STC9356-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9356-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00673-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Flor \u00c1ngela S\u00e1nchez frente a la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, Colpensiones y los intervinientes en el proceso laboral No. 11001-31-05-022-2016-00340-01. <\/p>\n
1.- La convocante pretende \u00abi) se revoque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Laboral de fecha 06 de diciembre de 2021 [CSJ SL5498-2021], y en su lugar, se confirme el fallo del Tribunal (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se ordene \u00aba la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, a reconocer[le] y pagar[le] la pensi\u00f3n de vejez a partir del 26 de febrero de 2014, conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que demand\u00f3 a Colpensiones para que se reconociera su pensi\u00f3n de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, acumulando los tiempos cotizados con el sector p\u00fablico y los aportes realizados al Instituto de Seguro Social. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 quien neg\u00f3 las pretensiones (7 feb. 2018), apel\u00f3 y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto y en su lugar conden\u00f3 a Colpensiones \u00aba reconocer[le] y pagar[le] la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 26 de febrero de 2014\u00bb (6 sep. 2018), Colpensiones postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el fallo de segundo grado, para en sede de instancia confirmar el del juzgado (SL 5498-2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n incurriera en v\u00eda de hecho porque dio un entendimiento, en su sentir, equivocado al Acuerdo 049 de 1990 porque dicho precepto \u00abno consagra expresamente que las semanas cotizadas entre el sector p\u00fablico y privado fueran aportadas exclusivamente al Instituto de Seguro Social (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. El juez de conocimiento remiti\u00f3 el expediente digital. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. rese\u00f1\u00f3 que la encargada de pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida era Colpensiones. <\/p>\n
3.- La hom\u00f3loga en la especialidad penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4.- La convocante recurri\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos del gestor como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia criticada, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar el cargo formulado por Colpensiones, la Sala convocada tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Delanteramente, resalt\u00f3 que el ataque se cimentaba en que: <\/p>\n
i) la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no admite la sumatoria de tiempo p\u00fablico y privado para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez; <\/p>\n
ii) a pesar de la afiliada ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no es viable la aplicaci\u00f3n del literal f) del 13 de la Ley 100 de 1993, pues su prestaci\u00f3n debe ser reglada por la norma pensional que gobernaba su situaci\u00f3n antes del 1\u00b0 de abril de 1994 y, <\/p>\n
iii) en el caso no se encuentran en tensi\u00f3n dos normas aplicables o una duda razonable sobre su correcta interpretaci\u00f3n, por lo que no hay lugar aplicar el principio de favorabilidad del 53 de la CP. <\/p>\n
i) que Flor \u00c1ngela S\u00e1nchez, naci\u00f3 el 26 de febrero de 1959, por lo que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os en la misma fecha, pero de 2014; <\/p>\n
ii) que al 1\u00b0 de abril de 1994, ten\u00eda m\u00e1s de 35 a\u00f1os, siendo beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 Ley 100 de 1993; <\/p>\n
iii) que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba m\u00e1s de 750 semanas cotizadas, conservando ese beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014; <\/p>\n
iv) que labor\u00f3 para el sector p\u00fablico entre el 31 de octubre de 1977 y el 30 de agosto de 1995, equivalente a 917.14 semanas; <\/p>\n
v) que cotiz\u00f3 a Colpensiones desde el 1\u00b0 de septiembre de 1995 hasta el 28 de febrero de 2007, acumulando \u00ab100.57\u00bb y, <\/p>\n
vi) que el computo de ambos periodos totalizaban 1017.71 semanas. <\/p>\n
Seguidamente y con fundamento en anteriores pronunciamientos de la Sala permanente precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) respecto de la sumatoria para hallar la densidad pensional, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, advierte la Sala que desde la sentencia CSJ SL1981-2020, recogi\u00f3 el criterio jurisprudencial que ven\u00eda sosteniendo, seg\u00fan el cual, con arreglo al r\u00e9gimen pensional de esa normativa, en favor de los beneficiarios de la transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, solo era posible computar semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea de pensamiento, reliev\u00f3 que, de acceder al pedimento de la censora, se desconocer\u00edan los lineamientos fijados por esa magistratura porque, <\/p>\n
(\u2026) la Corte en esa decisi\u00f3n y en las CSJ SL2590-2020; CSJ SL2557-2020; CSJ SL3110-2020; CSJ SL3838-2020; CSJ SL3657-2020 y CSJ SL4480-2020, remplaz\u00f3 dicho criterio, para adoctrinar que, en favor de un beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, s\u00ed era posible obtener la pensi\u00f3n por vejez del Acuerdo 049 de 1990, contabilizando las semanas aportadas al ISS hoy Colpensiones, con las laboradas en el sector p\u00fablico, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que la Ley 100 de 1993 tiene como eje central unificar la pluralidad de reg\u00edmenes pensionales preexistentes, en un sistema \u00fanico, inclusivo y universal, denominado \u00absistema general de pensiones\u00bb, por lo que, \u00abconcedi\u00f3 validez a todos los tiempos laborados\u00bb, conforme lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 de dicha normativa y en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 33 de la misma. <\/p>\n
