STC9369-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9369-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02182-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por las sociedades Linexport S.A., Trimco S.A., Thermoform S.A., y APSA Group Automotive Plastics S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia de Industria y Comercio y los intervinientes en el proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 20-372688. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las entidades solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que, en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor que promovieron contra las empresas \u00abMSS Seidor Colombia S.A.\u00bb y \u00abSAP Colombia S.A.S.\u00bb, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esta \u00faltima el 22 de febrero de 2022 dict\u00f3 sentencia anticipada con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, tras advertir configurada la causal de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, y las conden\u00f3 a pagar por concepto de agencias en derecho \u00ab$54\u2019563.429\u00bb. <\/p>\n
Refieren que, la anterior decisi\u00f3n la apelaron de forma parcial \u00ab(\u2026) y se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso para sustentar el recurso\u00bb. Relatan que, el \u00ab27 de febrero (sic)\u00bb radicaron memorial en el cual explicaron los reparos concretos contra la sentencia anticipada, cuestionando con especial \u00e9nfasis el valor de la condena en costas con fundamento en dos puntos, que \u00ab(i) no existi\u00f3 condena [\u2026] sino que simplemente se declar\u00f3 no competente; y (ii) [que] la SIC no es competente para condenar en las acciones del consumidor, por ende, no existe condena en costas\u00bb. <\/p>\n
Resaltan que, a pesar de los reparos enunciados, en prove\u00eddo del 9 de mayo de 2022, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (Sala unitaria), declar\u00f3 desierto el recurso de alzada por falta de sustentaci\u00f3n, pues se\u00f1al\u00f3 que la \u00abapelaci\u00f3n solamente tiene efectos si se hace frente al juez de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Indica que, contra la anterior determinaci\u00f3n interpusieron el recurso de reposici\u00f3n (y en subsidio s\u00faplica), sin embargo, el remedio horizontal no prosper\u00f3 (auto del 1\u00ba de junio de 2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuestionan la providencia que, por parte del tribunal accionado, declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada formulada contra el fallo anticipado de la Superintendencia de Industria y Comercio; en tal sentido, aducen que, los reparos expuestos ante la primera instancia \u00abno fueron en ning\u00fan momento enunciativos para que se tengan que exponer posteriormente\u00bb; agregan que, no es acertado concluir que se \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb cuando la sustentaci\u00f3n se present\u00f3 en tiempo ante la a quo. <\/p>\n
Destacan finalmente que, la anterior decisi\u00f3n desconoci\u00f3 diversos pronunciamientos de esta Sala que, en sede de tutela frente a debates similares, ha precisado que desconocer los reparos planteados ante el juez de primer grado y declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n constituye un exceso ritual manifiesto y por lo tanto una v\u00eda de hecho que impone conceder el amparo. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene \u00abal Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, que profiera una nueva decisi\u00f3n en la cual resuelva acerca del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por las accionantes, que no vulnere los derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La empresa \u00abSAP Colombia S.A.S.\u00bb por intermedio de su representante judicial, en el mismo sentido solicit\u00f3 se deniegue el amparo dado que, \u00ablo que pretende el accionante es subsanar su manifiesta inobservancia e incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales para poder obtener una ventaja indebida, esto es, que el recurso de apelaci\u00f3n no sea declarado desierto a pesar de incumplir el t\u00e9rmino procesal para sustentarlo\u00bb. Adicionalmente, se\u00f1ala que la interpretaci\u00f3n que tiene la accionante de la normativa procesal generar\u00eda que los no recurrentes \u00abno tuvieran la oportunidad de pronunciarse frente al recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El coordinador de Grupo de Trabajo de Gesti\u00f3n judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un recuento de la actuaci\u00f3n en cuesti\u00f3n en la que dict\u00f3 sentencia anticipada el 22 de febrero de 2022 y explic\u00f3 el sentido de la determinaci\u00f3n all\u00ed adoptada. En relaci\u00f3n con la queja concreta resalt\u00f3 que, \u00abel memorial radicado el d\u00eda 25 de febrero de 2022 por parte del apoderado judicial de las sociedades demandantes, hoy accionantes, no es una sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n sino un memorial de reparos concretos contra la sentencia de primera instancia en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Sostiene que las sociedades tutelantes \u00abconfunden la figura de los reparos concreta contra la sentencia de primera instancia [\u2026] con la figura de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que se encuentra regulada por el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formularon las sociedades actoras contra la sentencia de primer grado (dictada el 22 de febrero de 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio) dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 20-372688 \u2013 autos de 9 de mayo, y de 1\u00ba de junio de 2022, este \u00faltimo que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n \u2013 desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante la a quo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz del Decreto 806 de 20201. <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
Si se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Lo anterior, da cuenta de que a la luz del citado decreto el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante, lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, mayoritariamente, ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
Significa lo anterior que, aunque se discrepe la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 14 del citado decreto, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[a]hora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto\u00bb (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (Sala unitaria, ponencia del magistrado Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco), al interior del juicio de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0 20-372688 incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, n\u00f3tese que, mediante escrito allegado v\u00eda correo electr\u00f3nico el 25 de febrero de 2022, el apoderado de las sociedades demandantes interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia anticipada proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio el 22 de ese mismo mes, all\u00ed plante\u00f3 dos cuestionamientos puntuales2 frente a aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n que el impugnante desarroll\u00f3 con amplitud y que consider\u00f3 aptos como para ser abordados por el tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, la corporaci\u00f3n convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta, desconociendo que el representante de las recurrentes cumpli\u00f3 con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 dicho recurso, el 9 de abril de 2022, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si la referida intervenci\u00f3n satisfac\u00eda las exigencias del canon 322 (numeral 3\u00ba, inciso 3\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, si la parte recurrente expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, como en efecto se aprecia del memorial contentivo de la alzada (radicado el 25 de febrero de 2022), pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral obligatoria en el estatuto procedimental. <\/p>\n
