STC9357-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9357-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00696-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 19 de abril de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela de Gustavo Ram\u00edrez Espinosa contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos de Tunja, Colfondos S.A. Pensiones y Cesant\u00edas, el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Boyac\u00e1, la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1, el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas Cesant\u00edas y Pensiones \u2013 Foncep, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, la Naci\u00f3n Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y los intervinientes en el juicio n\u00b0 15001310500320140003801. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020 (CSJ SL4438-2020) para, en su lugar, se ordene \u00abprof[erir] una nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que prest\u00f3 sus servicios en varias entidades del orden nacional y departamental y que tiene derecho a dos bonos pensionales con fecha de corte a 30 de octubre de 2000, raz\u00f3n por la que radic\u00f3 documentos en Colfondos con autorizaci\u00f3n para su venta. Narr\u00f3 que como no complet\u00f3 la historia laboral y el tr\u00e1mite de expedici\u00f3n de los bonos, suscribi\u00f3 un contrato de administraci\u00f3n de mesadas pensionales provisionales con Colfondos S.A. y a partir de junio de 2013, le fue reconocida y pagada una mesada pensional de $1.629.460 bajo la modalidad de retiro programado, sin aplicar la cuant\u00eda de los bonos pensionales. Por estas razones demando a Colfondos S.A. para que se declarara en mora en el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez anticipada a partir del 23 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual y la venta de los bonos pensionales. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja quien declar\u00f3 que Colfondos no incurri\u00f3 en mora y concedi\u00f3 parcialmente las pretensiones de reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez anticipada (26 ene. 2015), apelaron el demandante, Colfondos S.A., Foncep y el Departamento de Boyac\u00e1, y el Tribunal (18 mar. 2015) modific\u00f3 el numeral tercero y dispuso que para la liquidaci\u00f3n y emisi\u00f3n del cup\u00f3n principal para la emisi\u00f3n de bonos pensionales se incluyeran, <\/p>\n
\u00abPor el FONCEP, el lapso laborado en el CENTRO DE SISTEMATIZACION (SIC) DE SERVICIOS TECNICOS (SIC) SISE, del 16-02-1976 al 14-12-1980 y 23-12-1980 al 08-02-1981. <\/p>\n
A cargo de la NACION (SIC) \u2013 MINISTERIO DE HACIENDA oficina de bonos pensionales, por el lapso laborado en la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial, del 12-02-1981 al 03-08-1984. <\/p>\n
Y a cargo del DEPARTAMENTO DE BOYACA (SIC), 02-01-1992 al 07-04-1994 y del 03-01-1995 al 31-12-1995. (Fecha de corte 31 de diciembre de 1995). <\/p>\n
En ese escenario postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segunda instancia (CSJ SL4438-2020). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en los tres cargos que formul\u00f3 se debi\u00f3 aplicar la norma vigente al momento del traslado, esto es, el Decreto 1748 de 1995 y no el 3798 de 2003, como estableci\u00f3 el Tribunal y la Colegiatura de casaci\u00f3n no tuvo en cuenta los argumentos del magistrado que salv\u00f3 voto. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar la sentencia impugnada, debido a que \u00abal analizar los cargos propuestos por el recurrente en casaci\u00f3n, la Sala encontr\u00f3 defectos t\u00e9cnicos que impidieron su estudio (\u2026)\u00bb. El Ministerio de Hacienda dijo que el bono pensional Tipo A modalidad 2 fue emitido y pagado por Colpensiones. Confondos, Colpensiones, Foncep y la Secretar\u00eda de Hacienda Departamental de Pasivos Pensionales de la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1 resistieron los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar la razonabilidad de la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. El precursor impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en que no se tuvieron en cuenta las disertaciones del funcionario de casaci\u00f3n disidente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que se circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, los planteamientos que condujeron a desechar los tres cargos que en esa sede elev\u00f3 Gustavo Ram\u00edrez Espinosa, ata\u00f1en a razones de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n por la forma en que dirigieron los ataques, perspectiva donde la autoridad enjuiciada resalt\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la Sala encuentra serios defectos t\u00e9cnicos que impiden su estudio, consistentes en la inobservancia de los requisitos exigidos por los art\u00edculos 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 63 del Decreto Ley 528 de 1964, tanto en la formulaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n como en la sustentaci\u00f3n del ataque. <\/p>\n
No obstante, ese Colegiado al ocuparse del primer cargo propuesto indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el hecho de que el Tribunal, hubiera modificado la decisi\u00f3n en su numeral tercero que orden\u00f3 reconocer los bonos pensionales en los periodos se\u00f1alados, no entra\u00f1a un error que sirva de sustento para acceder a casar su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo planteado, lo primero que observa la Sala es que la censura propuesta en los dos primeros cargos, formulados por la v\u00eda directa, que implica la aceptaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n probatoria que form\u00f3 el convencimiento del Tribunal, atac\u00f3 tambi\u00e9n defectos f\u00e1cticos. Corresponde a quien recurre, identificar y demostrar el error jur\u00eddico que le imputa a la providencia impugnada, admitiendo la certeza de los hechos en los que sustent\u00f3 su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Es importante recordar que los supuestos de hecho del precepto dejado de aplicar deben estar plenamente acreditados en