En consecuencia, como el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 en reflexi\u00f3n, no se a\u00edsla de \u00ab[\u2026] los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones\u00bb, en tanto que, \u00abes una regulaci\u00f3n especial englobada en la misma [ley]\u00bb, debe entenderse que para sus beneficiarios \u00ab[\u2026] la forma de computar o establecer el n\u00famero de semanas se rige por lo dispuesto en el literal f) del art\u00edculo 13 y el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 33\u00bb. <\/p>\n
Bajo estas premisas, arguy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la equivocaci\u00f3n del Tribunal no fue haber sumado el tiempo p\u00fablico con el privado para encontrar cumplidos los requisitos de art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, sino en haberlo concluido, con fundamento en el principio de favorabilidad del art\u00edculo 53 de la CP, porque como lo advierte la acusaci\u00f3n, su aplicaci\u00f3n supone la coexistencia de varias interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas, respecto de dos normas vigentes que regulan la misma situaci\u00f3n jur\u00eddica, lo que no ocurre en el caso. <\/p>\n
Tal afirmaci\u00f3n, en tanto que sigue siendo cierto, que una interpretaci\u00f3n literal, sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica del Acuerdo 049 de 1990, apunta a que dicho precepto regul\u00f3 con exclusividad un r\u00e9gimen pensional concebido para los afiliados al ISS, que les permit\u00eda acceder a la prestaci\u00f3n por vejez con fundamento en los aportes all\u00ed realizados, en tanto que, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, exist\u00edan una diversidad de reg\u00edmenes pensionales que diferenciaban a los trabajadores vinculados al sector privado y al p\u00fablico, de tal modo que cada uno subsist\u00eda independientemente con exigencias propias en tiempos de servicio y cotizaci\u00f3n, que no pod\u00edan conjugarse para adquirir el beneficio pensional, salvo a la luz de la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
En consecuencia, el entendimiento jurisprudencial que se reitera, respecto de la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, en relaci\u00f3n con el Acuerdo 049 de 1990, surge \u00fanicamente en perspectiva de la afiliaci\u00f3n al nuevo r\u00e9gimen de seguridad social, pues, se insiste, es bajo su normativa que pueden ser validados todos los tiempos laborados. <\/p>\n
Y en ese escenario concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que dicho c\u00f3mputo es permitido por los postulados del sistema de seguridad social integral, para acceder a la pensi\u00f3n deprecada, es \u00fanicamente para quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que en el caso de los servidores p\u00fablicos del nivel departamental, municipal y distrital, empez\u00f3 a regir a m\u00e1s tardar el 30 de junio de 1995, tuvieren amparada la expectativa de acceder al derecho pensional bajo esa normativa, presupuesto que no cumple la afiliada, pues en los supuestos f\u00e1cticos establecidos por el juzgador y que no discute la censura, dada la v\u00eda elegida, se evidencia que su afiliaci\u00f3n al ISS ocurri\u00f3 el 1\u00b0 de septiembre de 1995, por lo que no le asiste derecho al estudio de su prestaci\u00f3n bajo el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
As\u00eda las cosas ante la prosperidad del ataque y constituida en sede de instancia destac\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) son suficientes los argumentos expuestos en sede de casaci\u00f3n para resolver desfavorablemente la alzada de la apelante, en tanto que, como se explic\u00f3, a pesar de que el computo que reclama se permiti\u00f3 a la luz de la nueva comprensi\u00f3n jurisprudencial (CSJ SL1981-2020), no le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, por no encontrarse afiliada al ISS antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (CSJ SL4392-2020, reiterada en la CSJ SL3685-2021), lo cual resulta suficiente para confirmar la absoluci\u00f3n que profiri\u00f3 la Juzgadora inicial, aunque por otros motivos. <\/p>\n
De otra parte, en raz\u00f3n a que en el marco de la apelaci\u00f3n, siempre se encuentran inmersos los m\u00ednimos irrenunciables del trabajador o del afiliado, seg\u00fan se declar\u00f3 en la sentencia CC C968-2003 y de que es tarea del juez del trabajo de la seguridad social, revisar las posibilidades normativas a fin de brindar una adecuada garant\u00eda al derecho pensional, se impone se\u00f1alar que no se equivoc\u00f3 la primera sentenciadora al no conceder la prestaci\u00f3n bajo los art\u00edculos 1\u00b0 de la Ley 33 de 1985 y 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
As\u00ed se dice, pues en toda su vida laboral la reclamante solo cotiz\u00f3 100,57 semanas a Colpensiones (f.\u00b0 2 ibidem) y labor\u00f3 en el sector p\u00fablico entre el 31 de octubre de 1977 y el 30 de agosto de 1995 (f.\u00b0 4, ib), lo equivalente a 917.14, que totalizan 1017, insuficientes para causar alguna de las pensiones en reflexi\u00f3n, si se tiene en cuenta que para la de jubilaci\u00f3n (Ley 33 de 1985), requer\u00eda 1028 de servicio p\u00fablico y para la de jubilaci\u00f3n por aportes (Ley 71 de 1988), esa misma cantidad, aunque entre ese per\u00edodo y las cotizaciones. <\/p>\n
En otro contexto, si se examinara el derecho pensional, en perspectiva del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, tampoco hallar\u00eda su causaci\u00f3n pues, aunque la actora cumpli\u00f3 los 58 a\u00f1os en el 2016, teniendo en cuenta hasta la \u00faltima cotizaci\u00f3n en febrero de 2007, contar\u00eda 1017 y requer\u00eda 1300. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que la convocante tampoco acredito su causaci\u00f3n de conformidad con la Ley 33 de 1985, comoquiera que a febrero de 2007 solo acredit\u00f3 1017 semanas y requer\u00eda de 1300. <\/p>\n
Lo expuesto pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, memorada en STC6958-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las disertaciones expuestas en el veredicto objeto de escrutinio que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9356-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9356-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00673-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Flor \u00c1ngela S\u00e1nchez frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}