4.2. De esta forma, el yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, donde se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado) evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte configurada la v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental \u2013 exceso ritual manifiesto; dado que el colegiado recriminado, teniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, los obvi\u00f3 y en su lugar, dio primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de las sociedades Linexport S.A., Trimco S.A., Thermoform S.A., y APSA Group Automotive Plastics S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto los prove\u00eddos de 9 de mayo y 1\u00ba de junio de 2022, proferidos en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 20-372688, mediante los cuales la Sala Civil (unitaria) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, respectivamente, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9llos se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02182-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por los dem\u00e1s integrantes de esta Corporaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n, expreso los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 la tutela invocada por las sociedades Linexport S.A., Trimco S.A., Thermoform S.A., y APSA Group Automotive Plastics S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. En consecuencia, tras dejar sin efecto los prove\u00eddos de 9 de mayo y 1\u00ba de junio de 2022, mediante los cuales la Magistratura accionada declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 el de reposici\u00f3n, respectivamente, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9llos se desprendieran, le orden\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia\u00bb, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 20-372688. <\/p>\n
Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, advirti\u00f3 ab initio, y con apoyo en precedente de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia (STC5790-2021, 24 may.; rad. 2021-00975-00) que, aunque se discrepe la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Luego, coligi\u00f3 que en el sub lite, el Tribunal querellado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto, \u00abteniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, los obvi\u00f3 y en su lugar, dio primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por sobre el derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
No comparto la resoluci\u00f3n, principalmente, porque la guarda no debi\u00f3 concederse en tanto creo que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales reclamados por las tutelantes. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que, para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02182-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que las sociedades Linexport SA, Trimco SA, Thermoform SA, y APSA Group Automotive Plastics SA, instauraron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 20-372688 que en contra de las sociedades accionantes promovieron las empresas MSS Seidor Colombia SA y SAP Colombia SAS, la Superintendencia de Industria y Comercio, profiri\u00f3 sentencia anticipada el 22 de febrero de 2022, tras advertir configurada la causal de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, y las conden\u00f3 a pagar agencias en derecho. <\/p>\n
Exponen que el Tribunal accionado se equivoc\u00f3 al concluir que se \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb cuando la sustentaci\u00f3n se present\u00f3 en tiempo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante, lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (Sala unitaria, ponencia del magistrado Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco), al interior del juicio de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0 20-372688 incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, n\u00f3tese que, mediante escrito allegado v\u00eda correo electr\u00f3nico el 25 de febrero de 2022, el apoderado de las sociedades demandantes interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia anticipada proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio el 22 de ese mismo mes, all\u00ed plante\u00f3 dos cuestionamientos puntuales3 frente a aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n que el impugnante desarroll\u00f3 con amplitud y que consider\u00f3 aptos como para ser abordados por el tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, la corporaci\u00f3n convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta, desconociendo que el representante de las recurrentes cumpli\u00f3 con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 dicho recurso, el 9 de abril de 2022, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si la referida intervenci\u00f3n satisfac\u00eda las exigencias del canon 322 (numeral 3\u00ba, inciso 3\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, si la parte recurrente expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, como en efecto se aprecia del memorial contentivo de la alzada (radicado el 25 de febrero de 2022), pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral obligatoria en el estatuto procedimental. <\/p>\n
4.2. De esta forma, el yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, donde se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado) evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por las sociedades Linexport SA, Trimco SA, Thermoform SA, y APSA Group Automotive Plastics SA. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Vigente al momento de la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en el tr\u00e1mite judicial objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
2\u0002 \u00abPRIMER REPARO. No procede la condena en costas ni agencias en derecho a mis mandantes, teniendo en cuenta que no hay competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO REPARO. La cuantificaci\u00f3n del monto de la condena y agencias en derecho carece de sustento f\u00e1ctico y legal\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abPRIMER REPARO. No procede la condena en costas ni agencias en derecho a mis mandantes, teniendo en cuenta que no hay competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO REPARO. La cuantificaci\u00f3n del monto de la condena y agencias en derecho carece de sustento f\u00e1ctico y legal\u00bb. <\/p>\n
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STC9369-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9369-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02182-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por las sociedades Linexport […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65463","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65463\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}