el proceso, porque si no lo est\u00e1n, no es dable atacar la sentencia por violaci\u00f3n directa. En cuanto a la aplicaci\u00f3n indebida, le compete al impugnador se\u00f1alar claramente cu\u00e1l fue el sentido equivocado que le imprimi\u00f3 el juzgador, y el que debi\u00f3 darle, para que se pueda hacer la confrontaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Este tipo de infracciones se presenta cuando el juzgador entiende correctamente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, frente a hechos demostrados, no obstante, por ignorancia o rebeld\u00eda deja de aplicar la norma, y en el segundo cargo cuando la aplica indebidamente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la parte recurrente, mezcl\u00f3 razonamientos f\u00e1cticos con otros jur\u00eddicos, lo que se ha dicho que torna inviable el estudio de la acusaci\u00f3n; a tal punto que ni por v\u00eda de flexibilizaci\u00f3n, se podr\u00edan analizar. <\/p>\n
Dicha modalidad de quebranto normativo es ajena a las cuestiones probatorias y f\u00e1cticas del proceso, por ello no se pueden entremezclar en un mismo cargo, errores de hecho, que necesariamente se deben originar en la valoraci\u00f3n probatoria, con defectos de interpretaci\u00f3n, que son ajenos a ella. Entonces, para obtener el \u00e9xito en la misma es menester partir de la aceptaci\u00f3n de los presupuestos f\u00e1cticos en que se sustent\u00f3 la sentencia, lo que no aconteci\u00f3 en el desarrollo de los dos cargos, porque el recurrente critic\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria hecha por el Tribunal cuando discuti\u00f3 los hechos del traslado de r\u00e9gimen del demandante, como fecha para tenerse en cuenta y sobre ella edificar que la norma aplicable ser\u00eda el Decreto 1748 de 1995. <\/p>\n
Al ocuparse del segundo de los ataques sintetiz\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal adujo como fundamento de su decisi\u00f3n, que el art\u00edculo 17 del Decreto 3798 de 2003, era el que regulaba la situaci\u00f3n por la falta de afiliaci\u00f3n del demandante al sistema de seguridad social, haciendo la explicaci\u00f3n pertinente sobre el tema. <\/p>\n
(\u2026) Este argumento fundamental no fue atacado en el recurso, solo se mencion\u00f3 de forma tangencial, entonces la corte, en tanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n y atendiendo la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumpli\u00f3 esa funci\u00f3n y, por tanto, acert\u00f3 en la determinaci\u00f3n de los hechos relevantes del pleito, por no haber sido desvirtuada esa presunci\u00f3n por parte del recurrente. <\/p>\n
Y al adentrarse en el estudio del tercer cargo con fundamento en el precedente Rad. 41635 de 10 de jul de 2012, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) propuesto por la v\u00eda indirecta, aunque se le endilgaron a la decisi\u00f3n, unos errores, no se hizo la relaci\u00f3n entre estos y las pruebas calificadas dejadas de apreciar o indebidamente valoradas por el juzgador, ni se explic\u00f3 de qu\u00e9 manera todo ello impact\u00f3 la sentencia, conforme lo reclaman los ordinales 1\u00ba del art\u00edculo 87 y 5\u00ba literal b) del art\u00edculo 90 ib\u00eddem. <\/p>\n
(\u2026) a pesar de haber sido propuesto por la v\u00eda indirecta, tambi\u00e9n presenta deficiencias t\u00e9cnicas, ya que \u00fanicamente critic\u00f3 al tribunal haber dejado de apreciar las pruebas mencionadas anteriormente, sin explicar el yerro probatorio y su incidencia en la decisi\u00f3n controvertida en sede extraordinaria. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los ataques se asemejan m\u00e1s a un alegato de instancia, en el cual es posible arg\u00fcir libremente sobre consideraciones de car\u00e1cter general. No basta con reunir los requisitos meramente formales de la demanda de casaci\u00f3n que permitan su admisi\u00f3n, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo l\u00f3gicos con la demostraci\u00f3n de los yerros pues, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada. <\/p>\n
En ese orden, los defectos t\u00e9cnicos se\u00f1alados hacen inviable el estudio del recurso, ya que al no conformarse adecuadamente los cargos contra la decisi\u00f3n del Tribunal, le es imposible a la Corte determinar los presuntos errores imputados a la decisi\u00f3n impugnada en funci\u00f3n del contenido normativo sustancial, esto es, la fuente material del derecho que el Tribunal infringi\u00f3, de tal suerte que no es posible establecer si el fallador de instancia incurri\u00f3 o no en alg\u00fan error jur\u00eddico o f\u00e1ctico al momento de decidir la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, aunque se present\u00f3 la casaci\u00f3n, el convocante omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debido proceso y no pueden ser suplidos de manera oficiosa, y menos a\u00fan por esta v\u00eda. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre no puede calificarse como una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas del inconforme, toda vez que contrario a lo por \u00e9l entendido, no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por los funcionarios de instancia, por tanto, no es de recibo lo alegado por el impugnante en lo atinente a que como la acusaci\u00f3n estaba completa, seg\u00fan su entendimiento, \u00abameritaba una soluci\u00f3n de fondo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de los impugnantes en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Finalmente, frente a la solicitud para que se acojan los razonamientos expuestos en el salvamento de voto del veredicto objeto de escrutinio, impone se\u00f1alarle al actor que las aclaraciones y\/o salvamentos de voto que realizan los magistrados en el marco de las decisiones que adoptan los \u00f3rganos judiciales, no tienen fuerza vinculante y, por tanto, no son obligatorios en su aplicaci\u00f3n, pues, si bien hipot\u00e9ticamente pueden asumirse como v\u00e1lidos, apenas representan la marginal postura que frente a los hechos y las pruebas asume el funcionario. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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