examine, el fallo se encuentre suficientemente motivado conforme a derecho, sin que se haya desvirtuado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reitera la Corporaci\u00f3n que la sola improcedencia de una acci\u00f3n de tutela por no reunir los requisitos para que ella sea viable, faculta al juez para no referirse al contenido de ella, y, por lo tanto, tampoco est\u00e9 obligado a referirse a su estudio de fondo. De una parte, por ser in\u00fatil, ya que no tendr\u00e1 ninguna virtualidad o prosperidad; y, de la otra, porque dicho comportamiento, adem\u00e1s de ser l\u00edcito, tambi\u00e9n se ajusta a la probidad del juzgado de primera instancia de este proceso. Por lo tanto, dicha omisi\u00f3n no es fraudulenta. <\/p>\n
2.2.3. As\u00ed mismo, coincide esta segunda instancia con la primera en la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela para obtener, a juicio del accionante, el cumplimiento de la indemnizaci\u00f3n administrativa resultante de la primera tutela. Porque, si la acci\u00f3n de tutela no solo persigue el amparo del derecho fundamental vulnerado, sino tambi\u00e9n la efectividad del mismo derecho que se ha amparado, es de l\u00f3gica entender que su cumplimiento debe efectuarse con el acatamiento de la protecci\u00f3n concedida; y que la forma de establecerlo y, si fuere el caso, la forma de sancionar su incumplimiento, debe serlo mediante el incidente de desacato. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, tambi\u00e9n resulta fundado el fallo de primera instancia impugnado cuando se\u00f1ala la improcedencia de acudir a otra acci\u00f3n de tutela para hacer cumplir un fallo de tutela anterior. <\/p>\n
2.2.4. Agregase a lo anterior por esta Sala, la improcedencia en el caso sub examine de la pretensi\u00f3n de una inclusi\u00f3n prioritaria y orden de pago a la Unidad de V\u00edctimas, que, seg\u00fan el accionante, esta no ha cumplido en las fechas inicial y posterior (la del 30 de junio y la del 21 de agosto del 2021) en ella indicada dada su extrema vulnerabilidad y avanzada edad (74 a\u00f1os). <\/p>\n
Porque si ninguna entidad puede hacer \u201cning\u00fan gasto p\u00fablico\u201d que no sea decretado por el Congreso dentro del presupuesto nacional anual (art.345 y 346 de la C.Pol.), no observa la Sala que exista fundamento constitucional aut\u00f3nomo que, con independencia del fallo de tutela que ordinara evaluar la vigencia y prioridad del pago, fuera suficiente para que esta acci\u00f3n de tutela se pueda reclamar que los accionados \u201chagan el gasto p\u00fablico de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u201d. <\/p>\n
Ello obedece a que el derecho aqu\u00ed alegado no es \u201cel derecho la indemnizaci\u00f3n administrativa\u201d, que, seg\u00fan el accionante le ha sido reconocido por la Unidad de V\u00edctima\u201d, sino que los derechos aqu\u00ed alegados, como se desprende del confuso escrito del accionante, son dos derechos: El uno, el derecho a la inclusi\u00f3n de la suma fijada en la prioridad presupuestal; y el otro, el derecho al pago de la suma fijada por la Entidad Administrativa. Los cuales, entonces, no re\u00fanen aut\u00f3nomamente los requisitos constitucionales para su protecci\u00f3n constitucional.- Pues, no son \u201cderechos constitucionales fundamentales\u201d, por no estar consagrados directamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o el bloque de constitucionalidad, ni tener tampoco el car\u00e1cter de derecho esencial frente a todos; sino que tan solo son derechos legales de car\u00e1cter personal, esto es, que solo son derechos originados eventualmente en la ley y que solo suelen reclamarse ante determinada Entidad: El primero es un derecho legal de cr\u00e9dito a la suma de dinero en que se fij\u00f3 la indemnizaci\u00f3n, y el segundo, es un derecho legal de car\u00e1cter personal a la verificaci\u00f3n e inclusi\u00f3n prioritaria presupuestal para la obtenci\u00f3n del pago correspondiente. De lo anterior, se desprende entonces lo siguiente: <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, que por carecer dicho derecho de cr\u00e9dito a una indemnizaci\u00f3n del car\u00e1cter de \u201cde derecho constitucional y fundamental\u201d, resulta improcedente la acci\u00f3n de tutela conforme al art.86 de la C.Pol. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que, por el car\u00e1cter legal de dicho derecho, tampoco resulta acertada la acci\u00f3n de tutela. Porque, si bien tales derechos personales legales se encuentran amparados mediante las reclamaciones administrativas y judiciales derivados del tr\u00e1mite presupuestal, y, si fuere el caso, de las acciones patrimoniales de cumplimiento o de reparaci\u00f3n a las cuales debe acudirse en caso de que lo autorice la ley; tampoco (como se desprende de la comunicaci\u00f3n del 03-02-2021. Rad. 20217203023521) se ha demostrado en este proceso alguna vulneraci\u00f3n contraria a la constituci\u00f3n y a la ley: <\/p>\n
De una parte, porque la referida Entidad administrativa encontr\u00f3 que \u201cno se acredit\u00f3 una situaci\u00f3n de urgencia manifiesta\u201d, que, adem\u00e1s de 74 a\u00f1os de edad, se aportara (como lo exig\u00eda la resoluci\u00f3n No.1049 de 2019) \u201ccertificaci\u00f3n legal de discapacidad\u201d; y, tambi\u00e9n agreg\u00f3, que \u201cno se acredit\u00f3 ning\u00fan criterio de priorizaci\u00f3n\u201d (como lo exig\u00eda la citada resoluci\u00f3n No. 04102019-810881 de 2020, referente al caso NE000101835). Y, de la otra, porque tampoco aparece demostrado que, contra tales actos administrativos denegatorios, que se presumen v\u00e1lidos y eficaces, se hubiesen ejercido los medios de defensa judiciales procedentes, por lo que no se abre paso a la viabilidad del ejercicio de la presente acci\u00f3n de tutela, debido a su car\u00e1cter subsidiario (art.86 de la Const.Pol.). <\/p>\n
A lo anterior se suma que, por no tratarse en este caso de un incidente de desacato, donde pueda plantearse si la mencionada Entidad Administrativa dio cumplimiento o no a lo ordenado inicialmente en el fallo de tutela arriba referenciado (como primera tutela) no puede, como arriba se dijo acudirse a una acci\u00f3n de tutela aut\u00f3noma adicional para obtener su cumplimiento. <\/p>\n
3. Por lo tanto, la presente impugnaci\u00f3n de tutela no resulta prospera. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de Conjueces, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo denegatorio de primera instancia en el proceso de la tutela bajo examen. <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETA <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARC\u00c9S D\u00cdAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHACON <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERNANDEZ VILLARREAL <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERE MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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STC9328-2022 PEDRO LAFONT PIANETA Conjuez Ponente STC9328-2022 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2021-02059-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en Sala de Conjueces, en Segunda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}